martes, 30 de junio de 2015

Omar.

Por: Manuel Orestes Nieto.

I.
Dos grandes avenidas trazan la vida pública y política del general Torrijos. 

La primera es haber liderado con éxito el proceso de negociación con los Estados Unidos para que Panamá recuperara el Canal, desapareciera la zona ocupada y al integrarse todo el territorio completar la soberanía plena en nuestra patria. 

A Omar Torrijos le corresponde el mérito indiscutible de ser protagonista principal de quebrar el colonialismo en nuestro país, recogiendo los anhelos de todas las generaciones del siglo XX. Esa victoria histórica se traduce hoy en  el  Canal panameño, sin injerencias extranjeras ni bases militares y con ingresos económicos sustancialmente crecientes.

La otra vertiente de su liderazgo es la social: la concepción de un país con equidad, justicia, riqueza compartida y con oportunidades para los panameños a educarse, tener salud, vivienda, tierra propia, y dignidad humana.  No hay duda que comprendiendo el carácter plural de la sociedad panameña, las desigualdades inadmisibles y el contrapeso necesario para una convivencia pacífica y humana, sin explotación ni exclusiones, lo llevó a estar del lado de los humildes de Panamá.

Sin embargo, con su muerte el país justo no pudo verlo realizado, aún no lo es y tiene que culminarse como lo más conveniente para el pueblo de Panamá..

Somos uno de los países con mayor desigualdad del continente y los estragos de la pobreza, marginalidad y problemas básicos de la población no solo no han sido resueltos, sino que de manera profundamente injusta se han prolongado en el tiempo.

Decenas de miles de panameños no tienen agua potable ni tampoco todos tienen al alcance un centro de salud, un hospital  y medicinas aseguradas. La capital del país es un amargo contraste de la riqueza concentrada y el colectividades que viven en condiciones infrahumanas.  El sistema educativo colapsó hace décadas y tiene que ser reemplazado por un sistema nuevo, de calidad educativa y de inclusión plena.

 II.
Omar Torrijos condujo a la nación a otro estadio de su historia, dejamos de ser un país colonizado y se acabó lo que llamó la Quinta Frontera.  Concibió claramente que había un país posible que construir, enarbolando la bandera de la cuchara y del alfabeto,  una vez resuelta la aberración de la ocupación extranjera.

Después de 34 años de su muerte y unos 40 de su gestión como Jefe de Gobierno, las generaciones de esos años muchos son ya abuelos.  

A Omar en todo el país se le aprecia y respeta, en caseríos y campos remotos está vivo su recuerdo y su presencia.  Vivió entre su pueblo y es el grande estadista que ha dado Panamá. 

Omar Torrijos está en la memoria y en la historia; en cada trocha que abrió en la batalla contra el subdesarrollo y en la cordillera hacia Coclesito.

Hay quienes le odian con sus vísceras, con sus enconos, pero es imposible sostener que de lo que llaman “la dictadura” se haya producido uno de los éxitos patrióticos más trascendentes de nuestra vida como nación.  Se coronó una parte importante de nuestra independencia; y por ello, Torrijos fue un patriota. 

Los intentos perversos de borrar su memoria se estrellan ante una realidad que no puede ser manchada.   Les guste o no, haya sido su obsesión, Panamá tiene en Omar Torrijos a una de sus figuras más estelares y brilla con luz propia su obra y la magnitud de su aporte a la construcción del país.  

Antes de Torrijos fuimos un protectorado maquillado con las entrañas secuestradas, después de Torrijos comenzamos el camino de la nación autodeterminada y soberana.  
Su ideario además de ser un pensamiento organizado y extraído de la realidad es un llamado para la acción de un país en busca de mejores días, destruir los males sociales que perturban y excluyen a la gente de los elementales derechos a vivir con dignidad y oportunidades.

Las jóvenes generaciones no tienen una imagen acabada de cuán importante fue Omar e incluso es confusa y difusa.  Eso no está bien.  No es correcto, y todos tenemos responsabilidad en que seres ejemplares como él y muchos otros panameños patriotas, iluminen el presente y el futuro de Panamá.  

