HISTORIA DE DOS CIUDADES

Juan Carlos Mas –médico.
 

Al recorrer los diversos artículos, notas y comentarios vertidos acerca de del crónico malestar de Colon  – ahora con agravaciones episódicas frecuentes - recordé que allá por los años 80 escribí una colaboración para el periódico Unidad, efectuando una comparación con otro lugar poblado de la república, de la cual la cual no tengo constancia de que se llegara a publicar.  Sin querer ser pretencioso la titulé “Historia de dos ciudades” parafraseando a Charles Dickens. Quise encontrarlo en mis archivos y afortunadamente lo logré. Más abajo lo expongo para los lectores, porque me parece vigente.

“Santiago de Veraguas y Colon tienen indiscutiblemente dos orígenes diferentes y también dos desarrollos separados. Santiago, ligada desde el inicio a la economía  natural agro ganadera, fue el baluarte de las castas conservadoras , definidas así en cuanto se oponían en el siglo XIX a los esfuerzos liberales para modernizar el Istmo y transformarlo en una economía abierta (Hanseática la definían entonces). Está por verse si tal arraigo en la economía natural deba necesariamente etiquetarse como conservador  a la luz de los conceptos sobre autosuficiencia nacional, como parte de la seguridad y soberanía de los pueblos. Lo cierto es que Santiago engendró en el siglo XX trascendentes movimientos sociales y populares ligados a la concepción del papel popular que podía jugar aquella economía.

Portobelo -Colón (así en esa sucesión histórica), nacieron para la economía de tránsito y por tal razón estaban concebidas como un balcón al comercio mundial. Un balcón de una casa concebida sin espacio interior. Finalizado el papel de Portobelo, Colón cumplió en su aún corta vida el rol del anterior  y lo superó con creces. Ya en 1940 Colón era una ciudad de hermosas y limpias calles, avenidas y edificios de amplias recovas, que vistos desde el lóbrego presente evocan cuánto dinero corrió por sus calles.

Santiago y Colon, tan distintas en sus orígenes convergían en un casi agónico malestar en el fin de fiesta oligárquico coincidente con el año 68. Ambas poblaciones estaban virtualmente en el cenagal. Colón había sido víctima de la medicina  que pretendió darle vida al enfermo. Cuando en 1947 Enrique Jiménez creó la Zona Libre estaba intentando suplir,  con una economía volcada al mundo,  el auge cesante de la economía bélica de los 40s. La receta tuvo éxito para la economía pero no para la ciudad ni su población. Desde entonces Colón ha visto pasar por su balcón ingente sumas de dinero  cuyas monedas ruedan catarinas por su frente para ir a ingresar a otras arcas. La Zona Libre se construyó sobre dos pilares de atracción  que son: Las exenciones impositivas; y 2 la garantía de un bajo costo de la mano de obra. Esto marcó a hierro el destino de la fuerza de trabajo colonense. Una fuerza laboral barata debía estar signada por la precariedad. Para asegurar ese ejército de trabajadores de reserva  una silente conjura se cernió sobre la isla de Manzanillo; nunca más se establecieron empresas privadas  que pudieran competir por la mano de obra prisionera de la Zona Libre. Colón, que había sido autosuficiente en pequeños comercios para el abasto de su población los vio cerrar una tas otro. Hasta un diario que tenía la ciudad (Calle 6a) vio cerrar sus páginas por falta del sustrato informativo en una ciudad que, palatinamente, dejaba de serlo para transformarse en un muelle y un almacén. La vida cultural tomo el rumbo de la estructura económica  hacia el destino que hoy conocemos. Para salvar a la ciudad se inventaron nuevas fórmulas dirigidas a reforzar el carácter transitista de su economía. El paciente iba  quejándose más y más, poniéndose pálido y terroso como aquel a quien envenenan lentamente con arsénico. La fórmula recordaba aquella anécdota del médico al cual llamaban el “111” (porque comenzaba con uno, seguía con uno y terminaba con uno), Hacia mediados de la administración del proceso octubrino se ideó crear un polo de desarrollo industrial en la provincia de Colon y estimular la radicación de empresas en el área de Buena vista, bien lejos de la isla de Manzanillo para no establecer competencias por la mano de obra barata que por superior designio le pertenece a la Zona Libre. Por otra parte ese nuevo polo industrial -por su posición- volcaba sus efectos  sobre la ciudad de Panamá  y no sobre la de Colón.

