martes, 30 de octubre de 2012

POR LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL

Cronograma y contenido del diálogo de paz en Colombia 

Niko Schvarz

Tras la reunión inicial efectuada el 18 de octubre en Oslo, Noruega, las delegaciones del gobierno de Colombia y de las FARC emitieron un comunicado conjunto, en el que expresan su decisión de iniciar formalmente la segunda fase del proceso mediante la instalación de la Mesa de Negociaciones encargada de desarrollar el Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. El primer punto de la agenda acordada es Desarrollo Agrario Integral y se abordará a partir del 15 de noviembre próximo en La Habana, Cuba. Ambas partes designarán voceros que se reunirán previamente, el 5 de noviembre, en la capital cubana para continuar las labores preparatorias necesarias. Así lo establece el comunicado fechado el 18 de octubre en Oslo.

La reunión en la capital noruega tuvo carácter público, con asistencia de la prensa internacional, y se abrió con la intervención del vocero principal del gobierno, el ex vicepresidente Humberto de la Calle, seguida por la del jefe de la delegación de las FARC, Iván Márquez, integrante del secretariado nacional de la organización. Esta intervención fue colocada bajo el lema: “Nuestro sueño, la paz con justicia social y soberanía” y estuvo precedida de una frase del líder histórico de la fuerza insurgente, Manuel Marulanda, de invocación a la paz “que hemos querido y por la cual hemos luchado por mucho tiempo”. Iván Márquez no solamente fijó la posición sobre el gran tema en debate, sino que comenzó a adentrarse en el primer punto de la agenda a ser analizado en La Habana, el tema agrario. Lo que sigue es una síntesis de esta intervención, de elevado nivel conceptual.

Desde Macondo con un ramo de olivo

“Hemos venido hasta este paralelo 60, hasta esta ciudad de Oslo desde el trópico remoto, desde el Macondo de la injusticia, el tercer país más desigual del mundo, con un sueño colectivo de paz, con un ramo de olivo en nuestras manos. Venimos a esta Noruega septentrional a buscar la paz con justicia social para Colombia por medio del diálogo, donde el soberano, que es el pueblo, tendrá que ser el protagonista principal. En él reposa la fuerza irresistible de la paz”. Tales fueron sus palabras de apertura y una de las ideas centrales de su exposición, que desarrolló extensamente. “Quien debe trazar la ruta de la solución política es el pueblo y a él mismo le corresponderá establecer los mecanismos que han de refrendar sus aspiraciones”, enfatizó. Por lo cual, “tal emprendimiento estratégico no puede concebirse como un proceso contra reloj”. Para que la paz sea estable y duradera debe abordar la solución de los problemas económicos, políticos y sociales generadores del conflicto. 

“No somos los guerreristas que han querido pintar algunos medios de comunicación”, dijo luego. “Venimos a la mesa con propuestas y proyectos para alcanzar la paz definitiva, una paz que implique una profunda desmilitarización del Estado y reformas socioeconómicas radicales que funden la democracia, la justicia y la libertad verdaderas”. Invocó su “lucha histórica por la paz, para buscar, codo con codo con nuestro pueblo, la victoria de la solución pacífica sobre la guerra civil que destroza a Colombia” y en ese sentido enfrentó las concepciones de “los que  creen que con el estruendo de las bombas y de los cañones pueden doblegar la voluntad de quienes mantenemos en alto las banderas del cambio y la justicia social”.

El problema de la tierra, causa histórica del conflicto

Se refirió luego a la dramática situación que vive gran parte de la población, por culpa de la desaforada sed de ganancias de unos pocos capitalistas. La pobreza alcanza al 70% de los habitantes, más de 30 millones de colombianos, el 50% de la población económicamente activa agoniza entre el desempleo y el subempleo, casi 6 millones de campesinos deambulan, víctimas del desplazamiento forzoso. De los 114 millones de hectáreas del país, 38 están asignadas a la explotación petrolera, 11 millones a la minería, se proyecta pasar a los 12 millones de hectáreas para la explotación forestal (de las 750 mil actuales), el área cultivable es de 21,5 millones de hectáreas pero de ellas solamente 4.7 millones están dedicadas a la agricultura, guarismo en decadencia porque el país ya importa 10 millones de toneladas de alimentos al año.

Sobre esta base, plantea que el problema de la tierra (primer punto de la agenda) “es causa histórica de la confrontación de clases en Colombia”. Cita palabras del comandante Alfonso Cano: “Las FARC nacimos resistiendo a la violencia oligárquica que utiliza el crimen político para liquidar a la oposición democrática y revolucionaria; también como respuesta campesina y popular a la agresión latifundista y terrateniente que inundó de sangre los campos colombianos usurpando tierras de campesinos y colonos”.

