Una verdad incómoda para el candidato.

Juan Jované

 

La importancia del sector agropecuario en nuestro país va más allá de las cifras  macroeconómicas, de acuerdo a las cuales este sector representa apenas el 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB). Esto no solo se evidencia si se tiene en cuenta que en el mismo se ubica el 17.0% de la población ocupada en el país, también se visibiliza en la importancia de la actividad agropecuaria en la mayoría de la provincias.

 

Si tomamos como referencia el conjunto del territorio nacional excluyendo las provincias de Panamá y Colón, encontramos que en el mismo la actividad agropecuaria representa de manera directa cerca del 15.0 % del PIB. A esto se debe añadir que para este conjunto territorial el sector agropecuario constituye una actividad central, la cual dinamiza al resto de los sectores económicos.

 

 Por lo que respecta al empleo se puede observar que en la provincia de Veraguas el 42.0% del empleo se ubica en el sector agropecuario, mientras que en  Coclé este indicador llega a 34.4%, seguido por Los Santos con 29.8%. Por su parte, Herrera y Chiriquí tienen el 26.7% y el 21.9% de su población laboral ocupada en el sector agropecuario, respectivamente.  En  el caso de Bocas del Toro el indicador analizado llega a 37.6%,  alcanzado su máxima altura  en Darién donde muestra un nivel de 55.6%.

 

Lo anterior permite una clara conclusión: la  actual política gubernamental que lleva hacia la desaparición del sector agropecuario tiene repercusiones catastróficas, tanto para el interior del país, cuya economía se vería prácticamente destruida, como para el área metropolitana,  que tendría que soportar una fuerte migración provocada por la destrucción de las fuentes de trabajo. Se necesitan, entonces, políticas alternativas, las cuales deben ser planteadas por los candidatos presidenciales en forma franca  y científica.

 

En el reciente Foro Presidencial Agropecuario el aspirante presidencial del PRD propuso, entre otras cosas, la posibilidad de promover la producción agropecuaria nacional para el mercado local a la vez que se mantenía el pleno apego y cumplimiento del Tratado de Promoción  Comercial. Se trata de un planteamiento que se aleja de la realidad. Así por ejemplo, es cierto que la compra de bienes agropecuarios dirigida exclusivamente hacia los productores nacionales es una importante forma de promover nuestro sector agropecuario. Sin embargo para aplicarla en toda sus posibilidades tendremos que salirnos necesariamente de los cauces del TPC.

 

 Esto fue una de las cosas que omitió aclarar el Sr. Navarro en el Foro Agropecuario, ya que el  Capítulo Nueve de dicho tratado, gracias al artículo 9.2, le otorga trato nacional a la contraparte.  Para ser justos en el debate debemos aclarar que si bien las notas en las que se definen las entidades participantes sirven para excluir los alimentos adquiridos por el ministerio de Educación, no lo hacen, por ejemplo,  para el caso del Ministerio de Salud ni el ministerio de Desarrollo Social. Además, el candidato del PRD omitió señalar que el tratado negociado promovido y firmado por su partido genera una gran incertidumbre al sector agropecuario al establecer en su artículo  3.3 que: “a solicitud de Cualquier Parte, las Partes realizarán consultas para examinar la posibilidad de acelerar la eliminación de los aranceles aduaneros”. Se trata, sin duda, de una presión permanente que para nada ayuda a la planeación a mediano y largo plazo.

 

No es menos cierto que el  aspirante del PRD al solio presidencial  también prescindió hablar  de la regulación de precios por parte del Estado,  con lo que dejó por fuera una importante palanca, que incluye al precio de sostén,  para alcanzar la seguridad y la soberanía alimentaria. Más allá de lo que hemos planteado en otros artículos, lo interesante a observa en este caso es como el candidato de ese partido se aleja de las propuestas de quien fue su creador. Para esto basta recordar lo planteado por el General Omar Torrijos Herrera el 11 de octubre de 1973 al referirse al problema del costo de la canasta básica: “… tuvimos que diseñar una política de producción nacional para poder producir las cosas básicas que nuestro país consume, a fin de poder regular lo que tenemos. Nadie puede regular lo que no existe”.

 

 A fin de cuentas estamos en una situación en la que de una u otra manera todos los partidos tradicionales se encuentran, de una u otra forma, vinculados con la política neoliberal que ha venido aplicándose en el país. Como hemos venido insistiendo solo se puede salvar al sector agropecuario rompiendo radicalmente con este enfoque.

jovajun@yahoo.com

Separación de Panamá, la historia desconocida.

