LA USAID, MARK B. FEIERSTEIN Y EL GOLPE EN PARAGUAY

Luis Miguel Rosales 

En abril del 2009 se realizó una audiencia, en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE.UU. para evaluar el papel y situación de la Agencia EE.UU. para el desarrollo Internacional (USAID).

Los expertos coincidieron en la importancia del compromiso del Presidente Obama de duplicar el presupuesto de asistencia exterior. Sin embargo, esta supuesta ayuda al desarrollo no tuvo en la audiencia un enfoque solidario para contribuir a resolver los “bolsones” de miseria y atraso que persisten en América Latina, merced la explotación a que han sido sometidos y las políticas neoliberales de las últimas décadas.

Tal y como se analizó allí, la ayuda al desarrollo y la potenciación de la USAID, se concibió como una necesidad para lograr los objetivos de política exterior y seguridad de EE.UU. ante retos tales como los nuevos gobiernos considerados hostiles a EE.UU.

De manera que es el desafío de ganar espacios de influencia y control lo que moviliza la ayuda, y aunque la audiencia no se enfocaba hacia un área regional específica, dentro de los gobiernos considerados hostiles se cuentan los países del ALBA, contra los cuales EE.UU. desarrolla su política de agresiones. Entre las metas analizadas estaba la de rescatar la autoridad de la USAID sobre su presupuesto y control de las asignaciones de recursos a los diferentes países.

Todo este esquema en consonancia con el llamado “soft power” que debía emprender el gobierno de Obama y con el cual enlazan los golpes de Estado, de un aparente nuevo estilo, donde los actores son las alianzas de la extrema derecha en los Congresos de los países, tal y como se manifestó en Honduras y en Paraguay.

En este esquema aparece en la USAID un personaje de la larga historia al servicio de los intereses del gobierno norteamericano: Mark Barry Feierstein.

Sobre este personaje escribió el analista, periodista e investigador José Steinsleger en La Jornada: “El día que el hondureño Valenzuela fue asesinado, el presidente Barak Obama nombró a Mark Feierstein director general dela USAID. La hoja de servicios ameritaba el cargo: experto en guerra de cuarta generación (desinformación), dueño de Greenbarg Quinlan Rosler (firma que ofrece orientación estratégica sobre campañas electorales, debates, programación, investigación), jefe de proyectos para derrocar a los sandinistas en el decenio de 1990, articulista de The New York Times, asesor especial del embajador de William Clinton en la OEA y del prófugo de la justicia Gonzalo (Goni) Sánchez de Losada, ex presidente de Bolivia.” (http://www.jornada.unam.mx/2011/11/16/opinio/025alpol )

“Goni” fue quién ordenó la masacre sangrienta que causó la muerte de 67 personas, y heridas a unas 400 casi todas civiles, durante la denominada ‘Guerra del gas’, en octubre 2003. Prófugo de la justicia boliviana, radica ahora en EEUU. Se dice que la justicia boliviana también reclama a Feierstein por estar implicado en esa matanza.

El rol desempeñado por Feierstein en Nicaragua fue como “Gerente de Proyecto” en la operación sucia realizada por la National Endowment for Democracy (NED), donde se vinculó a las acciones contra los andinistas en las elecciones de febrero de 1990, que le dieron el triunfo a la derecha nicaragüense, encabezada por Violeta Chamorro.

Sin sonrojos, como cita un artículo, recientemente declaró Feierstein, que Cuba y Venezuela “son dos de los países a los que seguimos dando un aporte muy importante a grupos cívicos, (los grupos contrarrevolucionarios conocidos en Cuba como “grupusculeros”). (http://www.elnuevodiario.com.ni/politica/254744-usaid-baja-apoyo-a-paises-alba.).

Sin embargo, no son solo Cuba y Venezuela. No es un secreto que la USAID desarrolla centenares de programas en la región latinoamericana para promover la democracia según el diseño norteamericano, entre otros, el financiamiento a los grupos y partidos políticos afines a sus intereses y opositores a los llamados “gobiernos hostiles”.

Según Prensa Latina, el propio Mark Feierstein, confirmó que su país mantiene una estrecha cooperación con organizaciones de oposición en las naciones que integran la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). (http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=views&id=518069&Itemid=1

La Congresista republicana de ultraderecha Ileana Ross ha protestado airadamente por el recorte a los presupuestos para el trabajo de la USAID en países del ALBA lo cual, según ella, traslada un mensaje equivocado a los grupos opositores.

