sábado, 28 de diciembre de 2013

"20 de diciembre de 1989: Una brecha histórica para la Juventud" FER-29.

La Invasión militar estadounidense a Panamá el 20 de diciembre de 1989 está cargado de muchas incógnitas, así como de justas interrogantes para las juventudes panameñas que no conocieron ni vivieron aquellos oscuros días en que el ejército más poderoso del planeta, arbitrariamente decidiera invadir nuestro país con la utilización de una fuerza bélica desmedida para una nación desprotegida, sin ejército, ni defensas militares so pretexto de capturar al narco-dictador Manuel Antonio Noriega, “general” de las Fuerzas de Defensas.

Casi 25 años después, vemos como el gobierno nacional (como los gobiernos anteriores) continúa en su silencio cómplice precisamente por haber nacido desde las entrañas de esa dictadura y sus relaciones con militares, banqueros y el empresariado corrupto galopante de hoy.

Pero en esta historia reciente, es importante reivindicar las luchas nacionalistas y revolucionarias impulsadas por el movimiento popular y el pueblo organizado, ajenas a la llamada “Cruzada Civilista” quienes vieron la sangrienta y cruel invasión norteamericana como un acto de “salvación” y “liberación” a favor del pueblo panameño. Estamos hablando de la Jornada Nacionalista Democrática JND.

Para el movimiento estudiantil, ya era suficiente la amenaza y la persecución por parte de las Fuerzas de Defensa, el G-2, departamentos de seguridad e inteligencia de Noriega y la presencia de la CIA y agentes serviles del Pentágono en el gobierno norieguista, prestos al secuestro, la desaparición y el asesinato de toda expresión política de la izquierda revolucionaria juvenil, universitaria o secundaria, que levantara su voz contra el otrora régimen; ese particular estilo vendepatria y anticomunista había sido heredado del dictador Omar Torrijos, empeñado en desarticular las expresiones organizadas e independientes de la juventud.

La invasión norteamericana el 20 de diciembre de 1989 toma por sorpresa a las fuerzas organizadas del pueblo, pese a que ya habíamos advertido a la nación de las intenciones nefastas de justificar una agresión militar en nuestro suelo para finiquitar el títere que el imperialismo mismo había creado.

La noche del 19 de diciembre de 1989, dirigentes estudiantiles del Frente Estudiantil Revolucionario 29 de Noviembre FER-29 participaban junto a otros panameños agrupados en la JND de las discusiones de coyuntura nacional sobre el régimen militar. Podemos decir que no hubo una preparación real y concreta para afrontar una eventual invasión norteamericana. El pueblo panameño estaba consumido en el miedo, la desesperación y la desidia de ver a un país secuestrado por una cúpula militar decadente y se sumó a las acciones de desobediencia civil de la Cruzada Civilista. En ese sentido, el movimiento estudiantil en la Universidad de Panamá, incluso a lo interno de sus paredes, se veía perseguido por expresiones espurias de juventudes plegada a los militares y la falsa izquierda entregada al prd (el partido de los militares), lo que forzó muchas veces a mantenerse en el clandestinaje dada la cruenta represión. Durante esos días, se entabló puentes con otras organizaciones para tratar de hacer frente a la presencia norteamericana en nuestro suelo, abocados a articular acciones de masa independiente de los civilistas y la “oposición”, quienes respondían a los mismos intereses político-económicos de las cúpulas militares.

Debemos resaltar que la misma Cruzada Civilista desvergonzadamente señalaba al FER-29 como “elementos comunistas peligrosos” lo que contrariaba su discurso de “unidad nacional” contra el régimen; aquello responde a que la cruzada fue siempre una fuerza dominada por partidos tradicionales y rechazábamos el doble discurso. Dichos señalamientos contra nuestra dirigencia fue lo que posteriormente terminó evidenciándose en su actitud rastrera y gringera, recibiendo a los asesinos yankees con flores y frutas, callando sobre los vejámenes que cometieran contra cientos de panameños durante la invasión.

Militantes del FER-29 brindaron asistencia a víctimas de bombardeos, entre heridos y perseguidos, también en la recopilación de información y datos importantes para presentar las futuras denuncias, acogidas por la solidaridad internacionalista.

La Universidad de Panamá fue tomada por tropas norteamericanas, también en el Instituto Nacional, provocando el descontento de diversas asociaciones de estudiantes y de las juventudes. En aquellos años, la universidad pública y popular se convirtió en un bastión de lucha juvenil y de las expresiones de izquierda estudiantil quienes teniendo la presencia de efectivos militares gringos dentro de la universidad, jamás se doblegaron y terminaron expulsando a las tropas militares días después.

Una vez reabierta la Universidad de Panamá, el FER-29 asumió un destacado papel en el movimiento estudiantil, denunciando públicamente y agitando a las juventudes para rechazar la presencia norteamericana y replegar los militares invasores en agitados mítines y movilizaciones internas, en un aire de indignación y convulsión social rechazando la presencia norteamericana. Sin embargo, la Universidad de Panamá después se vio inundada por tendencias pro-gringas, abrazadas con posturas antinacionales y entreguistas, a lo cual nuestra organización mantuvo distancia y se ha diferenciado históricamente, asumiendo un costo político nuestra independencia.

Destacamos la participación del Centro de estudiantes de Derecho, cuya primera Junta de Facultad recibió el rechazo firme a la Invasión norteamericana por parte de los estudiantes y se impulsaron importantes denuncias y acciones de protesta, siendo dirigentes del FER-29 quienes presentan una demanda legal al entonces presidente Guillermo Endara en la Asamblea Nacional de Diputados por su actitud cómplice y desinteresada en la violación de nuestra Autonomía universitaria.

Posterior a la invasión norteamericana, nuestra organización asumió una línea de denuncia nacional e internacional por la violación de nuestra soberanía por una potencia imperialista extranjera y sus nefastas consecuencias: la desaparición de personas, miles de personas muertas, destrucción del Chorrillo y otras localidades estratégicas para los militares. Pero para los que veían “liberación” bajo la metralleta yankee y los bombardeos a civiles, para nosotros significó la puesta en peligro de las expresiones organizadas del movimiento estudiantil y la masacre a nuestro pueblo, lo que obligó a adoptar medidas de seguridad para resguardar la vanguardia estudiantil que posteriormente, organizaría y participaría en importantes movilizaciones populares, un mes después en atención a los actos del 9 de enero.

Ese 9 de enero siguiente, tuvimos activa participación en la primera movilización nacional de la Jornada Nacionalista Democrática significando una muestra de dignidad nacional y la actitud valiente, que en medio de un país ocupado por la soldadesca yankee, que patrullaba las calles y perseguía a todo aquel que para ellos era de izquierda con toques de queda, panameños se atrevieran a honrar a los mártires del 9 de Enero. Partió de la Iglesia Santa Teresita del Marañón, recorrió la avenida Central hasta la tumba de Ascanio Arosemena, sumando multiplicidad de organizaciones sociales. Fue la juventud organizada quien impulso la primera manifestación en rechazo a la presencia militar.

El periodo Post-invasión no significó cambios sustanciales en los estamentos de represión política del estado panameño. No hay oficiales del G-2 presos, ni procesados por delitos contra la humanidad y violación a los derechos humanos, ni los responsables del descalabro económico y social que aún seguimos pagando los panameños. Es más, las fuerzas policiales fueron reconstruidas con elementos y agentes de las FF.DD., aun en nuestros días lo vemos.

La implementación y aprobación del proyecto de Ley 651 (Ley Belfon) responde a esos históricos intereses en perpetuar las formas de dominación jurídico-administrativa del estado sobre las mayorías humildes y desprotegidas; el continuismo del terrorismo judicial y la impunidad policial del cual son víctimas aquellos que se organizan y luchan.

Si ya para el periodo de la dictadura militar, prácticamente no existían las garantías constitucionales ni el respeto a los derechos humanos, ¿Qué podríamos imaginar cómo jóvenes que fuesen las actitudes, valores y la valentía de esos panameños? Tan solo el odio a Manuel Antonio Noriega, a quien privaba a los panameños de sus libertades democráticas, parecía ser una forma de protesta. Como sobrevivientes del régimen militar recordamos que el pueblo panameño no estaba en condiciones morales para asumir una línea de lucha revolucionaria que enfrentara de frente al régimen torrijista-norieguista.

