Juan
Jované
Gracias
a que el profesor Alberto Quiroz Guardia se tomó en serio su papel de custodio
de las actas del Primer Congreso Nacional de Organizaciones por el Rescate de la
Soberanía, hoy podemos contar con las importantes posiciones que asumieron las
organizaciones populares y nacionalistas en este histórico evento, celebrado en
febrero de 1964, motivado por la gesta patriótica de enero de ese mismo año. Se
trata de un instrumento que, a nuestro juicio, contiene las líneas esenciales de
lo que sería un verdadero proyecto nacional de desarrollo, el cual ha sido
postergado y traicionado por los sectores económicamente dominantes en el país y
sus partidos políticos.
Se
trata de un proyecto que propone, desde un primer momento, la abolición de la
colonia y la recuperación del Canal y de los recursos del área canalera, con el
fin de lograr un estilo de desarrollo que hoy llamaríamos equitativo, incluyente
y con justicia social. Es así, por ejemplo, que una de sus resoluciones no solo
exige el reconocimiento explícito de la plena soberanía de Panamá en todo el
territorio nacional, sino que, además, propone que los recursos del área
canalera sean “incorporados al patrimonio útil de la nación panameña y puedan
cumplir su función social en beneficio de la economía nacional”, posición esta
que dista mucho del uso que se les ha venido dando a estos bienes,
convirtiéndolos en una simple palanca de acumulación del capital transnacional y
sus aliados locales.
En
el bloque de las resoluciones vinculadas a la Comisión Económica, que fue
presidida por el profesor Quiroz Guardia, se destaca, en primer lugar, una en
que se propone como objetivo básico la búsqueda de un modelo de desarrollo que
“siente las bases estatales de una verdadera independencia económica”. Para la
construcción de este modelo, muy alejado del neoliberalismo actualmente
practicado por la oligarquía dominante, se establecieron un conjunto de
propuestas.
Desde
el punto de vista del desarrollo de las fuerzas productivas, se propuso un
desarrollo armónico y balanceado de la estructura económica del país y de las
actividades guiadas hacia el exterior, como la dirigida al desarrollo del
mercado interno. Es así que las resoluciones destacan la importancia de un
proceso de industrialización vinculado a las materias primas locales, mientras
que para el sector agrícola se subrayaba la importancia de una reforma agraria
integral, la cual se postuló de una forma que coincide plenamente con lo que hoy
conocemos como la estrategia de la seguridad y soberanía alimentaria. Así mismo,
los planteamientos económicos del congreso llamaron la atención sobre la
importancia de la formación y calificación de la fuerza de trabajo, así como de
la acción del Estado guiada hacia lo que se consideraba como “la estructura
básica para el desarrollo”.
Todo
esto, vale la pena añadir, debería operar dentro de un esquema que asegure la
justicia social para los trabajadores del campo y la ciudad. Es de esta manera
que en el caso de los salarios se proponía explícitamente la existencia de
“salarios equitativos que permitan el incremento del nivel de vida del
trabajador, a la vez se exigían las condiciones para que “las clases populares
puedan ejercer su derecho de asociación y sindicalización que propugnen por
mejores condiciones de vida”.
Con
una redacción que adelanta las condiciones actuales, encontramos en una la
condena contra “algunos comerciantes inescrupulosos que se han dado a la tarea
de alzar los precios de primera necesidad…”, así como una propuesta destinada a
romper con la especulación por medio de la “regulación y reglamentación de las
ganancias excesivas”. También se incluía la necesidad de “proteger al productor
agropecuario por medio de un sistema bien manejado de precios de productores por
parte del Estado”.
Habría
que adicionarle al proyecto la moderna preocupación por la sostenibilidad
ambiental, los derechos de los pueblos originarios y la equidad de género, que
constituyen la base para un desarrollo nacional capaz de superar el actual
modelo neoliberal. Más aún, la visión del Primer Congreso Nacional de
Organizaciones por el Rescate de la Soberanía apunta claramente a la importancia
que tiene la creación de una amplia alianza entre los afectados por el modelo
vigente para lograr el cambio necesario.
Después
de cincuenta años de la gesta gloriosa del 9, 10 y 11 de enero, resulta
indispensable retomar la lucha por el proyecto nacional, democrático y popular
para derrotar al neoliberalismo antinacional. Este esfuerzo es, sin dudas, el
mejor homenaje que podemos ofrecer a nuestros mártires, así como para
asegurarles una vida digna a las futuras generaciones.
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