Sin embargo, el capo de la USAID para América Latina se encargó de precisar en una comparecencia en marzo de este año, que pese a los recortes realizados para Ecuador, Nicaragua y Bolivia, el apoyo sigue siendo importante, porque los recursos van destinados a la promoción y lucha por la “democracia” (léase contribuciones a los partidos opositores).

Paraguay: La historia más reciente de la USAID.

Una entrevista realizada a Mark Feierstein en Paraguay y publicada el 20 de marzo de 2012 por Víctor Pizzurno, da cuenta de las consideraciones de este ejecutivo sobre la “mejoría” que presenta Paraguay en diversos ámbitos de la vida nacional en los que la USAID tiene presencia. (http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/paraguay-mejoro-en-varios-ordenes-destaca-una-autoridad-de-usaid-381338.html).

Como si de su país se tratara, Feirstein evalúa los progresos paraguayos en diversos renglones de la vida nacional tales como la corrupción, el enfrentamiento a la delincuencia, la producción campesina, a través de programas tales como Umbral, en la lucha contra la corrupción y el programa Paraguay Productivo, para los agricultores campesinos, en todos los cuales está la cooperación dela USAID.

Con solo leer la entrevista podemos percatamos de los accesos que la USATD detenta en Paraguay: Corte Suprema de Justicia, Senado y Ministerio Público. Según la entrevista, por cuenta de la USAID se instaló en ministerios e instituciones estatales una herramienta llamada MECIP (Modelo Estándar de Control Interno) para realizar el control interno de manera unificada.

Para los procedimientos aduanales se inauguró, también por cuenta de la USAID, un Centro de Atención y Reclamos para que la ciudadanía ejerza su derecho de realizar denuncias, al tiempo que instaló la Ventanilla Única del Importador (que recibió reconocimiento internacional de parte de la Organización Mundial de Aduanas (OMA). También la USAID facilitó programas para proteger la propiedad Intelectual, la venta de medicamentos, entre otros perfiles para evitar la piratería.

Sin embargo. Feierstein no habló de todos los programas y de la manera que la USAID a través de “Umbral” interviene en el Paraguay.

“Umbral” viene de la época de Nicanor Duarte con un financiamiento de 35 millones en una primera etapa y de 30 en la segunda, lo que evidencia la envergadura de sus propósitos dirigidos a controlar prácticamente todos los componentes del estado y el tejido social y político paraguayo, instituciones gubernamentales a todos sus niveles, incluidos los municipales y departamentales, instituciones fiscales, instituciones públicas, de servicios, incluso algunas de carácter estratégico, como son las instituciones migratorias, de registro civil e identificación, partidos y organizaciones políticas y de masas.

Uno de los más relevantes, y de este sí habla el ejecutivo de la USAID, es el Manual Policial. Tal y como lo presenta en la entrevista, constituye un apoyo norteamericano al Ministerio del Interior paraguayo, a través de Umbral, y que permitió una mejor preparación de la policía en la calidad de la atención al ciudadano, lograr el primer Manual de Uso de la Fuerza, con capacitación sobre derechos humanos y otras bondades para el sistema policial. En este, como en todos sus programas, la USAID utiliza un lenguaje sibilino, presentándose como favorecedor de las instituciones democráticas, la gobernabilidad, la formación de nuevos liderazgos, el fortalecimiento de la sociedad civil, la salud pública y la lucha contra la corrupción, entre otros.

Tal lenguaje confunde a muchos. Otros van tras el dinero que el mismo proporciona. Sin embargo, hay que ser ingenuo para no percatarse que con estos programas EE.UU. ni siquiera necesita una estación CIA para disponer del control del país, su aparato estatal, todas sus vulnerabilidades y hasta el funcionamiento policial.

De hecho, se ha planteado que la estrategia de la Embajada de EE.UU. en Asunción, ha estado dirigida a evitar se profundizara y radicalizara el Gobierno de Lugo y para ello ha contado esencialmente con los programas enunciados.

Queda mucho por investigar sobre el real rol de EE.UU. en este último golpe en Paraguay, pero que la USAID está sobrando en América Latina, no debe ponerse en duda.

Fuente: http://miradasencontradas.wordpress.com/2012/06/28/que-se-esconde-tras-el-golpe-de-estado-en-paraguay/

“Nuevos tipos” de golpe de estado y subversión permanente en América Latina

Han transcurrido 13 años desde que en América Latina y el Caribe, por voluntad de los pueblos, se abriera un período de constitución de gobiernos de izquierda y progresistas que, sin la existencia del campo socialista de la Europa del Este como contrapeso pero con la presencia activa y digna de Cuba, representan una condición de posibilidad para construir o al menos alterar el orden destructivo del capital.

