La violencia institucional puede cobrar vida propia.

Marco A. Gandásegui, (hijo)

En los últimos seis años la fuerza pública panameña (Policía Nacional y otros estamentos) ha estado involucrada en la muerte de 17 personas por negligencia y/o prepotencia.

Desde la muerte de una empresaria en 2007 hasta el caso más reciente de los dos niños asesinados en San Carlos en 2013. Además, la contención de manifestaciones de protesta (la represión mal aplicada) por la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) ha sesgado la vida de otras 8 personas y dejado decenas de heridos desde esa misma fecha. La conmoción que se observa a nivel de la población panameña, sacudida por los incidentes fatales en los cuales están involucrados agentes de la Policía Nacional, no es el producto de un incidente aislado. 

El país se percata que está en un espiral de violencia institucional cuyo resultado final es impredecible. La opinión pública está muy preocupada ya que observa una conducta que sigue un patrón muy definido. Las fuerzas del orden han tomado la ley en sus propias manos con el aval de las autoridades. Pocos días después de la muerte de los niños en San Carlos, el dirigente sindical y aspirante a elección popular, Genaro López, fue encañonado por agentes de la Policía – junto a su familia – en la puerta de su casa. La Ley 74 avala la impunidad entre los agentes de la Policía Nacional con el beneplácito de las autoridades. 

En su momento, se pensó que la legislación garantizaría la lealtad de los agentes de la PN hacia las autoridades. Por el otro lado, las revelaciones de Wikileaks apuntan a una escalada en el uso de métodos extra-legales por parte de las autoridades y sus agentes para alcanzar objetivos políticos, ajenos a lo indicado por la ley y la Constitución. La pérdida trágica de vidas en San Carlos y el atentado contra el dirigente Genaro López forman parte de un patrón. La Policía Nacional recibe en forma indiscriminada entrenamiento militar bajo el supuesto de que la Institución (y el país) se encuentra en una 'guerra' contra las drogas. En ese enfrentamiento EEUU ha identificado a varios actores que deben ser objeto de represión: campesinos e indígenas. Estos, a su vez, según manuales de las fuerzas armadas de EEUU, pueden tener entre sus aliados a organizaciones políticas, miembros de la sociedad civil y gremios. 

Si el gobierno insiste en continuar recibiendo la asesoría de las ramas militares de EEUU para entrenar a su personal y desarrollar actividades militares, sólo se puede esperar un resultado catastrófico, que pone en peligro la vida de todos los panameños en forma permanente. A diferencia de la Policía, que tiene que velar por la seguridad de los ciudadanos y la protección de la comunidad, el militar tiene como responsabilidad reprimir con la fuerza toda movilización que considere sospechosa. 

El Policía utiliza su arma de fuego como última instancia cuando enfrenta al sospechoso de cometer algún delito. En cambio, el militar saca el arma de reglamento en primera instancia para neutralizar o eliminar al enemigo en el campo de batalla. Estamos presenciando, desde un tiempo atrás para esta fecha, una tendencia en el que el uniformado de policía (el "secreta" de civil) está actuando cada vez más – en forma equivocada - como militar. Esto es resultado inmediato de un entrenamiento planificado y acordado por las entidades de seguridad tanto de EEUU como Panamá. Incluso, con la participación activa de militares de Colombia gracias a la invitación de EEUU. 

La población panameña siempre le ha tenido poca confianza a los estamentos policíacos y militares. Son las fuerzas que los gobiernos de turno – desde los tiempos de la colonia - activan para someter a los sectores subordinados. Más aún, a los sectores que no se someten a la injusticia y manifiestan su descontento. Es el caso de los trabajadores sindicalizados, los estudiantes, los campesinos, los pueblos indígenas y otros. En los últimos cinco años han sido varios los panameños asesinados por la Policía y estamentos militares (SENAFRONT). Decenas que han sido heridos producto de una represión muy desigual. Los estudiantes gritan y tiran piedras. Los campesinos bloquean caminos rurales y los sindicatos sacan pancartas. En cambio, las fuerzas del orden desenfundan sus armas de fuego. 

Si la percepción que tiene la población de la conducta de la Policía continúa deteriorándose estaríamos entrando en una fase muy peligrosa. Los políticos que hoy son 'autoridad' mañana abandonarán sus cargos, pero dejarán un gran desorden entre los estamentos que tienen la responsabilidad de proteger a los panameños. 