La Refinería  creada por razones estratégicas en Bahía de las Minas, pasaba a ser la única alternativa  de empleo estable y “normal” frente a la Zona Libre, pero fueron cerradas sus operaciones en los gobiernos post-invasión.

Concluyese que Colón es una ciudad rehén de la Zona Libre y solo rompiendo con las quimeras exclusivistas de Zonas y Puertos Libres podrá reencontrase como ciudad. La historia nos ha enseñado que el auge del transitismo es vulnerable por su carácter cíclico En consecuencia la sabiduría aconseja una red de auto-sustentación para las caídas del ciclo.

Santiago durante el proceso octubrino recibió un poderoso impulso que la trasformó en la pujante ciudad que es hoy. La planificación estatal, tan denostada, concibió: el polo cañero en la vecindad de Santiago; el traslado del Mida que no solo trajo una burocracia activa al mercado de consumo de la ciudad, sino que también determino que el sur se transformara en una parte activa de la economía provincial. El papel  de las organizaciones cristianas  de producción en el norte, aunque sin proponerse una ligazón política, terminó por confluir en su praxis económica, sustentando el mismo proyecto del régimen de construir un modelo económico con cierta autarquía, por no estar aligado al transitismo.

Hoy las dos ciudades parecen estar ubicadas en el infantil juego mecánico del sube y baja: Santiago arriba y Colón abajo. La mejor más sofisticada y moderna de las economías tiene a Colon en el pasado. La realidad es que Santiago es una ciudad con hinterland es decir tiene una provincia que administrar y suplir. En cambio Colón es una ciudad pegada como una ventosa a la ruta, sin tener  una provincia que administrar. Un desarrollo sustentable para la ciudad debería contemplar el desarrollo del interior provincial como base de sustentación.

Colón ciudad y Colón provincia; una ciudad sin provincia y una provincia sin capital. Vemos por ejemplo como se reitera el error de concepción del modelo de desarrollo.

Se proyecta un ferry de Cartagena a Colón y se elige a esa ciudad como terminal  panameña del esquema  de transporte concebido con base a su carácter  de terminal de la ruta interoceánica. ¿Por qué no terminar el ferry en Portobelo? Tiene más consecuencia y consistencia unir a ciudades gemelas por su historia.

La adecuación de Portobelo y de la carretera hacia ella  tendría el efecto de construir el interior provincial que señalamos como necesario. Atender a ese polo provincial le significará  a la ciudad de Colón el desarrollo de una actividad no directamente ligada a su carácter transitivo sino a su capitalidad provincial que la obliga a atender a la expansión económica de sus poblaciones dependientes.

La quimera exclusivista presupone descartar todo  otro tipo de combinación de alternativas de desarrollo recargando las esperanzas en el comercio exterior. Dar la vuelta a la concepción del problema… mirar al futuro con óptica de auto sustentación y tener presente la historia”.

Sin Ambages. Sobre los nombramientos presidenciales

En verdad que da lástima la forma en que el Órgano Legislativo, tan dócilmente, acata las instrucciones del Presidente de la República al ratificar los nombramientos de funcionarios de dudosa independencia y criterio personal. Igual sumisión la de la Procuraduría General y del Órgano Judicial que no encuentran delito alguno en la asignación de partidas del presupuesto nacional a los tránsfugas ni mucho menos en la compra de jamones para que un político bocón haga las veces de Papa Noel con los dineros del Estado al cerrar el 2012, lo que lo hace un año más de ignomia en la conducción del Estado Panameño por parte del Gobierno del Presidente Martinelli.

Pero también da pena, es bueno decirlo, los lloriqueos ácidos, enjundiosos y patéticos de algunos grupos de la sociedad civil y partidos políticos que revolotean sobre el meollo del problema sin tocar el verdadero fondo, argumentando, hipócritamente, que con un nuevo presidente se acabará el autoritarismo, el saqueo del tesoro, la riqueza y los recursos naturales de la nación. Hablemos claro no hay disposiciones constitucionales ni legales que le impidan a este presidente, ni a los próximos, nombrar amigos o socios de negocios en cargos de procurador o magistrados de la Corte Suprema de Justicia o en cualquier otro cargo que requiera honestidad y criterio independiente. Tampoco hay mecanismos efectivos para juzgarlos. Oponerse a estos nombramientos so pretexto que van a favorecer en sus decisiones al Presidente, no es más que un verdadero juicio a priori (aunque los que ya ha nombrado han comprobado su sumisión escandalosamente) que tiene más valor especulativo que fuerza política. La sabiduría popular nos dice que buscándole la cabeza hay que matar la culebra. Veamos.