La causa nacionalista se ensucio en los oscuros intereses entre la burguesía oligarca y las fuerzas militares, ambos sectores probados vendepatrias. Pero las fuerzas organizadas del movimiento popular no solo se abocaron a la tarea de levantar la conciencia social para derrotar la oligarquía y fuerzas antinacionales sino para construir un país más justo y democrático con la participación de todos los panameños.

Pero la disputa del sistema capitalista con el campo socialista en el marco de la Guerra fría durante aquellos años, fue acelerando la penetración de una cultura norteamericana viciada en el macartismo y la indiferencia social en nuestro país, sumado al control de los organismos de seguridad y de educación por parte de los militares que terminaron excluyendo a Panamá de los aires de liberación y participación democrática que se forjaban en el continente, dominando medios de comunicación y el sistema educativo para malformar el patriotismo nacional, en el mal llamado “proceso revolucionario”, corrompiendo las masas panameñas que sacrificaron su vida en los aciagos días del 9, 10, 11 y 12 de enero de 1964 y años antes en la primera experiencia armada revolucionaria en nuestro suelo, en el mes de abril de 1959 en Veraguas posterior al triunfo de la revolución cubana.

Podemos recordar momentos difíciles para el movimiento estudiantil: las masivas renuncias en nuestra organización y el abandono de posturas de izquierda con la caída del Muro de Berlín, la derrota electoral del FSLN en Managua, Nicaragua años antes y el posterior desmoronamiento del bloque soviético de la URSS que significó la total hegemonía de la influencia imperialista norteamericana mundial, tal cual nos gobierna hoy en día.

Sin embargo, la represión gubernamental y las campañas negras contra las expresiones organizadas del movimiento estudiantil, en especial en el Instituto Nacional no hicieron claudicar los ideales revolucionarios y patrióticos de los jóvenes. Habíamos sido objeto de las peores amenazas, sobrevivientes bajo el fuego opresor de los explotadores y los gorilas norieguistas.

La juventud no abandonó su misión de Vanguardia. Con mucho esfuerzo, entrega y sacrificio logramos levantar esta organización estudiantil, emblemática expresión de lucha en la historia política-social de Panamá, y el futuro prometedor de quienes se graduaron en las lides estudiantiles y continuaron dando sus aportes en los diferentes capítulos de lucha social, como aun nuestra organización continua militantemente dando aportes en el ideal y accionar revolucionario de la liberación nacional o social.

A 24 años de la sangrienta invasión del imperialismo norteamericano contra nuestro pueblo, podemos decir que aunque poderosas fuerzas dominantes pretenda borrar aquella trágica faceta de nuestra historia para pactar comercialmente nuestra identidad nacional, no podrán privar al pueblo de una juventud que continua y continuara siendo el relevo generacional de los patriotas que creyeron en un Panamá justo, con igualdad social, con distribución de sus riquezas con autodeterminación y real independencia.

¡NI OLVIDO NI PERDÓN!
¡PORQUE EL COLOR DE LA SANGRE
JAMAS SE OLVIDA!

¡LOS MASACRADOS SERÁN VENGADOS!

¡MORIR O VENCER! FER FER FER!

Frente Estudiantil Revolucionario 29 de Noviembre
FER-29 PANAMÁ

Crecimiento con más pobreza: Balance de 2013.

Marco A. Gandásegui, (hijo)

Realizar un balance de 2013 es de rigor. La recesión del sistema capitalista iniciado en 2008 sigue vigente. No hay señales, por ahora, que se va a reponer. El sector social que más sufre con la falta de inversiones productivas y las altas tasas de desempleo son los trabajadores. En EEUU son 20 millones y en Europa son casi 50 millones de familias golpeadas. En contraste, China sigue encendiendo más motores y su economía crece a un paso controlado bajo un estricto sistema de planificación.
 
El experimento de los herederos de Mao, sin embargo, aplica planes quinquenales para impulsar una economía capitalista que crece sobre las espaldas de los trabajadores y el despojo de los productores agrícolas. La percepción generalizada durante 2013 fue que EEUU enfrenta una crisis terminal de su hegemonía global. A su vez, el proyecto de una ‘nueva’ Europa, que se levantó sobre las cenizas dejadas por la segunda guerra mundial, parece enfrentar una calle sin salida. La correlación de fuerzas (geopolítica) a escala global cambió en 2013 con la ‘emergencia’ de nuevos polos de desarrollo capitalista e insurrecciones populares en los puntos más álgidos. 
 
Al interior de EEUU y Europa se están generando transformaciones sociales significativas. El Medio Oriente sigue siendo la región más volátil por su enorme riqueza energética que no logra ser dominada por su propio pueblo y es anhelada por todas las potencias. Las riquezas africanas atraen a los grandes especuladores mundiales y sus ejércitos, que pretenden reconquistar el continente ‘negro’ por encima de la resistencia popular. América latina disfruta de un ‘veranillo’, producto de la demanda china de materias primas en una escala jamás experimentada antes.
 
China es el principal socio comercial de muchos países de la región. Mientras que China importa materias primas para transformarlas en productos industriales, generando millones de empleos nuevos todos los años (y creando ganancias capitalistas enormes), América latina invierte los ingresos provenientes de las exportaciones agro-mineras en aventuras especulativas (políticas neoliberales de despojo) o en políticas sociales de redistribución de riquezas. En 2013 se agudizó la línea de demarcación entre ambos proyectos: ‘Alianza del Pacífico’ y ALBA/Mercosur. 
 
 En el caso de Panamá, durante 2013 el crecimiento económico - concentrado, especulativo y excluyente -alimentó la creciente tendencia de empobrecimiento de sectores sociales cada vez más grandes del país. Según la FAO hay 300 mil panameños que pasan hambre. Los ingresos provenientes de los servicios del Canal de Panamá, de los puertos y de los almacenes de redistribución de mercancías (Zona Libre de Colón) – sin excluir el lavado de dinero controlado por la banca foránea - fueron invertidos en proyectos especulativos de tipo inmobiliario, turismo, obras públicas e importaciones. 
 
Las subvenciones a las inversiones capitalistas las calculo en un monto cercano a los US$10 mil millones en 2013. (Las subvenciones anunciadas por el gobierno a los sectores empobrecidos suman US$500 millones). La política económica del gobierno no generó nuevos empleos, tampoco un desarrollo que incorporara a las distintas regiones del país al crecimiento, ni contempló la realización de ahorros para cuando el ‘boom’ pasajero actual se agote. En 2013 sólo crecieron los sectores especulativos. Los sectores productivos experimentaron bajas. Preocupante fue la disminución de tránsitos y carga por el Canal de Panamá. Así mismo, el decrecimiento de los movimientos de contenedores en los puertos de ambos extremos de la vía acuática. 
 
La ampliación del Canal de Panamá, proyecto emblemático de inicios del siglo XXI, se encontró con un obstáculo ya anunciado con anterioridad. La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ‘apostó a ganador’ con un consorcio encabezado por una empresa española que probablemente quiebre a corto plazo. A fines de año el vicepresidente de EEUU, Joseph Biden, hizo una visita relámpago a Panamá para sentar las reglas del juego en torno al futuro del Canal. Las gestiones fueron realizadas en secreto y el país quedó sin brújula en lo que se refiere al futuro del proyecto de ampliación del Canal. En 2013 se hizo patente la quiebra del sector agrario. Mientras que la siembra de arroz, por ejemplo, bajo de 85 mil hectáreas a sólo 18 mil en 2013, a fines de año se hizo la subasta acordada con EEUU en el marco del tratado de libre comercio para importar más de 300 mil quintales de ese grano. 
 
A partir de 2013, Panamá compra en EEUU el arroz que antes producían los agricultores panameños. Más aún, la familia del presidente de la República, Ricardo Martinelli, dueño de una cadena de supermercados, fue favorecido con el 30 por ciento de lo subastado. Politicamente, la campaña electoral que se destapó a principios de año y culmina en mayo próximo, promete más de lo mismo. El partido oficialista – Cambio Democrático - y los de oposición, PRD y Panameñista, no han presentado programas pero sus candidatos conservadores avalan las políticas neoliberales cercanas a la Embajada de EEUU. 
 
