Las consecuencias económicas del presidente.

Juan Jované

De acuerdo al Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) la economía panameña sigue mostrando graves signos de desaceleración. Concretamente este indicador que durante el primer cuatrimestre del año pasado mostró un crecimiento del 5.05%, solo alcanzó a 4.17% en el mismo período de este año. La situación, sin embargo, resulta más grave si se toman en cuenta otros importantes indicadores.

En el plano de los elementos de la llamada plataforma de servicios de exportación se puede señalar, para comenzar, que hasta mayo de 2016 la tasa de crecimiento de los ingresos por peajes del Canal de Panamá mostraron una tasa anual de crecimiento negativo equivalente al 2.7%, así mismo, para el mismo período, la carga total manejada por Sistema Portuario Nacional decreció en 19.1%, mientras que el total de reexportaciones de la Zona Libre de Colón se contrajo en 14.0%. Por lo que se refiere a los gastos efectuados por los pasajeros residentes en el exterior en nuestra economía, que incluye turistas, excursionistas y pasajeros en tránsito, si bien mostró hasta abril un crecimiento de 14.3%, este fue inferior al observado en el primer cuatrimestre del 2015, el cual fue de 23.3%.

En relación con las exportaciones de bienes la situación también resulta crítica. De acuerdo a las estadísticas oficiales disponibles el valor de estas exportaciones contabilizado durante los cincos primeros meses de este año resulta ser inferior en 8.4% al observado durante el mismo periodo del 2015.

Si bien es cierto que estos elementos guardan relación con las condiciones deterioradas de la economía internacional, lo cierto es que las dificultades también se evidencian en los sectores que fundamentalmente atienden el mercado interno, sobre los cuales las políticas económicas del gobierno si pueden tener un impacto positivo. Este no solo es el caso del sector agropecuario el cual, gracias a la decidia gubernamental, está al borde del colapso definitiva.

En el caso de la construcción, vinculada en gran medida a las construcciones públicas, se puede observar que para el período que hemos venido analizando la tasa de crecimiento del valor de las construcciones adicionales y reparaciones mostró un nivel negativo de 8.4%. A esto se puede añadir que la tasa negativa de crecimiento de la producción de cemento gris fue de 6.1%, mientras que la del cemento premezclado, para la que solo se tienen datos hasta abril, también fue negativa en 23.4%.

Para el caso de la industria las estadísticas oficiales muestran que hasta mayo de 2016 de las 16 ramas a las que el INEC les da seguimiento 9 muestran tasas negativas de crecimiento. A esto se debe agregar que la utilización de energía eléctrica para la industria alcanza una tasa anualizada de crecimiento de apenas 0.6%

Todo esto significa que el gobierno del presidente Juan Carlos Varela, lejos de lograr una estrategia exitosa para enfrentar la difícil situación de la economía internacional, así como una política contracíclica destinada a fortalecer los sectores vinculados con el agro la industria y la construcción, generó una grave situación económica. Estamos, entonces, frente a un gobierno que lastimosamente resultó ser un fiasco.

Historia patria y Universidad.

Julio Yao Villalaz

No es mi intención desgranar las múltiples cualidades que adornan al Dr. Eduardo Flores Castro, candidato a rector de la Universidad de Panamá (UP). Solo diremos que es profesor e investigador de altos quilates, ciudadano ejemplar, de origen y carácter humilde, patriota y, ante todo, persona preocupada por el futuro de la Casa de Méndez Pereira.

Estoy seguro de que hará las rectificaciones de los más graves escándalos de la administración actual y sabrá enderezar el rumbo de la nave universitaria.

Mi principal aporte al futuro rector será explicar los momentos o etapas cruciales de la Universidad que han guardado, a mi juicio, estrecha relación con la historia patria y ensayar de paso algunas notas sobre futuros retos.

Como ningún otro país, el istmo de Panamá ha tenido un desarrollo moldeado por fuerzas exógenas. Si bien parecía que habíamos aminorado el impacto del tsunami que nos está arrastrando desde hace siglos con el desmantelamiento de la Zona del Canal y la restauración de la soberanía, la ola sigue siendo la misma, solo que ahora continúa ahogándonos con mayor brutalidad.

