Sin Ambages

Es un modus operandi de este gobierno (al igual que todos los gobiernos vendepatria y oligárquicos que hemos tenido) formular leyes, tomar decisiones y acciones para enriquecer a sus personeros y sus empresas presentándolas dizque para favorecer al pueblo, e imponiéndolas a sangre y fuego si llegasen a tener la oposición de ese pueblo que dicen favorecer. Y después que destrozan, hieren y matan llaman a dialogar.

Esto es, ni más ni menos, lo que ocurre con la venta de las tierras de la Zona Libre de Colón y que el pueblo ya ha se “olido el tocino”. Y de allí la férrea oposición a la venta. Y de allí, también, la sangrienta represión policial. ¡Que lejos están aquello tiempos en que los fusiles de la Guardia Nacional dejaron de apuntar hacia el pueblo! Cosas del retroceso social.

Pero estas actuaciones de “nuestros oligarcas” no están desvinculadas del proyecto mundial de dominación social, explotación económica y enriquecimiento ilimitado de sus socios: la aristocracia financiera global. Privatización de los servicios que presta el estado y sus activos; venta, concesión y traspaso gratuito de tierras nacionales; concesiones mineras medioambientalmente perniciosas; desalojo de población originaria para la construcción de hidroeléctricas u otros proyectos supuestamente necesarios para el desarrollo del país; proyectos faraónicos sobrevalorados y sobrepagados; ventas de acciones del Estado en empresas de distribución eléctrica y telefonía para recomprarla luego; menoscabo de conciencia nacional con planes de estudios alienantes y deshumanizadores; y la sumisión absoluta al “mercado” y al desarrollo patrocinado por la “inversión extranjera”, son algunas de sus receta.

Ciegos y sordos a las necesidades de las grandes mayorías nacionales, que ya los ha descubierto, estas ya han acuñado, en el refranero popular, la sentencia que dice: “el mercado y el inversionista extranjero son tu mismo, oligarca”.

Barro Blanco, ayer; Zona Libre de Colón, hoy, la lección es clara, contundente. Solamente la movilización popular ha frenado o retrasado el latrocinio. La posición del Movimiento de Bases Torrijistas, ayer, como hoy es clara: No a la venta de la patria y No a la venta de las tierras de la Zona Libre de Colon. La Ley 72 debe ser derogada y todos sus promotores y los Diputados que votaron a su favor deben ser procesados por violar la Constitución Política.

Pero nos preocupa que cada arbitrariedad, cada violación a la Constitución, cada asalto o intento de asalto al Patrimonio del Estado, cada negociado o intento de negociado frenado por la movilización popular deja muertos y heridos en el pueblo, pero se le permite a los perpetradores de estos crímenes, y su descendencia, una completa impunidad y libertad para disfrutar de lo sustraído al Estado. El actual marco político así se los permite. Y nosotros, las mayorías populares ¿Qué? ¿Seguir poniendo los muertos, heridos y sufrimientos, una y otra vez?

Hay que ponerle un punto final a esta depredación del Estado Nacional por los ocupantes de los Órganos de Poder Público elegidos por el pueblo para buscar el bien común; no el provecho personal, ni de sus empresas, ni de su clase social. Ya no podemos esperar cada cinco años para pasarle factura sacándolos del poder del Estado y dejándolos que se vayan a disfrutar de lo que le han robado honradamente (o legalmente) al pueblo.

Es necesario refundar la República sobre la decencia, la búsqueda del bien común, la justicia social, una democracia participativa, la erradicación de la corrupción en todas sus formas y sobre todo instalando el Poder Ciudadano permanentemente en la vida política de nuestra sociedad. Esto solo será posible (ya lo hemos aprendido) cuando la movilización popular se dirija hacia la imposición de una Asamblea Constituyente Originaria y Soberana.