Mark
Weisbrot
Truthout/The
Guardian Unlimited
Hace tres
años los militares hondureños asaltaron la casa del presidente Mel Zelaya, lo
secuestraron y lo expulsaron del país. El gobierno de Obama, según sus propias
conversaciones con la prensa, fue informado previamente del golpe.
Pero la
primera declaración de la Casa Blanca –a diferencia de las del resto del mundo–
no condenó el golpe. Eso envió un mensaje a la dictadura hondureña y a la
comunidad diplomática: el gobierno de EE.UU. apoyó el golpe y hará todo lo
posible para asegurar su éxito. Y es exactamente lo que sucedió.
A
diferencia de Washington y los pocos aliados derechistas que le quedan en el
hemisferio, la mayoría de Latinoamérica consideró que el golpe era una amenaza
a la democracia en la región, y por cierto para sus propios gobiernos.
“Bastaría
con que alguien diera un golpe civil respaldado por las fuerzas armadas, o
simplemente un golpe civil, y lo justificara posteriormente convocando
elecciones”, dijo la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, a dirigentes
suramericanos, “y las garantías democráticas se convertirían en verdadera
ficción”.
Por ese
motivo Suramérica se negó a reconocer las “elecciones” hondureñas celebradas
seis meses después bajo la dictadura. Pero Washington quería que se legitimara
el régimen golpista. El gobierno de Obama bloqueó cualquier actuación de la
Organización de Estados Americanos (OEA) para restaurar la democracia antes de la
celebración de las “elecciones”.
“Tenemos
informes de inteligencia que dicen que después de Zelaya, seré el próximo” dijo
el presidente Correa después del golpe hondureño. Resultó que tenía razón: En
septiembre de 2010, una rebelión de policías mantuvo a Correa secuestrado en un
hospital hasta su liberación, después de un prolongado tiroteo entre la policía
y tropas leales de las fuerzas armadas. Fue otro intento de golpe contra un
presidente socialdemócrata en Latinoamérica.
La semana
pasada, la advertencia de Cristina Fernández contra un “golpe civil” se reveló
profética en Paraguay. El presidente de izquierdas, Fernando Lugo, fue depuesto
por el Congreso en un “juicio político” del cual le avisaron con menos de 24
horas de antelación y le dieron dos horas para defenderse.
Los 12
cancilleres de UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas), incluidos los de
Brasil y Argentina, viajaron a Paraguay el jueves para decir a la oposición
derechista que esta evidente violación del proceso debido también constituye
una violación de la cláusula democrática de UNASUR. La presidenta de Brasil,
Dilma Rouseff, sugirió que el gobierno golpista debía ser expulsado de UNASUR y
del MERCOSUR, el bloque de comercio regional del cono sur.
Pero la
derecha paraguaya, que tuvo un régimen de un solo partido durante 61 años antes
de la elección de Lugo, estaba determinada a volver a su ignominioso pasado. Y
sabía que tenía un aliado en el hemisferio con el cual podía contar.
“Como tema
general, no lo hemos calificado de golpe porque se han seguido los procesos”,
dijo la portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland, el 26 de junio.
Y, como para recordar al mundo la estrategia de Washington en el golpe
hondureño, agregó: “Sabéis que se supone que habrá elecciones en 2013. Por lo
tanto creo que nos abstendremos de más comentarios hasta que veamos lo que pasa
en la reunión de la OEA”.
Por cierto
Nuland sabía que la reunión de la OEA no resolvería nada, porque EE.UU. y sus
aliados pueden eliminar cualquier cosa en ese organismo, como lo hicieron esta
semana. La conclusión es obvia: cualquier facción derechista, militar o civil,
que pueda derrocar un gobierno de centroizquierda elegido democráticamente,
obtendrá apoyo del gobierno de EE.UU., que es gobierno del país más rico y
poderoso del hemisferio y del mundo.
Mientras
tanto, Honduras se ha convertido en una pesadilla desde el golpe de 2009, con
la mayor tasa de homicidios del mundo. La represión policial es una de las
peores del hemisferio: periodistas, activistas opositores, campesinos en lucha
por la reforma agraria y activistas de LGBT han sido asesinados impunemente.
Esta
semana, 84 miembros del Congreso de EE.UU. enviaron una carta a la secretaria
de Estado Hillary Clinton, urgiendo una acción estadounidense contra los
asesinatos de activistas de LGBT y miembros de la comunidad en Honduras. En
marzo, 94 miembros del Congreso pidieron que “suspenda la ayuda de EE.UU. a los
militares y la policía de Honduras en vista de las evidencias de violaciones
generalizadas y graves de los derechos humanos atribuidas a las fuerzas de
seguridad”.
Hasta ahora
el gobierno de Obama ha ignorado estas solicitudes del Congreso y los medios
internacionales les han prestado poca atención. Irónicamente, no es tanto
porque Honduras carezca de importancia, sino por todo lo contrario: EE.UU.
tiene una base militar en el país y quiere conservar su propiedad.
Pero el
hemisferio y el mundo han cambiado. EE.UU. ha perdido la mayor parte de su
influencia en la mayoría de las Américas en la última década. Es solo cuestión
de tiempo que incluso países pobres como Honduras y Paraguay consigan sus
derechos a la democracia y a la autodeterminación.
Mark
Weisbrot es codirector del Centro de Investigación Económica y Política en
Washington DC y presidente de Just Foreign Policy.
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