martes, 30 de octubre de 2012

POR LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL

Cronograma y contenido del diálogo de paz en Colombia 

Niko Schvarz

Tras la reunión inicial efectuada el 18 de octubre en Oslo, Noruega, las delegaciones del gobierno de Colombia y de las FARC emitieron un comunicado conjunto, en el que expresan su decisión de iniciar formalmente la segunda fase del proceso mediante la instalación de la Mesa de Negociaciones encargada de desarrollar el Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. El primer punto de la agenda acordada es Desarrollo Agrario Integral y se abordará a partir del 15 de noviembre próximo en La Habana, Cuba. Ambas partes designarán voceros que se reunirán previamente, el 5 de noviembre, en la capital cubana para continuar las labores preparatorias necesarias. Así lo establece el comunicado fechado el 18 de octubre en Oslo.

La reunión en la capital noruega tuvo carácter público, con asistencia de la prensa internacional, y se abrió con la intervención del vocero principal del gobierno, el ex vicepresidente Humberto de la Calle, seguida por la del jefe de la delegación de las FARC, Iván Márquez, integrante del secretariado nacional de la organización. Esta intervención fue colocada bajo el lema: “Nuestro sueño, la paz con justicia social y soberanía” y estuvo precedida de una frase del líder histórico de la fuerza insurgente, Manuel Marulanda, de invocación a la paz “que hemos querido y por la cual hemos luchado por mucho tiempo”. Iván Márquez no solamente fijó la posición sobre el gran tema en debate, sino que comenzó a adentrarse en el primer punto de la agenda a ser analizado en La Habana, el tema agrario. Lo que sigue es una síntesis de esta intervención, de elevado nivel conceptual.

Desde Macondo con un ramo de olivo

“Hemos venido hasta este paralelo 60, hasta esta ciudad de Oslo desde el trópico remoto, desde el Macondo de la injusticia, el tercer país más desigual del mundo, con un sueño colectivo de paz, con un ramo de olivo en nuestras manos. Venimos a esta Noruega septentrional a buscar la paz con justicia social para Colombia por medio del diálogo, donde el soberano, que es el pueblo, tendrá que ser el protagonista principal. En él reposa la fuerza irresistible de la paz”. Tales fueron sus palabras de apertura y una de las ideas centrales de su exposición, que desarrolló extensamente. “Quien debe trazar la ruta de la solución política es el pueblo y a él mismo le corresponderá establecer los mecanismos que han de refrendar sus aspiraciones”, enfatizó. Por lo cual, “tal emprendimiento estratégico no puede concebirse como un proceso contra reloj”. Para que la paz sea estable y duradera debe abordar la solución de los problemas económicos, políticos y sociales generadores del conflicto. 

“No somos los guerreristas que han querido pintar algunos medios de comunicación”, dijo luego. “Venimos a la mesa con propuestas y proyectos para alcanzar la paz definitiva, una paz que implique una profunda desmilitarización del Estado y reformas socioeconómicas radicales que funden la democracia, la justicia y la libertad verdaderas”. Invocó su “lucha histórica por la paz, para buscar, codo con codo con nuestro pueblo, la victoria de la solución pacífica sobre la guerra civil que destroza a Colombia” y en ese sentido enfrentó las concepciones de “los que  creen que con el estruendo de las bombas y de los cañones pueden doblegar la voluntad de quienes mantenemos en alto las banderas del cambio y la justicia social”.

El problema de la tierra, causa histórica del conflicto

Se refirió luego a la dramática situación que vive gran parte de la población, por culpa de la desaforada sed de ganancias de unos pocos capitalistas. La pobreza alcanza al 70% de los habitantes, más de 30 millones de colombianos, el 50% de la población económicamente activa agoniza entre el desempleo y el subempleo, casi 6 millones de campesinos deambulan, víctimas del desplazamiento forzoso. De los 114 millones de hectáreas del país, 38 están asignadas a la explotación petrolera, 11 millones a la minería, se proyecta pasar a los 12 millones de hectáreas para la explotación forestal (de las 750 mil actuales), el área cultivable es de 21,5 millones de hectáreas pero de ellas solamente 4.7 millones están dedicadas a la agricultura, guarismo en decadencia porque el país ya importa 10 millones de toneladas de alimentos al año.