Pero esos gobiernos revolucionarios y progresistas, producto de la combinación de las resistencias al neoliberalismo y al colonialismo -antes y después de la fundación de las repúblicas-, se desarrollan en un escenario caracterizado por el permanente asedio, abierto y encubierto, de las fuerzas capitalistas lideradas por el imperio más implacable que la humanidad haya conocido en su historia de miles de años.

No hay día que transcurra para los pueblos y los gobiernos que están protagonizando el tercer momento emancipador de América Latina y el Caribe, sin que cientos de obstáculos aparezcan en su camino: unos, complejos y numerosos por las grandes dificultades de desmontar más de cinco siglos de orden del capital; otros, construidos por la creatividad destructiva del imperio.

Las tareas son bastante grandes y difíciles. La transición se muestra, de esta manera, compleja y larga; no hay día que pase sin que la condición de posibilidad de avanzar hacia la emancipación no esté acompañada de la condición de posibilidad de la reversión de los procesos y la instalación de la contrarrevolución en sus peores formas.

A cada medida revolucionaria o de reforma social progresista que toman los gobiernos de izquierda, la derecha le responde con otra para frenar su materialización. Es la lucha permanente entre la vida y la muerte. Entre la construcción de una sociedad de nuevo tipo o el restablecimiento de los hilos ocultos de la dictadura del capital.

Desde 1999, cuando en Nuestra América se instala el gobierno bolivariano de Hugo Chávez, hasta la victoria de Fernando Lugo en Paraguay en 2008, las formas del asedio contrarrevolucionario han sido bastantes y todas comandadas por la Casa Blanca y la derecha internacional.

Por bastante empleadas que fueron en la década de los 70, cuando las dictaduras de la “seguridad nacional” asesinaron, torturaron e hicieron desaparecer a miles de personas, la táctica de los golpes de estado ha sido de la más utilizada en lo que va del siglo XXI, con la adiciónno menos importante de mecanismos permanentes de subversión, entendida como la alteración sistemática del nuevo orden que se pretende edificar. Una parte de los medios de comunicación privados juegan un papel importante en el desarrollo de la subversión amplificando los conflictos, tomando algunos elementos de la realidad para construir la realidad que quieren mostrar. Es decir, es la estrategia del desgaste prolongado.

Contra Chávez se desarrollaron dos modalidades de golpe: la patronal y la militar de nuevo tipo. En la primera se hizo uso del predominio de las formas privadas de concentración de la propiedad y la producción para desabastecer la provisión de alimentos y servicios y así generar un ambiente de desconcierto y desesperación de los sectores más amplios de la sociedad. En la segunda se utilizó a una parte de los destacamentos especiales de hombres armados (militares y policías) del estado capitalista para secuestrar al presidente legal y legítimamente constituido por voluntad popular. La segunda modalidad se caracteriza, a diferencia de la experiencia de las décadas de los 60 y 70, en que una fracción de los militares hace el trabajo sucio, pero los civiles asumen la dirección.

Esta segunda modalidad de golpe de estado de “nuevo tipo” ha sido desplegada contra Chávez y Manuel Zelaya en 2002 y 2009 respectivamente. La primera fue derrotada por la rápida reacción popular y por una correlación de fuerzas sociales internas desfavorables a los golpistas. La segunda salió exitosa a pesar de la inmediata reacción internacional liderada por los países del ALBA (que no existía cuando se pretendió liquidar la revolución bolivariana) y debido a la escasa cohesión social interna. Pero en ambos casos, correspondió a los civiles (dirigentes empresariales o políticos) asumir el mando: por no más de 48 horas en el caso de Venezuela (con Pedro Carmona) y por varios meses en Honduras con RobertoMicheleti.

Pero a las dos modalidades empleadas contra Chávez y Zelaya, se añade otra de aparente legalidad: el golpe de estado congresal, aunque una combinada con la participación de militares y otra de sola concurrencia parlamentaria. En el caso del presidente hondureño se emplearon ambas, pues el general Vásquez encabezó el golpe pero la conducción del país fue asumida por el presidente del Congreso Nacional. La variante de la sola participación parlamentaria fue experimentada el pasado viernes (22 de junio) en Paraguay, cuando en menos de 48 horas diputados y senadores abrieron y cerraron, respectivamente, un juicio político en el que el acusado (Fernando Lugo) no tuvo tiempo ni para defenderse. De ahí que fuera calificado como “Golpe parlamentario Express”. Aquí la condena internacional salió de UNASUR, MERCOSUR y el ALBA. La OEA -brazo político de EE.UU.-acompañó el golpe con su silencio.