Hay una extensa bibliografía, documentos e imágenes que evidencian y permiten valorar la obra de Omar.  Del Omar de la patria profunda, del Omar que el mundo conoció por sus empeños para que se le hiciera justicia a un país pequeño por el Canal.  Hay cientos de ensayos sobre su legado y su vida; de sus colaboradores, de especialistas en diversos campos. Están sus mismos escritos, sus intervenciones públicas, como por ejemplo la del Consejo de Seguridad; sus notables discursos en la Plaza Cinco de mayo, en la Asamblea de Representantes de Corregimientos, sus rendiciones de cuentas sobre las negociaciones canaleras; sus conceptos vertidos una y otra vez sobre los grandes temas nacionales del desarrollo y vencer el atraso en el país; escritos formales como “Ideas en borrador”, “La Línea”, “Soy un soldado de América Latina”. Están los llamados “Partes del general”, que escribía en su recorrido mundial buscando apoyo a la causa panameña y se publicaban en la prensa nacional; Está la fabulosa entrevista que el periodista colombiano Fernando Pacheco le hiciera. Esta su ideario, compilado al año de su muerte por José de Jesús Martínez –Chuchú- quien fue un intelectual extraordinario, poeta, quien fue una especie de secretario personal y formalmente miembro de su escolta.  La revista Lotería que  editó y reeditó dos tomos donde más de cincuenta personalidades públicas se refieren a su figura y obra.  Esta su voz y están videos de muchas horas de duración.  Están también libros y artículos de autores extranjeros y memorias hechas por estadounidenses relativas al tema de las negociaciones, cientos de crónicas de periodistas de América Latina y ensayos valiosos de autores nacionales.  Y está en la memoria de muchos panameños que no se creen en el cuento del tirano asesino que intentan patentar en las páginas de la historia.

De modo que Omar no es invisible como algunos quisieran que fuera; ocupa un lugar cimero y eso no se lo puede regatear nadie.


Y observemos que mientras haya panameños en la miseria, en la indigencia y en la pobreza, su ideario aún tiene mucho que hacer en este país.  Es el país que tendrá que llegar, con soberanía social; el país de todos aún no ha sido conquistado como si se pudo izar nuestra bandera en el Canal.

jueves, 25 de junio de 2015

El peligro, cada vez más cerca.

Por: Errol E. Caballero.

Para Estados Unidos es ‘caso cerrado', pero para Panamá se trata de un riesgo potencial para su población.

Cada día miles y miles de conductores pasan por la vía Centenario, atravesando el puente del mismo nombre. Muy pocos se imaginan que más allá de los hombros de las carretera, ahí donde termina el asfalto y el cerco verde de los árboles comienza, se encuentran parte de las 105 mil municiones enterradas y sin detonar, ‘que van desde bombas de 500 libras a granadas extremadamente sensibles de 40 milímetros', como detalló el investigador norteamericano John Lindsay Polland en una entrevista concedida al diario El País el 4 de octubre del 2013.

Parte de ese arsenal, producto de más de 90 años de ocupación militar estadounidense, quedó sepultado, luego de la construcción de obras como el Puente Centenario (y la posterior carretera que conectó la ciudad de Panamá con su extrarradio) y los trabajos de ampliación del Canal de Panamá. Según una publicación del periodista Aristides Cajar Páez en el diario La Prensa , que data del 23 de septiembre del 2012, la empresa encargada de la construcción de los accesos vehiculares ‘debió asumir el trabajo y el costo del saneamiento de los trayectos que pasaban por zonas con posibles desechos militares'.

Pero aún así la amenaza no desapareció del todo. A pesar de los trabajos realizados por la compañía Isthmian Explosive Disposal, Daniel Delgado Diamante, exministro de Gobierno y Justicia, asegura que debajo de la tierra que se extrajo para hacer el trazado de la carretera ‘quedaron sin explotar' todo tipo de municiones. ‘Cuando hicieron la carretera se llevó a cabo un proceso de saneamiento. La empresa encargada tuvo que verificar que no iba a haber problemas', comenta.
En la zona se encontraron ‘morteros y restos que por seguridad fueron removidos y colocados en un sitio que luego fue rellenado con material...', detalla un informe el periodista Wilfredo Jordán Serrano, publicada en La Prensa.

¿CASO CERRADO?

Fue el encuentro con una munición sin detonar lo que le costó la vida a Sabino Rivera, quien el 29 de junio del 2005 se adentró en el polígono de tiro de Piña, en la provincia de Colón, buscando unos guineos para comer.

El hambre lo hizo ignorar los avisos de peligro que los estadounidenses dejaron tras su retirada el 31 de diciembre de 1999. La explosión lo sorprendió en la espesura, convirtiéndolo en una de las 21 víctimas de las municiones sin detonardejadas por las fuerzas norteamericanas en suelo panameño. Y la última que se ha notificado desde entonces.