Desde que Montesquieu presentó su teoría de los tres poderes del Estado (tal como se establece en nuestra actual Constitución Política) para acabar con el absolutismo real, mucha agua ha corrido bajo el puente. Aquella funcionó en una época más ingenua. No conocieron el enorme poder de la economía especulativa financiera, parasitaria de la economía real que, hoy día, tras la máscara del mercado, controla los procesos productivos y burla la voluntad de los pueblos poniendo a los gobiernos, supuestamente elegidos democráticamente, a trabajar para los intereses de estas elites internacionales. Entonces ya no es posible que los ciudadanos dejemos de manos libres a los hombres electos en estos tres poderes pervertidos y embelesados por la magia de los mercados y nos limitemos a cada cinco años renovarlos permitiendo que, impunemente, se vayan a disfrutar de lo hurtado, constitucional, legal y honradamente al pueblo panameño.

La culebra la mataremos pisándole la cabeza con una numerosa participación popular permanente en los asuntos de gobierno. Una nueva Constitución, elaborada y aprobada por una Constituyente Originaria y Soberana, debe dar vida al Poder Ciudadano a la par de los otros tres poderes públicos tradicionales. Un Poder Ciudadano cuya máxima autoridad sea una Asamblea del Poder Ciudadano con la representación de cada uno de los corregimientos que forman el país. Una Asamblea del Poder Ciudadano capaz de nombrar un Tribunal Superior Constitucional para salvaguardar la Constitución, castigar a sus violadores y preservar la pureza del sufragio. Una Asamblea del Poder Ciudadano habilitada para nombrar al Contralor General de la República, al Procurador General y a los Magistrados del Tribunal Electoral.

Los otros tres poderes deben ocuparse de la carpintería social, a administrar los recursos de la Nación para bien común conforme lo establezca la Constitución. El Ejecutivos a administrar los programas de salud y seguridad pública y a construir las obras públicas necesarias; el Legislativo a formular las leyes que permitan la convivencia pacífica y democrática de los panameños y el Judicial a administrar un sistema imparcial y eficaz de justicia; todos vigilados y supervisados por el Poder Ciudadano de manera permanente. Que los presidentes nombren, de acuerdo a requisitos constitucionales a quien le venga en gana, nosotros, el pueblo vigilaremos y castigaremos, en última instancia, a los funcionarios infractores y corruptos desde el Poder Ciudadano.

Movimiento de Bases Torrijistas, diciembre de 2012

Repulsión y luces navideñas.

Jaime Richart

Este, el capitalismo y especialmente el financiero, es un sistema sociopolítico en el que el dinero y el lucro cretinizan al individuo y sobre todo a los gobernantes y magos economistas que presumen de inteligencia. Hay una prueba incontestable. La casa se ha ido derrumbando casi con estrépito a lo largo de unos años. Sin embargo han sido incapaces de ver las grietas ni de oír los crujidos que acompañan a todo derumbamiento. Hasta que las arcas públicas no se han vaciado por el latrocino y el despilfarro generalizado, no se han dado cuenta de que el país entero y sus territorios estaban en quiebra. Un sistema semejante debiera enterrarse, y a semejantes dirigentes expulsarles del país...

Sin embargo, siguen erre que erre con el mismo marco y la misma instrumentación, poniendo parches que nada solucionan. Para sobornar su conciencia y aplacar nuestra iracundia los políticos y los periodistas dicen que no todos los políticos, los sacerdotes, los economistas, los periodistas, los arquitectos, los gestores, los alcaldes, los concejales, los jueces, los notarios o los empresarios son iguales. Faltaría más. Si así fuese ¿no podría haber país más monstruoso.

No obstante, cuando se dice que este país es una guarida de ladrones y de sinvergüenzas es porque en cada profesión o empleo más o menos institucional hay suficientes malhechores para acabar contaminando al resto y a cada una de las actividades a que se dedican. La prevaricación al mutilar el Estatut catalán; los infames y sistemáticos saqueos de las arcas públicas; la burda o sofisticada ingeniería financiera para el lucro individual o grupal y la inmensa evasión fiscal; los indecentes comportamientos por acción o por omisión al callar lo que se sabe o se ve y no se denuncia; la rapiña generalizada; la falta de ética y honestidad del monarca y sus familiares; el mezquino y obsceno abuso de un presidente del tribunal supremo... y un largo etcétera que se nos atraganta sólo al intentar enumerarlo, hacen de este país seguramente el primero en corrupción masiva del mundo en comparación con la de otros donde se ve como normal en el sátrapa del lugar.

