La ONU retrocede ante los carteles de las drogas.

Marco A. Gandásegui, hijo.

La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) celebró a mediados de abril una sesión especial (UNGASS, siglas en inglés) para tratar el tráfico ilegal de las drogas que se ha convertido en un problema global. El mundo esperaba una declaración de los gobiernos de los 193 países miembros de la ONU que pusiera en perspectiva algún tipo de solución o mitigación de la plaga que está atacando el mismo tejido social de países que van desde Colombia hasta EEUU, y desde Afganistán a México.

Según los analistas de las diferentes capitales mundiales, el UNGASS aprobó una resolución que deja intacto lo existente: la ‘guerra contra las drogas’, el desconocimiento de los problemas de salud que representa el problema y el desinterés en establecer estrategias reales para combatir la epidemia.

Desde 1961 el convenio de la ONU sobre las Drogas ha centrado su atención en la criminalización y la erradicación de las drogas. Sin embargo, hay suficiente evidencia que indica que esta política ha fracasado en reducir la producción y consume. Aún peor,  la política ha tenido repercusiones negativas sobre los derechos humanos, la salud y el desarrollo a escala global. ¿Qué explica esta obstinación con la ‘guerra contra las drogas’ y el rechazo de soluciones más realistas para contribuir al bienestar de una porción creciente de la población mundial?

Veamos dos ejemplos. En América latina los países andinos eran los productores principales de cocaína a fines del siglo pasado. Colombia seguía en importancia a Bolivia y Perú. Sin embargo, cuando Bolivia decidió poner fin a la producción para la exportación tuvo que expulsar del país a los agentes de la DEA de EEUU. La experiencia peruana fue similar.

En la década de 1980, Colombia producía el 10 por ciento de la cocaína que era exportada a EEUU. Sin embargo, cuando EEUU intervino militarmente en Colombia para acabar supuestamente con la producción de cocaína, el país se convirtió rápidamente en el exportador principal de la región. Según la ONU, Colombia produce el 90 por ciento de las hojas de coca, materia prima de la cocaína.

EEUU ha invertido más de 30 mil millones de dólares en el ‘Plan Colombia’ que consiste en la ‘Guerra contra las drogas’. Según cálculos del gobierno de Bogotá, han muerto 220 mil civiles y más de 5 millones de personas han sido desplazados por los efectos del conflicto armado.

En 2002 EEUU invadió Afganistán, en el centro asiático, para derrocar al gobierno de los Talibán (Estudiantes del Corán) que consideraba su enemigo. Los talibán habían erradicado el cultivo de la amapola promovido por los ‘Señores de la Guerra’ que lo antecedieron. Cuando las tropas norteamericanas ocuparon Afganistán lo primero que hizo Washington fue restablecer la producción industrial de la amapola para la exportación a EEUU.

Los efectos de esta producción de cocaína y heroína en Colombia y Afganistán, respectivamente, tiene dos efectos catastróficos para EEUU.

En primer lugar, las calles de sus ciudades son inundadas por drogas ilícitas que arruina la vida de los jóvenes, especialmente de esos reprimidos (llamadas ‘minorías’). EEUU tiene el 25 por ciento de las personas privadas de libertad en el mundo. La política carcelaria y la represión de los consumidores de drogas afectan sobre todo a la población reprimida (‘minorías). Aunque las personas de ascendencia europea (blancas) consumen cinco veces lo que consume la población negra, estos últimos tienen 10 veces más prisioneros por consumo de drogas.

En segundo lugar, genera rentas extraordinarias para los carteles bancarios que operan en ese país. Se calcula que EEUU concentra la mitad del circulante mundial que genera el tráfico ilícito de drogas que supera los 950 mil millones de dólares.

EEUU y Rusia encabezaron la oposición a la discusión en torno a la necesidad de reformular la política de la ONU. Panamá siguió la pauta sentada por las potencias mundiales y se abstuvo de presentar alternativas viables para poner fin al flagelo.

