Escuelas públicas. Entre burocracia y vandalismo

Ileana Gólcher

El año escolar 2015 empieza con una de las crisis más impactantes en infraestructura, problema histórico desde hace décadas. Hay planteles oficiales que tendrán que ser demolidos debido a la inseguridad de sus instalaciones. Además, la falta de agua, de mobiliario y la precariedad de las instalaciones sanitarias y académicas desmotivan el aprendizaje.

El incremento creciente de la matrícula oficial, sin planificación, trajo como consecuencia la proliferación de escuelas rancho, indicador vergonzoso, porque Panamá es uno de los países de la región con el mayor índice per cápita de presupuesto en educación. Otra lectura del tema la advierten algunos gremios docentes al aseverar que cerca del 90% de las escuelas no reúne las condiciones mínimas para el aprendizaje, y muestran su disconformidad por la disposición ministerial de otorgarle a las juntas comunales (estrictamente político-partidistas) la responsabilidad de repararlas. La lejanía de los planteles de difícil acceso complica la contratación de empresas que se dediquen a estas labores en el escaso periodo y ante la burocracia que agudiza más la situación.

Las escuelas oficiales son, además, víctimas de vandalismo que de forma permanente destruye sus instalaciones, sobre todo en lo concerniente a tecnología e insumos. La disposición que penaliza estas acciones delictivas es antigua, pero las autoridades educativas no proponen iniciativas legislativas para hacerle frente con mayor rigor. Resultaría más económico que las instalaciones, sobre todo las que poseen mayores insumos, fueran protegidas por agencias de seguridad a tiempo completo.

Es de prever que nos espera una ola de paros y movilizaciones de la comunidad que reclamará su derecho a una educación digna, con suministro de luz, agua y mobiliario escolar suficiente y moderno. Según estadísticas oficiales de 2010, solo el 50% de las escuelas tiene acceso a luz eléctrica y agua potable. El sitio web del Ministerio de Educación (Meduca) no dispone de datos actualizados al respecto.

Una política de mantenimiento ha estado ausente de los planes educativos, pese a la existencia del Fondo de Calidad de la Educación. El subsidio escolar anual es significativo, sin embargo, muchos directores no logran o no tienen la disposición y/o suficiente capacitación para ejecutar el presupuesto. La situación se agravó en el Instituto América, el José A. Remón Cantera, Richard Neumann y la Escuela Profesional Isabel Herrera Obaldía, en estado casi de total abandono. Un sentimiento de destrucción prevalece en un alto porcentaje de estudiantes y la cultura de la irresponsabilidad se acrecienta, pues no se responsabiliza a nadie por los daños.

Las vacaciones escolares son ahora más reducidas e impiden el mantenimiento oportuno. Burocracia, trámites administrativos complejos, reglamentos en PanamáCompra, dificultan la ejecución de trabajos de reparación. El año escolar en algunos casos bien pudiera prorrogarse un poco más, de forma que el Meduca disponga de mayor tiempo para cumplir con su cometido. Hay que tomar decisiones por muy dramáticas que resulten y prolongar el periodo escolar para que empiece en mayo. Se destaca la falta de autoridad y la indiferencia de los profesores, padres y madres de familia para que sancionen, de forma oportuna, y se obligue a pagar los destrozos, de manera que se proteja la alta inversión en mobiliario y equipo. Solo así se logrará que las escuelas sean primero y que Panamá ocupe un sitial educativo.

UP, ¿mirarse al espejo de la justicia?

Ricaurter Paz 

Las autoridades de la Universidad de Panamá (UP) exigen respeto a decisiones internas; alegan que la Constitución otorga a este centro libertad de cátedra, la inviolabilidad de sus predios y el derecho a designar y separar a su personal docente y administrativo de acuerdo con sus propios reglamentos estatutarios (reglamentos que son violados por el rector).

 

Caudillajes que abusan de los DDHH de los universitarios honestos de la UP. ¿Mirarse al espejo de la justicia de hoy en día? Ella tarda, pero llega. Nadie puede estar por encima de ella. En este país nadie tiene título de impoluto. Ésos que piensan que la justicia no puede tocar a las autoridades universitarias por demandas de calumnias, por peculados y por corrupción, están equivocados. ¿Van a saber lo que es la justicia?

