La Agonía del Protocolo de Kioto
Julio César Centeno
Las tumultuosas negociaciones internacionales sobre el calentamiento global permanecen estancadas en aspectos cruciales para la estabilidad planetaria. La cumbre de jefes de estado en Estocolmo en el 2009, tras años de negociaciones, tenía como objetivo la concreción de un nuevo acuerdo internacional para reducir significativamente, en los próximos 40 años, las emisiones de los gases que magnifican el efecto invernadero. Pero la cumbre concluyó sin acuerdo, tras un lamentable enfrentamiento fundamentalmente entre países industrializados y países en desarrollo.
Un año mas tarde, la cumbre de Cancún, México, produjo un resultado igualmente frustrante, sin que se pudiera concretar un acuerdo sobre la distribución de responsabilidades para evitar que el calentamiento global se acelere a tal punto que desestabilice de manera irreversible los ecosistemas y provoque desajustes climáticos catastróficos a corto plazo.
Son dudosas las perspectivas de que los ministros y jefes de estado que se reunirán a finales de Noviembre del 2011 en Durban, Sur África, alcancen un acuerdo para coordinar una acción internacional efectiva ante la amenaza climática global. Sin embargo, todos los países, sin excepción, concuerdan tanto a nivel científico como político en que el calentamiento global es una de las principales amenazas para la humanidad, y que dicha amenaza requiere atención urgente y efectiva a través de un esfuerzo coordinado de todos los pueblos de la tierra.
Las hasta ahora insuperables dificultades para alcanzar un acuerdo radican en que las medidas necesarias para superar esta monstruosa amenaza divergen tanto del modelo predominante de desarrollo, como de las arraigadas relaciones de dominación entre las naciones. El modelo predominante de desarrollo depende del consumo de crecientes cantidades de energía, principalmente energía fósil, así como de la explotación de cantidades cada vez mayores de materias primas y recursos naturales. Los países en desarrollo han sido convertidos fundamentalmente en suplidores de materias primas y receptores de productos procesados, dependiendo económica y tecnológicamente de países industrializados y sus instrumentos de poder, tales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio y los acuerdos de libre comercio. Este modelo deliberadamente ignora los costos ambientales y sociales del desarrollo económico, una de las más perversas característica del orden económico internacional impuesto a todos los países de la tierra por los vencedores de la segunda guerra mundial.
En la cumbre de Copenhagen en el 2009 se acordó como objetivo imperativo evitar que, para finales del siglo 21, la temperatura promedio del planeta aumente más de 2ºC por encima del promedio registrado en la época pre-industrial. Esto implica mantener la concentración promedio de CO2-equivalente en la atmósfera por debajo de las 450 partes por millón. Este objetivo estratégico fue ratificado en la cumbre de Cancún en el 2010. Para entonces, ya la temperatura promedio había aumentado cerca de 1ºC, la concentración de CO2 superaba las 390 partes por millón, y la del total de gases del efecto invernadero ascendía a 435 ppm equivalentes de CO2. Las opciones disponibles para alcanzar la meta trazada han adquirido así un carácter de emergencia planetaria.
Presupuesto atmosférico
El alcance de la meta trazada implica que entre el 2010 y el 2100 sólo se puede emitir un máximo de 850 mil millones de toneladas equivalentes de CO2 a la atmósfera. El gas carbónico (CO2) representa en la actualidad cerca de tres cuartas partes del total de emisiones anuales de gases del efecto invernadero. Las emisiones de los otros gases, tales como el metano (CH4), los óxidos nitroso y el
dióxido de sulfuro, se miden en cantidades equivalentes de CO2.
Uno de los principales puntos de discordia es la distribución de este limitado cupo atmosférico entre los diferentes países del mundo. Entre las alternativa, enmarcadas en el concepto de justicia ambiental, se encuentra la distribución equitativa entre todos los ciudadanos del planeta. Como la población de los países en desarrollo representa en la actualidad cerca del 84% de la población mundial, y como dicha proporción tiende a aumentar, les correspondería una proporción similar del cupo disponible de emisiones. Esto dejaría a los países mas ricos del planeta un promedio del 15% del cupo de emisiones para los próximos 40 años. En la actualidad los países industrializados emiten cerca del 50% de las emisiones globales. En consecuencia, tendrían que aceptar reducciones inmediatas y de enorme envergadura a muy corto plazo, seriamente afectando no sólo sus ya precarias perspectivas de desarrollo económico, sino su dominación económica, tecnológica y militar sobre el resto del planeta. En consecuencia, no es sorprendente que tales propuestas, independientemente de la justicia de sus argumentos, generen enorme resistencia por parte de quienes ostentan el poder ulterior de decisión en la actualidad.
