Por: Olmedo Beluche
A los 43 normalistas de
Ayotzinapa
Diez estudiantes del
Instituto Nacional, cuyas edades oscilan entre los 16 y 18 años, han cumplido
más de 70 días detenidos en condiciones que cualquier organismo internacional
de derechos humanos llamaría de tortura: presos incomunicados, sin que se le
presenten formalmente cargos de ningún tipo, sin que sus familiares los puedan
ver, ni sepan qué tipo de presiones sicológicas y físicas están sufriendo.
El gobierno de Varela y
su Procuraduría, siguiendo los pasos del criminal genocida George W. Bush, ha
acusado a los estudiantes de "terrorismo", y cree que esa acusación
basta para violar descaradamente la ley, la Constitución Política del país y
los principios más elementales del derecho moderno. La diferencia entre Bush y
Varela es que el primero se inventó llevar sus acusados de terrorismo a
Guantánamo, porque sabía que en territorio de Estados Unidos no puede mantener
a nadie preso indefinidamente, sin presentar cargos.
La cobardía de Varela,
sus asesores de seguridad y sus títeres en la Procuraduría es que hacen las
mismas arbitrariedades que Bush, pero no con hombres maduros, ni con
combatientes, sino con jóvenes estudiantes que apenas están alcanzado su
mayoría de edad. Y esto se hace en mazmorras de la Policía Nacional a sabiendas
que se está pisoteando las leyes nacionales, con el silencio cómplice de los
medios de comunicación y de entidades como el Colegio Nacional de Abogados.
La cobardía de las
autoridades panameñas llega al punto de que estos métodos de aislamiento y
tortura que practican con los estudiantes, no se atreven a usarlos con los asesinos
flagrantes, ni con los capos de las mafias, y menos con los millonarios que han
robado al estado.
La Constitución Política
vigente contiene un Título III donde están las garantías de las que deben gozar
todas las personas, incluyendo quienes violan las leyes, los delincuentes y los
"terroristas", en caso de que los hubiere.
El artículo 21 dice:
"Nadie puede ser privado de su libertad, sino en virtud de mandamiento
escrito de autoridad competente... Nadie puede ser detenido más de veinticuatro
horas sin ser puesto a órdenes de la autoridad competente. Los servidores
públicos que violen este precepto tienen como sanción la pérdida del empleo,
sin perjuicio de las penas que para el efecto establezca la ley".
El artículo 22 dice:
"Toda persona detenida debe ser informada inmediatamente y en forma que
le sea comprensible, de las razones de su detención y sus derechos
constitucionales y legales correspondientes. Las personas acusadas de haber
cometido un delito tienen derecho a que se presuma su inocencia mientras no se
pruebe su culpabilidad en juicio público que le haya asegurado todas las
garantías establecidas para su defensa. Quien sea detenido tendrá derecho,
desde ese momento, a la asistencia de un abogado en las diligencias policiales
y judiciales".
El artículo 23: "Todo individuo detenido fuera de los
casos y la forma que prescriben esta Constitución y la Ley, será puesto en
libertad a petición suya o de otra persona, mediante recurso de habeas corpus...".
Señor presidente Varela, señora procuradora
Porcell, ¿Estos principios del derecho moderno, vigentes en todos los países
democráticos desde el siglo XVIII y XIX, ya no valen en Panamá? ¿Este gobierno
nos va a sumergir en los abusos que practicaba la Santa Inquisición durante la
Edad Media europea? ¿A tal extremo irracional llega el fanatismo religioso del
presidente? ¿Ustedes están reviviendo métodos dictatoriales contra los que
supuestamente lucharon sus copartidarios?
Señor presidente Varela,
señora procuradora Porcell, si ustedes en verdad son respetuosos del derecho y
de la institucionalidad democrática, como dicen, presenten a los 10 estudiantes
con sus padres y sus abogados, presenten las evidencias que tienen contra
ellos, e inicien los procedimientos legales normales estatuidos por la
Constitución y la ley. La acusación de terrorismo, en caso de que se aplique a
este caso, de lo cual hay serias dudas, no le permite a ustedes las
autoridades, actuar arbitrariamente y violar los derechos humanos.
Los abusos que se
cometen contra esos institutores, la forma como procedieron a detener
arbitrariamente a un grupo de universitarios durante la última protesta y las
amenazas del ministro de seguridad de que no permitirán cierres de calle, nos
dicen que se configura un estado represor que, bajo la forma de una dictadura
civil, pretende criminalizar la protesta social. ¿Se están preparando para
reprimir las protestas contra las reformas a la Caja de Seguro Social, el
aumento de los impuestos, etc.?
Casi todos los
ciudadanos panameños fuimos testigos de los disturbios cometidos en el
Instituto Nacional y la mayoría de las personas, incluyendo activistas
políticos, sindicales, de derechos humanos y ex dirigentes estudiantiles,
deploramos y hemos repudiado públicamente el vandalismo irracional y el
atentado de que fuera víctima un apreciado docente del colegio y una alumna.
Nadie defiende esas acciones que, por supuesto, deben ser sancionadas.
Lo que no está muy claro
es que esas acciones califiquen bajo el delito de "terrorismo" y, si
así fuese, tampoco esto legitima actos de abuso de autoridad como los que se
están cometiendo. Lo que corresponde es que las autoridades prueben que los
detenidos son los responsables, que permitan a sus padres verlos, que puedan
actuar sus abogados y que, al final del proceso, se apliquen las sanciones
correspondientes atendiendo al principio de la rehabilitación, como
recientemente ha orientado el Papa Francisco. El catolicismo manifiesto del
presidente no debe permitirle olvidar ese principio.
También es importante
decir que la ciudadanía no se chupa el dedo, menos los institutores y mucho
menos los egresados del colegio: es evidente que, desde el gobierno de
Martinelli y la ministra Lucy Molinar, existe una conspiración para justificar
el cierre del Instituto Nacional. En ese momento, igual que este año, grupos
juveniles de los barrios aledaños vinculados con pandillas, que por detrás
parecen relacionadas con algunos políticos locales, crearon disturbios que
"justificaron" una entrada brutal de la policía en los predios de la
escuela.
En ese momento, se
organizó un gran movimiento nacional impulsado por insignes egresados del
Instituto Nacional que marchamos hasta la escuela junto a los estudiantes para
defenderla, con lo que la conspiración se desvaneció. Ahora vuelven incidentes
similares con el aditivo de un video de un grupo de enmascarados que se
presentan como institutores que realizan amenazas no muy políticas. Así que los
ciudadanos que tenemos tres dedos de frente, nos decimos: "aquí hay gato
encerrado".
Terminamos reiterando el
llamado al gobierno y al ministerio público a respetar el debido proceso,
porque los abusos, la represión indiscriminada, la destrucción de los espacios
y derechos democráticos, la violación sistemática de los derechos humanos, esas
prácticas dictatoriales son las que terminan produciendo situaciones de
violencia social y política, y verdaderos grupos terroristas. Eso lo muestra la
triste historia de países cercanos que se han deslizado por ese camino. Estamos
a tiempo, no sigamos sus pasos.