Lo novedoso es la participación del nuevo partido de izquierda, el FAD, que celebró primarias para seleccionar su candidato presidencial. 
 
El candidato independiente progresista, Juan Jované, y otros dos aspirantes, también reunieron las firmas necesarias para oficializar su candidatura en enero. 
 
26 de diciembre de 2013.

viernes, 6 de diciembre de 2013

Gobierno le declara la guerra a jóvenes artistas

"Volveremos más fuertes”, dice El Kolectivo La historia es un campo de lucha. Siempre lo ha sido. Quién ‘domina’ el pasado es dueño del presente y hará valer su superioridad en el futuro. La educación en cualquier país moderno es cada vez más importante. 
 
Quién controla los textos que se reparten en las escuelas y que leen los estudiantes definirá como serán los futuros ciudadanos. Igualmente, quien controla los contenidos de los programas radiales y televisivos puede darle forma a la famosa y difusa ‘opinión pública’. Es decir, puede darle forma a la mente de todos los consumidores de un país. (Cuando se habla de un país moderno se refiere a su capacidad de convertir el salario de todos los trabajadores en consumo. Los consumidores son los que también se llama ‘clase media’). La educación y los medios de comunicación son, por extensión, campos de lucha. El enfrentamiento es cotidiano. 
 
Se traduce en lo que leemos, en lo que escuchamos o en lo que vemos por lo medios masivos de comunicación. En el transcurso de la mañana de hoy se realizará una conferencia de prensa convocada por El Kolectivo, un grupo de jóvenes pintores que quiere rendirle homenaje a los mártires de la gesta del 9 de enero de 1964, principio del fin de la colonia norteamericana que se llamaba Zona del Canal de Panamá. 
 
Los jóvenes artistas comenzaron el 23 de noviembre a pintar las paredes de la avenida de los Mártires, arteria urbana importante aún en el presente, que fue testigo de los enfrentamientos desiguales entre tropas norteamericanas y jóvenes panameños en aquellas jornadas de enero de 1964. En aquel año un total de 23 vidas panameñas fueron sesgadas por las balas norteamericanas y otras causas. El gobierno fue más que expedito. 
 
El 25 de noviembre movilizó una escuadrilla del Ministerio de Obras Públicas que procedió a pintar de gris la mayoría de las obras de los jóvenes. Para hacer aún peor el agravio cometido contra la memoria de los combatientes del 9 de enero y los mártires, el presidente de la República, Ricardo Martinelli, confesó que había sido su persona que dio la orden de intentar borrar la memoria colectiva del pueblo panameño. 
 
El mandatario panameño declaró desde el Palacio, que “lo que ustedes pinten se lo vamos a volver a pintar”. Los jóvenes de El Kolectivo anunciaron que volverán a pintar el mural “Homenaje a los héroes y mártires panameños” que fue eliminado por las autoridades de las murallas de la avenida cuyo nombre les recuerda. 
 
Nuevamente, en la madrugada del 27 de noviembre, Martinelli dio la orden de borrar por segunda vez los murales. Martinelli debe estar arrepentido de su decisión apresurada. Pero en estos momentos no se sabe cual podrá ser su próxima movida. Otro representante de los sectores sociales de Martinelli, que han ocupado la Presidencia en el pasado, habría salido con camión y ayudantes a llevarles latas de pintura, brochas y andamios a los jóvenes artistas que rescataban la historia patria. 
 
Eso fue lo que hizo el presidente Chiari en enero de 1964 cuando decidió romper relaciones diplomáticas con EEUU acatando las demandas estudiantiles que luchaban en lo que es hoy la avenida de los Mártires contra el Ejército del país más poderoso del mundo. 
 
Un medio señaló que “la medida contra los jóvenes es caprichosamente absurda, pues en el pasado manifestaciones similares han adornado la ciudad, incluso en el barrio desde donde gobierna el propio mandatario. Entonces, ¿qué tiene de malo hacernos recordar quiénes somos? Honrar nuestra historia también es hacer patria”. Los gobernantes suelen tenerle miedo a la historia que no repite lo que más le interesa. 
 
¿Qué jóvenes o adultos panameños conocen a Pedro Prestán, a Bayano, a los dirigentes del Movimiento Inquilinario o a los trabajadores de las bananeras asesinados? ¿Permitirían un mural de Victoriano Lorenzo o Floyd Britton, hombres de espíritu revolucionario? Las autoridades le tienen miedo al significado de la gesta del 9 de enero y el rol de los jóvenes estudiantes de la época y tratan de borrarla sistemáticamente de nuestra memoria. Según Carlos Fong “los graffitis son acciones poéticas donde se le da color a una ciudad gris. Son la lectura que hacen los jóvenes de la identidad y de la nacionalidad. No está bien lo que han hecho con los trabajos de El Kolectivo y hay que denunciarlo”. 
 
El poeta nacional, Orestes Nieto, dijo que “el gobierno no tiene la menor idea de que todas las formas de arte público acompañan a la humanidad desde siempre, con sus formas diversas de expresarse y compartir desde el trazo artístico. Parece que viven en otro mundo y no han visto urbe… donde miles de obras de excelencia permanentes embellecen ciudades, pueblos, caminos, calles y avenidas...” 
 
El Kolectivo denunció la acción del gobierno contra sus pinturas. Según el grupo de artistas, son obras en el “camino al cincuentenario de la gesta (de enero de 1964), con mucho esfuerzo y sacrificio voluntario... Indignación, rabia, tristeza nos envuelve al ver pisoteado nuestro esfuerzo por salvar nuestra memoria histórica pero volveremos más fuertes y entusiasmados para defenderla”. La historia es un campo de lucha. La batalla la ganan quienes tienen el proyecto más lúcido y el pueblo que lo respalde. 5 de diciembre de 2013.

miércoles, 13 de noviembre de 2013

Una verdad incómoda para el candidato.

Juan Jované
 
La importancia del sector agropecuario en nuestro país va más allá de las cifras  macroeconómicas, de acuerdo a las cuales este sector representa apenas el 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB). Esto no solo se evidencia si se tiene en cuenta que en el mismo se ubica el 17.0% de la población ocupada en el país, también se visibiliza en la importancia de la actividad agropecuaria en la mayoría de la provincias.
 
Si tomamos como referencia el conjunto del territorio nacional excluyendo las provincias de Panamá y Colón, encontramos que en el mismo la actividad agropecuaria representa de manera directa cerca del 15.0 % del PIB. A esto se debe añadir que para este conjunto territorial el sector agropecuario constituye una actividad central, la cual dinamiza al resto de los sectores económicos.
 
 Por lo que respecta al empleo se puede observar que en la provincia de Veraguas el 42.0% del empleo se ubica en el sector agropecuario, mientras que en  Coclé este indicador llega a 34.4%, seguido por Los Santos con 29.8%. Por su parte, Herrera y Chiriquí tienen el 26.7% y el 21.9% de su población laboral ocupada en el sector agropecuario, respectivamente.  En  el caso de Bocas del Toro el indicador analizado llega a 37.6%,  alcanzado su máxima altura  en Darién donde muestra un nivel de 55.6%.
 
Lo anterior permite una clara conclusión: la  actual política gubernamental que lleva hacia la desaparición del sector agropecuario tiene repercusiones catastróficas, tanto para el interior del país, cuya economía se vería prácticamente destruida, como para el área metropolitana,  que tendría que soportar una fuerte migración provocada por la destrucción de las fuentes de trabajo. Se necesitan, entonces, políticas alternativas, las cuales deben ser planteadas por los candidatos presidenciales en forma franca  y científica.
 
En el reciente Foro Presidencial Agropecuario el aspirante presidencial del PRD propuso, entre otras cosas, la posibilidad de promover la producción agropecuaria nacional para el mercado local a la vez que se mantenía el pleno apego y cumplimiento del Tratado de Promoción  Comercial. Se trata de un planteamiento que se aleja de la realidad. Así por ejemplo, es cierto que la compra de bienes agropecuarios dirigida exclusivamente hacia los productores nacionales es una importante forma de promover nuestro sector agropecuario. Sin embargo para aplicarla en toda sus posibilidades tendremos que salirnos necesariamente de los cauces del TPC.
 