¿Qué pasará mañana cuando la autoridad no avala el uso de armas por parte de los agentes que no respetan el reglamento vigente? ¿Se someterán los uniformados a los dictados de las nuevas autoridades que quieren respetar la ley? ¿Pensarán que la autoridad les está faltando el respeto? ¿Se creerán por encima de la ley? ¿Podrán conspirar y alterar el orden constitucional? 

Pareciera que la política del actual gobierno y sus ministerios encargados de hacer cumplir la ley nos llevan por un camino muy resbaloso y peligroso. Urge hacer los correctivos inmediatamente, de lo contrario el espiral de violencia institucional cobrará vida propia. 

31 de octubre de 2013.    

Industria y desarrollo humano sostenible.

Juan Jované

La economía panameña sufre de lo que, siguiendo a Fernando Fajzylber, podríamos llamar el síndrome del casillero vacío, destacando que pese a la alta velocidad del crecimiento económico, es prácticamente nulo lo que se ha avanzado en términos de equidad. Es así que el nivel de concentración del ingreso en Panamá, medido por el índice de Gini, fue superior en 2011 (0.531) que en 2005 (0.529).

Entre las características estructurales del actual estilo  de desarrollo que producen las carencias de equidad está su incapacidad de generar empleo decente para todos y todas. Es así que, de acuerdo con datos oficiales, si a los desocupados se les suman aquellos ocupados que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, se concluye que para marzo de 2012 cerca del 36.4% de la población económicamente activa mostraba condiciones de precariedad. Así mismo, las estadísticas de CEPAL  muestran que para 2011, el 31.5% de la población laboral urbana se encontraba en actividades de baja productividad, situación que es peor en el sector agropecuario, habida cuenta de que produce cerca del 2.9% del PIB, utilizando cerca del 17.0% de la población ocupada.

Se equivocan quienes piensan, basados en la llamada teoría del rebalse, que la carencia de equidad se resuelve con la simple continuidad lineal del actual estilo de acumulación y crecimiento. Para lograr la equidad hace falta una política que modifique el actual patrón de crecimiento, con el fin de que una porción creciente de la población adquiera un empleo decente, es decir, una ocupación productiva que le permita participar plenamente en los beneficios del progreso técnico.

Para este fin se hace indispensable completar y balancear la estructura de la economía panameña, habida cuenta de que el desarrollo exclusivo de los servicios no resuelve el problema del empleo decente. Esto significa, entre otras cosas, promover tanto la producción del sector agropecuario como implementar una política guiada hacia una nueva industrialización, entendida esta como un elemento básico en el proceso de generación, incorporación y difusión del progreso científico-técnico y del empleo decente. Desde la perspectiva de la política de industrialización se pueden destacar varios elementos claves de la misma.

Esta, en primer lugar, debe basarse en la consolidación de un núcleo de innovación endógeno, creativo, dinámico, capaz de atender los requerimientos de la equidad, comprometido; además, con la sostenibilidad ambiental y la consolidación de la soberanía nacional. Para este fin es de fundamental importancia la construcción de un efectivo sistema nacional de progreso científico-tecnológico, en la forma de una red en la que colaboren los organismos estatales, privados y de los trabajadores vinculados con la producción, regulación, protección del medio ambiente, la investigación y formación de recursos humanos. Las universidades públicas deben jugar un papel central en esto.

En segundo lugar, es importante sustentar la nueva industrialización en relaciones de producción y distribución justas, así como en un metabolismo sostenible con la naturaleza. En este contexto es importante reconstruir con una mayor eficiencia las cadenas productivas que conectan al sector agropecuario, sobre todo el alimentario, con la industria (agroindustria) y las actividades turísticas, así como las que vinculan la generación de infraestructura, la construcción y los materiales que la misma demanda. Más allá de esto, se deberán ubicar nuevos sectores industriales dinámicos (por ejemplo vinculados con la economía marítima), capaces de generar y difundir el progreso técnico, abarcando hasta la producción de insumos y medios de producción. También es indispensable el desarrollo de nuevas y suficientes fuentes energéticas limpias.