Sobre esta base, plantea que el problema de la tierra (primer punto de la agenda) “es causa histórica de la confrontación de clases en Colombia”. Cita palabras del comandante Alfonso Cano: “Las FARC nacimos resistiendo a la violencia oligárquica que utiliza el crimen político para liquidar a la oposición democrática y revolucionaria; también como respuesta campesina y popular a la agresión latifundista y terrateniente que inundó de sangre los campos colombianos usurpando tierras de campesinos y colonos”.

Esto, que fue causa del alzamiento armado y de la resistencia campesina, a lo largo del tiempo se agudizó. Márquez cita cifras contundentes de la concentración de la tierra. “Se trata-dice- de una acumulación por desposesión, cuya más reciente referencia habla de 8 millones de hectáreas arrebatadas a sangre y fuego a través de masacres paramilitares, fosas comunes, desapariciones y desplazamiento forzoso, crímenes de lesa humanidad, acentuados durante los 8 años de gobierno de Uribe, todos ellos componentes del terrorismo de Estado”.

Realiza luego un profundo análisis del concepto tierra, vinculado al territorio y a la noción de patria, citando una hermosa frase de Simón Bolívar, y reitera que “la lucha por el territorio es el centro de las luchas que se libran hoy en Colombia”. Explica luego que la titulación de tierras, tal como la está practicando actualmente el gobierno, es una trampa, un despojo legal mediante el cual se procura que al campesino  no le quede otra salida que vender o arrendar a las transnacionales o conglomerados financieros. En el mejor de los casos, la gente de campo quedará con una renta miserable, alejada del terruño y confinada en los cinturones de miseria de las grandes ciudades. “Nos están empujando a la extranjerización de la tierra y al desastre ambiental dinamizado brutalmente por la explotación minero-energética y forestal”, concluye en este aspecto, en que rechaza también  la invasión de semillas transgénicas y la privatización y destrucción de la biodiversidad, porque “están en juego la soberanía y la vida misma”.

Insiste en el tema señalando  que el plan del gobierno  “no es más que la legalidad que pretende lavar el rostro ensangrentado del despojo que durante décadas ha venido ejecutando el terrorismo de Estado. Dentro de esa dinámica en Colombia el régimen asesina no sólo con sus planes de guerra, con sus paramilitares y sicarios, sino también con sus políticas económicas que matan de hambre. Hoy hemos venido a desenmascarar a ese asesino metafísico que es el mercado, a denunciar la criminalidad del capital financiero, a sentar al neoliberalismo en el banquillo de los acusados, como verdugo de pueblos y fabricante de muerte”, que “está haciendo chorrear sangre a la patria de la cabeza a los pies”.

Contrapone a estos planes el proyecto de reforma agraria de las FARC, en estos términos: “Por años hemos luchado, como pueblo en armas, por una reforma agraria eficaz y transparente, y es precisamente por ello que no se puede permitir que se implemente el despojo legal que el gobierno proyecta con su ley de tierras. Por medio de la violencia del Plan Colombia y el proyecto paramilitar, se preparó el territorio para el asalto de las transnacionales. La ley general agraria y de desarrollo rural, es esencialmente un proyecto de reordenamiento territorial concebido para abrirle campo a la economía extractiva en contra de la economía campesina, en desmedro de la soberanía alimentaria y del mercado interno, al superponer el mapa minero-energético sobre el espacio agrícola. Ni siquiera se tiene en cuenta la promoción de una agroecología que permita una acción amigable con la naturaleza”.

La restitución de tierras arrebatadas

En este cuadro plantea la restitución de tierras que han sido arrebatadas por la violencia. “La restitución de tierras –dice- tiene que aludir a las tierras que les arrebataron violentamente a los campesinos, indígenas y afro-descendientes”. Este problema salpica de conflictos todo el territorio. Denuncia “al hampa financiera que se está apropiando de la Orinoquía”, la aparición de supuestos “nuevos llaneros” que de llaneros no tienen nada, un grupo de magnates como el ex vicepresidente Francisco Santos (gestor del paramilitar Bloque Capital) y los hijos de Álvaro Uribe entre otros filibusteros, que quieren clavar sus garras en el petróleo, el oro, el coltán, el litio, y explotar grandes proyectos agroindustriales y la biodiversidad  de la altillanura. Ese es el tema que debe discutir todo el país: “que hablen los verdaderos llaneros, esos de piel tostada por el sol, que por siglos han convivido en armonía con los morichales y el vuelo de las garzas y los alcaravanes, esos de pies descalzos que con su histórica bravura empuñaron las lanzas para darnos la libertad”.