Era un peligro del que estaba al tanto el gobierno panameño. En 1997, dos años antes de la reversión de los territorios ocupados, las autoridades locales recibieron el primer informe acerca de ‘las condiciones ambientales de las zonas en cuestión y las recomendaciones para su saneamiento'.
Washington también estaba consternado, como lo reveló una carta enviada por la Cámara de Representantes al Secretario de Defensa, con fecha del 12 de marzo de 1991. ‘Estamos preocupados con aspectos de la retirada de los Estados Unidos de las bases militar y los polígonos de tiro en Panamá... tenemos entendido que los planes de limpieza del Departamento de Defensa dejarán más de 8 mil acres en el área canalera como inmaculada, área de sacrificio a pesar de la proximidad de más de 60 mil personas que viven en comunidades adyacentes...'.

En el 2006 el embajador de Estados Unidos en Panamá William Eaton descartó las aprehensiones iniciales de su gobierno y declaró que el asunto de la limpieza de las 15 mil hectáreas de terrenos adyacentes al Canal de Panamá ‘estaba cerrado'.

‘Esto no significa que no se pueda reabrir. En la práctica depende mucho de labuena voluntad del gobierno de Estados Unidos de cumplir con esa responsabilidad', advierte Jorge Eduardo Ritter, negociador de los Tratados Torrijos Carter y canciller durante la administración de Ernesto Pérez Balladares.

RESPONSABILIDAD ELUDIDA

Según el tratado firmado en 1977, Estados Unidos se comprometía a remover ‘cualquier amenaza a la vida, salud y seguridad humanas' presente ‘en cualquier sitio de defensa, área de coordinación militar o porción del mismo'.

Pero, como apunta Ritter, existía un escollo. ‘El lenguaje del tratado Torrijos-Carter contenía una expresión ‘hasta donde sea viable,' en la cual se refugió Estados Unidos cuando ponía en duda la ‘viabilidad' de la limpieza, ya fuera por razones económicas o por imposibilidad técnica de hacerlo'.
Amparados en este subterfugio, luego de la reversión del Canal y de las zonas que estaban bajo su jurisdicción, los estadounidenses dejaron ‘3 mil 175 hectáreas con explosivos y municiones no detonadas y contaminación de origen militar', tal como establece el documento ‘El proceso de saneamiento de las bases militares y otras áreas utilizadas por los Estados Unidos en la República de Panamá', publicado en 1999 por un Grupo de Trabajo Interinstitucional', integrado por el canciller Jorge Eduardo Ritter, Daniel Delgado Diamante (entonces secretariogeneral del Ministerio de Relaciones Exteriores), entre otros funcionarios.

La contaminación incluía la presencia de artillerías, morteros, bombas y granadas, distribuidas de la siguiente manera: 728 hectáreas en el polígono de Emperador, mil 29 hectáreas en el polígono de Piña y mil 418 hectáreas en el de Balboa Oeste.

Otros sitios de contaminación son el sector de Chivo Chivo, donde estaba ubicado el Centro de Pruebas Tropicales. Asimismo, las islas de San José e Iguana fueron escenarios de pruebas con armas químicas.

‘En lo de las bombas nunca tuvimos control. Ellos lo hacían porque les daba la gana', plantea Rubén Darío Paredes, general retirado de las Fuerzas de Defensa de Panamá. Asegura que el gobierno istmeño se equivocó al dejar que pesaran más los intereses económicos —en otros países, el costo de limpiezas de este tipo ha sido enorme— que la aspiración a recibir estos territorios como fueron cedidos: libres de amenazas para la vida de los ciudadanos.

‘Hay que realizar estudios para garantizar que no hay obstáculos para los desarrollos de los proyectos a futuro', expresó Delgado Diamante.

MUNICIONES SIN DETONAR

Una amenaza que crece cada año.

De acuerdo con proyecciones de la Contraloría General de la República, realizadas en 1998, para el año 2015 79 mil 772 habitantes de la provincias de Panamá y Colón se encontrarían en ‘riesgo potencial por las actividades militares realizadas en los polígonos de tiro'.

Aunque la Contraloría nunca ha acometido una actualización de estos datos, Daniel Delgado Diamante, exteniente coronel de las Fuerzas de Defensa y exsecretario general de la Cancillería, no descarta que la población que actualmente se encuentre en riesgo por la proximidad de municiones sin detonar sea mayor, producto de la explosión demográfica registrada al oeste de la ciudad de Panamá, en lo que hoy se conoce como la Provincia de Panamá Oeste.