Se debe concluir, en tercer lugar, que dados los requerimientos de aprendizaje involucrados, así como el de las economías de escala involucradas, el proyecto propuesto implica un estilo de reinserción con el exterior, que no se puede lograr con el tipo de integración contenido en los tratados de libre comercio típicos de la Alianza del Pacífico, centrados en la competencia asimétrica. El país debe, entonces, moverse hacia formas de integración basadas en la solidaridad, la complementariedad planificada y el respeto a la soberanía nacional.

Desde el punto de vista del sector público, este deberá procurar las condiciones de promoción y protección del proyecto de nueva industrialización, en un contexto en el que esta protección favorece los necesarios procesos de aprendizaje para la productividad, pero evita el llamado “proteccionismo frívolo”. El sector público juega, además, un papel central en el financiamiento y promoción de los elementos que constituyen el núcleo dinámico endógeno, a la vez que asegura una base social amplia para el proyecto, haciendo cumplir las leyes sociales y apoyando a la pequeña y mediana empresa.

¡UNIDOS TODOS CONTRA LA PRIVATIZADORA LEY 69!

MOVIMIENTO POPULAR UNIFICADO

La palabra privatización no aparece en ninguno  de los articulados de la ley 69. Tampoco ninguna de sus formas, es decir, externalización, venta de activos estatales o concesión administrativa. Entonces,  ¿dónde está el truco?

La sola traída de persona extranjero técnico de salud en general al país es el truco. Traer personal que a la postre termine por competir con personal panameño de todo el sector salud aceptando sueldos mejores que en sus países pero más bajos que los de los panameños, es privatizar, puesto que lo que se quiere es abaratar el costo de la mano de obra como paso inicial para proceder a ejecutar cualquiera de las formas de privatización que se formule.

Está en todas las cartas de ajuste estructural que los diferentes gobiernos patronales desde el régimen militar hasta los últimos cinco gobiernos del régimen de la invasión han firmado con los agentes del Gran Capital Internacional, es decir, las IFIS (FMI, Banco Mundial, BID, etc) y ninguno ha rechazado tales ajustes, es decir, todos están de acuerdo. Cada uno ha dado su grano de arena para tales fines.

La patronal administración Martinelli contribuye con la ley 69 y algunas cositas más como la externalización de los servicios administrativos de la Ciudad Hospitalaria y las concesiones administrativas en las áreas indígenas. No es más que un plan solapado de privatizarlo todo, justo la política neoliberal, un cáncer que hoy corroe todos los derechos de millones de trabajadores en Europa, USA y todo el centro del mundo capitalista; so pretexto de ser la vía  mediante la cual se solucionará la crisis capitalista, mientras, socializan las deudas contraídas por los bancos y estos obtienen pingües ganancias que no comparten con los trabajadores.

Si el propósito no es privatizar, ¿dónde está lo consensuado en las conversaciones con el gremio médico? No está el período término de estadía de los profesionales extranjeros, tampoco  su uso exclusivo en las áreas rurales y apartadas. Ni la evaluación y vigilancia de su idoneidad por parte de las debidas corporaciones gremiales y gubernamentales. No hay nada especificado.

Pero también el solo hecho de formular una política basada en médicos especialistas (léase de hospital) y edificar megaobras hospitalarias revela el muy pobre sentido de la política de atención médica. Mientras el mundo sabe que tal política debe basarse en la atención primaria y secundaria, es decir, prevención individual y colectiva, además de atención de enfermedades que no necesitan de hospitalización, las cuales son la enorme mayoría; la administración Martinelli se dedica a la atención terciaria (hospitales y médicos especialistas) en contraposición a todo el conocimiento médico universal actual. ¿Negocio a la vista?

Luchar contra toda forma de privatización, sea abierta o solapada, es no dejar conculcar nuestros derechos como trabajadores y como seres humanos con necesidad de atención médica preventiva y curativa.. Un solo derecho que perdamos inicia la pérdida de todos los demás.

Por ello es necesario la convocatoria a una gran unidad de todos los gremios propios de la clase trabajadora, es decir, de los profesionales, de los técnicos y de los obreros con la finalidad de defender nuestros derechos, con la finalidad de defender nuestro derecho a la vida.

¡NO A TODA FORMA DE PRIVATIZACIÓN!

Panamá, 17 de octubre de 2013

El capitalismo no da para más.