 Esto fue una de las cosas que omitió aclarar el Sr. Navarro en el Foro Agropecuario, ya que el  Capítulo Nueve de dicho tratado, gracias al artículo 9.2, le otorga trato nacional a la contraparte.  Para ser justos en el debate debemos aclarar que si bien las notas en las que se definen las entidades participantes sirven para excluir los alimentos adquiridos por el ministerio de Educación, no lo hacen, por ejemplo,  para el caso del Ministerio de Salud ni el ministerio de Desarrollo Social. Además, el candidato del PRD omitió señalar que el tratado negociado promovido y firmado por su partido genera una gran incertidumbre al sector agropecuario al establecer en su artículo  3.3 que: “a solicitud de Cualquier Parte, las Partes realizarán consultas para examinar la posibilidad de acelerar la eliminación de los aranceles aduaneros”. Se trata, sin duda, de una presión permanente que para nada ayuda a la planeación a mediano y largo plazo.
 
No es menos cierto que el  aspirante del PRD al solio presidencial  también prescindió hablar  de la regulación de precios por parte del Estado,  con lo que dejó por fuera una importante palanca, que incluye al precio de sostén,  para alcanzar la seguridad y la soberanía alimentaria. Más allá de lo que hemos planteado en otros artículos, lo interesante a observa en este caso es como el candidato de ese partido se aleja de las propuestas de quien fue su creador. Para esto basta recordar lo planteado por el General Omar Torrijos Herrera el 11 de octubre de 1973 al referirse al problema del costo de la canasta básica: “… tuvimos que diseñar una política de producción nacional para poder producir las cosas básicas que nuestro país consume, a fin de poder regular lo que tenemos. Nadie puede regular lo que no existe”.
 
 A fin de cuentas estamos en una situación en la que de una u otra manera todos los partidos tradicionales se encuentran, de una u otra forma, vinculados con la política neoliberal que ha venido aplicándose en el país. Como hemos venido insistiendo solo se puede salvar al sector agropecuario rompiendo radicalmente con este enfoque.

lunes, 4 de noviembre de 2013

Separación de Panamá, la historia desconocida.

Por Olmedo Beluche

Contrario a lo usualmente afirmado por la historia oficial panameña, la Separación de Panamá de Colombia en 1903, no fue producto de un movimiento genuinamente popular, ni de un anhelo liberador de los istmeños frente al “olvido” en que supuestamente nos tenía Bogotá. El estudio documental de la época más bien demuestra una integración cultural y política de los panameños en el conjunto de la nación colombiana, incluso entre los sectores de la oligarquía comercial conservadora de la ciudad de Panamá, que sería agente de la conspiración separatista (Beluche, 2003).


Las diversas crisis políticas producidas a lo largo del siglo XIX, expresadas en lo que nuestra historia llama genéricamente “actas separatistas” (1826, 1830, 1831, 1840-41, 1860), muchas veces han sido sacadas de su verdadero contexto para ser presentadas como expresiones de una nación en ciernes que viene a concretarse en 1903. Pero un repaso cuidadoso de los hechos que rodearon a cada una de esas coyunturas muestra que, más que un proceso de conformación nacional diferenciado de Colombia, estos movimientos expresaron conflictos políticos (liberales vs conservadores), económicos (librecambismo vs proteccionismo) y administrativos (federalismo vs centralismo) (Beluche, 1999).


En Panamá, conocer y aceptar los verdaderos móviles y actores de la Separación ha sido un parto que nos ha tardado cien años producir, pero al que están contribuyendo nuevas investigaciones recientemente aparecidas (Díaz Espino, 2003). Aunque hubo pioneros que desde hace décadas se atrevieron a señalar los hechos en toda su crudeza (Terán, 1976), sus trabajos fueron sistemáticamente ocultados y denigrados. También hubo historiadores extranjeros que abordaron objetivamente el acontecimiento, pero estos libros quedaron como material de especialistas y lejos del alcance del gran público (Lemaitre, 1971) (Duval, 1973).


Los actores principales de este drama son: el expansionismo imperialista de Estados Unidos, expresado en su carismático presidente Teodoro Roosevelt; la quebrada Compañía Nueva del Canal, de capitales franceses, representada por Philippe Bunau Varilla; en el centro de los hechos, el prominente abogado neoyorkino William N. Cromwell, verdadero cerebro de la separación, y representante legal tanto de la Compañía Nueva del Canal como de la Compañía de Ferrocarril de Panamá; los agentes norteamericanos y panameños de la Compañía del Ferrocarril, como José A. Arango y Manuel Amador Guerrero; y, por supuesto, el venal e inepto gobierno colombiano del Vicepresidente Marroquín.


A fines del siglo XIX, Estados Unidos iniciaba su proceso de expansión en el Caribe, desplazando de allí a sus otrora rivales, España e Inglaterra. A la primera le arrebató Cuba y Puerto Rico con la guerra de 1898; con la segunda firmó el Tratado Hay-Pauncefote en 1901, por el cual se reconocía la preeminencia norteamericana en la posible construcción de un canal por el istmo centroamericano. El canal era una necesidad lógica del desarrollo capitalista norteamericano, ya que era la única forma de integrar y comunicar sus costas atlántica y pacífica. 


En principio, la ruta privilegiada por Washington para construir este canal no era Panamá, sino Nicaragua, siguiendo el cauce del río San Juan hasta sus grandes lagos. Aquella parecía más factible y menos costosa, en especial si ya estaba el precedente del fracaso francés en la construcción del Canal por Panamá.
Mediante el Convenio Salgar-Wyse (1878) una empresa francesa, encabezada por el ingeniero Fernando de Lesseps, había iniciado la excavación del canal en 1880. Esta primera empresa fracasaría ante las enormes dificultades tecnológicas hacia 1888, dando paso a un nuevo intento con la Compañía Nueva en los años 90 del siglo XIX, que también fracasaría.


De manera que, para fines de 1901, la Comisión Walker del Congreso norteamericano, luego de estudiar ambas alternativas, se había pronunciado por la vía de Nicaragua, y el 18 de noviembre se firmó un tratado con ese país. ¿Qué motivó que dos años después Estados Unidos cambiara completamente de opinión?
La historia simplista narra que, en posteriores debates del Congreso, tanto Bunau Varilla como Cromwell mostraron estampillas de correo nicaraguenses en las que se aprecian los volcanes de este país, y que los senadores norteamericanos, impresionados por la explosión del volcán Mount Pelée, que había borrado del mapa la isla de Saint-Pierre, y por una falsa noticia de la erupción del Momotombo, entonces se decidieron por Panamá. 


Pero, ¿qué motivó al abogado Cromwell y al ingeniero francés Bunau Varilla a intervenir tan activamente para convencer a los senadores de adoptar la ruta panameña? Lo que no se cuenta es que, ya para 1896, la Compañía Nueva del Canal, a través su presidente Maurice Hautin, dada la incapacidad para terminar el Canal de Panamá, y ante la posibilidad de perder 250 millones de dólares en inversiones cuando expirara la concesión en 1904, había contratado a William N. Cromwell para convencer al gobierno norteamericano de comprarles sus propiedades.


Cromwell no se limitó al cabildeo para el que fue contratado, sino que inició un plan que denominó “americanización del canal”, por el cual reuniría un grupo de notables empresarios de Wall Street que sigilosamente comprarían las devaluadas acciones del “canal francés” y las revenderían a su gobierno. Para ello, su bufete Sullivan & Cromwell estaba en una posición privilegiada, ya que contaba con clientes como el banquero J. P. Morgan, entre otros. 


El 27 de diciembre de 1899, Cromwell fundó la Panama Canal Company of America, con 5,000 dólares de capital, emtiendo acciones por 5 millones, de la que participaron empresarios como: J.P. Morgan, J. E. Simmons, Kahn, Loeb & Co., Levi Morton, Charles Flint, I. Seligman (Díaz Espino, 2003).
Este grupo influyó en el prominente senador y líder republicano Mark Hanna, quien actuó como vocero de la “causa panameña”. Luego del asesinato del presidente McKinley, este grupo también convenció al presidente Teodoro Roosevelt, haciendo partícipes del negocio a Henry Taft, hermano del ministro de guerra y futuro presidente William Taft, y al cuñado de Roosevelt, Douglas Robinson.