Pero siempre en la línea de los golpes de estado, la América Latina y el Caribe del siglo XXI ha experimentado una cuarta modalidad: la del golpe cívico-prefectural, por hacer referencia ala combinación de fuerzas sociales conservadoras y autoridades subnacionales. Este es el caso de Bolivia, donde en 2008 el presidente Evo Morales enfrentó una arremetida ultraderechista focalizada en lo que se llamó “la media luna”, integrada por los departamentos orientales de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija. Se trataba de forzar el derrocamiento del presidente y líder indígena por la vía de dividir el país en dos. La ofensiva derechista fue derrotada, pero su ejemplo despertó la simpatía de las clases dominantes asentadas en el estado de Zulia en Venezuela y Guayaquil en Ecuador.

Pues bien, a los cuatro “nuevos tipos” de golpe de estado que la derecha ha puesto en juego en el siglo XXI, hay que sumar otra: la del amotinamiento policial. Todo empieza como protesta reivindicativa y va tomando en horas la forma de proyecto político. Le ha correspondido al presidente ecuatoriano Rafael Correa experimentar en 2010 y su derrota solo fue posible por la actitud valiente del jefe de estado y la rápida reacción de la mayor parte de la ciudadanía, además del rechazo internacional de UNASUR y el ALBA, pero también con el silencio de la OEA.

Si bien habrá que esperar a reunir los hechos y apreciar mejor el desplazamiento de los actores, una situación más o menos parecida se ha registrado ahora en Bolivia. Una protesta policial asentada en una demanda sectorial tomó la forma de un amotinamiento violento y que horas después se tradujo, a pesar de la convocatoria del gobierno al diálogo, en la toma de instalaciones, el saqueo y quema de documentación, el apedreamiento de dos Ministerios (de Gobierno y Justicia), la advertencia de abrir los recintos penitenciarios y la amenaza de poner fin al mandato del presidente Evo Morales.

La protesta policial se registra, casualidad o no, poco tiempo después que se descubriera el fallido intento de la embajada de Estados Unidos de trasladar armas, sin autorización alguna, del departamento del Beni a Santa Cruz, y del cambio del mando policial que desactivó el operativo estadounidense y en medio de la disputa por el ascenso a generales.

La respuesta del gobierno ha sido “encapsular” el conflicto en lo reivindicativo y solo algunas parcas declaraciones de las autoridades y una reacción de los movimientos sociales a través de los medios de comunicación, principalmente estatales, ha mostrado algunos componentes de lo político. En Bolivia no se ha registrado una alteración estructural del orden constitucional, pero que se construyó un escenario de golpe de estado es innegable.

Más de cinco golpes de estado de “nuevo tipo” desde 2002 -de los que dos han resultado exitosos-, muestran los grandes peligros que acechan a los gobiernos de izquierda y progresistas de América Latina y el Caribe. La transición no está llena de pétalos de rosa.

Hay esperanza entre el despojo y los conflictos.

Marco A. Gandásegui, hijo

JUEVES, 14 DE JUNIO DE 2012

La película que estamos presenciando en nuestras pantallas gigantes a escala mundial reproduce un viejo guión ya conocido por los amantes del cine del siglo XX. Los directores y las estrellas – los actores sociales - cambian pero las historias son las mismas.

1. Con relación a los indígenas y campesinos, en la actualidad, los conflictos entre los gobiernos y estas comunidades son el resultado del despojo de sus tierras codiciadas para la explotación minera, hidroeléctrica, turística o de otro tipo. La política de los gobiernos de la región, en esta etapa que yo llamaría “pos-neo-liberal”, es de despojo territorial. Para los inversionistas, la fuerza de trabajo indígena-campesina perdió su valor para producir excedentes (plus-valor). Como consecuencia, ahora privilegian el despojo mediante la especulación y explotación de sus tierras.

2. Los conflictos de alto perfil que caracterizan las luchas campesino-indígenas a principios del siglo XXI (en toda la región) ya no se deben a una política de deprimir el costo de su mano de obra ya de hecho muy barata. Esta última política caracterizó la segunda mitad del siglo XX en que la fuerza de trabajo “marginalizada” indígena y campesina “semi-proletarizada” era súper-explotada (es decir, pagada incluso por debajo de su costo de reproducción, como lo demostró Ruy Mauro Marini).

