miércoles, 27 de julio de 2016

Las consecuencias económicas del presidente.

Juan Jované
De acuerdo al Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) la economía panameña sigue mostrando graves signos de desaceleración. Concretamente este indicador que durante el primer cuatrimestre del año pasado mostró un crecimiento del 5.05%, solo alcanzó a 4.17% en el mismo período de este año. La situación, sin embargo, resulta más grave si se toman en cuenta otros importantes indicadores.
En el plano de los elementos de la llamada plataforma de servicios de exportación se puede señalar, para comenzar, que hasta mayo de 2016 la tasa de crecimiento de los ingresos por peajes del Canal de Panamá mostraron una tasa anual de crecimiento negativo equivalente al 2.7%, así mismo, para el mismo período, la carga total manejada por Sistema Portuario Nacional decreció en 19.1%, mientras que el total de reexportaciones de la Zona Libre de Colón se contrajo en 14.0%. Por lo que se refiere a los gastos efectuados por los pasajeros residentes en el exterior en nuestra economía, que incluye turistas, excursionistas y pasajeros en tránsito, si bien mostró hasta abril un crecimiento de 14.3%, este fue inferior al observado en el primer cuatrimestre del 2015, el cual fue de 23.3%.
En relación con las exportaciones de bienes la situación también resulta crítica. De acuerdo a las estadísticas oficiales disponibles el valor de estas exportaciones contabilizado durante los cincos primeros meses de este año resulta ser inferior en 8.4% al observado durante el mismo periodo del 2015.
Si bien es cierto que estos elementos guardan relación con las condiciones deterioradas de la economía internacional, lo cierto es que las dificultades también se evidencian en los sectores que fundamentalmente atienden el mercado interno, sobre los cuales las políticas económicas del gobierno si pueden tener un impacto positivo. Este no solo es el caso del sector agropecuario el cual, gracias a la decidia gubernamental, está al borde del colapso definitiva.
En el caso de la construcción, vinculada en gran medida a las construcciones públicas, se puede observar que para el período que hemos venido analizando la tasa de crecimiento del valor de las construcciones adicionales y reparaciones mostró un nivel negativo de 8.4%. A esto se puede añadir que la tasa negativa de crecimiento de la producción de cemento gris fue de 6.1%, mientras que la del cemento premezclado, para la que solo se tienen datos hasta abril, también fue negativa en 23.4%.
Para el caso de la industria las estadísticas oficiales muestran que hasta mayo de 2016 de las 16 ramas a las que el INEC les da seguimiento 9 muestran tasas negativas de crecimiento. A esto se debe agregar que la utilización de energía eléctrica para la industria alcanza una tasa anualizada de crecimiento de apenas 0.6%
Todo esto significa que el gobierno del presidente Juan Carlos Varela, lejos de lograr una estrategia exitosa para enfrentar la difícil situación de la economía internacional, así como una política contracíclica destinada a fortalecer los sectores vinculados con el agro la industria y la construcción, generó una grave situación económica. Estamos, entonces, frente a un gobierno que lastimosamente resultó ser un fiasco.

lunes, 4 de julio de 2016

Historia patria y Universidad.

Julio Yao Villalaz

No es mi intención desgranar las múltiples cualidades que adornan al Dr. Eduardo Flores Castro, candidato a rector de la Universidad de Panamá (UP). Solo diremos que es profesor e investigador de altos quilates, ciudadano ejemplar, de origen y carácter humilde, patriota y, ante todo, persona preocupada por el futuro de la Casa de Méndez Pereira.

Estoy seguro de que hará las rectificaciones de los más graves escándalos de la administración actual y sabrá enderezar el rumbo de la nave universitaria.

Mi principal aporte al futuro rector será explicar los momentos o etapas cruciales de la Universidad que han guardado, a mi juicio, estrecha relación con la historia patria y ensayar de paso algunas notas sobre futuros retos.

