lunes, 28 de septiembre de 2015

El gobierno de Varela y la Procuraduría retienen ilegalmente a 10 estudiantes de secundaria.

Por: Olmedo Beluche

A los 43 normalistas de Ayotzinapa

Diez estudiantes del Instituto Nacional, cuyas edades oscilan entre los 16 y 18 años, han cumplido más de 70 días detenidos en condiciones que cualquier organismo internacional de derechos humanos llamaría de tortura: presos incomunicados, sin que se le presenten formalmente cargos de ningún tipo, sin que sus familiares los puedan ver, ni sepan qué tipo de presiones sicológicas y físicas están sufriendo.

El gobierno de Varela y su Procuraduría, siguiendo los pasos del criminal genocida George W. Bush, ha acusado a los estudiantes de "terrorismo", y cree que esa acusación basta para violar descaradamente la ley, la Constitución Política del país y los principios más elementales del derecho moderno. La diferencia entre Bush y Varela es que el primero se inventó llevar sus acusados de terrorismo a Guantánamo, porque sabía que en territorio de Estados Unidos no puede mantener a nadie preso indefinidamente, sin presentar cargos.

La cobardía de Varela, sus asesores de seguridad y sus títeres en la Procuraduría es que hacen las mismas arbitrariedades que Bush, pero no con hombres maduros, ni con combatientes, sino con jóvenes estudiantes que apenas están alcanzado su mayoría de edad. Y esto se hace en mazmorras de la Policía Nacional a sabiendas que se está pisoteando las leyes nacionales, con el silencio cómplice de los medios de comunicación y de entidades como el Colegio Nacional de Abogados.

La cobardía de las autoridades panameñas llega al punto de que estos métodos de aislamiento y tortura que practican con los estudiantes, no se atreven a usarlos con los asesinos flagrantes, ni con los capos de las mafias, y menos con los millonarios que han robado al estado.

La Constitución Política vigente contiene un Título III donde están las garantías de las que deben gozar todas las personas, incluyendo quienes violan las leyes, los delincuentes y los "terroristas", en caso de que los hubiere.

El artículo 21 dice: "Nadie puede ser privado de su libertad, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente... Nadie puede ser detenido más de veinticuatro horas sin ser puesto a órdenes de la autoridad competente. Los servidores públicos que violen este precepto tienen como sanción la pérdida del empleo, sin perjuicio de las penas que para el efecto establezca la ley".

El artículo 22 dice: "Toda persona detenida debe ser informada inmediatamente y en forma que le sea comprensible, de las razones de su detención y sus derechos constitucionales y legales correspondientes. Las personas acusadas de haber cometido un delito tienen derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad en juicio público que le haya asegurado todas las garantías establecidas para su defensa. Quien sea detenido tendrá derecho, desde ese momento, a la asistencia de un abogado en las diligencias policiales y judiciales".

El artículo 23: "Todo individuo detenido fuera de los casos y la forma que prescriben esta Constitución y la Ley, será puesto en libertad a petición suya o de otra persona, mediante recurso de habeas corpus...".

Señor presidente Varela, señora procuradora Porcell, ¿Estos principios del derecho moderno, vigentes en todos los países democráticos desde el siglo XVIII y XIX, ya no valen en Panamá? ¿Este gobierno nos va a sumergir en los abusos que practicaba la Santa Inquisición durante la Edad Media europea? ¿A tal extremo irracional llega el fanatismo religioso del presidente? ¿Ustedes están reviviendo métodos dictatoriales contra los que supuestamente lucharon sus copartidarios?

Señor presidente Varela, señora procuradora Porcell, si ustedes en verdad son respetuosos del derecho y de la institucionalidad democrática, como dicen, presenten a los 10 estudiantes con sus padres y sus abogados, presenten las evidencias que tienen contra ellos, e inicien los procedimientos legales normales estatuidos por la Constitución y la ley. La acusación de terrorismo, en caso de que se aplique a este caso, de lo cual hay serias dudas, no le permite a ustedes las autoridades, actuar arbitrariamente y violar los derechos humanos.