Apoyo a las luchas obreras y populares contra las trasnacionales

Iván Márquez expresa luego su solidaridad con las luchas que están llevando a cabo los trabajadores contra grandes empresas trasnacionales, como los obreros petroleros contra la canadiense Pacific-Rubiales en Puerto Gaitán, cuyo escenario de saqueo fue preparado con sangre por las bandas paramilitares de Víctor Carranza, y que explota a más de 12.500 trabajadores que deben trabajar 16 horas diarias por 21 días continuos por una semana de descanso, “situación laboral más atroz que la impuesta por los enclaves bananeros de los años 20”. También se refiere a las luchas de los pobladores del Quimbo, afectados en su permanencia en una tierra donde han vivido durante un  siglo por los planes de la trasnacional EMGESA; a los pobladores de Marmato, en Caldas, donde la transnacional Medoro Resources quiere transformar su aldea de residencia en la mayor mina de oro a cielo abierto del continente. En este caso, el sacerdote José Idárraga, solidario con sus luchas, fue acribillado por los esbirros de las transnacionales.

Se refiere también a la formidable resistencia indígena y campesina en el Cauca en defensa de su territorio y de sus culturas ancestrales; a la voracidad por el oro de la Anglo Gold Ashanti, a la cual se le entrega el 5% del territorio nacional y cuyo proyecto extractivo en Colosa, Cajamarca, dejará una gran devastación ecológica y privará de agua a 4 millones de colombianos que dependen de sus fuentes hídricas.

Su conclusión sobre este punto es la siguiente: “La locomotora minera es como un demonio de destrucción socio-ambiental que si el pueblo no la detiene, en menos de una década convertirá a Colombia en un país inviable. Frenemos ya las locomotoras físicas del Cerrejón y de la Drummond que durante las 24 horas del día saquean nuestro carbón, asperjan polución al paso de sus interminables vagones, dejándonos, como dice el cantautor vallenato Hernando Marín, sólo socavón y miseria. Frenemos a la BPH Billiton, a Xstrata y la Anglo American, que para extraer 600 millones de toneladas de carbón que yacen bajo el lecho del río Ranchería, pretenden desviar su curso, lo que disminuirá el caudal de sus aguas en un 40%, generando devastación ambiental y destrucción irreparable al tejido social de los pueblos Wayúu”.

“Nuestro puerto es la paz con justicia social”

La aspiración de paz, en sus distintas facetas, vertebró toda la exposición de Iván Márquez. “Sinceramente queremos la paz –expresó- y nos identificamos con el clamor mayoritario de la nación por encontrarle una salida dialogada al conflicto abriendo espacios para la plena participación ciudadana en los debates y decisiones. Pero la paz no significa el silencio de los fusiles, sino que abarca la transformación de la estructura del Estado y el cambio de las formas políticas, económicas y militares. La paz no es la simple desmovilización”. Señala luego que el gasto militar en Colombia es de los más altos del mundo en relación al PBI: alcanza el 6.4% cuando 20 años atrás estaba en el orden del 2.4%. El gasto militar anual oscila actualmente entre 23 y 27 billones de pesos colombianos, descontando que Colombia es el tercer receptor de “ayuda” estadounidense en el mundo y que el Plan Colombia le aporta 700 millones de dólares al año. En este terreno se pronuncia contra todos los planes de subordinación militar a Estados Unidos: “No más sumisión a Washington, no más subordinación al Comando Sur y no más complacencia con la expansión de bases militares extranjeras en nuestro territorio”.

El discurso incluye luego este párrafo definitorio y de división de los campos: “No somos causa sino respuesta a la violencia del Estado, que es quien debe someterse a un marco jurídico para que responda por  sus atrocidades y crímenes de lesa humanidad como los 300 mil muertos de la denominada época de la violencia en los años 50, que responda por los 5 mil militantes y dirigentes de la Unión Patriótica asesinados, por el paramilitarismo como estrategia contrainsurgente del Estado, por el desplazamiento de cerca de 6 millones de campesinos, por los más de 50 mil casos de desaparición forzada, por las masacres y los falsos positivos, por las torturas, por los abusos de poder que significan las detenciones masivas, por la dramática crisis social y humanitaria, en síntesis que responda por el terrorismo de Estado”.