Cada vez que el peso de la justicia le cae a los corruptos-maleantes que abusan del erario, de universidades e instituciones estatales entre otros, les entra el virus de las enfermedades: el cuello ortopédico es el número uno; siguen la diabetes, los dolores de espalda; cualquier enfermedad es buena para evadir la cárcel (La Joya, La Joyita, La Gran Joya).

Para esos que abusan del erario universitario es bueno mirarse al espejo de lo que está sucediendo hoy con los corruptos. Espero que cuando la justicia toque sus puertas sean los mismos machos, abusadores y arrogantes que fueron cuando eran autoridades. ¿En el 2016, muchos de ustedes regresarán a ser unos simples docentes...?

Ser corrupto implica mentirle a tu familia, a tus amigos. La corrupción no solo está en lo político; está en nuestras casas, en nuestros trabajos, en la calle, en todos lados donde haya una oportunidad de sacar provecho de algo. Pero siempre hay alguien que te dice: ‘Mírate al espejo y encuéntrate’.

Señor contralor, Federico Humbert: toda institución que recibe presupuesto del Estado tiene que ser vigilada y auditada por auditores honestos de la Contraloría General de la República. Los que pagamos impuestos queremos saber cómo se emplean los dineros de todos los contribuyentes.

Como panameño preocupado por el erario universitario, ¿se atreverá usted a ejecutar una AUDITORÍA GENERAL FORENSE, URGENTE a la Universidad de Panamá? No ha llegado un contralor que ponga en cintura a este rector (tiene ministros, diputados y magistrados que lo respaldan). Contralor, usted anunció en los medios la creación de la Dirección de Investigaciones y Auditorías Forenses (DIAF), con el objetivo de atender los casos de alto perfil de posible lesión al patrimonio estatal. Espero que no se olvide de la Universidad ni se deje manipular de este rector, pues es un experto en la materia. Tiene 18 años manejando la UP y nadie sabe cómo ha manejado la finanza universitaria.

Los ‘Gustavistas’ pensaron que el Gobierno de RMB repetiría en el 2014, ellos se prestaron para complacer a este mandatario, hoy señalado por posible abuso de los derechos humanos, entre otros. El ‘Magnífico’ fue un fiel colaborador de él.

*ARTISTA PLÁSTICO, COMUNICADOR SOCIAL, FOTÓGRAFO PROFESIONAL, TIPÓGRAFO Y DISEÑADOR GRÁFICO.

La corrupción y el sistema político panameño.

Por Olmedo Beluche

 

Una de las confesiones con mayores implicaciones realizada por Rafael Guardia, ex director del Programa de Ayuda Nacional (PAN), se refiere al financiamiento truculento de las campañas electorales de diputados y candidatos a diputados, tanto del partido Cambio Democrático, como de los otros partidos que componen la actual mayoría oficialista legislativa. La investigación consecuente y a fondo de esa ilegalidad, si se realiza, caerá como una bomba sobre todo el andamiaje político vigente, porque nadie puede pensar que los beneficiarios directos de dicha ilegalidad, así sean diputados, no sean castigados.

 

Ese comportamiento ilegal, de utilizar fondos públicos para financiar directa o indirectamente, campañas electorales, no es nuevo. Ya antes hemos visto denuncias de actos semejantes en los predecesores institucionales del PAN, el FIS y el FES. Pero en su momento esas investigaciones solo sirvieron para el mangoneo politiquero, zarandear a algún diputado para que luego se "porte bien" con el presidente de turno y no ha pasado nada. La ciudadanía espera que las actuales autoridades no van a realizar todo el despliegue jurídico que han avanzado sólo para vapulear a Martinelli, con un "show mediático" (como él dice) y que luego todo siga igual. Esta vez, no.

 

Pero hay que ir más allá, porque la causa de la corrupción política generalizada, de la que lo confesado por Guardia es sólo la punta del témpano, está en el propio Código Electoral. El sistema electoral vigente, que data del régimen militar, con algunos retazos realizados tras la invasión norteamericana, ha impuesto por 25 años a una "partidocracia" corrupta basada en el poder del dinero, disfrazada de "democracia".