3. Con relación a los trabajadores, en general, hay que aclarar que el “despojo” aplicado durante el período neoliberal (1980-2005) significó arrancarle a los trabajadores asalariados – mediante la desregulación, flexibilización y privatización - sus ahorros depositados en las instituciones de seguridad social. Igualmente, poniendo fin a la estabilidad laboral, disminuyendo los servicios de salud y la educación. En Panamá esta política se oficializó después de la invasión militar norteamericana en 1989. El gobierno de Pérez Balladares (1994-1999) desarticuló las organizaciones laborales y acabó con las capas medias. Los gobiernos promovieron el “empleo informal” (en la actualidad, el 40 por ciento de los empleados trabajan sin contratos ni seguridad social) y deprimieron los salarios por debajo del costo de la canasta básica, con horarios flexibles ajustables a las necesidades del empleador quienes ignoran las leyes y el derecho laboral.

4. El despojo pos-neo-liberal tiene carácter territorial y se alinea con la llamada “reprimarización” de las economías de la región. Es decir, la re-conversión de las economías en exportadoras agro-mineras para satisfacer las crecientes demandas del cambiante mercado mundial, especialmente del apetito industrial de China. Las demandas de las materias primas han favorecido a muchos países de América latina y sus balanzas comerciales. En el caso de Panamá, como ejemplos de estos despojos territoriales tenemos a Petaquilla y, en una espera nerviosa, a Cerro Colorado. También se destacan Cerro Quema (Los Santos) y Santa Rosa (Veraguas).

5. El oro que se extrae de Petaquilla tiene un precio en el mercado mundial que supera holgadamente los US$1500 la onza. La empresa canadiense dueña de la concesión calcula sus ventas anuales en mil millones de dólares. En el caso del cobre, que tiene un precio que oscila cerca de los US$800 la tonelada, los inversionistas canadienses y coreanos (en combinación con sus agentes gubernamentales nacionales) anuncian la próxima explotación de esa veta en Petaquilla. A su vez, estos mismos grupos están a la espera que se venda CODEMIN, empresa estatal dueña de los derechos de explotación de los ricos yacimientos cupríferos de Cerro Colorado.

6. Las políticas neoliberales colapsaron a escala global en 2008 al estallar la crisis financiera. Aún los países llamados “centrales” no se recuperan. EEUU inyecta los dineros de los demás países que capta mediante su política de endeudamiento (le debe a China cerca de US$ 900 mil millones) en sus bancos en bancarrota. Europa entró en una fase de recesión que obliga a sus 27 países miembros a montar una opereta de falsetes y engaños que pronto se desplomará en una debacle financiera.

7. Panamá ha sobrevivido los estragos económicos que golpean las economías del “centro” sobre la base de un crecimiento financiero artificial generado por la inyección de 5 mil millones de dólares en la ampliación del Canal, la expansión portuaria en ambos extremos de la vía acuática y las operaciones especulativas de su centro bancario. La prosperidad futura no está en manos del país. Depende del crecimiento de la demanda de materias primas de los países asiáticos, especialmente de China y de las exportaciones de este país a EEUU, que éste paga con deuda.

8. La parte final del guión está redactándose. Hay dos alternativas: Primero, en la medida en que se apliquen políticas de desarrollo nacional – mediante un plan cuidadosamente concebido – se puede aprovechar el crecimiento pasajero del sector no productivo de la economía y asegurar que los restos del modelo neoliberal (ya parte de la historia) tengan un aterrizaje suave, que le permita al país invertir en el sector productivo. Segundo, si no hay un plan, el modelo neoliberal se estrellará y entraremos en una fase recesiva de la economía (es decir, crecimiento negativo). No tendremos producción agropecuaria ni industrial. Además, el Canal no generará lo suficiente para arrastrar el resto de la economía, los puertos reducirán drásticamente sus actividades y la especulación bancaria perderá su capacidad de alimentar el espiral consumista de los sectores acomodados del país.

LOS ESTUDIANTES Y LA CRISIS UNIVERSITARIA

MARCO A. GANDASEGUI 
Era un viernes y la semana llegaba a su fin en la Universidad de Panamá. Varios grupos estudiantiles tenían varias semanas de estar analizando la situación nacional que se deterioraba con el paso de cada día. Los estudiantes compartían las preocupaciones del pueblo panameño en torno a los escándalos de corrupción que remecían al gobierno y, además, los anuncios de mega-proyectos que endeudaban a las futuras generaciones. Lo que más incertidumbre crea en los sectores populares es el encarecimiento constante de la “canasta básica”. Los precios de los bienes fundamentales se alejan cada vez más del presupuesto de la familia panameña.