La situación se complica aún más cuando se toman en consideración las emisiones acumuladas hasta la fecha. Los países industrializados, con una minoría de la población mundial, son responsables del 70% de las emisiones de CO2 y otros gases del efecto invernadero acumuladas en la atmósfera en los últimos 60 años. Este grupo de países se apoderó unilateralmente de la mayor parte del cupo atmosférico disponible desde entonces, reduciendo el presupuesto atmosférico disponible para el resto de la humanidad. Si en un contexto de justicia ambiental se toma en consideración la responsabilidad acumulada hasta la fecha, la proporción del cupo de emisiones disponible para los países industrializados para el período 2010-2050 se reduce aún mas drásticamente.
Deuda ambiental
El Convenio Marco sobre Cambios Climáticos de la Organización de Naciones Unidas se refiere al año 1990 como el año base. Las emisiones correspondientes a ese año sirven como punto de referencia contra el que se miden los compromisos asumidos hasta la fecha, y contra el que la mayoría de los países proponen se continúen midiendo en el futuro. Es así como en 1997 el Protocolo de Kioto estableció como objetivo legalmente vinculante que los países industrializados deberían reducir sus emisiones en un 5% con respecto a las de 1990 para el quinquenio 2008-2012.
Durante este primer período de compromisos, con vencimiento a finales del 2012, el Protocolo de Kioto establece un compromiso vinculante de reducción de emisiones circunscrito sólo a países industrializados, debido a su desproporcionada responsabilidad en la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, y a su mayor capacidad tecnológica y financiera para aportar soluciones.
En 1990, el año base, el cupo disponible de emisiones era de 1.600.000 millones de toneladas métricas equivalentes de CO2. Para entonces la población mundial se encontraba en un 80% en países en desarrollo y el 20% restante en países industrializados. Durante el período 1990-2010 se emitieron 750 mil millones de toneladas equivalentes de CO2 a la atmósfera, provenientes en un 56% de países industrializados.
Si se hubiese aplicado el concepto de justicia ambiental ya mencionado, las emisiones de los países industrializados durante el período 1990-2010 habría sido como máximo equivalente al 20% del presupuesto atmosférico utilizado en ese período, un máximo de 150 mil millones de toneladas equivalente de CO2. El exceso de emisiones por parte de los países industrializados, sólo durante este período de tiempo, supera los 220 mil millones de toneladas equivalentes de CO2. Entre las propuestas en negociación se encuentra el reconocimiento de esta deuda ambiental, por el uso unilateral de un cupo atmosférico correspondiente a países en desarrollo. Si partimos de un precio promedio de US$ 20/ton CO2, sólo esta porción mas reciente de la deuda ambiental alcanzaría los 4.500.000 millones de dólares.
El Protocolo de Kioto
El Protocolo de Kioto es el único instrumento operativo del Convenio Marco sobre Cambios Climáticos. Establece como objetivo para el primer período de compromisos, definido como el quinquenio 2008-2012, una reducción promedio de 5% en las emisiones anuales provenientes de los países industrializados con respecto a las de 1990. Esta reducción corresponde al conjunto de países industrializados, identificados en el anexo 1 de dicho protocolo. Allí se definen los objetivos correspondientes a cada país o grupos de países: EUA: 7%, Canadá: 6%, Unión Europea: 8%. Se preveía también que algunos países sólo estabilizarían sus emisiones, como Rusia y Japón, mientras que otros podrían aumentarlas, como España y Australia.
El Protocolo de Kioto fue aprobado por los EUA durante la presidencia de Bill Clinton. Sin embargo, una de las primeras medidas de política internacional tomadas durante la presidencia de George W. Bush fue el desconocimiento de dicho compromiso. Desde entonces, los Estados Unidos, el principal emisor de gases del efecto invernadero, se dedicó a sabotear dicho acuerdo internacional.
Para el 2010, sus emisiones en lugar de reducirse en un 7% como originalmente previsto, aumentaron en un 17%. Estados Unidos se convirtió en un estado paria, cuyo comportamiento ha propiciado un duro golpe a un acuerdo internacional que proponía reducciones simbólicas en emisiones, prácticamente insignificantes ante el reto climático que enfrenta la humanidad.
Limitar el aumento de la temperatura promedio del planeta a no mas de 2ºC con respecto a la era pre-industrial para finales de siglo implica que las emisiones globales de los próximos 90 años (2010-2100) no pueden exceder los 850 mil millones de toneladas métricas equivalentes de CO2. Si se considera que las emisiones globales en el año 2010 superaron los 47.000 millones de toneladas equivalentes de CO2, un 34% superiores a las de 1990, se comprende la imperiosa necesidad de concretar un acuerdo internacional, legalmente vinculante, que facilite el esfuerzo coordinado por parte de todos los países del planeta para reducir las emisiones globales en al menos un 50% para el 2050, con respecto a las de 1990. La magnitud de este reto es particularmente significativo si se toma en consideración que par el año 2050 la economía mundial tiende a ser 4 veces superior a la actual, mientras que la población tiende a alcanzar las 10.000 millones de personas.