Por Olmedo Beluche

Contrario a lo usualmente afirmado por la historia oficial panameña, la Separación de Panamá de Colombia en 1903, no fue producto de un movimiento genuinamente popular, ni de un anhelo liberador de los istmeños frente al “olvido” en que supuestamente nos tenía Bogotá. El estudio documental de la época más bien demuestra una integración cultural y política de los panameños en el conjunto de la nación colombiana, incluso entre los sectores de la oligarquía comercial conservadora de la ciudad de Panamá, que sería agente de la conspiración separatista (Beluche, 2003).

Las diversas crisis políticas producidas a lo largo del siglo XIX, expresadas en lo que nuestra historia llama genéricamente “actas separatistas” (1826, 1830, 1831, 1840-41, 1860), muchas veces han sido sacadas de su verdadero contexto para ser presentadas como expresiones de una nación en ciernes que viene a concretarse en 1903. Pero un repaso cuidadoso de los hechos que rodearon a cada una de esas coyunturas muestra que, más que un proceso de conformación nacional diferenciado de Colombia, estos movimientos expresaron conflictos políticos (liberales vs conservadores), económicos (librecambismo vs proteccionismo) y administrativos (federalismo vs centralismo) (Beluche, 1999).

En Panamá, conocer y aceptar los verdaderos móviles y actores de la Separación ha sido un parto que nos ha tardado cien años producir, pero al que están contribuyendo nuevas investigaciones recientemente aparecidas (Díaz Espino, 2003). Aunque hubo pioneros que desde hace décadas se atrevieron a señalar los hechos en toda su crudeza (Terán, 1976), sus trabajos fueron sistemáticamente ocultados y denigrados. También hubo historiadores extranjeros que abordaron objetivamente el acontecimiento, pero estos libros quedaron como material de especialistas y lejos del alcance del gran público (Lemaitre, 1971) (Duval, 1973).

Los actores principales de este drama son: el expansionismo imperialista de Estados Unidos, expresado en su carismático presidente Teodoro Roosevelt; la quebrada Compañía Nueva del Canal, de capitales franceses, representada por Philippe Bunau Varilla; en el centro de los hechos, el prominente abogado neoyorkino William N. Cromwell, verdadero cerebro de la separación, y representante legal tanto de la Compañía Nueva del Canal como de la Compañía de Ferrocarril de Panamá; los agentes norteamericanos y panameños de la Compañía del Ferrocarril, como José A. Arango y Manuel Amador Guerrero; y, por supuesto, el venal e inepto gobierno colombiano del Vicepresidente Marroquín.

A fines del siglo XIX, Estados Unidos iniciaba su proceso de expansión en el Caribe, desplazando de allí a sus otrora rivales, España e Inglaterra. A la primera le arrebató Cuba y Puerto Rico con la guerra de 1898; con la segunda firmó el Tratado Hay-Pauncefote en 1901, por el cual se reconocía la preeminencia norteamericana en la posible construcción de un canal por el istmo centroamericano. El canal era una necesidad lógica del desarrollo capitalista norteamericano, ya que era la única forma de integrar y comunicar sus costas atlántica y pacífica. 

En principio, la ruta privilegiada por Washington para construir este canal no era Panamá, sino Nicaragua, siguiendo el cauce del río San Juan hasta sus grandes lagos. Aquella parecía más factible y menos costosa, en especial si ya estaba el precedente del fracaso francés en la construcción del Canal por Panamá.
Mediante el Convenio Salgar-Wyse (1878) una empresa francesa, encabezada por el ingeniero Fernando de Lesseps, había iniciado la excavación del canal en 1880. Esta primera empresa fracasaría ante las enormes dificultades tecnológicas hacia 1888, dando paso a un nuevo intento con la Compañía Nueva en los años 90 del siglo XIX, que también fracasaría.

De manera que, para fines de 1901, la Comisión Walker del Congreso norteamericano, luego de estudiar ambas alternativas, se había pronunciado por la vía de Nicaragua, y el 18 de noviembre se firmó un tratado con ese país. ¿Qué motivó que dos años después Estados Unidos cambiara completamente de opinión?
La historia simplista narra que, en posteriores debates del Congreso, tanto Bunau Varilla como Cromwell mostraron estampillas de correo nicaraguenses en las que se aprecian los volcanes de este país, y que los senadores norteamericanos, impresionados por la explosión del volcán Mount Pelée, que había borrado del mapa la isla de Saint-Pierre, y por una falsa noticia de la erupción del Momotombo, entonces se decidieron por Panamá. 

Pero, ¿qué motivó al abogado Cromwell y al ingeniero francés Bunau Varilla a intervenir tan activamente para convencer a los senadores de adoptar la ruta panameña? Lo que no se cuenta es que, ya para 1896, la Compañía Nueva del Canal, a través su presidente Maurice Hautin, dada la incapacidad para terminar el Canal de Panamá, y ante la posibilidad de perder 250 millones de dólares en inversiones cuando expirara la concesión en 1904, había contratado a William N. Cromwell para convencer al gobierno norteamericano de comprarles sus propiedades.