Los estudiantes decidieron salir a la calle a manifestar su protesta – en solidaridad con el pueblo panameño – contra el alto costo de la vida provocada por las políticas gubernamentales. Desde principios de la década de 1940 – hace 70 años – los estudiantes repudian las medidas antipopulares de quienes ostentan el poder político levantando su voz para que todos la escuchen.

Los gobiernos de turno no han titubeado con amenazar el cierre de la casa de estudios. Así ocurrió en 1947 cuando los estudiante encabezaron el rechazo al acuerdo Filós-Hines que convertía a la República en una base militar norteamericana. En la década de 1950 durante las operaciones “Soberanía” que sembraba banderas en la desparecida Zona del Canal. La década de 1960 fue un constante enfrentamiento entre los jóvenes estudiantes y los políticos que sólo tenían intereses mercantiles en la mente. El golpe militar de 1968 fue rechazado por los estudiantes, causando el cierre por un año de la Universidad.

Durante el gobierno militar – 1968 a 1989 – no pasaba un solo día en que los estudiantes repudiaban mediante sus escritos y acciones la falta de democracia y los manejos turbios. En el período más álgido, entre 1971 y 1977, condujo los destinos de la Universidad el rector Rómulo Escobar Betancourt, quien logró establecer un método de convivencia entre los tres estamentos universitarios: profesores, estudiantes y administrativos. El acuerdo, con sus quebrantos, se ha mantenido hasta la fecha. 

Incidentes graves han puesto en peligro la relación entre Universidad y gobierno, pero han sido resueltos a través de negociaciones que reflejan las condiciones cambiantes del país y de la Universidad. En muchas ocasiones las clases han sido suspendidas, para luego reiniciarse.

Quizás el capítulo más traumático que ha vivido la Universidad – al igual que el país – fue la invasión norteamericana a fines de 1989. La casa de estudios se preparó para lo peor: un cierre definitivo o una intervención militar extranjera. Sin embargo, los estamentos de aquella época se unieron y enfrentaron el reto con valentía. Incluso, el campus universitario “Octavio Méndez Pereira” vio los tanques norteamericanos, acompañados por soldados de infantería, penetrar sus predios para después retirarse.

El viernes, 26 de mayo de 2012, salieron los estudiantes a protestar y, como siempre, fueron reprimidos por la policía antidisturbios. Los enfrentamientos causaron daños materiales sustanciosos, como suele ocurrir cuando la Policía arremete contra quienes protestan. Habría que cuantificarlas y exigirle a las autoridades que repongan los costos de los daños ocasionados.

El Consejo Académico se reunió y rapidamente acogió una propuesta para cerrar el “campus” hasta que los ánimos se caldearan. Los miembros del Consejo ya están acostumbrados a estos cierres de 24 horas. Sin embargo, el cierre se prolongó por más de una semana. Entre medio, el Consejo Académico sancionó a seis estudiantes por su supuesta participación en el enfrentamiento con la policía antidisturbios. Esta decisión provocó otra protesta que fue contaminada por el ataque injustificado a un funcionario de la Universidad que filmaba a los estudiantes. 

Las autoridades antes de reiniciar las clases le pidieron a todas las Facultades que realizaran asambleas con sus profesores para que deliberaran sobre los acontecimientos. Por unanimidad todas pidieron que se abrieran las aulas y que se normalizaran las clases. Se pidió también que se hiciera una investigación prolija de los incidentes ocurridos tanto el viernes, 25 de mayo, como cuando fuera atacado el funcionario universitario.

Los estudiantes, a su vez, no se quedaron mudos. Entre los comunicados se destaca uno que denunciaba “que la paralización de clases y el bloqueo del ‘campus’ obedece al interés de cercenar cualquier forma de crítica en contra de la dictadura de Ricardo Martinelli, mientras se aprueba el Fondo Soberano y se masacran los manglares de la ciudad de Panamá mediante leyes insensatas”.

Hay que recordar que la Universidad es una institución con una vida orgánica muy rica y variada. Mientras forma nuevos profesionales que reciben sus licencias para ejercer sus especialidades, también está realizando investigaciones y proyecta una labor de extensión en todo el país. Según el sociólogo argentino, Juan Carlos Portantiero, la universidad tiene tres competencias a partir de las grandes reformas del siglo XX: “La formación de los líderes políticos, el debate ideológico y la promoción del cambio social”. 