La Declaración final si incluye un llamado tibio a reducir las penas carcelarias asociadas con el consumo de drogas. Además, plantea la necesidad de aumentar los servicios de salud para los adictos.  Sin embargo, el Observatorio Global sobre las Drogas, con sede en Gran Bretaña, calificó al documento aprobado por la UNGASS como “una vergüenza, va en contra de la ciencia, la razón y la evidencia de varias décadas de esfuerzos inútiles”. 

Profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del CELA.

El golpe de estado de la OEA.

Luis Britto García

Revela el ministro de la Defensa Vladimir Padrino López que hay un golpe de Estado en marcha.

¿Necesito recordarle al lector que desde su creación en 1948 la Organización de Estados Americanos ha legitimado todas las intervenciones perpetradas por Estados Unidos, entre otras las de Nicaragua, Guatemala, Cuba, República Dominicana, Chile, Panamá, Grenada, Haití, Venezuela, Paraguay  y Honduras?

¿Debo rememorar que la mañana del 11 de abril de 2002 el embajador de Estados Unidos Charles Shapiro salió en todos los diarios declarando que Venezuela estaba “fuera de la Carta Democrática de la OEA”, para legitimar el golpe que se daría horas después?

¿Recapitularé que la OEA no tomó ninguna medida contra la dictadura de Carmona, y sólo a instancias del movimiento social MINGA solicitó informes sobre el paradero del Presidente secuestrado, en comunicación donde reconocía al dictador como gobierno?

¿Citaré que aunque Venezuela denunció la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA en 2012, cuatro años después la Comisión Interamericana todavía sigue levantando Informes  contra nuestro país y convirtiéndolos en demandas ante la Corte Interamericana?

¿Denunciaremos una vez más que dicha Comisión condena de antemano a Venezuela; que sólo le permite 20 minutos para defenderse de Informes con 373 cláusulas incriminatorias, y que publica íntegro el Informe acusatorio, pero ni una línea de la defensa?

¿Debemos recapitular que en las  373 cláusulas del libelo sobre 2014 la Comisión acumula  42 desconocimientos de la soberanía de Venezuela y de su derecho a elegir su sistema político, económico y social,  144  denuncias sobre casos no resueltos por la jurisdicción interna,  198 casos fundados sólo en recortes de prensa,  30 en mensajes de twitter.  159 en  afirmaciones de ONG’s, financiadas por Estados Unidos, 116 basadas sólo en opiniones de la propia CIDH,  220 sin  ningún tipo de  datos, y  163 con inaceptable usurpación de la titularidad de la acción.’

No extraña entonces que la OEA: fije una audiencia contra Venezuela en Washington el 4 de abril, y según declara el embajador Bernardo Álvarez, Estados Unidos le niega la visa al personal de la Agencia para la Defensa de los Derechos Humanos ante los Organismos Internacionales, que trata de viajar  para defender a su país.

Con razón el secretario general de la OEA Luis Almagro aparece el 27 de abril invocando contra Venezuela la misma Carta Democrática de esa organización: que esgrimió el embajador Shapiro contra Chávez el 11 de abril de 2002. Nada más democrático que acusar a un país e impedirle que se defienda.

Con recursos de esa índole se obtuvo de la Corte Penal de La Haya la orden de detención contra Kadafi que culminó en la destrucción de Libia.

Venezuela no puede estar sometida a organismos que le niegan el derecho a la defensa. 

EEUU: El paraíso fiscal por excelencia.

Marco A. Gandásegui, hijo.

Los medios de comunicación más poderosos del mundo no saben cuanto dinero sucio está escondido en los paraísos fiscales (incluyendo las jurisdicciones norteamericanas y británicas). Según The Economist, puede superar los 25 millones de millones de dólares.

