La antidemocrática reforma electoral y la construcción de una alternativa política popular e independiente.

El partido oficialista, Cambio Democrático, impuso su mayoría espuria de tránsfugas en la Asamblea de Diputados para aprobar su reforma al Código Electoral y, rápidamente, el presidente Ricardo Martinelli la sancionó. Al respecto no cabe la menor ilusión: esta reforma no pretende democratizar el sistema electoral panameño, sino asegurar las mejores condiciones para la reelección del oficialismo y sus diputados en 2014.

El objetivo central de la reforma (Ley 54) es preparar la reelección de los actuales diputados mediante el uso masivo del dinero. Para ello han eliminado el "voto plancha", que distribuye las curules por partidos, reemplazándolo por un sistema que asigna las curules a los candidatos más votados, no importa si son todos del mismo partido (art. 326 y 327). Esta reforma, contrario a lo que dice la propaganda gubernamental, hará más difícil la elección de diputados independientes y de partidos nuevos, fortaleciendo el clientelismo y el caciquismo.

La reforma electoral de Martinelli no es democrática, pero tampoco es democrática la posición sustentada por la falsa "oposición" del PRD y Panameñismo, avalada por los magistrados del Tribunal Electoral, de que todo se quede como estaba. Esos dos partidos oligárquicos, que ahora pretenden disfrazarse de "demócratas", construyeron el actual sistema electoral lleno de trabas para impedir el surgimiento de partidos nuevos y de alternativas independientes. Ellos inventaron la "partidocracia" bipartidista con la cual controlaron el poder por 20 años. Y también sacaron su tajada con la actual reforma: las primarias adelantadas, para Varela, y no tener que renunciar a sus cargos directivos para postulares, Navarro.

El movimiento obrero y popular debe cuidarse de caer en el falso dilema de un oficialismo "autocrático" y una oposición burguesa "democrática". Tanto el PRD como el Panameñismo pretenden sacar rédito electoral, para reelegirse en 2014, pretendiendo que ellos encabezan un gran "frente democrático" y que debemos confiarles el voto. Entre el C.D., el PRD y el Panameñismo no hay diferencias de fondo. Los sectores económicos que se enriquecen de los contratos públicos los financian a unos y otros. Los ejemplos sobran y están a la vista.

El movimiento popular debe aprovechar las contradicciones interburguesas, sin confiar en ninguna de esos partidos, para construir su propia alternativa política de poder, y proponerse participar con un proyecto independiente en las próximas elecciones. El M.P.U., desde 2005, venimos señalando la urgencia de construir unitariamente una alternativa política popular e independiente, aún bajo reglas del juego antidemocráticas. Esa tarea sigue vigente.

La Ley 54 deja abierto un resquicio que debe ser aprovechado por el movimiento popular: la reglamentación de la Libre Postulación Presidencial, que es una conquista que conseguimos en 2009, junto al Movimiento "Jované Presidente".

Para usar ese resquicio, no hay que recurrir a falsas ilusiones, pues la libre postulación presidencial, como ha sido establecida por la Ley 54, tampoco es democrática (impone una cifra de adherentes del 1%, con libros estacionarios y sólo 3 meses para conseguirlas). Además es muy probable que sectores de la clase dominante pretendan usarla para colar algunos de sus agentes disfrazados como "independientes". Pero que la reglamentación no sea democrática, no quiere decir que no tengamos el deber político y moral de utilizarla para avanzar en un proyecto popular independiente.

Por esa razón, el Movimiento Popular Unificado (MPU) saluda el llamado que realiza la Unidad de Lucha Integral del Pueblo (ULIP) para que el próximo 6 de octubre, desde las 9:00 a.m., nos demos cita en el Hotel Roma los sectores populares organizados (sindicalistas, indígenas, estudiantes, líderes comunales, etc.) para empezar a construir un gran Movimiento Independiente que en 2014 le proponga al país un proyecto propio, diferente a la partidocracia del PRD y Panameñismo, y a la autocracia del C.D. y Martinelli.

Ese Movimiento debe ser abierto, en construcción y democrático, para recibir en su seno a todos los sectores populares que quieran participar, bajo el único requisito debe tener la voluntad de forjar un programa de transformaciones nacionales que democraticen al país, combatan la corrupción e impongan la justicia social para las mayorías, independiente de los partidos y políticos de la oligarquía.