En esta zona funcionaron, durante la ocupación estadounidense los polígonos de tiro de Balboa Oeste y Emperador, en los que se probaron bombas, granadas y municiones de artillería. Se especula que también fueron sitios de pruebas de armas químicas.

Si bien no se han registrado más muertes desde el 2005, Delgado Diamante señala que ‘esto no justifica una inacción frente al tema, que se encuentra entre los pendientes entre Panamá y los Estados Unidos'.

La limpieza de las municiones sin detonar se complica, no solo por el elevado costo de la misma, sino por la inexistencia de un inventario preciso de las mismas.

ÁREAS QUE FALTAN POR LIMPIAR

Calculadas en más de tres mil hectáreas.

EMPERADOR
Todavía quedan 728 hectáreas contaminadas con municiones de artillería, morteros y granadas.
PIÑA
Se calcula que mil 029 hectáreas contienen municiones de morteros y granadas.
BALBOA OESTE
En mil 418 hectáreas todavía se pueden encontrar bombas y granadas.
ISLA SAN JOSÉ
Se estima que de las 31 mil bombas químicas lanzadas, el 10% no ha detonado.
CHIVO CHIVO
Este lugar albergó el Centro de Pruebas Tropicales, sitio de prueba y desecho para municiones químicas.

Publicado originalmente en La Estrella de Panamá.