El traspaso de la Compañía Nueva, de manos francesas a las yanquis, tardó varios meses por la resistencia inicial de Hautin a renunciar por completo a la empresa y vender a muy bajo precio. Sin embargo, la adopción de la propuesta por Nicaragua en 1901, sirvió de acicate a los accionistas franceses que sacaron de enmedio a Hautin, y nombraron vocero a Maurice Bo, director del banco Credit Lyonnais, y éste a su vez envió a Bunau Varilla para negociar con los norteamericanos. 


El negocio era redondo, se invirtieron 3.5 millones de dólares en las acciones de la Compañía Nueva, que fueron compradas en lotes pequeños, y se revenderían al gobierno norteamericano en 40 millones de dólares, obteniendo los inversionistas norteamericanos utilidades por cada acción por el orden del 1.233%.
Por supuesto, concretar el negociado pasaba: primero, por convencer al gobierno y al Congreso de Estados Unidos de optar por Panamá; segundo, firmar un tratado con Colombia que autorizara a ese país para terminar la obra iniciada por los franceses. En enero de 1902, el senador John Spooner a instancias de Roosevelt presentó el proyecto de ley que autorizaba a su gobierno a negociar con Panamá y que anulaba la precedente Ley Hepburn, que favorecía a Niacaragua.


Ese año el esfuerzo se centró en negociar con Colombia el tratado. Camino que estuvo lleno de dificultades, dada la actitud patriótica del negocaciador José Vicente Concha, que objetó reiteradamente aspectos leoninos del tratado propuestos por el Secretario de Estado John Hay. Sin embargo, la presión norteamericana pudo más, forzando al gobierno del Vicepresidente Marroquín a desautorizar reiteradamente a su embajador, el cual finalmente renunció. El camino quedó despejado para un acuerdo, firmado en enero de 1903 y que llevó el nombre de Tratado Herrán – Hay.


Pero este tratado, cayó como una bomba en Colombia, y Panamá por extensión. Mediante el acuerdo se segregaba una zona de 5 kilómetros a cada lado del canal, incluyendo ríos, lagos y los principales puertos, en la cual Norteamérica tendría plena jurisdicción. El “canal francés” sólo segregaba 200 metros a cada orilla sin menoscabo de la soberanía nacional. Además la compensación económica que se proponía (10 millones de abono y 250.000 dólares anuales) era evidentemente inferior a lo que ya el estado colombiano recibía por los derechos del ferrocarril (250 mil dólares anuales) y otros tantos por uso de los puertos. Comparado con el Salgar-Wyse, el Herrán-Hay era totalmente inconveniente.


Había otro escollo: el tratado contemplaba el pago de 40 millones de dólares que Estados Unidos haría a la Compañía Nueva del Canal en compensación, pero esto era completamente ilegal, pues estaba claramente prohibido por la Constitución y por el propio Salgar-Wyse, que impedía a esta empresa traspasar sus propiedades a un gobierno extranjero. El Tratado Herrán – Hay nació, pues, condenado por la opinión pública colombiana y panameña, especialmente por el menoscabo de la soberanía. 


El gobierno de Marroquín tuvo ante el Herrán – Hay una actitud incongruente: por un lado, había autorizado a su embajador a Tomás Herrán a firmarlo; por otro, no puso empeño en defenderlo, especialmente ante el Congreso, que fue convocado en junio de 1903 para ratificarlo. Pero no era la soberanía lo que preocupaba al gobierno de Marroquín, sino que se centró en tratar de recibir una tajada de los 40 millones que recibirían los accionistas de la compañía del canal.

jueves, 31 de octubre de 2013

La violencia institucional puede cobrar vida propia.


En los últimos seis años la fuerza pública panameña (Policía Nacional y otros estamentos) ha estado involucrada en la muerte de 17 personas por negligencia y/o prepotencia.

Desde la muerte de una empresaria en 2007 hasta el caso más reciente de los dos niños asesinados en San Carlos en 2013. Además, la contención de manifestaciones de protesta (la represión mal aplicada) por la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) ha sesgado la vida de otras 8 personas y dejado decenas de heridos desde esa misma fecha. La conmoción que se observa a nivel de la población panameña, sacudida por los incidentes fatales en los cuales están involucrados agentes de la Policía Nacional, no es el producto de un incidente aislado. 

El país se percata que está en un espiral de violencia institucional cuyo resultado final es impredecible. La opinión pública está muy preocupada ya que observa una conducta que sigue un patrón muy definido. Las fuerzas del orden han tomado la ley en sus propias manos con el aval de las autoridades. Pocos días después de la muerte de los niños en San Carlos, el dirigente sindical y aspirante a elección popular, Genaro López, fue encañonado por agentes de la Policía – junto a su familia – en la puerta de su casa. La Ley 74 avala la impunidad entre los agentes de la Policía Nacional con el beneplácito de las autoridades. 

En su momento, se pensó que la legislación garantizaría la lealtad de los agentes de la PN hacia las autoridades. Por el otro lado, las revelaciones de Wikileaks apuntan a una escalada en el uso de métodos extra-legales por parte de las autoridades y sus agentes para alcanzar objetivos políticos, ajenos a lo indicado por la ley y la Constitución. La pérdida trágica de vidas en San Carlos y el atentado contra el dirigente Genaro López forman parte de un patrón. La Policía Nacional recibe en forma indiscriminada entrenamiento militar bajo el supuesto de que la Institución (y el país) se encuentra en una 'guerra' contra las drogas. En ese enfrentamiento EEUU ha identificado a varios actores que deben ser objeto de represión: campesinos e indígenas. Estos, a su vez, según manuales de las fuerzas armadas de EEUU, pueden tener entre sus aliados a organizaciones políticas, miembros de la sociedad civil y gremios. 

Si el gobierno insiste en continuar recibiendo la asesoría de las ramas militares de EEUU para entrenar a su personal y desarrollar actividades militares, sólo se puede esperar un resultado catastrófico, que pone en peligro la vida de todos los panameños en forma permanente. A diferencia de la Policía, que tiene que velar por la seguridad de los ciudadanos y la protección de la comunidad, el militar tiene como responsabilidad reprimir con la fuerza toda movilización que considere sospechosa. 

El Policía utiliza su arma de fuego como última instancia cuando enfrenta al sospechoso de cometer algún delito. En cambio, el militar saca el arma de reglamento en primera instancia para neutralizar o eliminar al enemigo en el campo de batalla. Estamos presenciando, desde un tiempo atrás para esta fecha, una tendencia en el que el uniformado de policía (el "secreta" de civil) está actuando cada vez más – en forma equivocada - como militar. Esto es resultado inmediato de un entrenamiento planificado y acordado por las entidades de seguridad tanto de EEUU como Panamá. Incluso, con la participación activa de militares de Colombia gracias a la invitación de EEUU. 

La población panameña siempre le ha tenido poca confianza a los estamentos policíacos y militares. Son las fuerzas que los gobiernos de turno – desde los tiempos de la colonia - activan para someter a los sectores subordinados. Más aún, a los sectores que no se someten a la injusticia y manifiestan su descontento. Es el caso de los trabajadores sindicalizados, los estudiantes, los campesinos, los pueblos indígenas y otros. En los últimos cinco años han sido varios los panameños asesinados por la Policía y estamentos militares (SENAFRONT). Decenas que han sido heridos producto de una represión muy desigual. Los estudiantes gritan y tiran piedras. Los campesinos bloquean caminos rurales y los sindicatos sacan pancartas. En cambio, las fuerzas del orden desenfundan sus armas de fuego. 

Si la percepción que tiene la población de la conducta de la Policía continúa deteriorándose estaríamos entrando en una fase muy peligrosa. Los políticos que hoy son 'autoridad' mañana abandonarán sus cargos, pero dejarán un gran desorden entre los estamentos que tienen la responsabilidad de proteger a los panameños. 

¿Qué pasará mañana cuando la autoridad no avala el uso de armas por parte de los agentes que no respetan el reglamento vigente? ¿Se someterán los uniformados a los dictados de las nuevas autoridades que quieren respetar la ley? ¿Pensarán que la autoridad les está faltando el respeto? ¿Se creerán por encima de la ley? ¿Podrán conspirar y alterar el orden constitucional? 