La verdadera democracia participativa a la que aspiramos, sólo se conseguirá el día que el pueblo panameño en las calles haga saltar por los aires el sistema político electoral oligárquico, para refundar la República mediante una Asamblea Constituyente originaria. Pero un paso necesario en ese camino consiste en construir el proyecto político propio e independiente que enseñe a las clases oprimidas a no confiar en los políticos agentes de los explotadores. Esa es la tarea, incluso bajo las reglas antidemocráticas vigentes. No emprenderla es faltar al compromiso histórico con el pueblo panameño.

MOVIMIENTO POPULAR UNIFICADO

Panamá, 22 de septiembre de 2012.

La democracia secuestrada

Jorge Castañeda Patten

Las reformas electorales son el nuevo circo inventado por las fuerzas hegemónicas, y sale desde los laboratorios mediáticos como pulseo, control y atomización del pueblo; mientras ellos mantienen el modelo por desposesión como política.

Así, la población aguarda un resultado, los movimientos sociales se dividen y se critican por internet, la partidocracia hace gala de desfachatez y financia hordas sin contenido; y las familias poderosas están tranquilas, desde sus mansiones, concentrando para sí toda la riqueza del país.El negocio del Estado se ha convertido en el peor castigo para los panameños comunes. Las disputas políticas se basan en quién tiene el control de la función pública para enriquecerse a sí y a sus amigos.

En base a esto, las reformas electorales actuales son vistas como peligrosas para muchos; sin embargo, la población no sale de sus casas para sumarse a la protesta en contra. Esto obedece a que no hay una propuesta unitaria y popular en contra de la partidocracia tradicional; no existe educación electoral que permita comprender su magnitud e implicaciones; y, no hay un escenario de crisis económica. 

Es una crisis política, ¿Acaso defenderán a los políticos tradicionales?Los sectores divididos del movimiento social aún no han comprendido que deponiendo posturas divisionistas, sectarias y contemplativas, se habría derrotado a la partidocracia oligárquica en unidad; dándole paso al consenso para crear un frente independiente, popular, profesional, amplio, incluyente y progresista que convoque al pueblo para abocarse a las urnas, con la posibilidad de desplazar a la oligarquía y refundar nuestro país.Con las reformas electorales debemos tener claro que hay que oponerse a cualquier “camisa a la medida” de la partidocracia corrupta de todos los partidos que representan el interés neoliberal, privatizador y oligárquico. 

Así, la ley electoral debe ser democracia real, con paridad de género y la regulación de campañas millonarias y dispares, revelando el origen de las donaciones. Nuestra postura categórica es que se legisle con relación a lo que el pueblo conquistó y llenar el vacío que se dejó cuando en 2009, la Corte Suprema de Justicia falló declarando inconstitucional el artículo 233 del Código Electoral que no aceptaba las candidaturas independientes.

La verdadera lucha del pueblo debe ser exigir un umbral de firmas para candidaturas independientes por debajo del 0.5% del total del padrón electoral, como planteó el profesor Juan Jované ante la Asamblea Nacional, para que cualquier panameño (a) pueda ser, efectivamente, candidato a la presidencia conforme lo establece la Constitución.Luego, la reglamentación de dicho artículo la debe hacer, por competencia, el Tribunal Electoral. Esa no es una reforma, sino un vacío legal que hay que llenar y es responsabilidad del pueblo defender esta conquista en la Asamblea. Esta es, posiblemente, la cuestión medular para romper con el secuestro electoral de la democracia. No es una reivindicación política más, se trata de la única posibilidad de postular y elegir una opción distinta. No podemos seguir eligiendo, una y otra vez, a quien que nos oprima y nos atraque los próximos cinco años.

Las tareas del pueblo panameño en la coyuntura política de 2012.

A sus activistas, amigos y pueblo panameño en general.

El Partido Alternativa Popular (PAP), observa la evolución de la crisis política, caracterizada por la pugna abierta entre las fracciones de la clase dominante panameña. En medio de esta batalla que se desata al interior de la oligarquía por asumir mejores posiciones en el cambiante escenario de la correlación de fuerzas, EEUU se involucra cada vez más, interviniendo en los asuntos internos del país a través de su brazo económico, su poderío militar y sus maniobras diplomáticas. Los sectores populares, a su vez, organizados en movimientos sociales, sindicatos, asociaciones, campesinos y pueblos indígenas, rechazan las políticas represivas y de asalto a los bienes públicos que organiza el Estado, a nombre de una pequeña oligarquía enquistada en los aparatos de gobierno. 