Como ningún otro país, el istmo de Panamá ha tenido un desarrollo moldeado por fuerzas exógenas. Si bien parecía que habíamos aminorado el impacto del tsunami que nos está arrastrando desde hace siglos con el desmantelamiento de la Zona del Canal y la restauración de la soberanía, la ola sigue siendo la misma, solo que ahora continúa ahogándonos con mayor brutalidad.

La UP ha jugado un papel importante en el camino hacia una mayor independencia nacional, pero en las últimas décadas ha sido frenada indirectamente por las fuerzas invasoras que, desde el 20 de Diciembre de 1989, han cooptado a la partidocracia, convirtiendo a las élites en su instrumento de ocupación nacional. Todo lo que ocurrió en la historia de las relaciones con EE.UU. desde 1935 se generó primero o tuvo impacto directo en la UP.

Los universitarios participaron en 1958/1959 en las manifestaciones de afirmación soberana en la Zona del Canal (rector Narciso Garay). En el período 1964/1968, la UP se identificó con la lucha iniciada el 9 de Enero, aprobó la ruptura de relaciones con EE.UU. y apoyó la lucha estudiantil contra los proyectos de Tratados Robles-Johnson. Los planteamientos críticos de los estudiantes de Diplomacia abrieron cauce al Colegio Nacional de Abogados para rechazar los proyectos de Tratados (rector Bernardo Lombardo).

En el período 1972/1977, correspondiente a las negociaciones con EE.UU., los estudiantes estuvieron divididos entre quienes apoyaron al Gobierno torrijista y quienes se le opusieron (rectores Rómulo Escobar B. y Eligio Salas).

Durante la desestabilización y la intervención (1988/1989), que algunos llaman ‘crisis ', la invasión del 20 de Diciembre de 1989 y la ocupación militar del país (1989/1993), la UP fue clausurada y tuvo que autocensurarse (rectores Abdiel Adames y Carlos Iván Zúñiga). En la etapa del rector Zúñiga se creó el Instituto del Canal de Panamá y Estudios Internacionales, por iniciativa de los profesores Julio Yao y Juan Antonio Tack, excanciller de la República.

En el breve período del rector Julio Vallarino (2000-2003), quien esto escribe fue invitado a dar dos conferencias: ‘La Enmienda Platt Panameña ', en el paraninfo universitario, y ‘El Tratado Salas-Becker ', ante el Consejo Académico, el cual aprobó una Resolución en contra de estos acuerdos inconstitucionales, violatorios de la soberanía y el derecho internacional. Salvo actos esporádicos de orden cultural o político, entre 1994 y 2016 (salvando la rectoría de Julio Vallarino), el período correspondiente a Gustavo García de Paredes (casi veinte años) no se ha caracterizado por la defensa de la soberanía nacional, pero sí por el amordazamiento del movimiento estudiantil.

Además del esfuerzo por sanear la administración, renovar la academia, fortalecer la investigación y reinstaurar el movimiento estudiantil, el principal reto que enfrentará el nuevo rector será reconstruir la dignidad y la identidad nacional (el sentido de Patria) para sacar a Panamá del pozo de inmundicias en que se encuentra, recuperar el camino de la independencia frente a empresas depredadoras y la sumisión extranjera, luchar científicamente contra el cambio climático, alejarnos del Consenso de Washington y proponer un modelo de desarrollo económico que privilegie el empleo y la justicia social.

Los universitarios debemos debatir sobre la manera de deshacernos del Tratado de Neutralidad (nulo de toda nulidad) y de mantener una representación popular en la junta directiva de la Autoridad del Canal (ACP) para asegurar que el ‘patrimonio de la nación panameña ' redunde en un beneficio mayor y tangible para el pueblo.

Estas tareas son responsabilidad de todos los estamentos de la UP y no un deber exclusivo del rector. Los estudiantes deben organizarse unitariamente bajo una nueva Unión de Estudiantes Universitarios (UEU) que reconstruya y no siga destruyendo a la UP y al país que queremos bajo una sola bandera, la bandera de Panamá.