Considerando las responsabilidades acumuladas hasta la fecha, las diferencias en capacidad económica y tecnológica para reducir emisiones, la estrecha vinculación del desarrollo económico con el consumo de energía, y la predominancia del consumo de energía fósil alrededor del mundo, en las reuniones de Copenhagen y de Cancún se propuso que los países industrializados deben asumir el compromiso de reducir sus emisiones en al menos un 40% para el año 2020 y en al menos un 80% para el 2050, con respecto a las del año base.
Esto le permitiría a los países en desarrollo alcanzar un pico en sus emisiones alrededor del año 2020, para luego reducirlas a aproximadamente el 40% de las emisiones de 1990 para mediados de siglo. Sin embargo, Estados Unidos ofrece sólo compromisos voluntarios, no vinculantes, para reducir sus emisiones simbólicamente para el año 2020 en apenas un 5% con respecto a las de 1990. Mientras que Japón, Rusia y la Unión Europea ofrecen una reducción del 25% en sus respectivas emisiones para el año 2020 con respecto a las de 1990.
La propuesta de los países en desarrollo viene acompañada de aspectos complementarios: la transferencia de recursos financieros y tecnológicos de países industrializados a países en desarrollo para que estos puedan contribuir al alcance de las metas globales trazadas. Según la Agencia Internacional de Energía, se requieren al menos 600.000 millones de dólares anuales entre el 2010 y el 2020 para cumplir con los objetivos trazados, destacando: "Estas cifras son muy inferiores al costo de no actuar".
Los países en desarrollo necesitan recursos tanto financieros como tecnológicos para asegurar que su desarrollo sea más eficiente desde el punto de vista energético, para depender cada vez menos del consumo de energía fósil, para impulsar el uso de energías alternativas y para eliminar fuentes de emisiones particularmente destructivas y peligrosas, como las provenientes de la destrucción de bosques. En los países localizados en la franja tropical del planeta, países en desarrollo, se destruyen más de 10 millones de hectáreas de selvas naturales cada año. La deforestación representa con frecuencia más de la mitad de las emisiones totales de CO2 provenientes de estos países. Detener este proceso suicida de devastación no sólo es necesario para reducir sustancialmente las emisiones de CO2 y otros gases del efecto invernadero. Es igualmente crucial para evitar la destrucción de la biodiversidad, la principal riqueza estratégica de generaciones futuras. La mayor parte de la diversidad biológica y genética del planeta se encuentra asociada a las selvas tropicales de América Latina, Asia y África.
El sabotaje
Desafortunadamente, los países industrializados, salvo contadas excepciones, han sistemáticamente saboteado el alcance de un compromiso global para encarar la destructiva amenaza climática global. Proponen continuar usurpando un cupo atmosférico desproporcionadamente mayor al correspondiente a su población, maniobran por evadir compromisos legalmente vinculantes en el contexto del Protocolo de Kioto, y manipulan para minimizar la cooperación económica y tecnológica hacia los países en desarrollo.
La usurpación de un cupo atmosférico aun mayor al propuesto por los países en desarrollo pretenden justificarla aludiendo al posible impacto sobre sus ya deterioradas economías y su precaria estabilidad social. La reducción de emisiones de 80% para el año 2050 requiere de una meta intermedia de 40% para el año 2020. Estos escenarios implican fundamentalmente el desacoplamiento del desarrollo económico de las emisiones de carbono, la sustitución de buena parte del consumo de petróleo y carbón mineral por gas, un aprovechamiento significativamente mas generalizado de fuentes alternas de energía, como la solar y la eólica; el aumento de la eficiencia energética para que el crecimiento económico y el transporte impliquen un consumo cada vez menor de energía, y un fin al desproporcionado derroche de energía y materias primas por parte de la población y las industrias.
Por otra parte, los países industrializados parecen haber coordinado sus posiciones para evitar un segundo período de compromisos en el contexto del Protocolo de Kioto. Se pretende evitar el carácter legalmente vinculante de este instrumento, convirtiendo sus promesas en objetos de retórica, de carácter netamente voluntario, sin implicaciones vinculante.