 

Mientras que los políticos al servicio de la clase dominante, convierten la Presidencia en una tienda abierta para toda clase de negocios turbios y a la Asamblea de Diputados en un circo, la oligarquía acumula cada vez más riquezas a través del aumento de la canasta básica y de la inflación. Los políticos tampoco sienten vergüenza alguna robando abiertamente en el sector social - la salud, el agua, la educación y en la seguridad social. Así mismo, en el aparato represivo comprando armamentos por más de 1.5 mil millones de dólares en sólo tres años. 

La oligarquía panameña ha avanzado en forma significativa arruinando el sector agrícola en las últimas dos décadas. El TLC o TPC, firmado por el gobierno de Martín Torrijos y que entrará en vigencia a fines de este año, acabará definitivamente con la producción de arroz, leche y carne de vacuno, aves y frutos del mar. Le ha entregado a una empresa canadiense, la explotación de una mina de oro que declara ventas por mil millones de dólares, que no regresan al país y sólo paga 40 millones en impuestos. Pronto comenzará a explotar cobre en Petaquilla y, probablemente, en Cerro Colorado, sin beneficio alguno para el país.

La Autoridad del Canal de Panamá, que administra la vía acuática, los puertos, el sistema bancario y el blanqueo que controla EEUU, son los platos de fondo en el banquete de la clase dominante. Sin embargo, el “emporio comercial” y las tasas de falso crecimiento del producto interno (PIB), generan conflictos entre los distintos grupos oligarcas. No encuentran la fórmula para gobernar los apetitos desmedidos de sus propios comensales.  

Durante 20 años, entre 1990 y 2010, bajo la mirada de los procónsules norteamericanos, la oligarquía logró encontrar entre sus fracciones un consenso, al cual incluso sumó a sectores de las capas medias y de la clase obrera. Ese consenso se rompió con la elección del presidente Martinelli, quien levantó una bandera de “cambio” ajena a los acuerdos de Bambito y Coronado. Un sector emergente de la oligarquía quiso cambiar las reglas e imponer una redistribución de las riquezas del país, lo que desestabilizó la correlación de fuerzas políticas. 

Los partidos políticos son una expresión de esa correlación de fuerzas que refleja la distribución de las riquezas del país. Nuestros políticos no son capaces de administrar el cambio que se está produciendo a nivel de la economía mundial y nacional. Pretenden reprimir a los sectores populares. El gobierno actual no ha permitido el registro de un solo sindicato en más de tres años. Ha prohibido la organización de asociaciones estudiantiles. Ha despojado a los pequeños y medianos agricultores (y campesinos). Ha convertido a los pequeños y medianos comerciantes, en trabajadores precarios.

La oligarquía pretende convocar a elecciones generales en mayo de 2014 en un ambiente cada vez más caldeado dentro de sus propias filas. Además, con un pueblo en estado insurreccional, agobiado por el incremento de los precios y el endeudamiento. El Partido Alternativa Popular (PAP), hace un llamado a todas las fuerzas populares organizadas, a unirse en torno a un solo objetivo: Asumir la dirección política del país, para hacer realidad el proyecto de nación de todos los panameños, considerando la convocatoria de una Asamblea Constituyente Originaria, cuya misión debe ser la creación de las estructuras necesarias para garantizar esa realidad.

PARTIDO ALTERNATIVA POPULAR

PAP

Panamá, 12 de septiembre de 2012.

Libre postulación a la presidencia de la republica en el 2014, una necesidad.

El fallo Nº937 de la Corte Suprema de Justicia, del 21 de julio de 2009, mediante el cual, producto del recurso presentado por el Dr. Juan Jované, se declara inconstitucional el artículo 233 del Código Electoral, dando fin al monopolio de los partidos al momento de postular a cargos de Presidente y Vicepresidente de la República, crea un vacío legal, que debe ser llenado mediante la aprobación de un nuevo artículo que incluya las candidaturas de libre postulación, para los cargos mencionados

No legislar en ese sentido, deja abierto el camino a diversas interpretaciones sobre quien puede postular a dichos cargos, situación nada saludable para unas elecciones transparentes, que es lo que supuestamente se quiere. Y es que al no aclarar quién puede postular para Presidente y Vicepresidente, podemos interpretar que, además de los partidos, también lo pueden hacer los sindicatos y organizaciones con personería jurídica y lógico, la libre postulación

Algunos consideran que la Asamblea Nacional debe archivar toda propuesta vinculada a las elecciones y discutir las mismas, en el 2015. Argumentan que el torneo electoral del 2014 se debe realizar con las reglas del 2009. Pero no olvidemos que en esas elecciones, no permitieron la candidatura del Dr. Juan Jované, ya que la Corte falló el último día de campaña y lo formalizó 3 meses después, el 21 de julio. De aplicarse las mismas reglas del juego, se corre el riesgo de que mediante argucias de carácter legal, una vez más dejen al movimiento popular fuera de las elecciones