¡A la carga, pues, Dr. Eduardo Flores Castro!

Un balance de la gestión de Varela.

Marco A. Gandásegui, hijo.

La gestión del presidente Juan Carlos Varela, al cumplir dos años frente a la Presidencia de la República, (el 1 de julio) merece un balance. Hace poco más de dos años la ciudadanía sorprendió a todos dándole una mayoría relativa en las elecciones. Se decía que, entre los candidatos de los partidos tradicionales de la oligarquía panameña, era el menos malo. 

El pueblo panameño no espera mucho del ocupante del Palacio de las Garzas. Le pide tres cosas al nuevo mandatario: Primero, respeto para los sectores sociales reprimidos. Segundo, erradicar la corrupción que corroe el país. En tercer lugar, promover una política exterior favorable para los intereses de todos los panameños. 

Los sectores que dominan la economía del país, en cambio, si esperan mucho del presidente Varela. Para comenzar, mantener un ritmo de acumulación de riquezas basado en el despojo de los trabajadores. Además, organizar una alianza entre gobierno y empresa privada que le permita a esta última apropiarse de los contratos y concesiones más apetecibles. Por último, consolidar las relaciones entre la economía del país y los intereses de EE.UU. en el istmo.

Las encuestas que miden el desempeño de los políticos indican que el presidente Varela ha fracasado. Según éstas, sólo el 37 por ciento de los panameños consideran que el primer mandatario está haciendo un buen papel.

Las relaciones del gobierno con los sectores populares se iniciaron con malos augurios. El conflicto con el pueblo Ngobe-Buglé se agudizó con la ambigüedad mostrada en torno a la represa de Barro Blanco. Por otro lado, el Ministerio Público abrió expedientes contra varios ministros del gobierno anterior por delitos contra la cosa pública. Aún no se ven los resultados. El expresidente Ricardo Martinelli se auto-exilió en EE.UU. donde espera que se inicie un recurso de extradición.

Mientras que los imputados salían de sus encierros, por tecnicismos, comenzaron a producirse casos de corrupción en las propias filas del actual gobierno. A la falta de transparencia, se suman los tratados comerciales internacionales que arruinaron el  agro y acabaron con la industria. Los sindicatos y gremios han denunciado las políticas erradas del gobierno y exigen correctivos.

Los banqueros y rentistas tampoco le han dado buenas notas al gobierno panameño después de dos años de trabajo. La tasa de crecimiento anual de la economía ha disminuido significativamente. EEUU ha lanzado una campaña mediática de desprestigio contra Panamá promoviendo escándalos que van desde los papeles de Mossack y Fonseca, hasta las fallas de la recién inaugurada ampliación del Canal de Panamá.

En resumen durante los primeros dos años de gobierno, el presidente Varela ha demostrado que no tenía un plan de trabajo cuando llegó al poder. Su equipo tampoco ha demostrado imaginación para enfrentar los retos tanto internos como externos. La falta de transparencia, la corrupción y la inseguridad siguen siendo problemas sin soluciones.

El presidente Varela puede sacar a relucir algunos logros importantes: La inauguración de las esclusas ampliadas, el inicio de los trabajos en la línea 2 del Metro y algunos otros proyectos iniciados por gobiernos anteriores. Sus fracasos son más notorios: El Canal de Panamá no se integra a un plan de desarrollo del país. El agro se encuentra en una crisis terminal. Tanto el sector educativo como los servicios de salud pública han colapsado sin perspectivas para una recuperación ni a largo plazo.

Mientras que Buenaventura (Colombia), Limón (Costa Rica), Mariel (Cuba) y otros puertos se preparan para servir de terminales de trasbordo para las mercancías que llegan al Canal de Panamá, las autoridades locales se pelean en torno al proyecto del puerto de Corozal en la entrada de la vía interoceánica. Panamá tiene condiciones para construir varios puertos de alto calado a lo largo de sus costas en dos océanos. Durante los dos últimos años no se ha trabajado en proyectos para el futuro del país. Sólo hay interés en las rentas que pueden generar las concesiones a corto plazo.