Finaliza este capítulo con la siguiente afirmación: “Somos una fuerza beligerante, una organización política revolucionaria con un proyecto de país esbozado en la Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia, y nos anima la convicción de que nuestro puerto es la paz, pero no la paz de los vencidos, sino la paz con justicia social”.

Solicita luego que Simón Trinidad, preso en una cárcel de Colorado, EEUU, y condenado injustamente a 60 años de prisión, sea liberado para participar del diálogo de paz. Y culmina con este llamado de máxima amplitud al pueblo colombiano a movilizarse por la paz: “Convocamos a todos los sectores sociales del país, al Ejército de Liberación Nacional, ELN, a los directorios de los partidos políticos, a Colombianas y Colombianos por la Paz (organización que liderada por Piedad Córdoba trabajó denodadamente para abrir esta senda), a la Conferencia Episcopal y a las iglesias, a la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, a la Coordinadora de Movimientos Sociales de Colombia, a los promotores del Encuentro por la Paz de Barrancas, a los indígenas, a los afro-descendientes, a los campesinos, a las organizaciones de desplazados, a la ACVC, a la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, a las centrales obreras, a las mujeres, al movimiento juvenil colombiano, a la población LGTBI, a los académicos, a los artistas y cultores, a los comunicadores alternativos, al pueblo en general, a los migrados y exiliados, a la Marcha Patriótica, al Polo Democrático, al Congreso de los Pueblos, al Partido Comunista, al MOIR, a la Minga Indígena, a los amantes de la paz en el mundo, para que llenen de esperanza este intento de solución al conflicto”.

Publicado en BITÁCORA, edición digital Nº 490,  29 de octubre 2012

sábado, 27 de octubre de 2012

COLÓN: LA MISERIA DEL PAÍS HANSEÁTICO



Por Olmedo Beluche

Diez días de tenaz lucha en las calles duramente reprimida por la policía, con un saldo de, por lo menos, 4 muertos de bala, decenas de heridos y centenares de detenidos, es el resultado del alzamiento popular del pueblo de Colón, segunda ciudad en importancia económica y demográfica de la república de Panamá.

Esta sublevación incontenible tiene dos causas, una manifiesta e inmediata y otra que se hunde en lo profundo de las razones sociales: la primera, la imposición de la Ley 72, que autoriza la venta de terrenos en el área de la Zona Libre de Colón, la mayor área de reexportación del continente americano;  la otra, la extrema miseria en que vive la población de esta ciudad que habita al lado del negocio más próspero del país. La ciudad de Colón es la fotografía viva y desgarrante del capitalismo panameño con su extrema polarización de la riqueza en pocas manos y la pobreza más insultante para las mayorías.

Es un deber de los sectores más concientes de la sociedad panameña no perder de vista el problema de fondo en Colón que explica las verdaderas causas de este "octubre rojo" panameño, rojo de sangre y banderas. Porque la sola derogación de la Ley 72, que puede ser conveniente para los comerciantes que han controlado por décadas el negocio de reexportación, no solucionará el problema de fondo, la injusticia social que mueve a los colonenses a las calles, dirigidos por el Frente Amplio de Colón (organismo que agrupa a sindicatos, gremios y organizaciones civiles).

Mientras que, respecto a la motivación inmediata, la derogación de la Ley 72, la posición firme del Frente Amplio de Colón ("no hay negociación, sin derogación") está clara y ya ha empezado a resquebrajar la posición del gobierno; respecto de la segunda causa, ni el FAC, ni ningún otro sector de la izquierda y el movimiento popular hemos propuesto todavía una fórmula clara.

Por ello, junto a la demanda de derogación de la Ley 72, impuesta y sancionada en menos de 6 horas por la Asamblea nacional y el Ejecutivo, habría que formular una respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cómo la Zona Libre de Colón va a compartir sus enormes ganancias con el pueblo colonense?

Un poco de historia

La historia de Panamá está marcada por un determinismo geográfico: un istmo que une los océanos Atlántico y Pacífico que, desde la aparición del mercado mundial, con la conquista española, se le asignó el papel de puente de mercancías y gentes. Primero, del oro y la plata del Perú; luego de paso de la comunicación entre las costas este y oeste de los Estados Unidos; más recientemente, de las mercancías "baratas" de Asia (China-Taiwán-Hong Kong-Japón) y América Latina (Colombia, Venezuela, Brasil, etc.).

