En los últimos seis años la fuerza pública panameña (Policía Nacional y
otros estamentos) ha estado involucrada en la muerte de 17 personas por
negligencia y/o prepotencia.
Desde la muerte de una empresaria en 2007
hasta el caso más reciente de los dos niños asesinados en San Carlos en
2013. Además, la contención de manifestaciones de protesta (la represión
mal aplicada) por la Policía Nacional y el Servicio Nacional de
Fronteras (SENAFRONT) ha sesgado la vida de otras 8 personas y dejado
decenas de heridos desde esa misma fecha.
La conmoción que se observa a nivel de la población panameña, sacudida
por los incidentes fatales en los cuales están involucrados agentes de
la Policía Nacional, no es el producto de un incidente aislado.
El país
se percata que está en un espiral de violencia institucional cuyo
resultado final es impredecible. La opinión pública está muy preocupada
ya que observa una conducta que sigue un patrón muy definido. Las
fuerzas del orden han tomado la ley en sus propias manos con el aval de
las autoridades. Pocos días después de la muerte de los niños en San
Carlos, el dirigente sindical y aspirante a elección popular, Genaro
López, fue encañonado por agentes de la Policía – junto a su familia –
en la puerta de su casa.
La Ley 74 avala la impunidad entre los agentes de la Policía Nacional
con el beneplácito de las autoridades.
En su momento, se pensó que la
legislación garantizaría la lealtad de los agentes de la PN hacia las
autoridades. Por el otro lado, las revelaciones de Wikileaks apuntan a
una escalada en el uso de métodos extra-legales por parte de las
autoridades y sus agentes para alcanzar objetivos políticos, ajenos a lo
indicado por la ley y la Constitución.
La pérdida trágica de vidas en San Carlos y el atentado contra el
dirigente Genaro López forman parte de un patrón. La Policía Nacional
recibe en forma indiscriminada entrenamiento militar bajo el supuesto de
que la Institución (y el país) se encuentra en una 'guerra' contra las
drogas. En ese enfrentamiento EEUU ha identificado a varios actores que
deben ser objeto de represión: campesinos e indígenas. Estos, a su vez,
según manuales de las fuerzas armadas de EEUU, pueden tener entre sus
aliados a organizaciones políticas, miembros de la sociedad civil y
gremios.
Si el gobierno insiste en continuar recibiendo la asesoría de las ramas
militares de EEUU para entrenar a su personal y desarrollar actividades
militares, sólo se puede esperar un resultado catastrófico, que pone en
peligro la vida de todos los panameños en forma permanente. A diferencia
de la Policía, que tiene que velar por la seguridad de los ciudadanos y
la protección de la comunidad, el militar tiene como responsabilidad
reprimir con la fuerza toda movilización que considere sospechosa.
El
Policía utiliza su arma de fuego como última instancia cuando enfrenta
al sospechoso de cometer algún delito. En cambio, el militar saca el
arma de reglamento en primera instancia para neutralizar o eliminar al
enemigo en el campo de batalla. Estamos presenciando, desde un tiempo
atrás para esta fecha, una tendencia en el que el uniformado de policía
(el "secreta" de civil) está actuando cada vez más – en forma equivocada
- como militar. Esto es resultado inmediato de un entrenamiento
planificado y acordado por las entidades de seguridad tanto de EEUU como
Panamá. Incluso, con la participación activa de militares de Colombia
gracias a la invitación de EEUU.
La población panameña siempre le ha tenido poca confianza a los
estamentos policíacos y militares. Son las fuerzas que los gobiernos de
turno – desde los tiempos de la colonia - activan para someter a los
sectores subordinados. Más aún, a los sectores que no se someten a la
injusticia y manifiestan su descontento. Es el caso de los trabajadores
sindicalizados, los estudiantes, los campesinos, los pueblos indígenas y
otros. En los últimos cinco años han sido varios los panameños
asesinados por la Policía y estamentos militares (SENAFRONT). Decenas
que han sido heridos producto de una represión muy desigual. Los
estudiantes gritan y tiran piedras. Los campesinos bloquean caminos
rurales y los sindicatos sacan pancartas. En cambio, las fuerzas del
orden desenfundan sus armas de fuego.
Si la percepción que tiene la población de la conducta de la Policía
continúa deteriorándose estaríamos entrando en una fase muy peligrosa.
Los políticos que hoy son 'autoridad' mañana abandonarán sus cargos,
pero dejarán un gran desorden entre los estamentos que tienen la
responsabilidad de proteger a los panameños.
¿Qué pasará mañana cuando la autoridad no avala el uso de armas por
parte de los agentes que no respetan el reglamento vigente? ¿Se
someterán los uniformados a los dictados de las nuevas autoridades que
quieren respetar la ley? ¿Pensarán que la autoridad les está faltando el
respeto? ¿Se creerán por encima de la ley? ¿Podrán conspirar y alterar
el orden constitucional?
Pareciera que la política del actual gobierno y
sus ministerios encargados de hacer cumplir la ley nos llevan por un
camino muy resbaloso y peligroso. Urge hacer los correctivos
inmediatamente, de lo contrario el espiral de violencia institucional
cobrará vida propia.
31 de octubre de 2013.
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