No puede uno imaginar países del sistema tan plagados de ladrones, de cínicos y malvados. Este vasto y plural territorio está literalmente ocupado por frenéticos codiciosos de dinero y de poder.

Nos produce tanta indignación y tanta repulsión este estado de cosas, de las que se nos da noticia cada día, que no nos extrañan las reacciones más o menos desproporcionadas de las masas ni la represión sanguinaria de las revoluciones, las sublevaciones y las insurgencias que periódicamente tienen lugar en la historia. Cuando las leyes no condenan severamente las conductas delictivas de los jerifaltes, no se hace justicia porque la ordinaria no las castiga aplicando atenuantes o eximentes arbitrarias o se hace cómplice archivando o sobreseyendo, o el gobierno de turno indulta a torturadores porque estos pertenecen al sistema represor, una atmósfera enrarezcas recorre el país de un extremo a otro. ¿Quién confía ahora que de esa lluvia de millones llegada de Europa, no irá a parar una buena parte de ella a los bolsillos de los banqueros jubilados prematuramente?

Y es que las mayorías absolutas pueden ser tan peligrosas como la tiranía. Cuando el poder descarga su peso sobre los más desfavorecidos relegando la asistencia social a la caridad y a la filantropía particulares, burla los derechos humanos y constitucionales e incurre en grave abuso de poder asimilándose al poder tiránico.

Quizá diga alguien, la ley o la justicia frecuentemente prevaricadora que mis alegatos hacen apología de la violencia. Como si sólo hubiera una clase de violencia. Como sí no fuese mucho más grave la violencia moral y la coacción de normas pensadas para favorecer a los más acomodados, como sí esa clase de violencia no terminase percutiendo la violencia material por la simple ley física de acción y reacción.

Porque no sólo los abstractos "mercados" que no tienen rostro ni alma son los culpables. Sus gestores políticos, con nombre y apellidos, están llevando con sus recortes a la miseria a millones de ciudadanos. El Estado, los gobiernos y los alcaldes han traído la desgracia a través de la rapiña y expolio permitida y propiciada. Ahora mismo, sin ir más lejos, no tienen empacho en consumir, con el dinero público, millones de kilovatios de luz en pueblos y ciudades a cuenta de fiestas de una tradición prácticamente a extinguir: fiestas cuyos personajes históricos o míticos jamás aprobarían, dadas las penosas condiciones en que se encuentra la cada día más numerosa nómina de ciudadanos que sobreviven exclusivamente gracias a la filantropía particular y no en virtud de la justicia social.

No queremos bienaventurados en el siglo XXI que sólo podrán saciar su hambre y sed de justicia en la otra vida. Queremos justicia en ésta y que sacien su hambre y su sed en ésta. La historia o alegoría que dicen representar esos ya ridículos adornos y luces callejeros no hacen más que evocar a cada momento el primitivismo y la estupidez de jefes de tribus que recurren a abalorios y espejuelos que sólo usan ya grupos humanos que siguen instalados en el paleolítico.

Especial para ARGENPRESS.info

Fuente: http://www.argenpress.info/2012/12/repulsion-y-luces-navidenas.html

Declaración de Madrid sobre los diálogos de paz en Colombia.

Las organizaciones de la sociedad civil que hemos impulsado este Encuentro, dedicadas a la cooperación al desarrollo, al ejercicio de la solidaridad entre los pueblos, a la defensa de los derechos humanos,

Saludamos el reciente inicio de conversaciones entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC-EP, para la búsqueda de una Paz definitiva y duradera que acabe con el conflicto social y armado interno que aflige a ese pueblo hermano desde hace 50 años.

Animamos a las partes beligerantes a conversar con valentía y responsabilidad, abordando en el proceso las causas profundas del conflicto armado: la inequidad y falta de justicia social, la masiva usurpación de la tierra a los campesinos y su acumulación por grandes propietarios, la falta de garantías democráticas para la población, la ignorancia -cuando no violación sistemática- de todos los derechos humanos y la impunidad de los victimarios.  