martes, 23 de junio de 2015

El “pecado original” de la burguesía panameña: la corrupción

Por Olmedo Beluche
Cada tanto, el hartazgo de la ciudadanía con el sistema político, combinado con la encarnizada lucha por el poder entre los sectores dominantes de la economía panameña, produce un remezón en que salen a relucir los trapos sucios de las fortunas “malhabidas” de las élites. Hoy asistimos a la escandalosa exposición del grupo encabezado por el ex presidente Ricardo Martinelli y de cómo saqueó multimillonarias sumas del erario público, aunque sospechamos que lo conocido es apenas una fracción de la horrible realidad.
En materia de corrupción, Martinelli “no inventó el agua tibia”, sin que esto exculpe sus delitos, sino que siguió una vieja tradición de la clase dominante panameña, la cual se remonta al mismísimo Vasco Núñez de Balboa, sus robos y crímenes, por el cual los pueblos originarios del Istmo perdieron todo lo que hasta 1501 era suyo, incluyendo el Mar del Sur.
Pasemos por alto la larga historia de robo de tierras a las comunidades indígenas y campesinas practicada por parte de las más encumbradas familias ganaderas de todas las provincias, tradición que parte desde las encomiendas del siglo XVI, pasa por todo el siglo XIX, se reflejada en la lucha de Victoriano Lorenzo, hasta llegar a hechos recientes, como el secuestro, en 1971, del cura Héctor Gallegos ordenado por los terratenientes de Santa Fe y ejecutado por la Guardia Nacional.
Ni hablemos de cómo en pleno siglo XXI la industria minera e hidroeléctrica (Petaquilla o Barro Blanco) roban el agua y la tierra a las comunidades con ayuda de los gobiernos del PRD, CD y Panameñista, para quienes la “seguridad jurídica” es sinónimo del derecho de los opresores y los derechos humanos de los pobres la única seguridad que conocen es la de los antimotines echándole gases, balas y palos cada vez que salen a protestar.
Ni hablemos de cómo la corrupción ofició de partera de la República en 1903, en la que un puñado de empresarios norteamericanos, encabezados por el banquero J. P. Morgan y su abogado William N. Cromwell, con ayuda de los marines enviados por Teodoro Roosevelt, forzaron la separación de Panamá de Colombia, para hacerse con un tratado que le garantizara a los primeros 40 millones de dólares y al imperio yanqui un canal y una zona en la que gobernarían “como si fueran soberanos”. Por supuesto, todo avalado por un grupo de “próceres” criollos (no todos panameños) debidamente salpicados de dólares por Cromwell y Bunau Varilla. A quien no crea le recomendamos leer a Oscar Terán y Ovidio Díaz.
Para qué mencionar que en su Mensaje a la Asamblea Nacional, en 1908, el primer presidente de la república, el cartagenero Manuel Amador Guerrero, mencionó que hizo pagos por más de 200 mil dólares (el 10% de los dos millones con que inició su gobierno, agregamos) a “empréstitos” (sin facturas, según muchos historiadores) hechos por la Junta Provisional de Gobierno que rigió el país en el corto lapso del 3 de noviembre de 1903 al 20 de febrero de 1904. Dólares que fueron las balas que aseguraron la “independencia” (je, je) de 1903.
Según un wikileaks de la época, citado por Araúz y Pizzurno (“Estudios sobre el Panamá republicano”), los liberales de 1906 se quejaban del gobierno de Amador ante el encargado de negocios de Francia diciendo que “su parte del pastel es magra: ven con dolor el dinero americano fundirse en las manos del actual gobierno y temen no encontrar nada cuando les toque el turno...”, lo cual describe no solo al gobierno conservador, sino a los mismos liberales y sus motivaciones.
En 1909, el representante demócrata por Illinois, Henry T. Rainey acusó a William N. Cromwell (padre putativo de la separación de Colombia) y a Teodoro Roosevelt de tener un plan de expoliación sobre Panamá, con la complicidad del presidente José De Obaldía, al que calificó de “político completamente corrompido, dominado por Cromwell” (Ibidem). Ejemplo de ello fue el Contrato No. 4, de 1909, en que el gobierno de Obaldía y su secretario de Hacienda, Carlos A. Mendoza, otorgaron “la mitad de la República a una sola Compañía” (de J. Erhman) para la explotación de madera en Colón, Bocas del Toro y Chiriquí.
Esa alianza de intereses yanquis y locales se expresaba en la composición de la empresa que suministraba energía eléctrica a la ciudad de Panamá, laPanama American Corporation, domiciliada en Nueva York, cuyos accionistas eran: William N. Cromwell, Isaac natal, Jacobo Brandon, Isaac Levi Toledano, J. Honningmar, Ricardo Arias, Manuel Espinoza Batista, José Agustín Arango, José Gabriel Duque, Gustavo Eisman, Manuel E. Amador, Piza & Piza, Maduro e hijos, etc. (Ibidem).
Frente a las elecciones presidenciales de 1916, el grupo conservador (Obarrio, Arjona, Pretelt, Lewis, Arias, Ossa) aliados con el liberal Rodolfo Chiari, acusaban al presidente Belisario Porras y ha su sucesor de a dedo, Ramón M. Valdés, de corruptos, desde las páginas del Star & Herald. Por su parte, el oficialismo respondía desde las páginas de El Diario de Panamá con un estribillo contra Chiari: “Si siendo solo gerente/ De medio millón dispuso/ sería mayor el abuso/ si llegara a Presidente”.
En 1917, Star & Herald, es decir, la familia Duque, decía contra el binomio Porras-Valdés, pero a nuestro juicio extensible a todos los bandos que: “La corrupción ha echado en Panamá muy hondas raíces, la impunidad ha adquirido el derecho de ciudadano como en ninguna otra parte del mundo, el patriotismo ha bastardeado de su alto origen, y la política o lo que por tal se tiene, aunque sea duro confesarlo, ha izado  una bandera que cubre todo género de mercancía” (Ibid.). A confesión de parte, relevo de pruebas, dicen los abogados. 