Juan Torres López

El llamado “cierre” del gobierno de Estados Unidos se puede interpretar y valorar de muchas formas pero creo que por encima de todo refleja que el capitalismo no da para más.

No estamos hablando de que un país arruinado de Africa disponga de una administración pública ínfima. No nos referimos ni siquiera a que una gran economía no esté en condiciones de financiar servicios básicos pero caros de salud o educación para toda su población: según la Oficina del Censo de Estados Unidos allí hay más de 46 millones de pobres y más o menos el mismo número de personas que no tiene asegurada la atención médica en caso de enfermedad, una de cada seis personas que pasan hambre, según Feeding America, y casi 700.000 personas sin ningún tipo de vivienda.

Es peor. Se trata de que la primera potencia mundial no puede pagar el día a día de las actividades elementales de su gobierno.

Es cierto que no es la primera vez que sucede, sino que  ha ocurrido ya 18 veces desde 1976 (la última en 1996), y que en realidad se trata de un vil chantaje político de los republicanos más extremistas porque han sido precisamente los republicanos quienes más deuda han generado en los últimos 35 años. Un estudio del  Center on Budget and Policy Priorities ha demostrado que el 55,8 % de la deuda actual la generaron los recortes fiscales, el coste de las guerras de Irak y Afganistan y los gastos de estímulo de G. Bush y el gasto militar y los recortes fiscales de Reagan, mientras que las políticas de Clinton y Obama solo han contribuido a generarla en un 28%.

Y la realidad es que detrás de esa medida no hay una razón fundada que obligue a recortar los gastos públicos.

Estados Unidos podría seguir financiando los servicios públicos a los que renuncia estos días no solo sin necesidad de recortar un solo dólar en gasto sino incluso aumentándolo para cubrir las necesidades de la población de menor renta.

Afirmar que hay que recortarlos para poder limitar los déficits y la deuda es una falacia que oculta la verdad de las cosas: son los gastos militares (que representan algo más del déficit total previsto para 2013) y, sobre todo, los recortes fiscales que se vienen realizando en los últimos treinta años para favorecer a los ricos y grandes empresas lo que realmente disparan su deuda pública.

Según un estudio de Ciudadanos por la Justicia Fiscal los recortes de financiación al sistema educativo de Estados Unidos fueron de 12.700 millones de dólares en 2012, más o menos la misma cantidad que han evadido anualmente en impuestos estatales de 2008 a 2010 las 265 mayores empresas del país (6 Facts About Hunger That Demonstrate the Shameful Excesses of American Capitalism). Y según esa misma organización 26 grandes empresas no pagaron impuestos entre 2008 y 2011 a pesar de haber registrado 205.000 millones de dólares de beneficios.

Según un informe de la Oficina de Presupuestos del Congreso de los Estados Unidos (The Distribution of Major Tax Expenditures in the Individual Income Tax System) los recortes fiscales que viene realizando el gobierno tienen un coste de 900.000 millones de dólares este año y por su causa se dejarán de ingresar 12 billones de dólares en los próximos diez años. Y si a esos recortes se añaden las ayudas fiscales a los ricos y lo que se pierde por la evasión de beneficios a los paraísos fiscales la merma anual de ingresos es de unos 2 billones de dólares.

Otro estudio de Deloitte Center for Financial Services calcula que la riqueza neta de las familias que disponen de más de 1 millón de dólares fue de 38,6 billones de dólares en 2011. Eso significa que con un mínimo impuesto del 2% sería más que suficiente para financiar el déficit previsto para 2013 y que solo con eso se recaudaría algo más de la mitad de lo que pagan cada años todos los norteamericanos en impuestos individuales.

La realidad no es que en Estados Unidos se realicen gastos públicos excesivos sino que se recortan impuestos a los ricos para privilegiarlos. Mientras que los impuestos sobre los beneficios empresariales representaban el 6% del PIB de Estados Unidos en los años cincuenta, ahora ni siquieran llegan al 2%. Entonces, por cada dólar que pagaba en impuesto un trabajador estadounidense, las empresas pagaban tres, pero ahora ahora solo 22 centavos (Five Tax Fallacies Invented by the 1%). Y mientras que en los últimos 20 años los beneficios empresariales se han multiplicado por cuatro, sus impuestos se han reducido a la mitad (In 20 Years Corporate Profits Are Up 4X and Their Taxes Have Fallen by 50%).