Saludamos el importante papel jugado por la sociedad civil colombiana en la búsqueda de la paz y construcción de acuerdos humanitarios que la hagan posible, sin cuyo trabajo e impulso no se habría llegado a este momento de dialogo, tarea en la que demasiadas veces las organizaciones y movimientos sociales han tenido que vencer incomprensiones e injustas descalificaciones así como la criminalizaciòn de sus anhelos de paz.

Pedimos la apertura de una Agenda Social en las conversaciones, en cuya discusión pudieran intervenir las organizaciones sociales colombianas, que tanto han padecido el conflicto y sus causas

Llamamos a todos los actuales beligerantes en el conflicto armado interno -Estado, FARC y ELN-  a construir un sólido y eficaz proceso de búsqueda de la paz, incorporando a la guerrilla del Ejercito de Liberación Nacional (ELN) al proceso conversatorio.

Compartimos los principios establecidos por el Gobierno de Colombia en este proceso de búsqueda de paz respecto a “No cometer errores del pasado”, y a que “cualquier proceso tenga que llevar al fin del conflicto, no a su prolongación”.

Solicitamos a las partes negociadoras que avancen urgentemente en el fin de las hostilidades mientras se adelantan las conversaciones de paz, con el fin de cesar los padecimientos de la población civil afectada por el conflicto.

Entendemos imprescindible para que avance el proceso de negociación, alcanzar un Cese al fuego y de las hostilidades y subsidiariamente un Acuerdo Especial basado en el derecho humanitario. El Acuerdo Especial humanitario, conforme contemplan los convenios sobre ius in bellum, hará prevalecer el entendimiento sin que nada amenace el proceso de terminación del conflicto y la consecución de la paz, además de resultar para las partes beligerantes una obligación respetar el derecho internacional humanitario y garantizar la protección e integridad de los civiles que habitan los territorios en conflicto armado.

Pedimos tomar en cuenta que mientras esté activo el conflicto armado, quien más lo sufre es la población civil.

Constamos que desde el pasado mes de septiembre numerosas comunidades indígenas, negras y mestizas habitantes en zonas de conflicto se han dirigido a los beligerantes solicitando de forma apremiante que se pactara un Cese Bilateral de hostilidades. En los dos meses y medio transcurridos desde el anuncio de las conversaciones, estas mismas comunidades han sido afectadas en su vida, en su integridad, en sus bienes, por ataques indiscriminados con ametrallamientos y bombardeos, por amenazas, presiones, daños a bienes de supervivencia; algunos civiles han muerto o han quedado heridos. A esa solicitud se han ido sumando más y más familias y comunidades que padecen las graves infracciones al derecho humanitario y en general los efectos del conflicto armado.

Mantenemos que el hecho de que las FARC-EP y el ELN manifiesten su disposición a la aplicación del derecho humanitario abre la posibilidad de un Acuerdo Especial que, acordado bilateralmente con el Gobierno, representará un avance en la confianza requerida para llegar a un feliz término del conflicto.

Invitamos por ello al Gobierno colombiano a aceptar el Cese de Hostilidades y un Acuerdo Especial, medidas que serían un paso trascendental en la protección preventiva y humanitaria, preludio de la paz que deberá sobrevenir. Aun en el caso de que el Gobierno de Colombia persista en no aceptar como hasta ahora el cese de las hostilidades continuando así las partes su actividad armada, solicitamos se aborde al menos un Acuerdo Especial de humanización del conflicto, pues hasta ahora la debida aplicación general protectora del Artículo 3º común a los Convenios de Ginebra de 1949 o el Protocolo II adicional de 1977 no han sido suficientes para acabar con la barbarie del conflicto.

Urgimos un tratamiento conforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos para las prisioneras y prisioneros por causas políticas, opinión o a causa del conflicto armado que actualmente soportan condiciones de reclusión en las cárceles colombianas absolutamente contrarias a las normas internacionales aplicables a las personas privadas de libertad.

Convencidos de que el éxito de cualquier proceso de paz dependerá también de la capacidad del Gobierno de Colombia para generar las mínimas garantías políticas que en democracia deben tener la oposición, pedimos el cese de la estigmatización a la protesta social y de su señalamiento como “terroristas”, acompañado del establecimiento de mecanismos efectivos de participación de la sociedad civil en los asuntos públicos.