Como en la política panameña el principio ha sido no tener principios, el mismo grupo oligárquico que en 1916 apoyaba a Chiari contra Porras, en 1930, viendo la enorme crisis agudizada por el “Crack de la Bolsa de Nueva York”, que reinaba la corrupción bajo el gobierno del títere de Chiari, Florencio Arosemena, y que ellos estaban fuera del pastel, se alían con una facción liberal (de Domingo Díaz) para sacar del poder al chiarismo. Entre ellos estaban Enrique A. Jiménez, Francisco Arias Paredes, Samuel Lewis, entre otros, pertenecientes al llamado “Gabinete del Club Unión” o grupo de “Los Tigres” (12 cabezas de familia que controlaban económicamente al país y génesis de los que es la oligarquía panameña del siglo XX).
Para abreviar el cuento y no aburrir, mencionemos de pasada que, acorde con los tiempos que corrían, inicio de la fase de industrialización sustitutiva en América Latina, la oligarquía panameña aprovechó las negociaciones del Tratado Arias – Roosevelt, de 1936, para lograr acceso al mercado de la Zona del canal para algún producto manufacturado por ellos en Panamá. Cediendo el gobierno norteamericano en dos productos claves, cuyos negocios reorientaron la organización de la burguesía, pues su control pasó a ser la fuente de acumulación fundamental en las décadas de 1930 y 1940: la cerveza y la carne de res.
Así la Cervecería Nacional pasaría a ser eje de crecimiento de lo que luego sería el “holding” vinculado al Banistmo (hasta 2007); y el control del llamado “Abattoir Nacional” (matadero) la fuente de acumulación del negocio ganadero, controlado por Pancho Arias en los años 30 (cuyos descendientes se han agrupado en el Banco General) y fuente de disputas en los golpes y contragolpes de la segunda mitad de la década del 40 e inicios de los 50, en la que fue actor principal José R. Cantera,  al cual los rumores lo vinculan a negocios no muy lícitos que habrían motivado su asesinato, supuestamente.
Los mayores de 50 años recuerdan la crisis de fines del 68, cuando la oligarquía se separa de la alianza encabezada por el chiarismo (de Roberto hijo de Rodolfo), que había puesto de presidente de la república a Marco Robles, al que acusaron de “robarse hasta las vajillas de la presidencia”, para sumarse en una alianza “contra natura” en esas elecciones con Arnulfo Arias. El móvil: no querían la reforma tributaria que le haría pagar más impuestos que había diseñado el sucesor de a dedo de Robles, David Samudio.
El régimen militar sacó de la primera línea del escenario a los políticos de la oligarquía, suplantados por figuras castrenses o tecnócratas, lo que no impidió a empresas de la burguesía seguir usando al estado como fuente privilegiada de sus contratos, sino que se pregunte al bufete Morgan y Morgan o empresas constructoras como CUSA.
Hasta que un buen día una fracción de esa burguesía comprendió que Manuel Noriega y su plan de sustituir al ejército gringo en la zona del canal por un ejército panameño, castraba la posibilidad de usar el canal y sus áreas revertidas como fuente privilegiada de acumulación cuando revertiera en el año 2000. Entonces una fracción encabezada por los hermanos Lewis creo el llamado Grupo Modelo, nexo entre Washington y la Cruzada Civilista para sacar a “cara de piña”, acusado igual que Remón de nexos con negocios ilícitos.
La historia de la “democracia” impuesta por la tropas norteamericanas en 1989, a costa de cientos de muertos, es música conocida: os viejos clanes de la oligarquía, personificados por lo nietos del “Gabinete del Club Unión” han sido los beneficiarios de las privatizaciones y obras públicas de estos gobiernos, en los que ha penetrado con donaciones para campañas todos los partidos y han cogobernado con todos los presidentes.
Irónicamente, el partido más penetrado por la oligarquía es el PRD, cuyo ideario supuestamente se basaba en ser antioligárquico. No sólo su frente empresarial se tomó la directiva, liquidando al resto de los frentes, sino que sus figuras no han tenido ningún empacho en convertirse en el círculo cero de Martinelli al cual ayudaron a ganar la presidencia a costa de su copartidaria Balbina Herrera. De ahí que un buen número de los implicados en las actuales investigaciones como supuestos beneficiarios de peculados bajo el martinelato, aún están inscritos en el PRD.
Pero no pensemos como los obtusos chauvinistas que se han puesto de moda últimamente, y no creamos que la corrupción nos hace diferentes a los panameños del resto de la humanidad. No. La corrupción, como una forma rapaz de robar y expropiar a las mayorías, como una fuente de acumulación originaria de capital, es un sello del sistema capitalista internacional, iniciado en el siglo XVI.
El robo fue el punta pie inicial del sistema moderno de acumulación, pero el robo se mantiene como una forma de sostener las fortunas empresariales, en especial en periodos de crisis. Mientras haya capitalismo habrá corrupción. Y eso es lo que vemos en las noticias que llegan de todas partes. Por eso la única alternativa consecuente contra la corrupción es organizar a la clase trabajadora para romper la explotación capitalista, para construir el socialismo, es decir, una sociedad sin explotación de clases.
Si alguien le dice que las fortunas de la oligarquía local fueron construidas a costa de mucho trabajo, esfuerzo y ahorro por los abuelos de los actuales ricachones, cítele al propio Carlos Marx:
Esta acumulación originaria desempeña en economía política aproximadamente el mismo papel que el pecado original en la teología. Adán mordió la manzana y con ello, el pecado se posesionó del género humano. Se nos explica su origen contándolo como una anécdota del pasado. En tiempos muy remotos había, por un lado, una elite diligente, y por el otro una pandilla de vagos y holgazanes. Ocurrió así que los primeros acumularon riqueza y los últimos terminaron por no tener nada que vender excepto su pellejo. Y de este pecado original arranca la pobreza de la gran masa (que aún hoy, pese a todo su trabajo, no tiene nada que vender salvo sus propias personas) y la riqueza de unos pocos, que crece continuamente aunque sus poseedores hayan dejado de trabajar hace mucho tiempo” (El Capital, tomo I, Cap. XXIV).