Pareciera que la política del actual gobierno y sus ministerios encargados de hacer cumplir la ley nos llevan por un camino muy resbaloso y peligroso. Urge hacer los correctivos inmediatamente, de lo contrario el espiral de violencia institucional cobrará vida propia. 

31 de octubre de 2013.    

lunes, 21 de octubre de 2013

Industria y desarrollo humano sostenible.

Juan Jované

La economía panameña sufre de lo que, siguiendo a Fernando Fajzylber, podríamos llamar el síndrome del casillero vacío, destacando que pese a la alta velocidad del crecimiento económico, es prácticamente nulo lo que se ha avanzado en términos de equidad. Es así que el nivel de concentración del ingreso en Panamá, medido por el índice de Gini, fue superior en 2011 (0.531) que en 2005 (0.529).

Entre las características estructurales del actual estilo  de desarrollo que producen las carencias de equidad está su incapacidad de generar empleo decente para todos y todas. Es así que, de acuerdo con datos oficiales, si a los desocupados se les suman aquellos ocupados que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, se concluye que para marzo de 2012 cerca del 36.4% de la población económicamente activa mostraba condiciones de precariedad. Así mismo, las estadísticas de CEPAL  muestran que para 2011, el 31.5% de la población laboral urbana se encontraba en actividades de baja productividad, situación que es peor en el sector agropecuario, habida cuenta de que produce cerca del 2.9% del PIB, utilizando cerca del 17.0% de la población ocupada.

Se equivocan quienes piensan, basados en la llamada teoría del rebalse, que la carencia de equidad se resuelve con la simple continuidad lineal del actual estilo de acumulación y crecimiento. Para lograr la equidad hace falta una política que modifique el actual patrón de crecimiento, con el fin de que una porción creciente de la población adquiera un empleo decente, es decir, una ocupación productiva que le permita participar plenamente en los beneficios del progreso técnico.

Para este fin se hace indispensable completar y balancear la estructura de la economía panameña, habida cuenta de que el desarrollo exclusivo de los servicios no resuelve el problema del empleo decente. Esto significa, entre otras cosas, promover tanto la producción del sector agropecuario como implementar una política guiada hacia una nueva industrialización, entendida esta como un elemento básico en el proceso de generación, incorporación y difusión del progreso científico-técnico y del empleo decente. Desde la perspectiva de la política de industrialización se pueden destacar varios elementos claves de la misma.

Esta, en primer lugar, debe basarse en la consolidación de un núcleo de innovación endógeno, creativo, dinámico, capaz de atender los requerimientos de la equidad, comprometido; además, con la sostenibilidad ambiental y la consolidación de la soberanía nacional. Para este fin es de fundamental importancia la construcción de un efectivo sistema nacional de progreso científico-tecnológico, en la forma de una red en la que colaboren los organismos estatales, privados y de los trabajadores vinculados con la producción, regulación, protección del medio ambiente, la investigación y formación de recursos humanos. Las universidades públicas deben jugar un papel central en esto.

En segundo lugar, es importante sustentar la nueva industrialización en relaciones de producción y distribución justas, así como en un metabolismo sostenible con la naturaleza. En este contexto es importante reconstruir con una mayor eficiencia las cadenas productivas que conectan al sector agropecuario, sobre todo el alimentario, con la industria (agroindustria) y las actividades turísticas, así como las que vinculan la generación de infraestructura, la construcción y los materiales que la misma demanda. Más allá de esto, se deberán ubicar nuevos sectores industriales dinámicos (por ejemplo vinculados con la economía marítima), capaces de generar y difundir el progreso técnico, abarcando hasta la producción de insumos y medios de producción. También es indispensable el desarrollo de nuevas y suficientes fuentes energéticas limpias.

Se debe concluir, en tercer lugar, que dados los requerimientos de aprendizaje involucrados, así como el de las economías de escala involucradas, el proyecto propuesto implica un estilo de reinserción con el exterior, que no se puede lograr con el tipo de integración contenido en los tratados de libre comercio típicos de la Alianza del Pacífico, centrados en la competencia asimétrica. El país debe, entonces, moverse hacia formas de integración basadas en la solidaridad, la complementariedad planificada y el respeto a la soberanía nacional.


Desde el punto de vista del sector público, este deberá procurar las condiciones de promoción y protección del proyecto de nueva industrialización, en un contexto en el que esta protección favorece los necesarios procesos de aprendizaje para la productividad, pero evita el llamado “proteccionismo frívolo”. El sector público juega, además, un papel central en el financiamiento y promoción de los elementos que constituyen el núcleo dinámico endógeno, a la vez que asegura una base social amplia para el proyecto, haciendo cumplir las leyes sociales y apoyando a la pequeña y mediana empresa.

viernes, 18 de octubre de 2013

¡UNIDOS TODOS CONTRA LA PRIVATIZADORA LEY 69!

MOVIMIENTO POPULAR UNIFICADO

La palabra privatización no aparece en ninguno  de los articulados de la ley 69. Tampoco ninguna de sus formas, es decir, externalización, venta de activos estatales o concesión administrativa. Entonces,  ¿dónde está el truco?

La sola traída de persona extranjero técnico de salud en general al país es el truco. Traer personal que a la postre termine por competir con personal panameño de todo el sector salud aceptando sueldos mejores que en sus países pero más bajos que los de los panameños, es privatizar, puesto que lo que se quiere es abaratar el costo de la mano de obra como paso inicial para proceder a ejecutar cualquiera de las formas de privatización que se formule.

Está en todas las cartas de ajuste estructural que los diferentes gobiernos patronales desde el régimen militar hasta los últimos cinco gobiernos del régimen de la invasión han firmado con los agentes del Gran Capital Internacional, es decir, las IFIS (FMI, Banco Mundial, BID, etc) y ninguno ha rechazado tales ajustes, es decir, todos están de acuerdo. Cada uno ha dado su grano de arena para tales fines.

La patronal administración Martinelli contribuye con la ley 69 y algunas cositas más como la externalización de los servicios administrativos de la Ciudad Hospitalaria y las concesiones administrativas en las áreas indígenas. No es más que un plan solapado de privatizarlo todo, justo la política neoliberal, un cáncer que hoy corroe todos los derechos de millones de trabajadores en Europa, USA y todo el centro del mundo capitalista; so pretexto de ser la vía  mediante la cual se solucionará la crisis capitalista, mientras, socializan las deudas contraídas por los bancos y estos obtienen pingües ganancias que no comparten con los trabajadores.

Si el propósito no es privatizar, ¿dónde está lo consensuado en las conversaciones con el gremio médico? No está el período término de estadía de los profesionales extranjeros, tampoco  su uso exclusivo en las áreas rurales y apartadas. Ni la evaluación y vigilancia de su idoneidad por parte de las debidas corporaciones gremiales y gubernamentales. No hay nada especificado.

Pero también el solo hecho de formular una política basada en médicos especialistas (léase de hospital) y edificar megaobras hospitalarias revela el muy pobre sentido de la política de atención médica. Mientras el mundo sabe que tal política debe basarse en la atención primaria y secundaria, es decir, prevención individual y colectiva, además de atención de enfermedades que no necesitan de hospitalización, las cuales son la enorme mayoría; la administración Martinelli se dedica a la atención terciaria (hospitales y médicos especialistas) en contraposición a todo el conocimiento médico universal actual. ¿Negocio a la vista?

Luchar contra toda forma de privatización, sea abierta o solapada, es no dejar conculcar nuestros derechos como trabajadores y como seres humanos con necesidad de atención médica preventiva y curativa.. Un solo derecho que perdamos inicia la pérdida de todos los demás.

Por ello es necesario la convocatoria a una gran unidad de todos los gremios propios de la clase trabajadora, es decir, de los profesionales, de los técnicos y de los obreros con la finalidad de defender nuestros derechos, con la finalidad de defender nuestro derecho a la vida.

¡NO A TODA FORMA DE PRIVATIZACIÓN!

Panamá, 17 de octubre de 2013

sábado, 5 de octubre de 2013

El capitalismo no da para más.

Juan Torres López

El llamado “cierre” del gobierno de Estados Unidos se puede interpretar y valorar de muchas formas pero creo que por encima de todo refleja que el capitalismo no da para más.