Las perspectivas son grises, especialmente si analizamos la nueva política de EEUU hacia Panamá. La correlación de fuerzas sociales en el país continúa favoreciendo a los rentistas y especuladores, en detrimento de los sectores productivos. Según estadísticas del gobierno, con Varela el 70 por ciento de las riquezas que se producen en el país se distribuyen entre unos pocos propietarios y sólo el 30 por ciento llega a la masa de los trabajadores asalariados.

martes, 28 de junio de 2016

La perversa estrategia de los sectores dominantes.

Juan Jované

Recientemente los voceros tradicionales de los grupos dominantes del país, quienes aseguraron ad nauseam que el actual modelo de crecimiento estaba totalmente blindado contra la crisis, han venido admitiendo la presencia de importantes problemas en la economía panameña. No se trata, conviene aclarar, de una posición referida exclusivamente a la coyuntura, sino también a la dimensión estructural. No es en vano que un connotado exministro de Planificación y Política Económica, quien puede considerarse uno de los más importantes promotores del neoliberalismo, haya aseverado que existen “señales de agotamiento del modelo”, de manera que “la economía necesita, por tanto, una redefinición”.

Para comprender el tipo de ajustes que los sectores dominantes pretenden introducir al modelo existente, podemos referirnos nuevamente a las declaraciones del exministro. Este propone, como visión básica, profundizar el aperturismo hacia el exterior, lo cual significa desarrollar nuevos enclaves que operen dentro de la plataforma de servicios de exportación. Para asegurar esto plantea el objetivo de “reducir el número de impuestos y simplificar su administración”. En el plano laboral afirma que “el régimen laboral panameño no es competitivo”, lo que apunta hacia una nueva reforma al Código de Trabajo, con el consiguiente deterioro de las condiciones económicas y laborales de los trabajadores y trabajadoras.

De lo anterior se desprende que estamos frente a la tradicional estrategia neoliberal conocida como “carrera hacia el fondo”. De acuerdo a esta la competitividad externa se genera reduciendo impuestos para atraer capital externo. Esto, necesariamente, limita la posibilidad de las inversiones sociales guiadas hacia la educación, la salud y la seguridad alimentaria, lo que es incompatible con el objetivo de elevar la calidad y complejidad de la fuerza de trabajo. En el plano laboral esta estrategia se guía hacia la llamada “competitividad espuria”, que permite un incremento de las ganancias sostenida en una presión negativa sobre los salarios y las condiciones laborales.

Al circunscribir la diversificación a una extensión de la actual economía de enclave, el ajuste propuesto, además de mantener el carácter inestable y vulnerable de la inserción externa, introduce un elemento de inviabilidad a la estrategia propuesta. Esto se evidencia si se toma en cuenta que, tal como lo ha señalado la CEPAL en su documento “Horizonte 2030: la igualdad en el centro del desarrollo sostenible”, la economía globalizada se caracteriza ahora por una significativa desaceleración en la tasa de crecimiento, una menor dinámica a nivel de las inversiones, así como por una no menos importante reducción de la tasa de crecimiento del comercio internacional.

Los sectores dominantes, centrados en sus intereses inmediatos que apuntan hacia la continuidad  y profundización del modelo económico concentrante y excluyente que ha caracterizado a nuestra economía, han perdido todo sentido histórico y de apego a la realidad objetiva. El país precisa de una estrategia económica alternativa, la cual constituya la base material para un proyecto de nación centrado en la autonomía, la eficiencia y eficacia económica, la justicia social y la sostenibilidad ambiental.  Para esto se necesita construir una fuerza política alternativa que represente los intereses de las grandes mayorías.

martes, 10 de mayo de 2016

La ONU retrocede ante los carteles de las drogas.

Marco A. Gandásegui, hijo.