viernes, 5 de junio de 2015

Tratado leonino que Panamá negocia en secreto.

50 países, entre ellos Panamá, pactan en secreto un tratado aún más antidemocrático y neoliberal que el TTIP

Wikileaks filtra el contenido de las negociaciones clandestinas entre medio centenar de gobiernos para establecer un acuerdo mundial secreto de comercio internacional de servicios que estará por encima de todas las regulaciones y normativas estatales y parlamentarias, en beneficio de las corporaciones

El secretista tratado de libre comercio TTIP entre EEUU y la UE parecía imbatible como Caballo de Troya de las multinacionales. Pero en realidad es casi una cortina de humo para tapar la verdadera alianza neoliberal planetaria: el Trade in Services Agreement (TiSA), un acuerdo todavía más antidemocrático de intercambio de servicios entre medio centenar de países, incluida España, que no sólo se está negociando en el más absoluto de los secretos sino que se pretende que siga clasificado, oculto al conocimiento público, durante otros cinco años cuando ya haya entrado en vigor y esté condicionando el 68,2% del comercio mundial de servicios.

El nivel de encubrimiento con el que se elaboran los artículos y anexos del TiSA –que cubren todos los campos, desde telecomunicaciones y comercio electrónico hasta servicios financieros, seguros y transportes– es incluso superior al del Trans-Pacific Partnership Agreement (TPPA) entre Washington y sus socios asiáticos, para el que se prevén cuatro años de vigencia en la clandestinidad. Sin embargo, Público ha accedido –gracias a su colaboración con Wikileaks–, en exclusiva para España, a los documentos originales reservados de la negociación en curso, donde queda patente que se está construyendo un complejo entramado de normas y reglas diseñadas para evadir las regulaciones estatales y burlar los controles parlamentarios sobre el mercado global.

Los asociados periodísticos de Wikileaks que participan junto a Público en esta exclusiva mundial son: The Age (Australia), Süddeutsche Zeitung (Alemania), Kathimerini (Grecia), Kjarninn (Islandia), L'Espresso (Italia), La Jornada (México), Punto24 (Turquía), OWINFS (Estados Unidos) y Brecha (Uruguay).

Los gobiernos que impulsan el TiSA son los mismos que impusieron el fallido modelo de la OMC y provocaron la crisis financiera global que estamos todavía pagando.

Además, el TiSA es impulsado por los mismos gobiernos (EEUU y los de la UE) que impusieron el fallido modelo financiero desregulado de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y que provocaron la crisis financiera global de 2007-2008 (el crash del casino bursátil mundial simbolizado por el hundimiento de Lehman Brothers) que arrastró a las economías occidentales y todavía estamos pagando tras casi un decenio de austeridad empobrecedora, recortes sociales y rescates bancarios. Y lo que precisamente trata de imponer este nuevo pacto neoliberal mundial es la continuidad e intensificación de ese sistema, en beneficio desorbitado de las grandes compañías privadas transnacionales y atando las manos de gobiernos e instituciones públicas.

Esos objetivos son evidentes en la intención de mantener el tratado secreto durante años, puesto que así se impide que los gobiernos que lo ejecutan tengan que rendir cuentas ante sus parlamentos y ciudadanos. También es patente la intención fraudulenta de esa negociación clandestina por su descarada violación de la Convención de Viena sobre la Ley de Tratados, que requiere trabajos preparatorios y debates previos entre expertos y académicos, agencias no gubernamentales, partidos políticos y otros actores… algo a todo punto imposible cuando la elaboración de un acuerdo se efectúa en estricto secreto y a escondidas de la luz pública.

Por el momento, los gobiernos implicados en la negociación secreta del TiSA son: Australia, Canada, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Estados Unidos, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, México, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Suiza, Taiwán, Turquía y la Comisión Europea, en representación de los 28 países miembros de la UE, pese a ser un organismo no electo por sufragio universal. Además, entre los socios hay tres paraísos fiscales declarados, que participan activamente en la elaboración de los artículos, especialmente Suiza.

Lo que se busca es eliminar todo control o limitación a la liberalización global de los servicios financieros, suprimiendo cualquier restricción a 'inventos' como los que provocaron la crisis.

Los textos de la negociación secreta del TiSA que ahora desvela Wikileaks muestran que lo que se pretende es eliminar todos los controles y obstáculos para la liberalización global de los servicios financieros, suprimiendo todo límite a sus instituciones y cualquier restricción a sus productos innovadores, a pesar de que fueron precisamente esos inventos financieros, como los derivados o los CDS (credit default swaps) –auténticas apuestas sobre posibles quiebras–, los que generaron la burbuja bursátil mundial que al estallar en 2007-2008 destruyó los fundamentos económicos de las potencias occidentales y obligó al rescate de esas entidades con cientos de miles de millones en fondos públicos.