Los abusos que se cometen contra esos institutores, la forma como procedieron a detener arbitrariamente a un grupo de universitarios durante la última protesta y las amenazas del ministro de seguridad de que no permitirán cierres de calle, nos dicen que se configura un estado represor que, bajo la forma de una dictadura civil, pretende criminalizar la protesta social. ¿Se están preparando para reprimir las protestas contra las reformas a la Caja de Seguro Social, el aumento de los impuestos, etc.?

Casi todos los ciudadanos panameños fuimos testigos de los disturbios cometidos en el Instituto Nacional y la mayoría de las personas, incluyendo activistas políticos, sindicales, de derechos humanos y ex dirigentes estudiantiles, deploramos y hemos repudiado públicamente el vandalismo irracional y el atentado de que fuera víctima un apreciado docente del colegio y una alumna. Nadie defiende esas acciones que, por supuesto, deben ser sancionadas.

Lo que no está muy claro es que esas acciones califiquen bajo el delito de "terrorismo" y, si así fuese, tampoco esto legitima actos de abuso de autoridad como los que se están cometiendo. Lo que corresponde es que las autoridades prueben que los detenidos son los responsables, que permitan a sus padres verlos, que puedan actuar sus abogados y que, al final del proceso, se apliquen las sanciones correspondientes atendiendo al principio de la rehabilitación, como recientemente ha orientado el Papa Francisco. El catolicismo manifiesto del presidente no debe permitirle olvidar ese principio.

También es importante decir que la ciudadanía no se chupa el dedo, menos los institutores y mucho menos los egresados del colegio: es evidente que, desde el gobierno de Martinelli y la ministra Lucy Molinar, existe una conspiración para justificar el cierre del Instituto Nacional. En ese momento, igual que este año, grupos juveniles de los barrios aledaños vinculados con pandillas, que por detrás parecen relacionadas con algunos políticos locales, crearon disturbios que "justificaron" una entrada brutal de la policía en los predios de la escuela.

En ese momento, se organizó un gran movimiento nacional impulsado por insignes egresados del Instituto Nacional que marchamos hasta la escuela junto a los estudiantes para defenderla, con lo que la conspiración se desvaneció. Ahora vuelven incidentes similares con el aditivo de un video de un grupo de enmascarados que se presentan como institutores que realizan amenazas no muy políticas. Así que los ciudadanos que tenemos tres dedos de frente, nos decimos: "aquí hay gato encerrado".

Terminamos reiterando el llamado al gobierno y al ministerio público a respetar el debido proceso, porque los abusos, la represión indiscriminada, la destrucción de los espacios y derechos democráticos, la violación sistemática de los derechos humanos, esas prácticas dictatoriales son las que terminan produciendo situaciones de violencia social y política, y verdaderos grupos terroristas. Eso lo muestra la triste historia de países cercanos que se han deslizado por ese camino. Estamos a tiempo, no sigamos sus pasos.

sábado, 26 de septiembre de 2015

“Ejemplo de reconciliación para el mundo entero”

Marco A. Gandásegui, hijo


Unas notas sobre la Revolución cubana y la visita del papa Francisco a la isla.


Según Washington Uranga la gira tenía tres objetivos: Contribuir a la consolidación de la institucionalidad de la Iglesia católica en Cuba. Contribuir al proceso de desbloqueo económico de la isla por parte de EEUU. Por último, fortalecer las relaciones entre el Vaticano y Cuba.

Por otro lado, Francisco dijo que el proceso de acercamiento entre Cuba y Estados Unidos es un “ejemplo de reconciliación para el mundo entero”. Me trajo a la memoria palabras similares planteadas en 1977 cuando Panamá y EEUU firmaron los Tratados del Canal (Torrijos-Carter) que significaron el fin de la colonia (Zona del Canal), la evacuación de las bases militares y el traspaso de la vía acuática. Definitivamente, el general Torrijos y el presidente Carter dieron una muestra de 'reconciliación' sin precedente en la región.