Ese peso de la posición geográfica y su articulación al mercado mundial, dio origen a un concepto formulado por el historiador Alfredo Castillero Calvo en los años sesenta,  que lo define bien: el transitismo.
El transitismo describe un país volcado a la zona de tránsito (hoy el eje Panamá-Colón, antes, Panamá-Portobelo), controlado por ávidos comerciantes agentes de intereses comerciales foráneos. Ese transitismo ha producido un  país dislocado, en el que la zona de tránsito concentra la mayor parte de la riqueza, dejando casi en el olvido al resto del estado nacional. Un país con un 80% del PIB cargado hacia el comercio y los servicios financieros y de transporte, carente casi de agricultura e industria, cuyo resultado social es una de las peores polarizaciones de la riqueza social, con altas tasas de desempleo y pobreza.

El transitismo nos habla de un comercio que no proviene ni está dirigido a la población panameña que, dada su baja densidad demográfica y escasa industria, no posee un atractivo mercado interno. Ese comercio está en función de intereses extranjeros, mientras que el panameño y el colonense sólo ve pasar la riqueza, como antes vio pasar el oro y la plata del Perú.

Pero el transitismo ha tenido sus períodos de decadencia. Entre mitad del siglo XVIII y mitad del XIX, los comerciantes panameños en varias ocasiones soñaron abiertamente con la construcción de un "país hanseático" que, al estilo de las ciudades comerciales europeas del medioevo, realizara una alianza comercial con Inglaterra y su base jamaiquina, para que fuera puente mercancías inglesas hacia Sudamérica.

El sueño "hanseático" empezó a tomar forma a partir de la "fiebre del oro" de California, cuando Panamá fue descubierta por la potencia emergente, Estados Unidos, como el puente más corto y seguro entre sus costas. El sociólogo Marco Gandásegui ha dicho en alguna ocasión que Panamá se transformó en una extensión del río Mississipi que desembocaba en San Francisco.

Así nació la ciudad de Colón, cuando en 1850, la Pacific Mail empezó la construcción del ferrocarril de Panamá, el primero que unió ambos océanos. Por su trazado, el ferrocarril necesitaba una terminal en la costa caribeña de Panamá, así que se procedió a rellenar la isla de Manzanillo, dando origen a una ciudad que los norteamericanos llamaron al principio Aspinwall (en honor a uno de los gerentes de la Panama Railroad Co.).

Como el trazado del posterior Canal de Panamá corre paralelo al del ferrocarril, Colón se convirtió en el polo caribeño de asentamiento de los trabajadores antillanos, en su mayoría afrodescendiente, traídos para excavarlo. La población de Colón pasó de 3.000 habitantes en 1900, a más de 30.000 en 1920.

La construcción del canal por Estados Unidos trajo aparejada la separación de Panamá de Colombia, de la que era una provincia, dada la resistencia a aceptar un tratado que imponía la segregación de una Zona del Canal bajo soberanía norteamericana. Pese a que los comerciantes panameños creyeron ver cumplido su sueño "hanseático", y lo pusieron en la divisa del nuevo escudo nacional ("Pro Mundi Beneficio"), la realidad dura fue su exclusión del negocio canalero por los norteamericanos, quienes controlaron todo bajo un estricto esquema militar.

De manera que a mitad del siglo XX, el sueño "hanseático" de nuestros comerciantes era proveer de cantinas y burdeles a los soldados acantonados en las bases militares norteamericanas. Pero, al final de la Segunda Guerra Mundial, esa economía de cantina entró en crisis, degenerando en una continua serie de conflictos sociales y políticos, incluso interburgueses, por disputarse el control de los pocos negocios que producían algo de plusvalía.

El gobierno de Enrique A. Jiménez, en 1945, contrató los servicios de un grupo de asesores norteamericanos para que sugirieran algunos remedios a la crisis económica y fiscal. Uno de ellos, Thomas E. Lyons, funcionario del Departamento de Comercio de EE UU, realizó un informe en el que propuso la creación de una zona franca de comercio. Así nació  la Zona Libre de Colón, mediante el decreto Ley No. 18 de 17 de junio de 1948, vigente hasta el viernes 19 de octubre de 2012, cuando fue aprobada y promulgada la Ley 72.

¿Zona Libre para beneficio de quién?