La UP ha jugado un papel importante en el camino hacia una mayor independencia nacional, pero en las últimas décadas ha sido frenada indirectamente por las fuerzas invasoras que, desde el 20 de Diciembre de 1989, han cooptado a la partidocracia, convirtiendo a las élites en su instrumento de ocupación nacional. Todo lo que ocurrió en la historia de las relaciones con EE.UU. desde 1935 se generó primero o tuvo impacto directo en la UP.

Los universitarios participaron en 1958/1959 en las manifestaciones de afirmación soberana en la Zona del Canal (rector Narciso Garay). En el período 1964/1968, la UP se identificó con la lucha iniciada el 9 de Enero, aprobó la ruptura de relaciones con EE.UU. y apoyó la lucha estudiantil contra los proyectos de Tratados Robles-Johnson. Los planteamientos críticos de los estudiantes de Diplomacia abrieron cauce al Colegio Nacional de Abogados para rechazar los proyectos de Tratados (rector Bernardo Lombardo).

En el período 1972/1977, correspondiente a las negociaciones con EE.UU., los estudiantes estuvieron divididos entre quienes apoyaron al Gobierno torrijista y quienes se le opusieron (rectores Rómulo Escobar B. y Eligio Salas).

Durante la desestabilización y la intervención (1988/1989), que algunos llaman ‘crisis ', la invasión del 20 de Diciembre de 1989 y la ocupación militar del país (1989/1993), la UP fue clausurada y tuvo que autocensurarse (rectores Abdiel Adames y Carlos Iván Zúñiga). En la etapa del rector Zúñiga se creó el Instituto del Canal de Panamá y Estudios Internacionales, por iniciativa de los profesores Julio Yao y Juan Antonio Tack, excanciller de la República.

En el breve período del rector Julio Vallarino (2000-2003), quien esto escribe fue invitado a dar dos conferencias: ‘La Enmienda Platt Panameña ', en el paraninfo universitario, y ‘El Tratado Salas-Becker ', ante el Consejo Académico, el cual aprobó una Resolución en contra de estos acuerdos inconstitucionales, violatorios de la soberanía y el derecho internacional. Salvo actos esporádicos de orden cultural o político, entre 1994 y 2016 (salvando la rectoría de Julio Vallarino), el período correspondiente a Gustavo García de Paredes (casi veinte años) no se ha caracterizado por la defensa de la soberanía nacional, pero sí por el amordazamiento del movimiento estudiantil.

Además del esfuerzo por sanear la administración, renovar la academia, fortalecer la investigación y reinstaurar el movimiento estudiantil, el principal reto que enfrentará el nuevo rector será reconstruir la dignidad y la identidad nacional (el sentido de Patria) para sacar a Panamá del pozo de inmundicias en que se encuentra, recuperar el camino de la independencia frente a empresas depredadoras y la sumisión extranjera, luchar científicamente contra el cambio climático, alejarnos del Consenso de Washington y proponer un modelo de desarrollo económico que privilegie el empleo y la justicia social.

Los universitarios debemos debatir sobre la manera de deshacernos del Tratado de Neutralidad (nulo de toda nulidad) y de mantener una representación popular en la junta directiva de la Autoridad del Canal (ACP) para asegurar que el ‘patrimonio de la nación panameña ' redunde en un beneficio mayor y tangible para el pueblo.

Estas tareas son responsabilidad de todos los estamentos de la UP y no un deber exclusivo del rector. Los estudiantes deben organizarse unitariamente bajo una nueva Unión de Estudiantes Universitarios (UEU) que reconstruya y no siga destruyendo a la UP y al país que queremos bajo una sola bandera, la bandera de Panamá.

¡A la carga, pues, Dr. Eduardo Flores Castro!

Un balance de la gestión de Varela.

Marco A. Gandásegui, hijo.

La gestión del presidente Juan Carlos Varela, al cumplir dos años frente a la Presidencia de la República, (el 1 de julio) merece un balance. Hace poco más de dos años la ciudadanía sorprendió a todos dándole una mayoría relativa en las elecciones. Se decía que, entre los candidatos de los partidos tradicionales de la oligarquía panameña, era el menos malo. 