Sin embargo, la luna de miel duró poco. Carter perdió las elecciones en 1980 y EEUU comenzó de una vez a socavar las políticas panameñas. Pocos años después Torrijos moría en un misterioso 'accidente', después se imponía un candidato presidencial del gusto del Departamento de Estado y en 1989 EEUU invadió militarmente a Panamá causando pérdidas de miles de vidas inocentes y un 'cambio de régimen'. La reconciliación fue de muy corta vida.

A partir de la invasión EEUU instauró un régimen que respondiera a sus intereses y, sobre todo, débil en materia de políticas nacionales de auto-identidad y en el campo internacional. Han pasado 25 años desde la invasión y EEUU mantiene su control ideológico y político sobre Panamá.

Ha logrado convertir a los gobernantes en capos de partidos pandilleros que se turnan en el gobierno para saquear las arcas fiscales. Ha logrado destruir el sistema educativo y el sistema de seguridad social. El sistema de salud ha colapsado y reorientó la política exterior del país.

De esa experiencia podemos concluir que la 'reconciliación' en política exterior es una respuesta a una coyuntura muy especial enmarcada en procesos de más largo plazo. Panamá cometió el error de pensar que había puesto fin al conflicto. Un país tiene que estar preparado siempre para avanzar sus objetivos como nación: sobre todo la formación y el bienestar de su juventud, de su niñez.

En el caso de Cuba, EEUU quiere destruir, cambiar, la Revolución cubana. Su objetivo es socavar el compromiso de la Revolución con el bienestar de los cubanos, la organización de todos los cubanos, su capacidad de defender su identidad como nación. El 'cambio de régimen' que pregona EEUU para la Revolución cubana significa poner fin a las políticas de bienestar social (introducir los 'ajustes' conocidos), desorganizar a los cubanos, desarticular su capacidad defensiva y, sobre todo, socavar su identidad.

En estos momentos quienes negocian entre La Habana y Washington son la Revolución cubana y el imperialismo de EEUU. Cuba exige el fin del bloqueo de la Revolución cubana. EEUU exige crear nuevas condiciones en Cuba para poner fin a la Revolución cubana: 'cambio de régimen'.

La reconciliación se produciría en el momento en que EEUU acepta convivir con la Revolución cubana, sus conquistas, sus instituciones y su identidad nacional. Cuba ya le ofreció a EEUU la apertura de un sector importante de su mercado. Sin embargo, ha dicho que no negociará otros sectores que forman parte de su política de seguridad nacional. En política exterior, La Habana ha manifestado que continuará apoyando todos los pueblos del mundo, especialmente aquellos que han encontrado un camino alternativo. EEUU, por su lado,  sigue bloqueando la comunicación de la ciudadanía de ambos países, restringiendo los viajes. También mantiene bloqueadas las vías comerciales entre Cuba y terceros países. Hace imposible las transacciones financieras de Cuba en gran parte del mundo.

EEUU tampoco quiere evacuar la base militar que tiene ilegalmente en Guantánamo. Sigue financiando grupos políticos dedicados a 'distraer' al gobierno cubano. El reto verdadero es reconciliar la Revolución cubana y el imperialismo de EEUU. ¿Es posible?

Panamá - en otras circunstancias históricamente muy distintas - todavía sufre las consecuencias de su error estratégico.

Regresando a Francisco, Uranga dice correctamente: El Papa sólo aparenta espontaneidad y nunca improvisa. ¿Será el secreto del papado que ya cumplió más de dos milenios de existencia? Es un buen consejo para las próximas generaciones de dirigentes panameños. 

La Revolución cubana tiene 55 años de estar aplicando con éxito la estrategia.

Profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del CELA




martes, 8 de septiembre de 2015

Políticos y personalidades mediáticas comparten sus propuestas ante la crisis migratoria en Europa.

La huida de miles de sirios de su país, sumido en la guerra civil y los horrores del Estado Islámico, ha desencadenado un flujo de emigración sin precedentes. Unos 300.000 refugiados, mayoritariamente sirios, han cruzado el Mediterráneo en lo que va de año para alcanzar Europa. Varios políticos y personalidades mediáticas del continente han propuesto diferentes soluciones ante esta situación.