Esto, que fue causa del alzamiento armado y de la resistencia campesina, a lo largo del tiempo se agudizó. Márquez cita cifras contundentes de la concentración de la tierra. “Se trata-dice- de una acumulación por desposesión, cuya más reciente referencia habla de 8 millones de hectáreas arrebatadas a sangre y fuego a través de masacres paramilitares, fosas comunes, desapariciones y desplazamiento forzoso, crímenes de lesa humanidad, acentuados durante los 8 años de gobierno de Uribe, todos ellos componentes del terrorismo de Estado”.

Realiza luego un profundo análisis del concepto tierra, vinculado al territorio y a la noción de patria, citando una hermosa frase de Simón Bolívar, y reitera que “la lucha por el territorio es el centro de las luchas que se libran hoy en Colombia”. Explica luego que la titulación de tierras, tal como la está practicando actualmente el gobierno, es una trampa, un despojo legal mediante el cual se procura que al campesino  no le quede otra salida que vender o arrendar a las transnacionales o conglomerados financieros. En el mejor de los casos, la gente de campo quedará con una renta miserable, alejada del terruño y confinada en los cinturones de miseria de las grandes ciudades. “Nos están empujando a la extranjerización de la tierra y al desastre ambiental dinamizado brutalmente por la explotación minero-energética y forestal”, concluye en este aspecto, en que rechaza también  la invasión de semillas transgénicas y la privatización y destrucción de la biodiversidad, porque “están en juego la soberanía y la vida misma”.

Insiste en el tema señalando  que el plan del gobierno  “no es más que la legalidad que pretende lavar el rostro ensangrentado del despojo que durante décadas ha venido ejecutando el terrorismo de Estado. Dentro de esa dinámica en Colombia el régimen asesina no sólo con sus planes de guerra, con sus paramilitares y sicarios, sino también con sus políticas económicas que matan de hambre. Hoy hemos venido a desenmascarar a ese asesino metafísico que es el mercado, a denunciar la criminalidad del capital financiero, a sentar al neoliberalismo en el banquillo de los acusados, como verdugo de pueblos y fabricante de muerte”, que “está haciendo chorrear sangre a la patria de la cabeza a los pies”.

Contrapone a estos planes el proyecto de reforma agraria de las FARC, en estos términos: “Por años hemos luchado, como pueblo en armas, por una reforma agraria eficaz y transparente, y es precisamente por ello que no se puede permitir que se implemente el despojo legal que el gobierno proyecta con su ley de tierras. Por medio de la violencia del Plan Colombia y el proyecto paramilitar, se preparó el territorio para el asalto de las transnacionales. La ley general agraria y de desarrollo rural, es esencialmente un proyecto de reordenamiento territorial concebido para abrirle campo a la economía extractiva en contra de la economía campesina, en desmedro de la soberanía alimentaria y del mercado interno, al superponer el mapa minero-energético sobre el espacio agrícola. Ni siquiera se tiene en cuenta la promoción de una agroecología que permita una acción amigable con la naturaleza”.

La restitución de tierras arrebatadas

En este cuadro plantea la restitución de tierras que han sido arrebatadas por la violencia. “La restitución de tierras –dice- tiene que aludir a las tierras que les arrebataron violentamente a los campesinos, indígenas y afro-descendientes”. Este problema salpica de conflictos todo el territorio. Denuncia “al hampa financiera que se está apropiando de la Orinoquía”, la aparición de supuestos “nuevos llaneros” que de llaneros no tienen nada, un grupo de magnates como el ex vicepresidente Francisco Santos (gestor del paramilitar Bloque Capital) y los hijos de Álvaro Uribe entre otros filibusteros, que quieren clavar sus garras en el petróleo, el oro, el coltán, el litio, y explotar grandes proyectos agroindustriales y la biodiversidad  de la altillanura. Ese es el tema que debe discutir todo el país: “que hablen los verdaderos llaneros, esos de piel tostada por el sol, que por siglos han convivido en armonía con los morichales y el vuelo de las garzas y los alcaravanes, esos de pies descalzos que con su histórica bravura empuñaron las lanzas para darnos la libertad”.

Apoyo a las luchas obreras y populares contra las trasnacionales

Iván Márquez expresa luego su solidaridad con las luchas que están llevando a cabo los trabajadores contra grandes empresas trasnacionales, como los obreros petroleros contra la canadiense Pacific-Rubiales en Puerto Gaitán, cuyo escenario de saqueo fue preparado con sangre por las bandas paramilitares de Víctor Carranza, y que explota a más de 12.500 trabajadores que deben trabajar 16 horas diarias por 21 días continuos por una semana de descanso, “situación laboral más atroz que la impuesta por los enclaves bananeros de los años 20”. También se refiere a las luchas de los pobladores del Quimbo, afectados en su permanencia en una tierra donde han vivido durante un  siglo por los planes de la trasnacional EMGESA; a los pobladores de Marmato, en Caldas, donde la transnacional Medoro Resources quiere transformar su aldea de residencia en la mayor mina de oro a cielo abierto del continente. En este caso, el sacerdote José Idárraga, solidario con sus luchas, fue acribillado por los esbirros de las transnacionales.