El pueblo panameño no espera mucho del ocupante del Palacio de las Garzas. Le pide tres cosas al nuevo mandatario: Primero, respeto para los sectores sociales reprimidos. Segundo, erradicar la corrupción que corroe el país. En tercer lugar, promover una política exterior favorable para los intereses de todos los panameños. 

Los sectores que dominan la economía del país, en cambio, si esperan mucho del presidente Varela. Para comenzar, mantener un ritmo de acumulación de riquezas basado en el despojo de los trabajadores. Además, organizar una alianza entre gobierno y empresa privada que le permita a esta última apropiarse de los contratos y concesiones más apetecibles. Por último, consolidar las relaciones entre la economía del país y los intereses de EE.UU. en el istmo.

Las encuestas que miden el desempeño de los políticos indican que el presidente Varela ha fracasado. Según éstas, sólo el 37 por ciento de los panameños consideran que el primer mandatario está haciendo un buen papel.

Las relaciones del gobierno con los sectores populares se iniciaron con malos augurios. El conflicto con el pueblo Ngobe-Buglé se agudizó con la ambigüedad mostrada en torno a la represa de Barro Blanco. Por otro lado, el Ministerio Público abrió expedientes contra varios ministros del gobierno anterior por delitos contra la cosa pública. Aún no se ven los resultados. El expresidente Ricardo Martinelli se auto-exilió en EE.UU. donde espera que se inicie un recurso de extradición.

Mientras que los imputados salían de sus encierros, por tecnicismos, comenzaron a producirse casos de corrupción en las propias filas del actual gobierno. A la falta de transparencia, se suman los tratados comerciales internacionales que arruinaron el  agro y acabaron con la industria. Los sindicatos y gremios han denunciado las políticas erradas del gobierno y exigen correctivos.

Los banqueros y rentistas tampoco le han dado buenas notas al gobierno panameño después de dos años de trabajo. La tasa de crecimiento anual de la economía ha disminuido significativamente. EEUU ha lanzado una campaña mediática de desprestigio contra Panamá promoviendo escándalos que van desde los papeles de Mossack y Fonseca, hasta las fallas de la recién inaugurada ampliación del Canal de Panamá.

En resumen durante los primeros dos años de gobierno, el presidente Varela ha demostrado que no tenía un plan de trabajo cuando llegó al poder. Su equipo tampoco ha demostrado imaginación para enfrentar los retos tanto internos como externos. La falta de transparencia, la corrupción y la inseguridad siguen siendo problemas sin soluciones.

El presidente Varela puede sacar a relucir algunos logros importantes: La inauguración de las esclusas ampliadas, el inicio de los trabajos en la línea 2 del Metro y algunos otros proyectos iniciados por gobiernos anteriores. Sus fracasos son más notorios: El Canal de Panamá no se integra a un plan de desarrollo del país. El agro se encuentra en una crisis terminal. Tanto el sector educativo como los servicios de salud pública han colapsado sin perspectivas para una recuperación ni a largo plazo.

Mientras que Buenaventura (Colombia), Limón (Costa Rica), Mariel (Cuba) y otros puertos se preparan para servir de terminales de trasbordo para las mercancías que llegan al Canal de Panamá, las autoridades locales se pelean en torno al proyecto del puerto de Corozal en la entrada de la vía interoceánica. Panamá tiene condiciones para construir varios puertos de alto calado a lo largo de sus costas en dos océanos. Durante los dos últimos años no se ha trabajado en proyectos para el futuro del país. Sólo hay interés en las rentas que pueden generar las concesiones a corto plazo.

Las perspectivas son grises, especialmente si analizamos la nueva política de EEUU hacia Panamá. La correlación de fuerzas sociales en el país continúa favoreciendo a los rentistas y especuladores, en detrimento de los sectores productivos. Según estadísticas del gobierno, con Varela el 70 por ciento de las riquezas que se producen en el país se distribuyen entre unos pocos propietarios y sólo el 30 por ciento llega a la masa de los trabajadores asalariados.