Lo que hay detrás de “cierre” del gobierno estadounidense es que el capitalismo ha llegado al paroxismo. No es que los ricos no quieran gobierno sino que lo quieren solo para él. Mantienen el ejército y mantienen las ayudas fiscales que van a ellos y los apoyos multimillonarias a los bancos y a las grandes empresas. Ese intervencionismo público no les disgusta ni quieren renunciar a financiarlo, aunque hacen todo lo que está en su mano para que los financien los demás, eso sí: en los últimos 20 años la proporción de impuestos pagados por los trabajadores se ha doblado.

Lo ricos, más o menos entre el 1 y el 10% de la población total, lo quiere todo, como demuestra que los beneficios de las empresas hayan crecido desde 2008 veinte veces más que los salarios (Corporate Profits Have Risen Almost 20 Times Faster Than Workers’ Incomes Since 2008) o que de 2009 a 2011 el 88% del crecimiento del ingreso en Estados Unidos fuese a beneficios empresariales y solo el 1% a salario de los trabajadores.

El capitalismo de nuestros días no da para más.

Todo lo que no sea aumentar el beneficio de los de arriba da completamente igual. El “cierre” del gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, supone que el 96% del personal de la Agencia de Protección Medioambiental, el 69% del Departamento de Energía y el 97% de la NASA no acuda al trabajo y que, por tanto, se paralicen sus programas; que incluso el personal que repara carreteras y puentes tras inundaciones y desastres pueda dejar de trabajar y que prácticamente se hayan dejado las labores de supervisión pública de extracción de petróleo, gas o mineral (What the Shutdown Means For Energy and Environmental Programs).

No importa que se destroce a la sociedad, que se destruya el medio ambiente o que se debiliten fatalmente las instituciones. Solo interesa y preocupa concentrar hasta el extremo la riqueza y el poder político, mediático y militar en manos de unos pocos, como ha sido siempre pero ahora de manera mucho más exagerada porque lo cierto es que el capitalismo de nuestros días ha sido capaz de vencer cualquier resistencia al convertirse a su vez en una maquinaria gigantesca de generación de consenso y sumisión, y también de destrucción y aniquilamiento. No es casual que los mismos que defienden el cierre de colegios, hospitales museos públicos o parques nacionales sean los que financian sin límite las guerras genocidas, los ataques brutales a los derechos humanos, la tortura, el espionaje generalizado y el desmantelamiento de las democracias.

De cómo Moscú evitó el ataque.

La delegación siria a Moscú partió de Damasco la noche del sábado 7 de septiembre, tanto para enfrentar su destino como para negociar. El presidente estadunidense Barack Obama y el presidente ruso Vladimir Putin habían estado incubando su plan para evitar ataques estadunidenses con misiles, y Walid Muallem, el extremadamente astuto ministro sirio del Exterior, no tenía idea de lo que se trataba. Lejos de llevar propuestas a Rusia, quería averiguar lo que sabía el canciller ruso Serguei Lavrov... si es que sabía algo.

Era una situación muy extraña. Siria no quería ser atacada por Estados Unidos luego del uso de gas sarín en Damasco la noche del 21 de agosto, pero debía de tener claro que el régimen sirio, blanco principal de los misiles crucero, había sido hecho a un lado. Rusia tomaba las decisiones.

Muallem y su equipo –bien conocidos en el mundo árabe y especialmente en Irán (y en los viejos tiempos en Londres, Washington y París)– llegaron exhaustos al aeropuerto Sheremetyevo al amanecer del domingo 8 de septiembre y se registraron, como siempre en Moscú, en el Presidente, junto al río Moscova, hotel cavernoso y desangelado de la era Brejnev. Su cita con Lavrov se fijó para el lunes en la cancillería rusa. Los sirios, aún cansados del vuelo nocturno, llamaron a Damasco y observaron programas de televisión de Washington vía satélite.

Era un momento de la historia de Siria del que Muallem y sus colegas estaban más que conscientes. La política exterior de su país –o tal vez la militar– era decidida por otros. Y así ocurrió que el 9 de septiembre Muallem estaba sentado frente a Lavrov en la cancillería. El ruso dijo sin rodeos a los sirios lo que pensaba: fue obvio desde el principio que creía que Obama atacaría a Siria.