La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) celebró a mediados de abril una sesión especial (UNGASS, siglas en inglés) para tratar el tráfico ilegal de las drogas que se ha convertido en un problema global. El mundo esperaba una declaración de los gobiernos de los 193 países miembros de la ONU que pusiera en perspectiva algún tipo de solución o mitigación de la plaga que está atacando el mismo tejido social de países que van desde Colombia hasta EEUU, y desde Afganistán a México.

Según los analistas de las diferentes capitales mundiales, el UNGASS aprobó una resolución que deja intacto lo existente: la ‘guerra contra las drogas’, el desconocimiento de los problemas de salud que representa el problema y el desinterés en establecer estrategias reales para combatir la epidemia.

Desde 1961 el convenio de la ONU sobre las Drogas ha centrado su atención en la criminalización y la erradicación de las drogas. Sin embargo, hay suficiente evidencia que indica que esta política ha fracasado en reducir la producción y consume. Aún peor,  la política ha tenido repercusiones negativas sobre los derechos humanos, la salud y el desarrollo a escala global. ¿Qué explica esta obstinación con la ‘guerra contra las drogas’ y el rechazo de soluciones más realistas para contribuir al bienestar de una porción creciente de la población mundial?

Veamos dos ejemplos. En América latina los países andinos eran los productores principales de cocaína a fines del siglo pasado. Colombia seguía en importancia a Bolivia y Perú. Sin embargo, cuando Bolivia decidió poner fin a la producción para la exportación tuvo que expulsar del país a los agentes de la DEA de EEUU. La experiencia peruana fue similar.

En la década de 1980, Colombia producía el 10 por ciento de la cocaína que era exportada a EEUU. Sin embargo, cuando EEUU intervino militarmente en Colombia para acabar supuestamente con la producción de cocaína, el país se convirtió rápidamente en el exportador principal de la región. Según la ONU, Colombia produce el 90 por ciento de las hojas de coca, materia prima de la cocaína.

EEUU ha invertido más de 30 mil millones de dólares en el ‘Plan Colombia’ que consiste en la ‘Guerra contra las drogas’. Según cálculos del gobierno de Bogotá, han muerto 220 mil civiles y más de 5 millones de personas han sido desplazados por los efectos del conflicto armado.

En 2002 EEUU invadió Afganistán, en el centro asiático, para derrocar al gobierno de los Talibán (Estudiantes del Corán) que consideraba su enemigo. Los talibán habían erradicado el cultivo de la amapola promovido por los ‘Señores de la Guerra’ que lo antecedieron. Cuando las tropas norteamericanas ocuparon Afganistán lo primero que hizo Washington fue restablecer la producción industrial de la amapola para la exportación a EEUU.

Los efectos de esta producción de cocaína y heroína en Colombia y Afganistán, respectivamente, tiene dos efectos catastróficos para EEUU.

En primer lugar, las calles de sus ciudades son inundadas por drogas ilícitas que arruina la vida de los jóvenes, especialmente de esos reprimidos (llamadas ‘minorías’). EEUU tiene el 25 por ciento de las personas privadas de libertad en el mundo. La política carcelaria y la represión de los consumidores de drogas afectan sobre todo a la población reprimida (‘minorías). Aunque las personas de ascendencia europea (blancas) consumen cinco veces lo que consume la población negra, estos últimos tienen 10 veces más prisioneros por consumo de drogas.

En segundo lugar, genera rentas extraordinarias para los carteles bancarios que operan en ese país. Se calcula que EEUU concentra la mitad del circulante mundial que genera el tráfico ilícito de drogas que supera los 950 mil millones de dólares.

EEUU y Rusia encabezaron la oposición a la discusión en torno a la necesidad de reformular la política de la ONU. Panamá siguió la pauta sentada por las potencias mundiales y se abstuvo de presentar alternativas viables para poner fin al flagelo.