Las empresas que se establecen en la Zona Libre de Colón no pagan ningún tipo de impuestos, ni nacionales, ni municipales. La última vez que un gobierno intentó cargarles con un leve impuesto, bajo el gobierno de Ernesto Pérez Balladares (1994-99), los poderosos comerciantes pegaron el grito al cielo y el gobierno tuvo que retroceder. Lo único que pagan es un arrendamiento por las instalaciones que usan a un precio catastral subvalorado.

La Zona Libre de Colón cuenta en este momento con 1.751 empresas asentadas que reciben 250.000 visitantes al año. Aunque hay en ella todo tipo de empresas, predominan poderosos capitales judíos y árabes (que allí se llevan muy bien). Entre los primeros destaca la familia Motta (cuyas ramificaciones se extienden a la Compañía Panameña de Aviación, COPA; TVN-Canal 2; y el Banco General, el mayor de capital panameño). Entre los segundos destaca la familia Waked (con ramificaciones en todos los puertos libres del continente a través de los almacenes La Riviera y en los diarios La Estrella y El Siglo).

Se estima que en 2012 la Zona Libre de Colón manejará un movimiento comercial de 12.447.646 millones de dólares, 5.785.202 en importaciones y 6.662.443 en exportaciones, según la Contraloría General de la República. Otros cálculos elevan estas cifras por encima de los 16 mil millones de dólares. En un país cuyo Producto Interno bruto Total fue ponderado en 2011 en 23.253.6 millones de dólares, estamos hablando de una cifra significativa.

En un articulo reciente, el economista colonense y precandidato presidencial, Juan Jované, ha estimado el valor agregado generado por la Zona Libre de Colon en 2.042,6 millones en el año 2010. Este año la cifra será mayor según los indicadores.

Pese a toda esa riqueza que se mueve dentro de las 240 hectáreas que ocupa la Zona Libre, la ciudad de Colón es, a la vista del peor miope, una urbe paupérrima, en que la población camina en aceras decrépitas por donde corren aguas cloacales, malvive en edificios a medio caerse, cuya juventud padece el desempleo crónico (15%, según Jované) y se refugia en las pandillas; con hospitales decadentes y clínicas mal equipadas; ni hablemos de las escuelas. El desempleo general puede estar cerca del 25%.

Según datos del propio Ministerio de Economía (y estimados a la baja por una metodología alevosamente construida), el 3,2 % de los colonenses sobrevive en la indigencia y el 15,8% en la pobreza.
A todo lo cual hay que agregar el desprecio racista de gobiernos, policías y empresarios contra la población colonense, en su mayoría afrodescendiente. Ese racismo desembozado se expresa no sólo en el abandono de la provincia (de 220.000 habitantes) pese a su importancia económica, sino en que los empresarios de la Zona Libre prefieren traer trabajadores de Panamá a contratar colonenses. Además de que, por supuesto, los dueños y gerentes no tienen sus residencias en Colón sino en la ciudad de Panamá.

Como nos comentaba Alberto Barrow, dirigente de la etnia negra, ese racismo descarado también está en las cabezas de los policías, y sus jefes que le han ordenado disparar directamente contra la gente que protesta en Colón, como han mostrado las cámaras de la televisión. Es el mismo racismo con el cual hace dos años, en julio de 2010, dispararon a mansalva contra los trabajadores bananeros, en su mayoría del pueblo Gnabe-Buglé, en Changuinola; y en 2011, de nuevo contra ellos mismos que luchaban contra el Código Minero y las hidroeléctricas, en el área de San Félix.

Ese racismo ha sido consuetudinario en las élites panameñas, pero ha llegado al paroxismo bajo el gobierno integrado por comerciantes blancos de Ricardo Martinelli y su ministro de Seguridad José Raúl Mulino. Habría que preguntarle a los organismos de derechos humanos si no estamos ante una conciente práctica genocida por parte de estos gobernantes.

Los intereses inconfesables

En la crisis actual se mueven aviesos intereses. Los intereses del grupo gobernante, que ha impuesto la Ley 72, con la que pretenden matar dos pájaros de un tiro: hacerse con una cifra de entre 200 y 400 millones de dólares en venta de activos estatales para cuadrar un presupuesto exorbitante (el mayor de la historia) con el que quieren cerrar el año preelectoral, con mucho clientelismo y una impresión de bienestar; a la vez que se apropian para su grupo de valiosas tierras nacionales a precios de regalo y entran al negocio que les faltaba.