Angela Merkel, canciller de Alemania

La canciller alemana, según la revista 'The Economist', ha tomado una "postura valiente" denunciando a los xenófobos y anunciando la disposición de Alemania a albergar más refugiados sirios.

Federica Mogherini, alta representante de Exteriores de la UE

La máxima autoridad de la diplomacia de Bruselas propone capturar las embarcaciones que transportan a los inmigrantes a través del mar Mediterráneo.

Viktor Orban, primer ministro húngaro

Viktor Orban sugiere construir en la frontera entre Hungría y Serbia un muro de 4 metros de altura y 175 metros de longitud para no permitir la entrada de inmigrantes indocumentados.
"Si queremos garantizar la seguridad de la zona Schengen tenemos que implementar un estricto control de las fronteras. La falta del control de las fronteras es una invitación a cualquier persona que quiera venir a Europa", dijo Orban.
De acuerdo con las declaraciones de Orban, a partir del 15 de septiembre Hungría utilizará el Ejército para fortalecer la seguridad de sus fronteras.

Ramzán Kadýrov, líder de la república rusa de Chechenia

Kadýrov exhorta a todas las naciones musulmanas a combatir conjuntamente la raíz del problema. El líder de la república rusa de Chechenia hizo hincapié en que el mundo musulmán debe proteger a los débiles, los desfavorecidos y a los que se encuentran en situación de riesgo.

El partido español Podemos

El partido Podemos ha ofrecido varias soluciones prácticas y jurídicas expuestas en los medios sociales bajo la etiqueta #PodemosAcoge. Primeramente, propone permitir la solicitud de protección internacional (es decir, asilo) en embajadas y consulados de España en los Estados de origen y tránsito de las personas que intentan llegar a Europa. Además, las autoridades españolas deberían dejar de exigir el visado de tránsito a las personas provenientes de los países en conflicto. Y también propone derogar la Convención de Dublín, que restringe la posibilidad de solicitar asilo en Europa. "No nos hace falta más indignación con la crisis humanitaria que vive Europa, hacen falta soluciones", explica el líder de Podemos, Pablo Iglesias, en un tuit.  

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona

Ada Colau se ha comprometido a hacer todo lo que esté a su alcance para lograr una "red de ciudades refugio" para las víctimas de la crisis migratoria, al tiempo que hace un llamamiento a abordar el "drama humano desde la capacidad de amar que nos hace humanos".

Alexis Tsipras, exprimer ministro de Grecia

El Gobierno griego, ocupado en la resolución de otros problemas, preferiría que más inmigrantes se asentaran en otros lugares. "Este problema supera las capacidades de Grecia, que sufre una crisis económica y al mismo tiempo está viviendo una crisis humanitaria", dijo Alexis Tsipras a principios de agosto.

Naguib Sawiris, magnate egipcio de las telecomunicaciones

Naguib Sawiris está dispuesto a comprar una isla de Grecia o Italia con el fin de acoger a los miles de refugiados que huyen de los conflictos en Oriente Medio y África y arriesgan sus vidas cruzando el Mediterráneo para llegar a la Unión Europea.
"Que Grecia o Italia me vendan una isla, declararé su independencia, acogeré inmigrantes y les proporcionaré puestos de trabajo para construir un nuevo Estado (...) Por supuesto que es posible. [Esos países] tienen docenas de islas deshabitadas que podrían dar cabida a cientos de miles de refugiados", afirmó Naguib Sawiris, uno de los hombres más ricos del mundo.

Bryndis Bjorgvinsdottir, escritora islandesa

En una campaña en Facebook Bjorgvinsdottir animó a sus conciudadanos a pronunciarse para acoger a refugiados sirios.

Gerhard Schroeder, excanciller alemán

Schroeder propone una nueva agenda para el 2020 bajo el lema: 'Legalización de la inmigración'. Schroeder llama a Europa a no tratar de evitar la migración con nuevas "cortinas de hierro".