Hace un año, Wikileaks ya filtró una pequeña parte de la negociación del TiSA (el anexo referido a Servicios Financieros, a fecha 19 de junio de 2014), pero hasta hoy no se había tenido acceso a las actas de las negociaciones secretas sobre todos los aspectos que cubrirá el futuro acuerdo: Finanzas (lo acordado a 23 de febrero de 2015), Telecomunicaciones, Comercio Electrónico, Transporte Aéreo y Marítimo, Distribución y Envíos, Servicios Profesionales, Transparencia, Movimientos de Personas Físicas, Regulaciones Nacionales Internas, Servicios Postales Universales…

Público ha tenido incluso acceso a las notas internas sobre las negociaciones con Israel y Turquía para que se adhiriesen al tratado secreto, algo que en cambio se negó a China y Uruguay cuando lo solicitaron, probablemente temiendo que filtrarían los contenidos del pacto en cuanto comprendieran el alcance de lo que se pretende.

Es revelador el listado de las naciones latinoamericanas que participan en el TiSA, todas ellas fieles aliadas de EEUU como Colombia, México y Panamá (paraíso fiscal que es muy activo en la negociación), así como la exclusión no sólo de los países bolivarianos sino incluso de Brasil y otras potencias regionales de las que Washington no se fía. En realidad, todas las potencias emergentes del llamado BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica) han quedado apartadas del tratado secreto, precisamente porque serán las que más pierdan al aplicarse las condiciones pactadas.

No cabe duda de que se busca impedir el debate que reclamaron muchos países, sobre todo Ecuador, tras el crash financiero sobre las razones que lo provocaron y las soluciones para que no vuelva a producirse. EEUU, Canadá, Australia, Suiza y la UE se opusieron frontalmente incluso a las conclusiones de la Comisión Stiglitz de la ONU, en 2009, negándose a aceptar la evidente relación entre la desregulación bancaria/bursátil y la crisis, y en 2013 bloquearon todo intento de discutirlo en el seno de la OMC.

Mientras el TiSA pretende seguir secreto durante cinco años tras su entrada en vigor, los firmantes exigen una transparencia absoluta a los poderes públicos, con la intención de burlarlos.

Entre lo más sarcástico del contenido del TiSA que ahora sale a la luz está la exigencia de transparencia total a las autoridades nacionales, que deberán anunciar de antemano y abrir a discusión previa todas las regulaciones y normativas que se dispongan a aplicar, asegurando así que las grandes corporaciones y los lobbies comerciales internacionales tengan tiempo y recursos para contrarrestar, modificar o incluso impedir esas decisiones soberanas en función de sus intereses.

Una imposición a los estamentos públicos que exigen los que no sólo pactan en secreto su propio modus operandi, sino que incluso pretenden que sus acuerdos ya en vigor permanezcan durante años como top secret, negando a los órganos de la soberanía popular hasta el conocimiento de las reglas que van a aplicar los gobiernos de cada país en sus relaciones internacionales.

En cambio, los acuerdos del TiSA –que se negocian al margen del Acuerdo General de Comercio en Servicios (GATS) y de la OMC– toman en cuenta todas y cada una de las exigencias de la industria financiera de Wall Street y la City londinense, así como los intereses de las grandes corporaciones multinacionales, para las que el tratado no sólo no es secreto sino su propio engendro. Como alertó hace meses la catedrática de Derecho de la Universidad de Auckland (Nueva Zelanda), Jane Kelsey, "el mayor peligro es que el TiSA impedirá a los gobiernos fortalecer las reglas del sector financiero".

Diseñado en estrecha consulta con ese sector financiero mundial, el TiSA obligará a los gobiernos firmantes a apuntalar y ampliar la desregulación y liberalización bursátil causantes de la crisis; les quitará el derecho de mantener y controlar los datos financieros dentro de sus territorios; los forzará a aceptar derivados crediticios tóxicos; y los atará de manos si tratan de adoptar medidas para impedir o responder a otra recesión inducida por el neoliberalismo. Y todo ello será impuesto por unos acuerdos secretos, sin que la opinión pública se pueda enterar de los verdaderos motivos que arrastran su sociedad a la ruina.

A menos que los órganos de la soberanía popular impidan este golpe de Estado económico mundial.