Pero no hay que perder la perspectiva de que a la oligarquía comercial que controla la Zona Libre de Colón le conviene que se derogue la Ley 72, no porque ellos tenga algún aprecio por la propiedad pública, sino porque el decreto de 1948 les permite seguir lucrando sin compartir un centavo con el pueblo colonense, como han hecho por sesenta años.

De ahí que no basta con exigir la derogación de la Ley 72, hay que buscar una propuesta que obligue a esos comerciantes a compartir un pedazo de la riqueza que genera la Zona Libre de Colón. Propuesta que debe salir de la dirigencia popular del Frente Amplio de Colón y de sus mejores intelectuales comprometidos con la causa popular. Propuesta que, aún manteniendo el negocio capitalista, haga algo de justicia al pueblo colonense y permita resolver las enormes disparidades sociales que padece.

Colón es la punta del iceberg, la vanguardia de un conflicto social que atraviesa todo el país (de ahí que la solidaridad y las protestas se hayan extendido por todos lados), entre la riqueza de una casta comercial que ha empezado a ver su sueño hanseático cumplido, a partir de la reversión del Canal en el año 2000, y esa masa popular que vegeta en la pobreza más allá de los edificios de la bahía de Panamá. El problema de fondo que amenaza con estallar, es el capitalismo transitista panameño y su sueño hanseático, cada vez más inequitativo, injusto y antidemocrático.

Panamá, 25 de octubre de 2012.

jueves, 25 de octubre de 2012

Sin Ambages



Es un modus operandi de este gobierno (al igual que todos los gobiernos vendepatria y oligárquicos que hemos tenido) formular leyes, tomar decisiones y acciones para enriquecer a sus personeros y sus empresas presentándolas dizque para favorecer al pueblo, e imponiéndolas a sangre y fuego si llegasen a tener la oposición de ese pueblo que dicen favorecer. Y después que destrozan, hieren y matan llaman a dialogar.

Esto es, ni más ni menos, lo que ocurre con la venta de las tierras de la Zona Libre de Colón y que el pueblo ya ha se “olido el tocino”. Y de allí la férrea oposición a la venta. Y de allí, también, la sangrienta represión policial. ¡Que lejos están aquello tiempos en que los fusiles de la Guardia Nacional dejaron de apuntar hacia el pueblo! Cosas del retroceso social.

Pero estas actuaciones de “nuestros oligarcas” no están desvinculadas del proyecto mundial de dominación social, explotación económica y enriquecimiento ilimitado de sus socios: la aristocracia financiera global. Privatización de los servicios que presta el estado y sus activos; venta, concesión y traspaso gratuito de tierras nacionales; concesiones mineras medioambientalmente perniciosas; desalojo de población originaria para la construcción de hidroeléctricas u otros proyectos supuestamente necesarios para el desarrollo del país; proyectos faraónicos sobrevalorados y sobrepagados; ventas de acciones del Estado en empresas de distribución eléctrica y telefonía para recomprarla luego; menoscabo de conciencia nacional con planes de estudios alienantes y deshumanizadores; y la sumisión absoluta al “mercado” y al desarrollo patrocinado por la “inversión extranjera”, son algunas de sus receta.

Ciegos y sordos a las necesidades de las grandes mayorías nacionales, que ya los ha descubierto, estas ya han acuñado, en el refranero popular, la sentencia que dice: “el mercado y el inversionista extranjero son tu mismo, oligarca”.

Barro Blanco, ayer; Zona Libre de Colón, hoy, la lección es clara, contundente. Solamente la movilización popular ha frenado o retrasado el latrocinio. La posición del Movimiento de Bases Torrijistas, ayer, como hoy es clara: No a la venta de la patria y No a la venta de las tierras de la Zona Libre de Colon. La Ley 72 debe ser derogada y todos sus promotores y los Diputados que votaron a su favor deben ser procesados por violar la Constitución Política.

Pero nos preocupa que cada arbitrariedad, cada violación a la Constitución, cada asalto o intento de asalto al Patrimonio del Estado, cada negociado o intento de negociado frenado por la movilización popular deja muertos y heridos en el pueblo, pero se le permite a los perpetradores de estos crímenes, y su descendencia, una completa impunidad y libertad para disfrutar de lo sustraído al Estado. El actual marco político así se los permite. Y nosotros, las mayorías populares ¿Qué? ¿Seguir poniendo los muertos, heridos y sufrimientos, una y otra vez?