No era una buena noticia, en especial porque Lavrov dejó en claro que la operación definitivamente ocurriría. Hubo alguna discusión antes que Muallem expresara la posición de su país: que si la verdadera razón de la agresión propuesta contra Siria eran las armas químicas, entonces los medios diplomáticos no se habían agotado.

A los sirios les agrada Lavrov; creen (no sé con qué pruebas) que escribe poesía en su tiempo libre, algo que de modo natural atrae a un pueblo que a menudo aprende de memoria poemas árabes desde antes de aprender a escribir. Es un buen amigo de los árabes, es un dicho constante en Damasco. Queda a los lectores discernir si es verdad.

Escarbar como sabueso en busca de detalles de la diplomacia ruso-siria –ya no se diga de la extraordinaria relación militar– es como vagar por el laberinto del Minotauro. Un giro equivocado puede poner en peligro al reportero, hacerlo perder una antigua amistad, enfurecer a un contacto o irritar a un funcionario por un matiz de significado perdido en la traducción.Así que mientras este corresponsal en Damasco camina de puntitas entre las fuentes rusas y sirias, debe recordar los riesgos. Esto es lo mejor que puedo hacer y tengo todos los motivos para creer que da en el blanco. Es una historia que nos habla del futuro Estado sirio.

Sea como fuere, Lavrov puso fin a la conversación diciendo a Muallem que iría de inmediato a ver al presidente Putin en el Kremlin. Ya volveré, señaló en forma perentoria. Muallem insistió una vez más en que la diplomacia no está agotada. Debía de tener la esperanza de no equivocarse; después de todo, si estaba en un error, tal vez no habría un aeropuerto en Damasco al que pudiera regresar.

Los sirios volvieron al hotel Presidente para comer. En Washington, John Kerry cacareaba más amenazas: los sirios deben entregar las armas químicas, tienen sólo una semana para presentar un inventario. A las 5 de la tarde, Lavrov llamó a Muallem. Debían reunirse en una hora: habría una conferencia de prensa.

Todo este tiempo Muallem había insistido en que Siria quería firmar el tratado de prohibición de armas químicas. Sin embargo, todo el mundo, incluidos los rusos, sabía que el arsenal químico de Siria era su única defensa estratégica fuerte si el país enfrentaba una guerra final con Israel. Aun así, Muallem no sabía lo que le aguardaba; ni él ni sus colegas habían dormido en 36 horas.

Lavrov estaba preocupado por varias razones. Si los estadunidenses atacaban Siria, destruirían el ejército de Bashar Assad. Los islamitas podrían irrumpir en Damasco y las fuerzas rusas –que tienen una base naval e infantes de marina en el puerto sirio de Tartús y otras naves de guerra en el oriente del Mediterráneo– se verían forzadas a reaccionar. Esa era, por lo menos, la versión rusa de los acontecimientos.

Lavrov reveló a Muallem el acuerdo forjado por Putin: todas las armas químicas de Siria serían vigiladas, los detalles se entregarían en unos días, todos los inventarios quedarían bajo control internacional en el curso de un año. Y los rusos agradecerían que Muallem tuviera la bondad de acceder, en una conferencia de prensa que se realizaría esa tarde.

Muallem llamó a Damasco. Habló con el gobierno y, por supuesto, con el presidente Bashar Assad. Éste accedió. Y así, un exhausto y compungido Muallem apareció frente a las cámaras de la televisión mundial –al parecer abrumado de cansancio– para decir sí (en palabras de los rusos).

Siria quería salvar a su pueblo de la agresión y puso toda su confianza en sus amigos rusos. Uno de sus asistentes, Bouthaina Shaaban, también consejero de Assad, parecía igualmente abrumado.

Más tarde, Muallem dijo a Lavrov que el acuerdo obtenido con Siria era el arma número uno de su país. Y Lavrov respondió: Su mejor arma somos nosotros.

Y eso fue todo. Moscú se había convertido en el disuasor estratégico de Siria. El Kremlin manda.

Desarrollo humano, ciencia y tecnología.