Declaramos que ningún camino hacia la paz puede transitarse sin conocer la verdad, alcanzar justicia y reparar a las víctimas de los muchos crímenes contra la humanidad sufridos por el pueblo colombiano durante los años de conflicto. La impunidad  de los responsables de esas  graves ofensas contra la humanidad es incompatible con la resolución del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Nos referimos a aquellos crímenes respecto a los cuales, según los principios del derecho internacional aplicable por las naciones civilizadas, no cabe amnistía ni indulto, ni les alcanza la prescripción, por tratarse de crímenes que ofenden a la humanidad en su conjunto

Entendemos esencial la participación en este proceso del exilio colombiano, los desplazados, refugiados y asilados que han tenido que abandonar su hogar primero y su país después ante las persecuciones sufridas y el riesgo cierto sobre su vida y su integridad o a sobre la de sus allegados. La Paz en Colombia debe significar el fin de la persecución y del temor a sufrir esta. Resulta por tanto de justicia que esta realidad se contemple en cualquier mesa de conversaciones y que igualmente los representantes del exilio colombiano puedan formar parte activa de este ilusionante proceso que ahora se abre.

Ponemos de manifiesto la grave injerencia que en España han supuesto las actuaciones ilícitas de las autoridades colombianas contra refugiados colombianos, defensores de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales, delitos que de forma sistemática se han venido ejecutando en nuestro país, y en Europa,  por funcionarios públicos colombianos. Entre  2005 y 2012 al menos España y Bélgica fueron “chuzadas” por la fuerza policial dependiente de la Presidencia de la República de Colombia, el DAS, que recientemente fue declarada organización ilegal por los tribunales colombianos y disuelta por el actual Presidente, Dr. Juan Manuel Santos.

Constatamos que interceptaciones de comunicaciones, seguimientos, coacciones y difamaciones contra exiliados y defensores de derechos humanos se han realizado impunemente y durante años en toda España ante la sorprendente inacción de las autoridades y fuerzas de seguridad españolas.

Denunciamos que esta estrategia de criminalizaciòn y descalificación llevada adelante por la Fiscalía colombiana, dirigiendo acusaciones de graves delitos a exiliados y defensores de derechos humanos por motivos políticos, provocó distintas investigaciones en la Audiencia Nacional española, todas ellas archivadas a fecha de hoy por la justicia pero que han supuesto un daño irreparable para las víctimas de las falsas acusaciones, tras haber sido estigmatizadas al difundirse en los medios todo tipo de acusaciones de graves delitos contra ellas, sin que posteriormente fueran desmentidas al ser sobreseídas las causas.

Llamamos a la Unión Europea y a los países que la conforman, en especial a los que en otros procesos de paz han participado como países acompañantes, garantes o amigos, a que recapaciten y reformulen las erróneas políticas que en los últimos años, en especial desde el año 2002, han llevado adelante respecto al conflicto armado colombiano. La criminalizaciòn del conflicto y de las organizaciones insurgentes  por parte de la UE y de la  mayoría de países que la integran, la reducción analítica del complejo conflicto político colombiano a un simple problema de orden publico y terrorismo -con la inclusión de las organizaciones rebeldes beligerantes en las “listas” de organizaciones terroristas de la UE y la judicialización de distintos activistas de la solidaridad con Colombia españoles y de otros países europeos-, han sido la causa de la perdida de la UE de su papel de mediadora  y la consiguiente exclusión de la UE y los países que la integran de los mecanismos políticos y diplomáticos de acompañamiento y facilitación del proceso que ahora se abre.

Lamentamos esta situación, que ha supuesto un estrepitoso fracaso político y diplomático, considerando que en la totalidad de los procesos de negociación de paz habidos en Colombia desde el inicio del actual conflicto armado interno bien la Unión Europea o bien los países que la conforman -en especial España-  habían jugado un papel diplomático determinante en la puesta en marcha de los mismos, papel que de momento vemos no van a poder tener.

Entendemos esencial, para la consolidación de una paz que ahora puede ser alcanzada en la mesa de conversaciones, la aplicación de medidas efectivas para la reincorporación  a la vida civil y política de los alzados en armas y a las personas que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto, a través de la amnistía de los delitos políticos y conexos cometidos a consecuencia del conflicto, medida expresamente establecida en el Derecho de Ginebra para la finalización de los conflictos armados internos

Alentamos los gestos de reconciliación entre las partes que se han enfrentado en el conflicto, queriendo contribuir así a restablecer el curso normal de la vida en un pueblo que ha estado dividido.