 

La corrupción del Código Electoral empieza desde el momento en que un grupo de ciudadanos se une para crear un partido político. Para inscribirlo, debe reunir la cuota de adherentes más alta del continente americano (4% de firmas del padrón electoral). Encima, esas firmas hay que reunirlas movilizando la gente a un sitio donde hay un registrado oficial, lo que encarece y dificulta el proceso, en vez de usar papel simple cuyas firmas se cotejan contra la base de datos, como en otros países. Y luego está la "depuración" por la cual el Tribunal Electoral te borra firmas sin explicarte por qué y quiénes.

 

Para colmo, con la cultura de corrupción, promovida por todos los partidos legales actuales y todos los diputados, mucha gente (no toda) se ha fabricado la idea de que hay que hacerle un "regalo", en dinero o materiales, por su firma. Esto es lo que elegantemente se llama "clientelismo". En fin, sin plata para movilizar gente, activistas, registradores y coimas, no puedes inscribir tu proyecto político, por más lindo que sea en el papel.

 

Si lograras pasar la barrera de la inscripción, con todas las zancadillas leguleyas, el susodicho partido debe saber que la campaña electoral tiene un costo multimillonario que excede largamente los millones que reparte el Tribunal Electoral entre quienes tienen la dicha de ser parte del establecimiento.

 

Cuando inscribíamos el desaparecido Partido Alternativa Popular (PAP), entre 2008 y 2011, que llegó a recoger 5.500 firmas, lejos de las 65.000 que necesitábamos, se nos decía "off the record" que la campaña de un candidato a diputado, sin seguridad de salir electo, gasta entre 250 a 500 mil dólares. Lo cual vimos corroborado en los informes financieros presentados a la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) de 2010, en los que un candidato a alcalde de un pueblo de Coclé había gastado una cifra semejante.

 

¿De dónde sale ese dinero para financiar las campañas? De tres sitios: si eres grato a la directiva del partido, te dan un pedazo del financiamiento partidario; de aportes privados que el Código no limita y que quien lo da espera del candidato una "contraprestación" (como dijo David Murcia), o sea "un favorcito", si sale electo; la tercera fuente, para los gratos al Ejecutivo es el PAN, FIS o FES.

 

Ni hablemos de las campañas presidenciales. A la CNRE de 2010, cuando se discutió el tema del financiamiento de las campañas, los magistrados del Tribunal Electoral entregaron un informe en que oficialmente, en las presidenciales del año anterior, Balbina Herrera decía haber gastado más de 9 millones de dólares y Ricardo Martinelli, cerca de 20 millones. Un informe de una empresa que controla el gasto publicitario, cuando no había acabado la campaña de 2014, ya cifraba los gastos en ese rubro de uno solo de los candidatos, el Sr. Arias, en más de 40 millones de dólares.

 

Uno puede ser suspicaz y pensar que no todo está en esos informes. Sea como sea, si tenemos un partido político compuesto por trabajadores, campesinos, indígenas, que postula un dirigente sindical o un simple profesor, jamás podrán reunir semejante suma de dinero. Ni con el financiamiento público, pagado por el Tribunal Electoral (que sí es legal) nunca podrían alcanzar condiciones semejantes a los candidatos y partidos oligárquicos, financiados por vías irregulares o legales pero espurias.

 

Cuando en la CNRE de 2010, algunos sectores del PAP y la sociedad civil, con la anuencia del magistrado Gerardo Solís, pusimos a debate el modelo que se discutía en otros países, como México, para que el Tribunal Electoral no entregara dinero a los partidos para publicidad en los medios, sino que contratara los espacios equitativos para todos a precios razonables, no sólo se opusieron los partidos legales (desde CD, al PRD, pasando por el PP, Panameñismo y Molirena), sino también los gerentes de los medios de comunicación que fueron invitados a dicha sesión.

 

Así que, los grandes medios de comunicación se dan golpes de pecho contra la corrupción, pero la promueven con su afán de lucro durante los procesos electorales.

 

En fin, si se encuentran pruebas que acrediten las confesiones el Sr. Guardia acerca del financiamiento ilegal con fondos del PAN de, entre un tercio y más de la mitad de los actuales diputados, además de imputarlos y retirarles la inmunidad, no queda más salida racional que disolver la actual Asamblea Legislativa y convocar una Asamblea Constituyente originaria que barra la corrupción empezando con el actual Código Electoral.