Hay que ponerle un punto final a esta depredación del Estado Nacional por los ocupantes de los Órganos de Poder Público elegidos por el pueblo para buscar el bien común; no el provecho personal, ni de sus empresas, ni de su clase social. Ya no podemos esperar cada cinco años para pasarle factura sacándolos del poder del Estado y dejándolos que se vayan a disfrutar de lo que le han robado honradamente (o legalmente) al pueblo.

Es necesario refundar la República sobre la decencia, la búsqueda del bien común, la justicia social, una democracia participativa, la erradicación de la corrupción en todas sus formas y sobre todo instalando el Poder Ciudadano permanentemente en la vida política de nuestra sociedad. Esto solo será posible (ya lo hemos aprendido) cuando la movilización popular se dirija hacia la imposición de una Asamblea Constituyente Originaria y Soberana.

miércoles, 24 de octubre de 2012

¡HUELGA GENERAL!


EN APOYO A COLÓN Y POR LA DEROGACIÓN DE LA LEY 72


Los trabajadores y el pueblo de Colón cumplen una semana de lucha en las calles y paro general provincial contra la inconsulta Ley 72, que pretende vender los terrenos de la Zona Libre.
Pese a la dura represión, no sólo con gases lacrimógenas y perdigones, sino a balazos directos contra la gente; pese a las decenas de heridos y varios muertos; pese a los centeneras de detenidos; el heroico pueblo colonense sigue en las calles, no ha bajado las banderas y siguen mostrando al resto del país el camino de la lucha consecuente contra la medidas del gobierno corrupto y oligárquico de Ricardo Martinelli.
La organizaciones populares de Colón, agrupadas en el Frente Amplio de Colón, no cayeron en la trampa del "diálogo" amañado que les quisieron tender los ministros el día de ayer. Los colonenses no mordieron el anzuelo del "diálogo" ni con los cantos de sirena de los jerarcas de las iglesias católica y evangélica, y de algunos sectores empresariales, como el CONEP, presidido por el Sr. Díez, conspicuo miembro del sector empresarial del "opositor" PRD. La consigna sigue siendo: "No hay negociación sin derogación de la Ley 72".
El ejemplo de Colón ha empezado a extenderse por todo el país y prepara las condiciones posibles de una insurrección popular generalizada y una HUELGA GENERAL. El lunes 22 se produjeron protestas en diversos lugares: los trabajadores de la zona bananera de Changuinola cerraron el puente de acceso a la ciudad, y hubo manifestaciones simultáneas allí, en David y en la ciudad de Panamá. En Panamá, convocados por FRENADESO y SUNTRACS, miles de trabajadores marcharon bajo la lluvia para expresar su apoyo. La marcha contó con la presencia de organizaciones como la CGTP, Convergencia Sindical, dirigencia magisterial. Fue la primera marcha unitaria en varios años.
El martes 23 realizaron protestas callejeras los estudiantes de secundaria del Instituto Nacional y la Universidad de Panamá, piqueteos del SUNTRACS en casi todas las provincias, así como un paro general docente convocado por todos los gremios. El Frente por la Democracia a su vez ha convocado a una gran marcha para el miércoles 24 en horas de la tarde, en Panamá, y una caravana para "Romper el cerco de Colón", para el jueves 25 de octubre.
Lo más importante de la lucha colonense que se generaliza es que se ha producido un salto en la conciencia del pueblo panameño, que ha saltado de un descontento larvado, a una crítica furibunda contra el gobierno de Martinelli al que se identifica como un gobierno de los ricos contra los pobres, además de profundamente corrompido. Muchos hablan de que hay que sacarlo del gobierno sin esperar a las elecciones de 2014.
Pero la falencia sigue siendo de las direcciones mayoritarias del movimiento obrero y popular, las cuales no han avanzado hacia lo que todo el pueblo empieza a pedir: una HUELGA GENERAL para forzar la derogación de la Ley 72 y pararle la mano a Martinelli. El MPU exhorta a Frenadeso, CONATO y el Frente por la Democracia a coordinar la lucha y convocar conjuntamente la Huelga General.


24 de octubre de 2012 4:42
MOVIMIENTO POPULAR UNIFICADO

Panamá, 24 de octubre de 2012.