Madrid, 13 de Noviembre de 2012

MOVICE (Movimiento de víctimas de Crímenes de Estado en Colombia- capitulo Madrid), Comisión Ética (representada por la Comunidad Sto Tomas de Aquino) Asociación de Solidaridad con Colombia ASOC-KATIO, XXI Solidario, Plataforma Justicia por Colombia (CEAR; Paz con Dignidad, IEPALA, MUNDUBAT; Ecologistas en Acción, OSPAAAL, Comité Oscar Romero de Madrid).

Sin Ambages. Sobre la suspensión del diálogo en Colón

Con cinismo y desparpajo el Ministro de la Presidencia declara que el diálogo de las fuerzas vivas de Colón con el Gobierno Nacional estará suspendido mientras el “Gobierno Nacional está en estos momentos concentrado en la ayuda que debe brindara a las familias que resultaron damnificadas a consecuencias de las inundaciones que se registraron en Panamá Oeste y en Colón”.


Esta suspensión no es más que otra coartada que tiene tres propósitos: primero desgastar la indignación nacional (y consecuentemente la capacidad de movilización de la población); segundo “meterle mano” a los fondos públicos (le toca el turno al Fondo de Ahorro de Panamá) a través de los consabidos “sobreprecios” en la compras de bienes y servicios para ayudar a nuestros conciudadanos; y tercero revertir la derrota política que le propinó el pueblo panameño, en general, y el de Colón en particular al obligarlos a derogar la ley 72.

El modus operandi de este gobierno para frustrar la voluntad nacional de frenar el “presidencialismo” y su secuela de corrupción y saqueo de los fondos y recursos naturales ha sido la de dialogar para dilatar y desvanecer la sublevación ciudadana. Así lo han hecho con el caso de Changuinola, el de San Félix, el de Colón, hoy día, y síganle la pista al tema de Cerro Cabra al que le han puesto “pausa jurídica” para salirse con otra viveza más.

A cada necesidad sentida por el pueblo panameño y cada desgracia ecológica producida por la irresponsabilidad en manejo del medio ambiente se destinan recursos abundantes que se usan sin control, so pretexto de la urgencia, sobrevalorando las soluciones para drenar los dineros de todos los panameños (hoy el FAP) hacia sus empresas a través de los “sobreprecios”. En cada necesidad y en cada catástrofe ambiental estos personeros ven la posibilidad de otra “rebusca” y con todo el descaro del mundo  se  presentan  en  las  aéreas  afectadas  en  el  momento  de  “regar  la  plata”  y  se  visten  de “salvadores” creyendo que el pueblo no se ha dado cuenta que son ellos mismos los que han originado los problemas y han ordenado la represión, el encarcelamiento y la muerte de sus hijos.

El pueblo Colonense, respaldado solidariamente por pueblo panameño, puso de rodillas al gobierno de mercaderes que quiso hacer otro negociado con las tierras de la Zona Libre y con cálculo electorero, frente a las elecciones de 2014, el propio presidente se traslada a Colón a pasearse como el “santo que hace el milagro” de repartir dinero y soluciones después que no fue capaz de sentarse a dialogar con los colonenses sino que permitió una de las más violentas represiones de la Policía Nacional contra el pueblo panameño. El Presidente debe presentarse al diálogo a proponer las soluciones que se merecen los afectados por el  desastre ecológico causado por la omisión de los organismos encargados de las regulaciones y ordenanzas oficialmente establecidas en lugar de hacerse el santurrón dadivoso.

El Movimiento de Bases Torrijistas sabe que dentro del actual marco constitucional y jurídico estos actos criminales van a quedar sin castigo. Ni siquiera el pueblo panameño podrá recobrar los bienes y dineros sustraídos. Sabemos que la una de las vías, sino la única, para acabar con el autoritarismo, la impunidad, la corrupción, la imparcialidad en la administración de justicia, el deterioro irracional del medio ambiente tan solo para “hacer negocios” es la instalación del “Poder Ciudadano” de manera permanente en la vida social, económica y política de la nación por medio de una Asamblea Constituyente Originaria y Soberana. Esta es la tarea inmediata para refundar la nación en un ambiente democrático y de decencia ciudadana.

Movimiento de Bases Torrijistas - MOBAT