Niko Schvarz
Tras la reunión inicial efectuada el 18 de octubre en Oslo, Noruega, las
delegaciones del gobierno de Colombia y de las FARC emitieron un comunicado
conjunto, en el que expresan su decisión de iniciar formalmente la segunda fase
del proceso mediante la instalación de la Mesa de Negociaciones encargada de
desarrollar el Acuerdo general para la terminación del conflicto y la
construcción de una paz estable y duradera. El primer punto de la agenda
acordada es Desarrollo Agrario Integral y se abordará a partir del 15 de
noviembre próximo en La Habana, Cuba. Ambas partes designarán voceros que se
reunirán previamente, el 5 de noviembre, en la capital cubana para continuar
las labores preparatorias necesarias. Así lo establece el comunicado fechado el
18 de octubre en Oslo.
La reunión en la capital noruega tuvo carácter público,
con asistencia de la prensa internacional, y se abrió con la intervención del
vocero principal del gobierno, el ex vicepresidente Humberto de la Calle,
seguida por la del jefe de la delegación de las FARC, Iván Márquez, integrante
del secretariado nacional de la organización. Esta intervención fue colocada
bajo el lema: “Nuestro sueño, la paz con justicia social y soberanía” y estuvo
precedida de una frase del líder histórico de la fuerza insurgente, Manuel
Marulanda, de invocación a la paz “que hemos querido y por la cual hemos
luchado por mucho tiempo”. Iván Márquez no solamente fijó la posición sobre el
gran tema en debate, sino que comenzó a adentrarse en el primer punto de la
agenda a ser analizado en La Habana, el tema agrario. Lo que sigue es una
síntesis de esta intervención, de elevado nivel conceptual.
Desde Macondo con un ramo de olivo
“Hemos venido hasta este paralelo 60, hasta esta ciudad de Oslo desde el
trópico remoto, desde el Macondo de la injusticia, el tercer país más desigual
del mundo, con un sueño colectivo de paz, con un ramo de olivo en nuestras
manos. Venimos a esta Noruega septentrional a buscar la paz con justicia social
para Colombia por medio del diálogo, donde el soberano, que es el pueblo,
tendrá que ser el protagonista principal. En él reposa la fuerza irresistible
de la paz”. Tales fueron sus palabras de apertura y una de las ideas centrales
de su exposición, que desarrolló extensamente. “Quien debe trazar la ruta de la
solución política es el pueblo y a él mismo le corresponderá establecer los
mecanismos que han de refrendar sus aspiraciones”, enfatizó. Por lo cual, “tal
emprendimiento estratégico no puede concebirse como un proceso contra reloj”.
Para que la paz sea estable y duradera debe abordar la solución de los
problemas económicos, políticos y sociales generadores del conflicto.
“No somos los guerreristas que han querido pintar
algunos medios de comunicación”, dijo luego. “Venimos a la mesa con propuestas
y proyectos para alcanzar la paz definitiva, una paz que implique una profunda
desmilitarización del Estado y reformas socioeconómicas radicales que funden la
democracia, la justicia y la libertad verdaderas”. Invocó su “lucha histórica
por la paz, para buscar, codo con codo con nuestro pueblo, la victoria de la
solución pacífica sobre la guerra civil que destroza a Colombia” y en ese
sentido enfrentó las concepciones de “los que creen que con el estruendo
de las bombas y de los cañones pueden doblegar la voluntad de quienes
mantenemos en alto las banderas del cambio y la justicia social”.
El problema de la tierra, causa histórica del conflicto
Se refirió luego a la dramática situación que vive gran parte de la
población, por culpa de la desaforada sed de ganancias de unos pocos
capitalistas. La pobreza alcanza al 70% de los habitantes, más de 30 millones
de colombianos, el 50% de la población económicamente activa agoniza entre el
desempleo y el subempleo, casi 6 millones de campesinos deambulan, víctimas del
desplazamiento forzoso. De los 114 millones de hectáreas del país, 38 están
asignadas a la explotación petrolera, 11 millones a la minería, se proyecta
pasar a los 12 millones de hectáreas para la explotación forestal (de las 750
mil actuales), el área cultivable es de 21,5 millones de hectáreas pero de
ellas solamente 4.7 millones están dedicadas a la agricultura, guarismo en
decadencia porque el país ya importa 10 millones de toneladas de alimentos al
año.
Sobre esta base, plantea que el problema de la
tierra (primer punto de la agenda) “es causa histórica de la confrontación de
clases en Colombia”. Cita palabras del comandante Alfonso Cano: “Las FARC
nacimos resistiendo a la violencia oligárquica que utiliza el crimen político
para liquidar a la oposición democrática y revolucionaria; también como
respuesta campesina y popular a la agresión latifundista y terrateniente que
inundó de sangre los campos colombianos usurpando tierras de campesinos y
colonos”.