Frente a esta preocupación, proponen que sea el Tribunal Electoral quien reglamente las candidaturas de libre postulación, pero surgen las dudas si es potestad de esa institución reglamentar  materia que es propia de ley

Para fines prácticos, recordemos que la ley, en este caso el Código, es norma de mayor jerarquía que una reglamentación. En caso de posibles recursos ante la Corte, la ley resistiría más embates que la reglamentación, sin olvidarnos de la confrontación en la que se encuentran involucrados, tanto el órgano legislativo, ejecutivo y Tribunal Electoral. Pero además, debemos recordar que la propuesta de ULIP, a través de su vocero oficial, el Dr. Jované, es de que la cantidad de firmas de apoyo a la candidatura de libre postulación sea 6, 350 equivalente al 0.4%, porcentaje que también se debe aplicar a las candidaturas para los otros cargos de elección popular, Alcaldes, Diputados, Representantes y Concejales, propuesta que de acogerse, aun hay tiempo y posibilidades, sólo falta voluntad de los diputados, trastocaría algunos artículos del Código Electoral, propuesta que no estaría al alcance del Tribunal Electoral

Además, no olvidemos que el periodo del magistrado Gerardo Solís, vence en noviembre, lo que aprovechará el gobierno para designar a un magistrado de confianza, sin menoscabo de otras acciones,  para tratar de controlar dicha institución.

Cualquiera que fuese la solución, lo que sí es cierto, que la libre postulación a la Presidencia y Vice Presidencia de la República, es una necesidad y la misma debe ser una realidad en el 2014, por diversas y poderosas razones.

Porque es una conquista del movimiento popular y no se debe ignorar la voluntad y querer del pueblo.

Hay latente un fallo de la Corte Suprema que todos deben acatar, sin olvidarnos que el artículo 23 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, de San José, Costa Rica, del 22 de noviembre de 1969, reconoce que “ todos los ciudadanos deben gozar del derecho de b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores y ”.

Los gobernantes panameños están en la mira de organismos internacionales de derechos humanos, porque históricamente se ha violado el derecho humano a ser elegido, imponiéndose la partidocracia o dictadura de partidos. En el 2009, luego de las elecciones, ante los observadores de la Organización de Estados Americanos-OEA, denunciamos la violación de los derechos de más de 450,000 panameños, a quienes no se les permite ejercer el derecho a ser elegido. 

Recientemente, dos observadores de la Organización de Naciones Unidas-ONU,  visitaron nuestro país, para conocer el estado de las reformas electorales.  Uno de ellos, llegó a considerar que si se aplicasen las reglas del 2009, no habría problema alguno, ya que las elecciones de ese año fueron transparentes, a lo que le respondimos, que en aquella ocasión el movimiento popular fue excluido de dichas elecciones, por lo que en el 2014, se corre el riesgo de que una vez más, las grandes mayorías sean excluidas, sólo por no tener dinero, por lo que las elecciones en Panamá, no son necesariamente democráticas ni representativas.

Recordemos que la Constitución, a la cual tanto gobierno como la llamada oposición juran respetar, señala en su artículo 132, que los partidos políticos representan la diversidad del pensamiento e ideas políticas presente en nuestra sociedad. Pero resulta que todos los partidos legalmente constituidos son de corte neoliberal, por lo que en las elecciones, el pueblo no tiene otra opción que votar por lo neoliberales, ya que a la oposición extraparlamentaria, no se le ha permito inscribir un partido diferente. Esa misma norma constitucional reconoce la libre postulación, por lo que históricamente todos los gobernantes han violado la misma, al no permitir la libre postulación para los dos más altos cargos del país.

La Partidocracia o dictadura de partidos está en crisis producto del clientelismo político, del juega vivo y del transfuguismo. El capital y lo material ha reemplazado a las ideologías y a las utopías. Los partidos son considerados agencia de colocación de empleos, empresas para hacer negocios, pero no para gobernar por el bienestar del país.  Están altamente desprestigiados, por lo que las candidaturas de libre postulación son una necesidad en el 2014, con el compromiso de reestructurar todo el sistema electoral panameño. Funcionó y fue bueno para el neoliberalismo y los neoliberales, pero no para el pueblo. Y eso se acabó. 

Prof. Raúl González R.

Céd. 9-85-755

Catedrático de Derecho Constitucional

Secretario General del Partido Alternativa Popular.