Juan Jované

La tecnología, cuya base moderna se encuentra en el desarrollo científico, juega un importante papel en la sociedad y su desenvolvimiento económico. Esta se relaciona en términos de correspondencia dinámica con el modo de vinculación de la sociedad con la naturaleza en el proceso de trabajo, así como con las relaciones sociales de producción y distribución, las formas ideológicas dominantes y los mecanismos del ejercicio del poder político. En pocas palabras, la intensidad y la naturaleza del desarrollo científico tecnológico corresponden al estilo de desarrollo imperante en la sociedad. En una sociedad guiada por el lucro, el mismo estará subordinado a este fin, con todas las consecuencias ambientales y sociales negativas que esto pueda significar. Si, además, se trata de una sociedad con un sistema económico subordinado, el proceso tomará la forma de una dependencia tecnológica que permite la reproducción de las condiciones de sometimiento.

Teniendo esto presente, queda claro que para desarrollar un modelo social alternativo inclusivo y sostenible es imprescindible la definición de un nuevo paradigma de desarrollo científico técnico. El mismo deberá responder con claridad a dos preguntas básicas: ¿Para qué ciencia y tecnología? ¿Para quién ciencia y tecnología?

El nuevo paradigma del desarrollo científico técnico deberá, entonces, responder a elementos, tales como la consolidación de la nación panameña y el desarrollo más pleno posible de todas las capacidades y potencialidades humanas de todos los hombres y mujeres que hacen parte de la misma, en un contexto de profunda democracia y de respeto del medioambiente. El mismo, entonces, corresponde a la estrategia de fortalecer la soberanía nacional, eliminar las taras de la falta de equidad y justicia social, promover una democracia con protagonismo popular y de lograr eliminar la fractura metabólica que el sistema genera con el medioambiente.

En términos generales, esto significa centrar el esfuerzo de la generación de conocimientos científicos y técnicos en la solución de los problemas nacionales. Esto hace necesario desarrollar una visión transdisciplinaria, es decir, un diálogo de saberes, cuyo objetivo sea potenciar el desarrollo humano sostenible y soberano.

Existen ámbitos que se priorizan en esta visión, sin descuidar el sector tradicional de los servicios. En primer lugar, la necesidad de completar y balancear la estructura económica del país apunta hacia la investigación vinculada con la soberanía y seguridad alimentaria, en la que los conceptos de la agroecología resultan fundamentales. Así mismo, la búsqueda de un desarrollo industrial en el contexto de la integración solidaria por complementación resulta fundamental. No menos importante es la investigación guiada al perfeccionamiento de los servicios básicos vinculados con la educación y la salud. Así mismo se deberá enfatizar en el desarrollo de las formas alternativas de organización de la producción, las cuales permitan la formalización de los sectores informales. En todos estos casos, la búsqueda de la sostenibilidad ambiental, de la equidad social y de espacios de autonomía nacional deben entenderse como ejes transversales indispensables. La búsqueda de un nuevo balance de la matriz energética, orientada, desde el lado de los usos, por el uso racional de la energía y el desarrollo, por el lado de la oferta, de fuentes limpias alternativas son, por tanto, una prioridad para el nuevo estilo de desarrollo.

El logro de los objetivos propuestos solo es posible si entre las grandes tareas nacionales se incluye el objetivo de crear una amplia capacidad científica y tecnológica nacional independiente. Para este fin se deberá contar con los recursos y el financiamiento público necesario que permitan la conformación de un sistema articulado y eficiente de todos los organismos en función de generar los proyectos de investigación científicos y tecnológicos necesarios para la solución de las problemáticas de desarrollo humano sostenible. En este caso, las universidades públicas deberán hacer el esfuerzo de constituirse en el eje central de todo el sistema de innovación, lo que le da dirección y coherencia a todo el proceso.

La nueva visión del desenvolvimiento científico técnico aquí propuesta significa que el mismo deje de ser entendido como una simple herramienta de poder económico, político y militar al servicio de los actuales sectores dominantes y sus socios externos. El mismo, por el contrario, deberá convertirse en el ejercicio de una actividad libre y humanística al servicio del desarrollo de todos y todas. Es en este sentido que el mismo se refiere a un proceso de democratización del conocimiento y, por tanto, del poder que el mismo confiere. La realización de todo esto implica la necesidad de un proceso de defensa de la educación pública, gratuita y de excelencia.