Según Schroeder, el procedimiento concesión de asilo a inmigrantes debe ser reformado, ya que, afirma, el actual es insostenible porque no ofrece perspectivas a los inmigrantes. "Con la 'legalización de la inmigración' existirá la posibilidad de integrarlos en la sociedad, de crear nuevas perspectivas con sus países de origen y mantenerlos bajo control" sugiere.

Historia

El Canal de Panamá fue construido por los Estados Unidos de América, y desde el momento en que inició su construcción, debido a la firma del Tratado Hay-Bunau-Varilla, se vio afectada la soberanía panameña, en donde se le concede derechos a perpetuidad del canal y una amplia zona de 8 kilómetros a cada lado del mismo, a cambio de una suma de 10 millones de dólares y una renta anual de 250,000 dólares.

Luego de muchos años y de un creciente nacionalismo panameño por la presencia estadounidense en Panamá, y de eventos como los suscitados el 9 de enero de 1964, se dan inicios a las negociaciones entre los Estados Unidos de América y la República de Panamá en el año 1970.

Los antecedentes de los hechos ocurridos el 9 de enero de 1964 fueron debido a la disconformidad de los panameños porque la bandera panameña no fue izada en la zona del canal junto a la de Estados Unidos, luego mediante el acuerdo Chiari-Kennedy de 1962 se convino izar la bandera panameña junto a la de Estados Unidos, pero aun así los panameños no estaban satisfechos ya que dicho enarbolamiento no se contemplaba, ni las bases militares, ni en las naves que cruzaban el canal. Los norteamericanos se negaron a acatar dicho acuerdo.

El 30 de abril de 1963, el general Robert Fleming, gobernador de la zona del canal, anuncia que la bandera panameña será izada conjuntamente con la norteamericana, en determinados sitios de la zona del canal a partir del 1 de enero de 1964 y agrega que la bandera norteamericana no será izada en las escuelas reservadas para estudiantes norteamericanos, ni en otros lugares donde habitualmente no era izada.

El 3 de enero, el policía zoneíta Carlton Bell iza la bandera de los Estados Unidos sin acompañarla de la bandera panameña, frente al monumento de los Héroes de Guerra en Gamboa, en abierta violación a la orden del gobernador Fleming.

El 7 de enero, estudiantes de la escuela superior de Balboa, izan la bandera de los Estados Unidos frente a ese plantel sin acompañarla de la bandera panameña, y se revelan físicamente contra las autoridades civiles y políticas que tratan de hacer cumplir la orden del gobernador Fleming.

Durante todo el día del 9 de enero de 1964 estudiantes de la escuela superior de balboa y sus padres, montaron guardia en torno al asta colocada frente al plantel para impedir que las autoridades del colegio o la policía arriaran la bandera izada por ellos, luego de estos hechos se dan inicios a las negociaciones entre los Estados Unidos de América y la República de Panamá en el año 1970.

A comienzos de 1970, la cancillería panameña en un análisis sobre los proyectos de Tratado Tres en Uno o Robles-Johnson indicó que los mismos no eran utilizables ni siquiera como base para futuras negociaciones y decidió abrir un nuevo proceso de entendimiento con el gobierno de los Estados Unidos.

Torrijos logró que la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se realizara en Panamá, en marzo de 1973. Los países participantes votaron una resolución de apoyo a Panamá para que se firmara a la brevedad posible un nuevo Tratado justo y equitativo que eliminara las causas de conflicto entre Panamá y los Estados Unidos, tal como se había acordado en la Declaración Moreno-Bunker de 1964.

Casi un año después, el 7 de febrero de 1974, se firmó en la ciudad de Panamá la Declaración de los Ocho Puntos entre el canciller Juan Antonio Tack y el Secretario de Estado Henry Kissinger. Esta Declaración Conjunta, conocida como Tack-Kissinger, estableció los principios básicos de la nueva relación contractual. Entre ellos, cabe destacar:
 
  • Abrogación del Tratado de 1903 Hay-Bunau-Varilla y de sus reformas;
  • Eliminación del concepto de la perpetuidad, toda vez que el nuevo Tratado tendría una fecha fija de entrega del Canal;
  • Fin de la jurisdicción norteamericana en territorio panameño;
  • Devolución a Panamá de la Zona del Canal;
  • Panamá tendría una participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la operación del Canal e intervendría en su administración, al tiempo que participaría junto a los Estados Unidos en la defensa y protección del Canal y en la ampliación de la vía, llegado el caso que fuese necesario.
A partir de entonces, Torrijos intensificó su lucha para dar a conocer a los países del mundo las justas reclamaciones panameñas en relación al Canal.