Esto, que fue causa del alzamiento armado y de la
resistencia campesina, a lo largo del tiempo se agudizó. Márquez cita cifras
contundentes de la concentración de la tierra. “Se trata-dice- de una
acumulación por desposesión, cuya más reciente referencia habla de 8 millones
de hectáreas arrebatadas a sangre y fuego a través de masacres paramilitares,
fosas comunes, desapariciones y desplazamiento forzoso, crímenes de lesa
humanidad, acentuados durante los 8 años de gobierno de Uribe, todos ellos
componentes del terrorismo de Estado”.
Realiza luego un profundo análisis del
concepto tierra, vinculado al territorio y a la noción de patria, citando una
hermosa frase de Simón Bolívar, y reitera que “la lucha por el territorio es el
centro de las luchas que se libran hoy en Colombia”. Explica luego que la
titulación de tierras, tal como la está practicando actualmente el gobierno, es
una trampa, un despojo legal mediante el cual se procura que al campesino
no le quede otra salida que vender o arrendar a las transnacionales o
conglomerados financieros. En el mejor de los casos, la gente de campo quedará
con una renta miserable, alejada del terruño y confinada en los cinturones de
miseria de las grandes ciudades. “Nos están empujando a la extranjerización de
la tierra y al desastre ambiental dinamizado brutalmente por la explotación
minero-energética y forestal”, concluye en este aspecto, en que rechaza
también la invasión de semillas transgénicas y la privatización y
destrucción de la biodiversidad, porque “están en juego la soberanía y la vida
misma”.
Insiste en el tema señalando que el plan
del gobierno “no es más que la legalidad que pretende lavar el rostro
ensangrentado del despojo que durante décadas ha venido ejecutando el
terrorismo de Estado. Dentro de esa dinámica en Colombia el régimen asesina no
sólo con sus planes de guerra, con sus paramilitares y sicarios, sino también
con sus políticas económicas que matan de hambre. Hoy hemos venido a
desenmascarar a ese asesino metafísico que es el mercado, a denunciar la
criminalidad del capital financiero, a sentar al neoliberalismo en el banquillo
de los acusados, como verdugo de pueblos y fabricante de muerte”, que “está
haciendo chorrear sangre a la patria de la cabeza a los pies”.
Contrapone a estos planes el proyecto de reforma
agraria de las FARC, en estos términos: “Por años hemos luchado, como pueblo en
armas, por una reforma agraria eficaz y transparente, y es precisamente por
ello que no se puede permitir que se implemente el despojo legal que el
gobierno proyecta con su ley de tierras. Por medio de la violencia del Plan
Colombia y el proyecto paramilitar, se preparó el territorio para el asalto de
las transnacionales. La ley general agraria y de desarrollo rural, es
esencialmente un proyecto de reordenamiento territorial concebido para abrirle
campo a la economía extractiva en contra de la economía campesina, en desmedro
de la soberanía alimentaria y del mercado interno, al superponer el mapa
minero-energético sobre el espacio agrícola. Ni siquiera se tiene en cuenta la
promoción de una agroecología que permita una acción amigable con la
naturaleza”.
La restitución de tierras arrebatadas
En este cuadro plantea la restitución de tierras que han sido arrebatadas
por la violencia. “La restitución de tierras –dice- tiene que aludir a las
tierras que les arrebataron violentamente a los campesinos, indígenas y
afro-descendientes”. Este problema salpica de conflictos todo el territorio.
Denuncia “al hampa financiera que se está apropiando de la Orinoquía”, la
aparición de supuestos “nuevos llaneros” que de llaneros no tienen nada, un
grupo de magnates como el ex vicepresidente Francisco Santos (gestor del
paramilitar Bloque Capital) y los hijos de Álvaro Uribe entre otros
filibusteros, que quieren clavar sus garras en el petróleo, el oro, el coltán,
el litio, y explotar grandes proyectos agroindustriales y la
biodiversidad de la altillanura. Ese es el tema que debe discutir todo el
país: “que hablen los verdaderos llaneros, esos de piel tostada por el sol, que
por siglos han convivido en armonía con los morichales y el vuelo de las garzas
y los alcaravanes, esos de pies descalzos que con su histórica bravura
empuñaron las lanzas para darnos la libertad”.
Apoyo a las luchas obreras y populares contra las trasnacionales
Iván Márquez expresa luego su solidaridad con las luchas que están llevando
a cabo los trabajadores contra grandes empresas trasnacionales, como los
obreros petroleros contra la canadiense Pacific-Rubiales en Puerto Gaitán, cuyo
escenario de saqueo fue preparado con sangre por las bandas paramilitares de
Víctor Carranza, y que explota a más de 12.500 trabajadores que deben trabajar
16 horas diarias por 21 días continuos por una semana de descanso, “situación
laboral más atroz que la impuesta por los enclaves bananeros de los años 20”.
También se refiere a las luchas de los pobladores del Quimbo, afectados en su
permanencia en una tierra donde han vivido durante un siglo por los
planes de la trasnacional EMGESA; a los pobladores de Marmato, en Caldas, donde
la transnacional Medoro Resources quiere transformar su aldea de residencia en
la mayor mina de oro a cielo abierto del continente. En este caso, el sacerdote
José Idárraga, solidario con sus luchas, fue acribillado por los esbirros de
las transnacionales.