La Declaración final si incluye un llamado tibio a reducir las penas carcelarias asociadas con el consumo de drogas. Además, plantea la necesidad de aumentar los servicios de salud para los adictos.  Sin embargo, el Observatorio Global sobre las Drogas, con sede en Gran Bretaña, calificó al documento aprobado por la UNGASS como “una vergüenza, va en contra de la ciencia, la razón y la evidencia de varias décadas de esfuerzos inútiles”. 

Profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del CELA.

martes, 3 de mayo de 2016

El golpe de estado de la OEA.

Luis Britto García

Revela el ministro de la Defensa Vladimir Padrino López que hay un golpe de Estado en marcha.

¿Necesito recordarle al lector que desde su creación en 1948 la Organización de Estados Americanos ha legitimado todas las intervenciones perpetradas por Estados Unidos, entre otras las de Nicaragua, Guatemala, Cuba, República Dominicana, Chile, Panamá, Grenada, Haití, Venezuela, Paraguay  y Honduras?

¿Debo rememorar que la mañana del 11 de abril de 2002 el embajador de Estados Unidos Charles Shapiro salió en todos los diarios declarando que Venezuela estaba “fuera de la Carta Democrática de la OEA”, para legitimar el golpe que se daría horas después?

¿Recapitularé que la OEA no tomó ninguna medida contra la dictadura de Carmona, y sólo a instancias del movimiento social MINGA solicitó informes sobre el paradero del Presidente secuestrado, en comunicación donde reconocía al dictador como gobierno?
¿Citaré que aunque Venezuela denunció la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA en 2012, cuatro años después la Comisión Interamericana todavía sigue levantando Informes  contra nuestro país y convirtiéndolos en demandas ante la Corte Interamericana?

¿Denunciaremos una vez más que dicha Comisión condena de antemano a Venezuela; que sólo le permite 20 minutos para defenderse de Informes con 373 cláusulas incriminatorias, y que publica íntegro el Informe acusatorio, pero ni una línea de la defensa?

¿Debemos recapitular que en las  373 cláusulas del libelo sobre 2014 la Comisión acumula  42 desconocimientos de la soberanía de Venezuela y de su derecho a elegir su sistema político, económico y social,  144  denuncias sobre casos no resueltos por la jurisdicción interna,  198 casos fundados sólo en recortes de prensa,  30 en mensajes de twitter.  159 en  afirmaciones de ONG’s, financiadas por Estados Unidos, 116 basadas sólo en opiniones de la propia CIDH,  220 sin  ningún tipo de  datos, y  163 con inaceptable usurpación de la titularidad de la acción.’

No extraña entonces que la OEA: fije una audiencia contra Venezuela en Washington el 4 de abril, y según declara el embajador Bernardo Álvarez, Estados Unidos le niega la visa al personal de la Agencia para la Defensa de los Derechos Humanos ante los Organismos Internacionales, que trata de viajar  para defender a su país.

Con razón el secretario general de la OEA Luis Almagro aparece el 27 de abril invocando contra Venezuela la misma Carta Democrática de esa organización: que esgrimió el embajador Shapiro contra Chávez el 11 de abril de 2002. Nada más democrático que acusar a un país e impedirle que se defienda.

Con recursos de esa índole se obtuvo de la Corte Penal de La Haya la orden de detención contra Kadafi que culminó en la destrucción de Libia.


Venezuela no puede estar sometida a organismos que le niegan el derecho a la defensa. 

EEUU: El paraíso fiscal por excelencia.

Marco A. Gandásegui, hijo.

Los medios de comunicación más poderosos del mundo no saben cuanto dinero sucio está escondido en los paraísos fiscales (incluyendo las jurisdicciones norteamericanas y británicas). Según The Economist, puede superar los 25 millones de millones de dólares.

Lo único que la revista londinense afirma como seguro es que la porción de EEUU tiende a crecer. En la actualidad es el imán más poderoso para atraer dinero de otras partes del mundo. Por un lado, porque ofrece las garantías que sólo la potencia mundial puede dar. Por el otro, porque ha desatado una campaña global contra todos los centros financieros que esconden dineros de procedencia dudosa. Hay un flujo de dinero hacia EEUU procedente de cuentas antes bien guardadas en Europa (Suiza) y el Caribe.