No estamos hablando de que un país arruinado de Africa disponga de una administración pública ínfima. No nos referimos ni siquiera a que una gran economía no esté en condiciones de financiar servicios básicos pero caros de salud o educación para toda su población: según la Oficina del Censo de Estados Unidos allí hay más de 46 millones de pobres y más o menos el mismo número de personas que no tiene asegurada la atención médica en caso de enfermedad, una de cada seis personas que pasan hambre, según Feeding America, y casi 700.000 personas sin ningún tipo de vivienda.

Es peor. Se trata de que la primera potencia mundial no puede pagar el día a día de las actividades elementales de su gobierno.

Es cierto que no es la primera vez que sucede, sino que  ha ocurrido ya 18 veces desde 1976 (la última en 1996), y que en realidad se trata de un vil chantaje político de los republicanos más extremistas porque han sido precisamente los republicanos quienes más deuda han generado en los últimos 35 años. Un estudio del  Center on Budget and Policy Priorities ha demostrado que el 55,8 % de la deuda actual la generaron los recortes fiscales, el coste de las guerras de Irak y Afganistan y los gastos de estímulo de G. Bush y el gasto militar y los recortes fiscales de Reagan, mientras que las políticas de Clinton y Obama solo han contribuido a generarla en un 28%.

Y la realidad es que detrás de esa medida no hay una razón fundada que obligue a recortar los gastos públicos.

Estados Unidos podría seguir financiando los servicios públicos a los que renuncia estos días no solo sin necesidad de recortar un solo dólar en gasto sino incluso aumentándolo para cubrir las necesidades de la población de menor renta.

Afirmar que hay que recortarlos para poder limitar los déficits y la deuda es una falacia que oculta la verdad de las cosas: son los gastos militares (que representan algo más del déficit total previsto para 2013) y, sobre todo, los recortes fiscales que se vienen realizando en los últimos treinta años para favorecer a los ricos y grandes empresas lo que realmente disparan su deuda pública.

Según un estudio de Ciudadanos por la Justicia Fiscal los recortes de financiación al sistema educativo de Estados Unidos fueron de 12.700 millones de dólares en 2012, más o menos la misma cantidad que han evadido anualmente en impuestos estatales de 2008 a 2010 las 265 mayores empresas del país (6 Facts About Hunger That Demonstrate the Shameful Excesses of American Capitalism). Y según esa misma organización 26 grandes empresas no pagaron impuestos entre 2008 y 2011 a pesar de haber registrado 205.000 millones de dólares de beneficios.

Según un informe de la Oficina de Presupuestos del Congreso de los Estados Unidos (The Distribution of Major Tax Expenditures in the Individual Income Tax System) los recortes fiscales que viene realizando el gobierno tienen un coste de 900.000 millones de dólares este año y por su causa se dejarán de ingresar 12 billones de dólares en los próximos diez años. Y si a esos recortes se añaden las ayudas fiscales a los ricos y lo que se pierde por la evasión de beneficios a los paraísos fiscales la merma anual de ingresos es de unos 2 billones de dólares.

Otro estudio de Deloitte Center for Financial Services calcula que la riqueza neta de las familias que disponen de más de 1 millón de dólares fue de 38,6 billones de dólares en 2011. Eso significa que con un mínimo impuesto del 2% sería más que suficiente para financiar el déficit previsto para 2013 y que solo con eso se recaudaría algo más de la mitad de lo que pagan cada años todos los norteamericanos en impuestos individuales.

La realidad no es que en Estados Unidos se realicen gastos públicos excesivos sino que se recortan impuestos a los ricos para privilegiarlos. Mientras que los impuestos sobre los beneficios empresariales representaban el 6% del PIB de Estados Unidos en los años cincuenta, ahora ni siquieran llegan al 2%. Entonces, por cada dólar que pagaba en impuesto un trabajador estadounidense, las empresas pagaban tres, pero ahora ahora solo 22 centavos (Five Tax Fallacies Invented by the 1%). Y mientras que en los últimos 20 años los beneficios empresariales se han multiplicado por cuatro, sus impuestos se han reducido a la mitad (In 20 Years Corporate Profits Are Up 4X and Their Taxes Have Fallen by 50%).

Lo que hay detrás de “cierre” del gobierno estadounidense es que el capitalismo ha llegado al paroxismo. No es que los ricos no quieran gobierno sino que lo quieren solo para él. Mantienen el ejército y mantienen las ayudas fiscales que van a ellos y los apoyos multimillonarias a los bancos y a las grandes empresas. Ese intervencionismo público no les disgusta ni quieren renunciar a financiarlo, aunque hacen todo lo que está en su mano para que los financien los demás, eso sí: en los últimos 20 años la proporción de impuestos pagados por los trabajadores se ha doblado.

Lo ricos, más o menos entre el 1 y el 10% de la población total, lo quiere todo, como demuestra que los beneficios de las empresas hayan crecido desde 2008 veinte veces más que los salarios (Corporate Profits Have Risen Almost 20 Times Faster Than Workers’ Incomes Since 2008) o que de 2009 a 2011 el 88% del crecimiento del ingreso en Estados Unidos fuese a beneficios empresariales y solo el 1% a salario de los trabajadores.

El capitalismo de nuestros días no da para más.

Todo lo que no sea aumentar el beneficio de los de arriba da completamente igual. El “cierre” del gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, supone que el 96% del personal de la Agencia de Protección Medioambiental, el 69% del Departamento de Energía y el 97% de la NASA no acuda al trabajo y que, por tanto, se paralicen sus programas; que incluso el personal que repara carreteras y puentes tras inundaciones y desastres pueda dejar de trabajar y que prácticamente se hayan dejado las labores de supervisión pública de extracción de petróleo, gas o mineral (What the Shutdown Means For Energy and Environmental Programs).

No importa que se destroce a la sociedad, que se destruya el medio ambiente o que se debiliten fatalmente las instituciones. Solo interesa y preocupa concentrar hasta el extremo la riqueza y el poder político, mediático y militar en manos de unos pocos, como ha sido siempre pero ahora de manera mucho más exagerada porque lo cierto es que el capitalismo de nuestros días ha sido capaz de vencer cualquier resistencia al convertirse a su vez en una maquinaria gigantesca de generación de consenso y sumisión, y también de destrucción y aniquilamiento. No es casual que los mismos que defienden el cierre de colegios, hospitales museos públicos o parques nacionales sean los que financian sin límite las guerras genocidas, los ataques brutales a los derechos humanos, la tortura, el espionaje generalizado y el desmantelamiento de las democracias.

De cómo Moscú evitó el ataque.

La delegación siria a Moscú partió de Damasco la noche del sábado 7 de septiembre, tanto para enfrentar su destino como para negociar. El presidente estadunidense Barack Obama y el presidente ruso Vladimir Putin habían estado incubando su plan para evitar ataques estadunidenses con misiles, y Walid Muallem, el extremadamente astuto ministro sirio del Exterior, no tenía idea de lo que se trataba. Lejos de llevar propuestas a Rusia, quería averiguar lo que sabía el canciller ruso Serguei Lavrov... si es que sabía algo.

Era una situación muy extraña. Siria no quería ser atacada por Estados Unidos luego del uso de gas sarín en Damasco la noche del 21 de agosto, pero debía de tener claro que el régimen sirio, blanco principal de los misiles crucero, había sido hecho a un lado. Rusia tomaba las decisiones.

Muallem y su equipo –bien conocidos en el mundo árabe y especialmente en Irán (y en los viejos tiempos en Londres, Washington y París)– llegaron exhaustos al aeropuerto Sheremetyevo al amanecer del domingo 8 de septiembre y se registraron, como siempre en Moscú, en el Presidente, junto al río Moscova, hotel cavernoso y desangelado de la era Brejnev. Su cita con Lavrov se fijó para el lunes en la cancillería rusa. Los sirios, aún cansados del vuelo nocturno, llamaron a Damasco y observaron programas de televisión de Washington vía satélite.

Era un momento de la historia de Siria del que Muallem y sus colegas estaban más que conscientes. La política exterior de su país –o tal vez la militar– era decidida por otros. Y así ocurrió que el 9 de septiembre Muallem estaba sentado frente a Lavrov en la cancillería. El ruso dijo sin rodeos a los sirios lo que pensaba: fue obvio desde el principio que creía que Obama atacaría a Siria.