Se refiere también a la formidable resistencia indígena y campesina en el Cauca en defensa de su territorio y de sus culturas ancestrales; a la voracidad por el oro de la Anglo Gold Ashanti, a la cual se le entrega el 5% del territorio nacional y cuyo proyecto extractivo en Colosa, Cajamarca, dejará una gran devastación ecológica y privará de agua a 4 millones de colombianos que dependen de sus fuentes hídricas.

Su conclusión sobre este punto es la siguiente: “La locomotora minera es como un demonio de destrucción socio-ambiental que si el pueblo no la detiene, en menos de una década convertirá a Colombia en un país inviable. Frenemos ya las locomotoras físicas del Cerrejón y de la Drummond que durante las 24 horas del día saquean nuestro carbón, asperjan polución al paso de sus interminables vagones, dejándonos, como dice el cantautor vallenato Hernando Marín, sólo socavón y miseria. Frenemos a la BPH Billiton, a Xstrata y la Anglo American, que para extraer 600 millones de toneladas de carbón que yacen bajo el lecho del río Ranchería, pretenden desviar su curso, lo que disminuirá el caudal de sus aguas en un 40%, generando devastación ambiental y destrucción irreparable al tejido social de los pueblos Wayúu”.

“Nuestro puerto es la paz con justicia social”

La aspiración de paz, en sus distintas facetas, vertebró toda la exposición de Iván Márquez. “Sinceramente queremos la paz –expresó- y nos identificamos con el clamor mayoritario de la nación por encontrarle una salida dialogada al conflicto abriendo espacios para la plena participación ciudadana en los debates y decisiones. Pero la paz no significa el silencio de los fusiles, sino que abarca la transformación de la estructura del Estado y el cambio de las formas políticas, económicas y militares. La paz no es la simple desmovilización”. Señala luego que el gasto militar en Colombia es de los más altos del mundo en relación al PBI: alcanza el 6.4% cuando 20 años atrás estaba en el orden del 2.4%. El gasto militar anual oscila actualmente entre 23 y 27 billones de pesos colombianos, descontando que Colombia es el tercer receptor de “ayuda” estadounidense en el mundo y que el Plan Colombia le aporta 700 millones de dólares al año. En este terreno se pronuncia contra todos los planes de subordinación militar a Estados Unidos: “No más sumisión a Washington, no más subordinación al Comando Sur y no más complacencia con la expansión de bases militares extranjeras en nuestro territorio”.

El discurso incluye luego este párrafo definitorio y de división de los campos: “No somos causa sino respuesta a la violencia del Estado, que es quien debe someterse a un marco jurídico para que responda por  sus atrocidades y crímenes de lesa humanidad como los 300 mil muertos de la denominada época de la violencia en los años 50, que responda por los 5 mil militantes y dirigentes de la Unión Patriótica asesinados, por el paramilitarismo como estrategia contrainsurgente del Estado, por el desplazamiento de cerca de 6 millones de campesinos, por los más de 50 mil casos de desaparición forzada, por las masacres y los falsos positivos, por las torturas, por los abusos de poder que significan las detenciones masivas, por la dramática crisis social y humanitaria, en síntesis que responda por el terrorismo de Estado”.

Finaliza este capítulo con la siguiente afirmación: “Somos una fuerza beligerante, una organización política revolucionaria con un proyecto de país esbozado en la Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia, y nos anima la convicción de que nuestro puerto es la paz, pero no la paz de los vencidos, sino la paz con justicia social”.

Solicita luego que Simón Trinidad, preso en una cárcel de Colorado, EEUU, y condenado injustamente a 60 años de prisión, sea liberado para participar del diálogo de paz. Y culmina con este llamado de máxima amplitud al pueblo colombiano a movilizarse por la paz: “Convocamos a todos los sectores sociales del país, al Ejército de Liberación Nacional, ELN, a los directorios de los partidos políticos, a Colombianas y Colombianos por la Paz (organización que liderada por Piedad Córdoba trabajó denodadamente para abrir esta senda), a la Conferencia Episcopal y a las iglesias, a la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, a la Coordinadora de Movimientos Sociales de Colombia, a los promotores del Encuentro por la Paz de Barrancas, a los indígenas, a los afro-descendientes, a los campesinos, a las organizaciones de desplazados, a la ACVC, a la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, a las centrales obreras, a las mujeres, al movimiento juvenil colombiano, a la población LGTBI, a los académicos, a los artistas y cultores, a los comunicadores alternativos, al pueblo en general, a los migrados y exiliados, a la Marcha Patriótica, al Polo Democrático, al Congreso de los Pueblos, al Partido Comunista, al MOIR, a la Minga Indígena, a los amantes de la paz en el mundo, para que llenen de esperanza este intento de solución al conflicto”.

Publicado en BITÁCORA, edición digital Nº 490,  29 de octubre 2012

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