El periódico alemán Die Ziet, que compite con la Gaceta del Sur de Alemania, que reveló los archivos de que Mossack-Fonseca, asegura que EEUU se ha convertido en el nuevo paraíso fiscal que reemplazó a Suiza. Firmas como Mossak-Fonseca son pequeñas comparadas a los gigantes Rothchild y Trident Trust que compiten en EEUU por prestarle asesoría a quienes quieren esconder su dinero en ese país. “Negocios se hacen a través de sus subsidiarias que operan en estados como Dakota del Sur y Nevada que tienen leyes que respetan los secretos de las empresas y cuyos gerentes no hacen preguntas”, según The Economist.

Los paraísos fiscales en EEUU son muy apetecidos por quienes están evadiendo el pago de impuestos. Según la revista británica, los estados norteamericanos que se especializan en recibir dinero de procedencia dudosa no le interesa cooperar con las leyes de otros países. Incluso, los paraísos fiscales norteamericanos no consideran que la evasión de impuestos por parte de ciudadanos de otros países constituye una infracción. Se creen libres de cualquier insinuación de que sus operaciones de lavado de dinero son ilegales.

Los bancos europeos – igual que Mossack-Fonseca – que pierden sus clientes buscan socios en EEUU para abrir cuentas que beneficie a los dos operadores. Por ejemplo, los operadores suizos le recomiendan a sus clientes que cierren sus cuentas en el país alpino y abran otra en un banco norteamericano. El cliente transfiere su dinero de dudosa procedencia a EEUU y, al mismo tiempo, nombra al operador suizo como su asesor financiero. Para todos los efectos la cuenta es considerada por las autoridades de EEUU como norteamericana.

EEUU creó en 2010 una ley que requiere a los bancos en otros países a declarar los nombres y cuentas de sus clientes norteamericanos (FATCA). Washington somete a esas personas a declarar sus impuestos en EEUU aunque su dinero está en el extranjero o haya sido generado en negocios fuera de su jurisdicción. A pesar de tener este poderoso instrumento que desconoce fronteras e identifica a los norteamericanos, no importa donde estén, Washington no es recíproco.

EEUU no quiere reconocer el mecanismo que la OECD ha creado (CRS) que pretende crear cierta ‘transparencia’ en las operaciones financieras de sus países miembros. De paso, la OECD le impone sus reglas de ‘transparencia’ a los demás países del mundo, incluyendo a Panamá y Suiza. EEUU le ha informado oficialmente a la OECD que quiere suscribir el mecanismo de transparencia que presenta la CRS.

Sin embargo, Washington alega que es muy complicado y difícil sentar a los 50 estados miembros de la ‘Unión’ para redactar un reglamento común para todos. Obviamente, es una excusa muy débil para continuar con la política de atraer los millones de millones de dólares escondidos en paraísos fiscales fuera de EEUU. A diferencia de Panamá e, incluso, Suiza, el poderío económico y militar de EEUU puede doblarle el brazo a los miembros de la OECD. Las cuentas de dudosa procedencia del mundo entero, especialmente de los países más ricos, buscan refugio en EEUU donde las reglas de la CRS no se aplican.


Panamá pretendió también ignorar a la OECD y su mecanismo de control (CRS). Sin embargo, después del ‘affaire’ Mosack-Fonseca el gobierno del presidente Varela lo está reconsiderando. Las firmas panameñas que prestan servicios a los cuenta-habientes de todo el mundo están mirando hacia EEUU para ver como pueden emular a los suizos para no perder su clientela. La guerra financiera la está ganando, por ahora, EEUU. El premio no es más ni menos que los millones de millones de dólares que están escondidos en paraísos fiscales en todo el mundo. 

Profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del CELA.