Cromwell no se limitó al cabildeo para el que fue contratado, sino que inició un plan que denominó “americanización del canal”, por el cual reuniría un grupo de notables empresarios de Wall Street que sigilosamente comprarían las devaluadas acciones del “canal francés” y las revenderían a su gobierno. Para ello, su bufete Sullivan & Cromwell estaba en una posición privilegiada, ya que contaba con clientes como el banquero J. P. Morgan, entre otros. 

El 27 de diciembre de 1899, Cromwell fundó la Panama Canal Company of America, con 5,000 dólares de capital, emtiendo acciones por 5 millones, de la que participaron empresarios como: J.P. Morgan, J. E. Simmons, Kahn, Loeb & Co., Levi Morton, Charles Flint, I. Seligman (Díaz Espino, 2003).
Este grupo influyó en el prominente senador y líder republicano Mark Hanna, quien actuó como vocero de la “causa panameña”. Luego del asesinato del presidente McKinley, este grupo también convenció al presidente Teodoro Roosevelt, haciendo partícipes del negocio a Henry Taft, hermano del ministro de guerra y futuro presidente William Taft, y al cuñado de Roosevelt, Douglas Robinson.

El traspaso de la Compañía Nueva, de manos francesas a las yanquis, tardó varios meses por la resistencia inicial de Hautin a renunciar por completo a la empresa y vender a muy bajo precio. Sin embargo, la adopción de la propuesta por Nicaragua en 1901, sirvió de acicate a los accionistas franceses que sacaron de enmedio a Hautin, y nombraron vocero a Maurice Bo, director del banco Credit Lyonnais, y éste a su vez envió a Bunau Varilla para negociar con los norteamericanos. 

El negocio era redondo, se invirtieron 3.5 millones de dólares en las acciones de la Compañía Nueva, que fueron compradas en lotes pequeños, y se revenderían al gobierno norteamericano en 40 millones de dólares, obteniendo los inversionistas norteamericanos utilidades por cada acción por el orden del 1.233%.
Por supuesto, concretar el negociado pasaba: primero, por convencer al gobierno y al Congreso de Estados Unidos de optar por Panamá; segundo, firmar un tratado con Colombia que autorizara a ese país para terminar la obra iniciada por los franceses. En enero de 1902, el senador John Spooner a instancias de Roosevelt presentó el proyecto de ley que autorizaba a su gobierno a negociar con Panamá y que anulaba la precedente Ley Hepburn, que favorecía a Niacaragua.

Ese año el esfuerzo se centró en negociar con Colombia el tratado. Camino que estuvo lleno de dificultades, dada la actitud patriótica del negocaciador José Vicente Concha, que objetó reiteradamente aspectos leoninos del tratado propuestos por el Secretario de Estado John Hay. Sin embargo, la presión norteamericana pudo más, forzando al gobierno del Vicepresidente Marroquín a desautorizar reiteradamente a su embajador, el cual finalmente renunció. El camino quedó despejado para un acuerdo, firmado en enero de 1903 y que llevó el nombre de Tratado Herrán – Hay.

Pero este tratado, cayó como una bomba en Colombia, y Panamá por extensión. Mediante el acuerdo se segregaba una zona de 5 kilómetros a cada lado del canal, incluyendo ríos, lagos y los principales puertos, en la cual Norteamérica tendría plena jurisdicción. El “canal francés” sólo segregaba 200 metros a cada orilla sin menoscabo de la soberanía nacional. Además la compensación económica que se proponía (10 millones de abono y 250.000 dólares anuales) era evidentemente inferior a lo que ya el estado colombiano recibía por los derechos del ferrocarril (250 mil dólares anuales) y otros tantos por uso de los puertos. Comparado con el Salgar-Wyse, el Herrán-Hay era totalmente inconveniente.

Había otro escollo: el tratado contemplaba el pago de 40 millones de dólares que Estados Unidos haría a la Compañía Nueva del Canal en compensación, pero esto era completamente ilegal, pues estaba claramente prohibido por la Constitución y por el propio Salgar-Wyse, que impedía a esta empresa traspasar sus propiedades a un gobierno extranjero. El Tratado Herrán – Hay nació, pues, condenado por la opinión pública colombiana y panameña, especialmente por el menoscabo de la soberanía. 

El gobierno de Marroquín tuvo ante el Herrán – Hay una actitud incongruente: por un lado, había autorizado a su embajador a Tomás Herrán a firmarlo; por otro, no puso empeño en defenderlo, especialmente ante el Congreso, que fue convocado en junio de 1903 para ratificarlo. Pero no era la soberanía lo que preocupaba al gobierno de Marroquín, sino que se centró en tratar de recibir una tajada de los 40 millones que recibirían los accionistas de la compañía del canal.