Industria y desarrollo humano sostenible.

Juan Jované

La economía panameña sufre de lo que, siguiendo a Fernando Fajzylber, podríamos llamar el síndrome del casillero vacío, destacando que pese a la alta velocidad del crecimiento económico, es prácticamente nulo lo que se ha avanzado en términos de equidad. Es así que el nivel de concentración del ingreso en Panamá, medido por el índice de Gini, fue superior en 2011 (0.531) que en 2005 (0.529).

Entre las características estructurales del actual estilo  de desarrollo que producen las carencias de equidad está su incapacidad de generar empleo decente para todos y todas. Es así que, de acuerdo con datos oficiales, si a los desocupados se les suman aquellos ocupados que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, se concluye que para marzo de 2012 cerca del 36.4% de la población económicamente activa mostraba condiciones de precariedad. Así mismo, las estadísticas de CEPAL  muestran que para 2011, el 31.5% de la población laboral urbana se encontraba en actividades de baja productividad, situación que es peor en el sector agropecuario, habida cuenta de que produce cerca del 2.9% del PIB, utilizando cerca del 17.0% de la población ocupada.

Se equivocan quienes piensan, basados en la llamada teoría del rebalse, que la carencia de equidad se resuelve con la simple continuidad lineal del actual estilo de acumulación y crecimiento. Para lograr la equidad hace falta una política que modifique el actual patrón de crecimiento, con el fin de que una porción creciente de la población adquiera un empleo decente, es decir, una ocupación productiva que le permita participar plenamente en los beneficios del progreso técnico.

Para este fin se hace indispensable completar y balancear la estructura de la economía panameña, habida cuenta de que el desarrollo exclusivo de los servicios no resuelve el problema del empleo decente. Esto significa, entre otras cosas, promover tanto la producción del sector agropecuario como implementar una política guiada hacia una nueva industrialización, entendida esta como un elemento básico en el proceso de generación, incorporación y difusión del progreso científico-técnico y del empleo decente. Desde la perspectiva de la política de industrialización se pueden destacar varios elementos claves de la misma.

Esta, en primer lugar, debe basarse en la consolidación de un núcleo de innovación endógeno, creativo, dinámico, capaz de atender los requerimientos de la equidad, comprometido; además, con la sostenibilidad ambiental y la consolidación de la soberanía nacional. Para este fin es de fundamental importancia la construcción de un efectivo sistema nacional de progreso científico-tecnológico, en la forma de una red en la que colaboren los organismos estatales, privados y de los trabajadores vinculados con la producción, regulación, protección del medio ambiente, la investigación y formación de recursos humanos. Las universidades públicas deben jugar un papel central en esto.

En segundo lugar, es importante sustentar la nueva industrialización en relaciones de producción y distribución justas, así como en un metabolismo sostenible con la naturaleza. En este contexto es importante reconstruir con una mayor eficiencia las cadenas productivas que conectan al sector agropecuario, sobre todo el alimentario, con la industria (agroindustria) y las actividades turísticas, así como las que vinculan la generación de infraestructura, la construcción y los materiales que la misma demanda. Más allá de esto, se deberán ubicar nuevos sectores industriales dinámicos (por ejemplo vinculados con la economía marítima), capaces de generar y difundir el progreso técnico, abarcando hasta la producción de insumos y medios de producción. También es indispensable el desarrollo de nuevas y suficientes fuentes energéticas limpias.

Se debe concluir, en tercer lugar, que dados los requerimientos de aprendizaje involucrados, así como el de las economías de escala involucradas, el proyecto propuesto implica un estilo de reinserción con el exterior, que no se puede lograr con el tipo de integración contenido en los tratados de libre comercio típicos de la Alianza del Pacífico, centrados en la competencia asimétrica. El país debe, entonces, moverse hacia formas de integración basadas en la solidaridad, la complementariedad planificada y el respeto a la soberanía nacional.

Desde el punto de vista del sector público, este deberá procurar las condiciones de promoción y protección del proyecto de nueva industrialización, en un contexto en el que esta protección favorece los necesarios procesos de aprendizaje para la productividad, pero evita el llamado “proteccionismo frívolo”. El sector público juega, además, un papel central en el financiamiento y promoción de los elementos que constituyen el núcleo dinámico endógeno, a la vez que asegura una base social amplia para el proyecto, haciendo cumplir las leyes sociales y apoyando a la pequeña y mediana empresa.