Panamá pasó a integrar el bloque de países no alineados y buscó el apoyo de los países latinoamericanos. Incluso, el asunto del Canal, llegó a ventilarse en la Cumbre de los No Alineados en Sri Lanka, en 1976, de la que salió un comunicado a favor de Panamá.

Firma de los Tratados

Los tratados comprometían a ambos países acordar en forma amistosa y cooperativa el proveer de una buena administración, operación y mantenimiento adecuado a tal obra de ingeniería esta compuesto por: El Tratado Torrijos-Carter que constan de un preámbulo, 14 artículos, un anexo y un acta; y el Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y Funcionamiento del Canal de Panamá que garantiza el libre transito y neutralidad a perpetuidad de esté.

La transferencia definitiva de soberanía a Panamá se llevó a cabo el 31 de diciembre de 1999 al mediodía, hora panameña, durante el gobierno de la presidenta Mireya Moscoso.

Tratado Torrijos-Carter

Finalmente, tras largas y complicadas negociaciones en las que participaron por parte de Panamá Rómulo Escobar Betancourt, Carlos López Guevara, Aristides Royo, Diógenes de la Rosa; Nicolás Ardito Barletta, y Gabriel Lewis Galindo, entre otros , y por los Estados Unidos, Ellsworth Bunker y Sol Linowitz, el 7 de septiembre de 1977, se firmaron en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, el Tratado del Canal de Panamá y el Tratado concerniente a la neutralidad Permanente y Funcionamiento del Canal de Panamá, mejor conocidos como Tratados Torrijos-Carter [1].

Dada la complejidad de los Tratados se agrupan sus disposiciones en cuatro grandes aspectos:

Soberanía: se reconocía la soberanía de Panamá sobre la Zona del Canal y por tanto la República tendría una participación creciente en la administración protección y defensa del Canal. En virtud de lo anterior, la Zona del Canal quedaba sujeta a la legislación panameña y ahora se denominaba Área Canalera. Sin embargo, Panamá le otorgaba a los Estados Unidos los derechos necesarios para operar el Canal, que entraría en poder nacional, el 31 de diciembre de 1999, al mediodía.

Administración del Canal: estaría a cargo de una agencia gubernamental estadounidense denominada la Comisión del Canal de Panamá, cuya Junta Directiva estaría integrada por nueve miembros (5 estadounidenses y 4 panameños) todos nombrados por los Estados Unidos. Hasta el 31 de diciembre de 1989, el Administrador sería un ciudadano norteamericano y el Subadministrador panameño. A partir del 1 de enero de 1990, esta situación se invertía.

Defensa del Canal: ambas naciones se comprometían a proteger y defender el Canal. Sin embargo, se dejaba constancia que durante la vigencia de este Tratado los Estados Unidos tendría la responsabilidad primaria en este campo. Se estableció una Junta Combinada compuesta por igual número de militares de alto rango de ambos países.

Beneficios económicos: revertirían a Panamá el 60% de las tierras e infraestructuras del área canalera. Entre otros bienes pasaban a Panamá: el ferrocarril, los puertos de Balboa y Cristóbal y el Fuerte Gulick donde funcionaba la Escuela de las Américas. Panamá recibiría diez millones de dólares por parte de la Comisión del Canal por los servicios públicos que prestaría en las áreas revertidas. Igualmente, recibiría una suma proporcional de los peajes pagados por los barcos que transitaran por el Canal.

También se adoptaron medidas para preservar la ecología de la cuenca del Canal.
 
Tomado de internet