El objetivo es claramente destruir el Protocolo de Kioto, el único instrumento vinculante del Acuerdo Marco sobre Cambios Climáticos. Ya varios países han formalmente expresado su determinación a plegarse a la posición de los Estados Unidos, rechazando la posibilidad de un segundo período de compromisos en el marco de este protocolo, mas allá del año 2012. Entre estos países se destacan Japón, Canadá y Australia.
El principal argumento de los otros países industrializados es que Estados Unidos se niega a asumir compromisos vinculantes en el contexto de este protocolo para reducir sus emisiones, y que es preferible cualquier acuerdo, aún no vinculante, con tal de incluir a la principal economía mundial. Los países en desarrollo insisten en la necesidad de que los países industrializados mantengan compromisos vinculantes en el contexto del Protocolo de Kioto, mientras que los compromisos voluntarios, no vinculantes de Estados Unidos, se administren a través de un proceso paralelo en donde se incluya también a países en desarrollo con significativos niveles de emisiones, tales como China, India y Brasil.
Los países industrializados pretenden igualmente minimizar la cooperación financiera y tecnológica requerida por los países en desarrollo para contribuir con la reducción global de emisiones y para adaptarse a los crecientes efectos del calentamiento global. Argumentan, por ejemplo, mas allá de las dificultades estructurales de sus economías, que las tecnologías disponibles para mejorar la eficiencia energética de las economías de países en desarrollo son propiedad intelectual de empresas privadas, fuera del alcance de la acción de gobierno.
Mientras que, por otro lado, tratan de minimizar la cooperación económica con países en desarrollo, condicionando y retrasando los escasos recursos comprometidos para favorecer actividades que beneficien a sus propias corporaciones transnacionales, o para imponer condicionalidades económicas y políticas a los países receptores.
Uno de los principales argumentos de Estados Unidos es que, en el contexto del Protocolo de Kioto, países como China, India y Brasil no asumen compromisos vinculantes para reducir sus respectivas emisiones, aun cuando China ya sobrepasó a Estados Unidos como el principal emisor de gases del efecto invernadero. Lo que hipócritamente se niega a reconocer el gobierno norteamericano es que el desarrollo económico de ese país se encuentra estrechamente vinculado a gigantescas emisiones de CO2 y otros gases contaminantes acumulados en la atmósfera durante décadas, desproporcionadamente mayores que las de China o India. Para el año 2000 Estados Unidos era responsable del 30% de las emisiones acumuladas en la atmósfera, mientras que a China le correspondía el 7% y a India sólo el 2%. Sin embargo, la población de China es 4 veces superior a la de los Estados Unidos y la de India 3,5 veces superior. Aun hoy, China emite en promedio 4,5 toneladas de CO2 equivalentes por habitante por año, e India 1.4, mientras que las de Estados Unidos son 5 veces superiores a las de China y 13 veces superiores a las de India.
El enfrentamiento
La negociación que tendrá lugar en Durban, Sur Africa, a finales de este mes puede convertirse en el golpe de gracia al Protocolo de Kioto. Esa será la intención de buena parte de los países industrializados, liderados principalmente por los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón. Sin embargo, si los países en desarrollo mantienen con firmeza la posición que han asumido hasta la fecha, con el eventual apoyo de la Unión Europea se mantendría la posibilidad de un segundo período de compromisos que le otorgue un carácter vinculante a las reducción de emisiones de los principales países industrializados, tanto en proporción con su responsabilidad por las emisiones acumuladas hasta la fecha, como en armonía con su potencial económico y tecnológico para lograrlo.
Durban promete así convertirse en un nuevo campo de confrontación entre países ricos y países pobres, en donde los primeros tratarán de imponer sus criterios, como ha sido práctica recurrente en el pasado, mientras que los últimos defienden, cada vez con menos temores y complejos, los intereses colectivos de la inmensa mayoría de la humanidad.
Durban tiende a convertirse en otro decepcionante eslabón en el frustrante proceso de negociaciones para afrontar la amenaza del calentamiento global, cuyas peligrosas consecuencias prometen ser desproporcionadamente severas para los pueblos más desposeídos del planeta. Un acuerdo efectivo en Durban es poco probable, aunque quedarán sentadas las bases de un eventual acuerdo en el que se reflejen las legítimas aspiraciones de desarrollo de los países más pobres del planeta.
El Acuerdo Marco sobre Cambios Climáticos no puede condenar a la mayoría de la población mundial a mantenerse en la pobreza, la ignorancia y la dependencia, limitando su desarrollo, mientras se mantiene el profundamente injusto orden económico internacional vigente. Es hora en que los países en desarrollo, donde se encuentra la inmensa mayoría de la población mundial, se unan para defender con determinación y firmeza no sólo sus legítimos derechos y aspiraciones, sino los derechos de la Madre Tierra.