Lo único que la revista londinense afirma como seguro es que la porción de EEUU tiende a crecer. En la actualidad es el imán más poderoso para atraer dinero de otras partes del mundo. Por un lado, porque ofrece las garantías que sólo la potencia mundial puede dar. Por el otro, porque ha desatado una campaña global contra todos los centros financieros que esconden dineros de procedencia dudosa. Hay un flujo de dinero hacia EEUU procedente de cuentas antes bien guardadas en Europa (Suiza) y el Caribe.

El periódico alemán Die Ziet, que compite con la Gaceta del Sur de Alemania, que reveló los archivos de que Mossack-Fonseca, asegura que EEUU se ha convertido en el nuevo paraíso fiscal que reemplazó a Suiza. Firmas como Mossak-Fonseca son pequeñas comparadas a los gigantes Rothchild y Trident Trust que compiten en EEUU por prestarle asesoría a quienes quieren esconder su dinero en ese país. “Negocios se hacen a través de sus subsidiarias que operan en estados como Dakota del Sur y Nevada que tienen leyes que respetan los secretos de las empresas y cuyos gerentes no hacen preguntas”, según The Economist.

Los paraísos fiscales en EEUU son muy apetecidos por quienes están evadiendo el pago de impuestos. Según la revista británica, los estados norteamericanos que se especializan en recibir dinero de procedencia dudosa no le interesa cooperar con las leyes de otros países. Incluso, los paraísos fiscales norteamericanos no consideran que la evasión de impuestos por parte de ciudadanos de otros países constituye una infracción. Se creen libres de cualquier insinuación de que sus operaciones de lavado de dinero son ilegales.

Los bancos europeos – igual que Mossack-Fonseca – que pierden sus clientes buscan socios en EEUU para abrir cuentas que beneficie a los dos operadores. Por ejemplo, los operadores suizos le recomiendan a sus clientes que cierren sus cuentas en el país alpino y abran otra en un banco norteamericano. El cliente transfiere su dinero de dudosa procedencia a EEUU y, al mismo tiempo, nombra al operador suizo como su asesor financiero. Para todos los efectos la cuenta es considerada por las autoridades de EEUU como norteamericana.

EEUU creó en 2010 una ley que requiere a los bancos en otros países a declarar los nombres y cuentas de sus clientes norteamericanos (FATCA). Washington somete a esas personas a declarar sus impuestos en EEUU aunque su dinero está en el extranjero o haya sido generado en negocios fuera de su jurisdicción. A pesar de tener este poderoso instrumento que desconoce fronteras e identifica a los norteamericanos, no importa donde estén, Washington no es recíproco.

EEUU no quiere reconocer el mecanismo que la OECD ha creado (CRS) que pretende crear cierta ‘transparencia’ en las operaciones financieras de sus países miembros. De paso, la OECD le impone sus reglas de ‘transparencia’ a los demás países del mundo, incluyendo a Panamá y Suiza. EEUU le ha informado oficialmente a la OECD que quiere suscribir el mecanismo de transparencia que presenta la CRS.

Sin embargo, Washington alega que es muy complicado y difícil sentar a los 50 estados miembros de la ‘Unión’ para redactar un reglamento común para todos. Obviamente, es una excusa muy débil para continuar con la política de atraer los millones de millones de dólares escondidos en paraísos fiscales fuera de EEUU. A diferencia de Panamá e, incluso, Suiza, el poderío económico y militar de EEUU puede doblarle el brazo a los miembros de la OECD. Las cuentas de dudosa procedencia del mundo entero, especialmente de los países más ricos, buscan refugio en EEUU donde las reglas de la CRS no se aplican.

Panamá pretendió también ignorar a la OECD y su mecanismo de control (CRS). Sin embargo, después del ‘affaire’ Mosack-Fonseca el gobierno del presidente Varela lo está reconsiderando. Las firmas panameñas que prestan servicios a los cuenta-habientes de todo el mundo están mirando hacia EEUU para ver como pueden emular a los suizos para no perder su clientela. La guerra financiera la está ganando, por ahora, EEUU. El premio no es más ni menos que los millones de millones de dólares que están escondidos en paraísos fiscales en todo el mundo. 

Profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del CELA.