La Universidad de Panamá ha cumplido con su responsabilidad y los estudiantes con los suyos, a pesar de enfrentarse muchas veces con situaciones desfavorables, producto de nuestra realidad nacional. A la institución fundada en 1935 sólo le queda seguir avanzando con la meta de consolidarse como conciencia crítica de la Nación. 

Panamá, 7 de junio de 2012

LA CRISIS POLÍTICA PANAMEÑA DE LA DÉCADA DE 1940

Por Olmedo Beluche

La década de 1940 se caracterizó por una gran inestabilidad política y una lucha a muerte entre las diversas fracciones de la burguesía por el control del aparato del Estado panameño. Esa crisis política es una continuación de un proceso conflictivo iniciado desde la segunda mitad de los años 20, con el fraccionamiento del Partido Liberal (chiaristas y porristas), el Golpe de Acción Comunal y las disputas electorales de 1932, 1936 y 1940.


El telón de fondo de la inestabilidad política, era la transformación profunda de las estructuras económicas de la sociedad panameña. La burguesía comercial – importadora, que había controlado al país desde 1903, y su forma de acumulación rentista, concentrada en extraer plusvalía del alquiler habitacional para los obreros del canal se agotó (Huelga Inquilinaria de 1925). La decadencia de este sector se reforzó con la crisis mundial de 1929, que se extendió hasta los años 30. Esa crisis va a dar origen a un nuevo sector, basado en la producción industrial para el mercado interno impulsado por los Tratados Arias – Roosevelt (1936), que abrieron el mercado de la Zona del Canal a la producción nacional de carne de res y cerveza.


Las disputas sangrientas entre liberales y “arnulfistas” (panameñistas), durante la década del 40, son una disputa entre dos fracciones de la clase dominante y dos modelos de país, pero no se expresaban como proyectos diáfanos, sino que a menudo se entrecruzaban intereses personales y económicos que hacen confuso el panorama. 


En el liberalismo, y sus diversas fracciones, se encontraban tanto los viejos sectores comerciales-importadores (oligarquía), como la naciente burguesía industrial, que fue adquiriendo cada vez más peso. Este último sector, estaba representado por el Partido Liberal Nacional de Chiari, que se impondría finalmente; mientras que los sectores decadentes se expresaban a través del Liberal Renovador (Pancho Arias), el Liberal Doctrinario (Domingo Díaz), el liberal Demócrata (Enrique A. Jiménez). 


Entorno a Arnulfo Arias, se agrupaban sectores conservadores del interior, con el apoyo de capas medias y populares, que expresaban un imaginario político antinorteamericano (nacionalista) pero defendiendo un país más bien agrario que moderno. En esas disputas, la izquierda panameña, constituida por socialistas (Demetrio Porras), comunistas (Hugo Víctor) y el Frente Patriótico de la Juventud (Jorge Illueca y otros) actuarían en las coyunturas claves como aliados de los liberales contra Arnulfo Arias, en quien veían a un fascista en ciernes.


La lucha entre liberales y arnulfistas se desenvolvió a lo largo de la década en dos momentos: el primer lustro, caracterizado por un auge económico gracias a la guerra y a la proliferación de bases norteamericanas; y un segundo lustro de crisis económica y fiscal.

La primera fase empieza con el Golpe de estado de 1941 contra Arnulfo Arias, en el que coaligaron la oligarquía tradicional (liberal), los norteamericanos y la cúpula de la Policía Nacional (José A. Remón Cantera), la cual empezaba a actuar como árbitro en los conflictos. Pero el golpe no saldó la situación, pues el gobierno de Ricardo Adolfo De la Guardia, se movía entre dos aguas, sufriendo conspiraciones tanto arnulfista como liberales, unos deseando el retorno del Líder y otros exigiendo barrer a los ministros que quedaban de su gobierno.


En una jugada para evitar que la Asamblea Legislativa lo sacara del poder, De la Guardia pactó una Junta de Gobierno compartida con Francisco Arias Paredes y Domingo Díaz, y convocó la Asamblea Constituyente en 1945. Pero la fracción arnulfista de la Asamblea designó a Jeptha B. Duncan como Presidente encargado. La Policía Nacional saldó la situación apoyando a De la Guardia, teniendo que exilarse en la Zona del Canal el Sr. Duncan.


La elección de la Constituyente tampoco canceló la crisis pues la alianza liberal se escindió a la hora de nombrar al Presidente Provisional, entre los que apoyaban a Eduardo Chiari (Liberal Nacional, Conservador y Nacional Revolucionario) y la fracción que se impuso en torno a Enrique Jiménez (Liberal Demócrata y Doctrinario de Domingo Díaz).