Se refiere también a la formidable resistencia indígena
y campesina en el Cauca en defensa de su territorio y de sus culturas
ancestrales; a la voracidad por el oro de la Anglo Gold Ashanti, a la cual se
le entrega el 5% del territorio nacional y cuyo proyecto extractivo en Colosa,
Cajamarca, dejará una gran devastación ecológica y privará de agua a 4 millones
de colombianos que dependen de sus fuentes hídricas.
Su conclusión sobre este punto es la siguiente: “La
locomotora minera es como un demonio de destrucción socio-ambiental que si el
pueblo no la detiene, en menos de una década convertirá a Colombia en un país
inviable. Frenemos ya las locomotoras físicas del Cerrejón y de la Drummond que
durante las 24 horas del día saquean nuestro carbón, asperjan polución al paso
de sus interminables vagones, dejándonos, como dice el cantautor vallenato
Hernando Marín, sólo socavón y miseria. Frenemos a la BPH Billiton, a Xstrata y
la Anglo American, que para extraer 600 millones de toneladas de carbón que
yacen bajo el lecho del río Ranchería, pretenden desviar su curso, lo que
disminuirá el caudal de sus aguas en un 40%, generando devastación ambiental y
destrucción irreparable al tejido social de los pueblos Wayúu”.
“Nuestro puerto es la paz con justicia social”
La aspiración de paz, en sus distintas facetas, vertebró toda la exposición
de Iván Márquez. “Sinceramente queremos la paz –expresó- y nos identificamos
con el clamor mayoritario de la nación por encontrarle una salida dialogada al
conflicto abriendo espacios para la plena participación ciudadana en los
debates y decisiones. Pero la paz no significa el silencio de los fusiles, sino
que abarca la transformación de la estructura del Estado y el cambio de las
formas políticas, económicas y militares. La paz no es la simple
desmovilización”. Señala luego que el gasto militar en Colombia es de los más
altos del mundo en relación al PBI: alcanza el 6.4% cuando 20 años atrás estaba
en el orden del 2.4%. El gasto militar anual oscila actualmente entre 23 y 27
billones de pesos colombianos, descontando que Colombia es el tercer receptor
de “ayuda” estadounidense en el mundo y que el Plan Colombia le aporta 700
millones de dólares al año. En este terreno se pronuncia contra todos los
planes de subordinación militar a Estados Unidos: “No más sumisión a
Washington, no más subordinación al Comando Sur y no más complacencia con la
expansión de bases militares extranjeras en nuestro territorio”.
El discurso incluye luego este párrafo
definitorio y de división de los campos: “No somos causa sino respuesta a la
violencia del Estado, que es quien debe someterse a un marco jurídico para que
responda por sus atrocidades y crímenes de lesa humanidad como los 300
mil muertos de la denominada época de la violencia en los años 50, que responda
por los 5 mil militantes y dirigentes de la Unión Patriótica asesinados, por el
paramilitarismo como estrategia contrainsurgente del Estado, por el
desplazamiento de cerca de 6 millones de campesinos, por los más de 50 mil
casos de desaparición forzada, por las masacres y los falsos positivos, por las
torturas, por los abusos de poder que significan las detenciones masivas, por la
dramática crisis social y humanitaria, en síntesis que responda por el
terrorismo de Estado”.
Finaliza este capítulo con la
siguiente afirmación: “Somos una fuerza beligerante, una organización política
revolucionaria con un proyecto de país esbozado en la Plataforma Bolivariana
por la Nueva Colombia, y nos anima la convicción de que nuestro puerto es la
paz, pero no la paz de los vencidos, sino la paz con justicia social”.
Solicita luego que Simón
Trinidad, preso en una cárcel de Colorado, EEUU, y condenado injustamente a 60
años de prisión, sea liberado para participar del diálogo de paz. Y culmina con
este llamado de máxima amplitud al pueblo colombiano a movilizarse por la paz:
“Convocamos a todos los sectores sociales del país, al Ejército de Liberación
Nacional, ELN, a los directorios de los partidos políticos, a Colombianas y
Colombianos por la Paz (organización que liderada por Piedad Córdoba trabajó
denodadamente para abrir esta senda), a la Conferencia Episcopal y a las
iglesias, a la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, a la Coordinadora de
Movimientos Sociales de Colombia, a los promotores del Encuentro por la Paz de
Barrancas, a los indígenas, a los afro-descendientes, a los campesinos, a las
organizaciones de desplazados, a la ACVC, a la Asociación Nacional de Zonas de
Reserva Campesina, a las centrales obreras, a las mujeres, al movimiento
juvenil colombiano, a la población LGTBI, a los académicos, a los artistas y cultores,
a los comunicadores alternativos, al pueblo en general, a los migrados y
exiliados, a la Marcha Patriótica, al Polo Democrático, al Congreso de los
Pueblos, al Partido Comunista, al MOIR, a la Minga Indígena, a los amantes de
la paz en el mundo, para que llenen de esperanza este intento de solución al
conflicto”.
Publicado en BITÁCORA,
edición digital Nº 490, 29 de octubre 2012