No era una buena noticia, en especial porque Lavrov dejó en claro que la operación definitivamente ocurriría. Hubo alguna discusión antes que Muallem expresara la posición de su país: que si la verdadera razón de la agresión propuesta contra Siria eran las armas químicas, entonces los medios diplomáticos no se habían agotado.

A los sirios les agrada Lavrov; creen (no sé con qué pruebas) que escribe poesía en su tiempo libre, algo que de modo natural atrae a un pueblo que a menudo aprende de memoria poemas árabes desde antes de aprender a escribir. Es un buen amigo de los árabes, es un dicho constante en Damasco. Queda a los lectores discernir si es verdad.

Escarbar como sabueso en busca de detalles de la diplomacia ruso-siria –ya no se diga de la extraordinaria relación militar– es como vagar por el laberinto del Minotauro. Un giro equivocado puede poner en peligro al reportero, hacerlo perder una antigua amistad, enfurecer a un contacto o irritar a un funcionario por un matiz de significado perdido en la traducción.Así que mientras este corresponsal en Damasco camina de puntitas entre las fuentes rusas y sirias, debe recordar los riesgos. Esto es lo mejor que puedo hacer y tengo todos los motivos para creer que da en el blanco. Es una historia que nos habla del futuro Estado sirio.

Sea como fuere, Lavrov puso fin a la conversación diciendo a Muallem que iría de inmediato a ver al presidente Putin en el Kremlin. Ya volveré, señaló en forma perentoria. Muallem insistió una vez más en que la diplomacia no está agotada. Debía de tener la esperanza de no equivocarse; después de todo, si estaba en un error, tal vez no habría un aeropuerto en Damasco al que pudiera regresar.

Los sirios volvieron al hotel Presidente para comer. En Washington, John Kerry cacareaba más amenazas: los sirios deben entregar las armas químicas, tienen sólo una semana para presentar un inventario. A las 5 de la tarde, Lavrov llamó a Muallem. Debían reunirse en una hora: habría una conferencia de prensa.

Todo este tiempo Muallem había insistido en que Siria quería firmar el tratado de prohibición de armas químicas. Sin embargo, todo el mundo, incluidos los rusos, sabía que el arsenal químico de Siria era su única defensa estratégica fuerte si el país enfrentaba una guerra final con Israel. Aun así, Muallem no sabía lo que le aguardaba; ni él ni sus colegas habían dormido en 36 horas.

Lavrov estaba preocupado por varias razones. Si los estadunidenses atacaban Siria, destruirían el ejército de Bashar Assad. Los islamitas podrían irrumpir en Damasco y las fuerzas rusas –que tienen una base naval e infantes de marina en el puerto sirio de Tartús y otras naves de guerra en el oriente del Mediterráneo– se verían forzadas a reaccionar. Esa era, por lo menos, la versión rusa de los acontecimientos.

Lavrov reveló a Muallem el acuerdo forjado por Putin: todas las armas químicas de Siria serían vigiladas, los detalles se entregarían en unos días, todos los inventarios quedarían bajo control internacional en el curso de un año. Y los rusos agradecerían que Muallem tuviera la bondad de acceder, en una conferencia de prensa que se realizaría esa tarde.

Muallem llamó a Damasco. Habló con el gobierno y, por supuesto, con el presidente Bashar Assad. Éste accedió. Y así, un exhausto y compungido Muallem apareció frente a las cámaras de la televisión mundial –al parecer abrumado de cansancio– para decir sí (en palabras de los rusos).

Siria quería salvar a su pueblo de la agresión y puso toda su confianza en sus amigos rusos. Uno de sus asistentes, Bouthaina Shaaban, también consejero de Assad, parecía igualmente abrumado.

Más tarde, Muallem dijo a Lavrov que el acuerdo obtenido con Siria era el arma número uno de su país. Y Lavrov respondió: Su mejor arma somos nosotros.

Y eso fue todo. Moscú se había convertido en el disuasor estratégico de Siria. El Kremlin manda.

jueves, 3 de octubre de 2013

Desarrollo humano, ciencia y tecnología.

Juan Jované

La tecnología, cuya base moderna se encuentra en el desarrollo científico, juega un importante papel en la sociedad y su desenvolvimiento económico. Esta se relaciona en términos de correspondencia dinámica con el modo de vinculación de la sociedad con la naturaleza en el proceso de trabajo, así como con las relaciones sociales de producción y distribución, las formas ideológicas dominantes y los mecanismos del ejercicio del poder político. En pocas palabras, la intensidad y la naturaleza del desarrollo científico tecnológico corresponden al estilo de desarrollo imperante en la sociedad. En una sociedad guiada por el lucro, el mismo estará subordinado a este fin, con todas las consecuencias ambientales y sociales negativas que esto pueda significar. Si, además, se trata de una sociedad con un sistema económico subordinado, el proceso tomará la forma de una dependencia tecnológica que permite la reproducción de las condiciones de sometimiento.

Teniendo esto presente, queda claro que para desarrollar un modelo social alternativo inclusivo y sostenible es imprescindible la definición de un nuevo paradigma de desarrollo científico técnico. El mismo deberá responder con claridad a dos preguntas básicas: ¿Para qué ciencia y tecnología? ¿Para quién ciencia y tecnología?

El nuevo paradigma del desarrollo científico técnico deberá, entonces, responder a elementos, tales como la consolidación de la nación panameña y el desarrollo más pleno posible de todas las capacidades y potencialidades humanas de todos los hombres y mujeres que hacen parte de la misma, en un contexto de profunda democracia y de respeto del medioambiente. El mismo, entonces, corresponde a la estrategia de fortalecer la soberanía nacional, eliminar las taras de la falta de equidad y justicia social, promover una democracia con protagonismo popular y de lograr eliminar la fractura metabólica que el sistema genera con el medioambiente.

En términos generales, esto significa centrar el esfuerzo de la generación de conocimientos científicos y técnicos en la solución de los problemas nacionales. Esto hace necesario desarrollar una visión transdisciplinaria, es decir, un diálogo de saberes, cuyo objetivo sea potenciar el desarrollo humano sostenible y soberano.
Existen ámbitos que se priorizan en esta visión, sin descuidar el sector tradicional de los servicios. En primer lugar, la necesidad de completar y balancear la estructura económica del país apunta hacia la investigación vinculada con la soberanía y seguridad alimentaria, en la que los conceptos de la agroecología resultan fundamentales. Así mismo, la búsqueda de un desarrollo industrial en el contexto de la integración solidaria por complementación resulta fundamental. No menos importante es la investigación guiada al perfeccionamiento de los servicios básicos vinculados con la educación y la salud. Así mismo se deberá enfatizar en el desarrollo de las formas alternativas de organización de la producción, las cuales permitan la formalización de los sectores informales. En todos estos casos, la búsqueda de la sostenibilidad ambiental, de la equidad social y de espacios de autonomía nacional deben entenderse como ejes transversales indispensables. La búsqueda de un nuevo balance de la matriz energética, orientada, desde el lado de los usos, por el uso racional de la energía y el desarrollo, por el lado de la oferta, de fuentes limpias alternativas son, por tanto, una prioridad para el nuevo estilo de desarrollo.

El logro de los objetivos propuestos solo es posible si entre las grandes tareas nacionales se incluye el objetivo de crear una amplia capacidad científica y tecnológica nacional independiente. Para este fin se deberá contar con los recursos y el financiamiento público necesario que permitan la conformación de un sistema articulado y eficiente de todos los organismos en función de generar los proyectos de investigación científicos y tecnológicos necesarios para la solución de las problemáticas de desarrollo humano sostenible. En este caso, las universidades públicas deberán hacer el esfuerzo de constituirse en el eje central de todo el sistema de innovación, lo que le da dirección y coherencia a todo el proceso.


La nueva visión del desenvolvimiento científico técnico aquí propuesta significa que el mismo deje de ser entendido como una simple herramienta de poder económico, político y militar al servicio de los actuales sectores dominantes y sus socios externos. El mismo, por el contrario, deberá convertirse en el ejercicio de una actividad libre y humanística al servicio del desarrollo de todos y todas. Es en este sentido que el mismo se refiere a un proceso de democratización del conocimiento y, por tanto, del poder que el mismo confiere. La realización de todo esto implica la necesidad de un proceso de defensa de la educación pública, gratuita y de excelencia.