Promulgada la Constitución en 1946, la siguiente crisis se produce porque Jiménez se niega a dejar la Presidencia Provisional y convocar elecciones. Hubo un intento de la Asamblea Legislativa de sacarlo, pero nuevamente la Policía Nacional decide a favor de éste, que gobernó hasta las elecciones de 1948.


Las elecciones de 1948 son una continuación de la crisis, quedando marcadas por la violencia y el fraude. Arnulfo Arias vuelve a ser candidato confrontado por una alianza liberal encabezada por Domingo Díaz, Daniel Chanis y Roberto Chiari. Como pasaban semanas y no se proclamaban los resultados electorales se abrió una crisis teñida de movilizaciones callejeras y enfrentamientos sangrientos. En esas circunstancias, la Asamblea Nacional intenta destituir a Enrique Jiménez y suplantarlo por Herique de Obarrio, el 12 de julio. Pero nuevamente, Remón inclina la balanza hacia la fracción gobernante que proclama a Domingo Díaz ganador.

Díaz gobierna un año, hasta que muere en agosto del 49, cuando es reemplazado por el primer vicepresidente Daniel Chanis, quien gobierna en medio de una gran crisis económica. En este momento se rompe la alianza gobernante en medio de la disputa por el control del matadero, que vendía carne a la Zona del Canal,. Se acusa a Remón Cantera y al Partido Liberal Doctrinario de controlar diversos negocios, como el matadero, en desmedro de otros productores.


El 19 de noviembre de 1949, en medio de una gran conmoción nacional, Chanis le exige la renuncia a Remón, pero éste se encierra en el Cuartel Central y, a su vez, exige la renuncia de Chanis bajo a menaza de sacarlo a la fuerza. Pero la Asamblea no aceptó la renuncia de Chanis. Por lo cual, de manera inusitada, Remón pacta con Arnulfo Arias y el 25 de noviembre, la Junta Electoral hace un “recuento de actas” reconociéndolo como Presidente.


Arnulfo Arias gobernó desde noviembre del 49 hasta mayo del 51, aduciendo que cargaba en su bolsillo la renuncia de los comandantes de la Policía, pero nunca la hizo efectiva. El final de su gobierno llegaría acicateado por una gran crisis fiscal, en la que se rumoraba respecto a la crisis de los bancos estatales. Como intento de saldar la situación emitió el 7 de mayo de 1951 un decreto por el cual suspendía la Constitución de 1946 y restituía la del 41, declaraba la suspensión de las garantías individuales, y arrestaba a numerosos opositores.


Las protestas estallaron, hubo violencia en las calles, y una marcha popular terminó en el Cuartel Central pidiéndole a Remón que depusiera a Arias. Pese a que el 9 de mayo el presidente derogó el decreto, no se evitó el sangriento Golpe de Estado del 10 de mayo. Alcibíades Arosemena asumió la presidencia, creándose así las condiciones para que José A. Remón Cantera pasara de árbitro de conflictos por una década a actor central del gobierno panameño, presentando la Coalición Patriótica en las elecciones de 1952.

Aunque el gobierno, autoritario y macartista, de Remón impuso por la fuerza cierta paz social durante tres años, su asesinato y las conmociones políticas posteriores, indican que las diputas no desaparecieron sino que quedaron adormecidas por breve lapso. En este proceso, adquirió un peso cada vez mayor del sector que impulsaba la industrialización sustitutiva, el más modernizante de la burguesía, pues se apoyaba en el modelo de capitalismo impulsado desde Estados Unidos a mediados del siglo. Este sector se expresaba principalmente a través del Partido Liberal Nacional.


Sin embargo, las disputas interburguesasa por el control del Estado panameño persistieron a lo largo de los años sesenta, saliendo a flote en las coyunturas críticas: fraude electoral de 1964 y en la crisis de 1967-68. 


Esta última marcó una nueva ruptura de la fracción gobernante, expresada en el rechazo del conjunto de la oligarquía a la reforma tributaria del candidato presidencial David Samudio (del PLN). Razón por la cual, fracasado el intento de deponer a Marcos Robles, padrino electoral de Samudio, la oligarquía optó por pactar con su enemigo histórico, Arnulfo Arias, siguiendo un esquema parecido al de Remón Cantera en 1949. Las disputas interburguesas no se resolverían hasta el Golpe de Estado de octubre de 1968.