Por Olmedo Beluche
Jorge Sarsanedas, en un excelente artículo ("¿Reír o
llorar?"), publicado hace unos días, ha puesto en evidencia a una
serie de sectores, muchos de ellos escudados bajo el ropaje "religioso" o tras
el morbo hipócrita de medios de comunicación, que se oponen de manera irracional
y con argumentos infundados al proyecto de ley que debate la Asamblea Nacional
sobre "salud sexual y reproductiva", que incluye la educación sexual, seria y
científica, en los programas educativos.
Hay una sola cosa que añadir al aporte bien fundamentado de
Sarsanedas: la sociedad panameña debe despertar y ver la realidad como es, las
estadísticas señalan que los adolescentes están teniendo relaciones sexuales,
pero sin orientación adecuada, por un lado; y por el otro, un gran porcentaje de
embarazos precoces son producto de violaciones e incestos.
Basta de negar los hechos. Basta de mirar para otro lado o esconder
la cabeza en el hoyo, como las avestruces (aunque dicen que esas aves no hacen
eso). En hogares coherentes y bien establecidos, en familias disfuncionales,
entre pobres o ricos, del interior o las urbes, con padres permisivos o
represivos, la juventud panameña en su proceso de maduración fisiológica y
social está iniciando sus primeras experiencias sexuales bien temprano. Aunque
usted no lo quiera reconocer, no esté de acuerdo o no le guste, eso es lo que
está sucediendo.
¿No lo cree? Una encuesta dada a conocer por la Defensoría del
Pueblo, encontró que el 31,7% de las chicas y el 40,7% de los varones tuvieron
su primera experiencia sexual antes de cumplir los 15 años de edad. En 2012,
hubo 15.206 nacimientos de madres menores de 20 años (4% de ellas con edades
entre 11 y 14 años). En 2013 asistieron a control prenatal 17.843 menores entre
11 y 19 años de edad.
Quienes pretenden que la educación sexual corra única y
exclusivamente por parte de los padres están siendo desmentidos por los hechos y
las estadísticas. No nos engañemos, quienes somos progenitores, incluso entre
los más liberales y progresistas, sabemos que no es muy fácil abordar esos temas
con los hijos. Pero, aún en el caso de que ese supuesto funcionara en las
familias "equilibradas", bien informadas y con buena comunicación parental, ¿qué
hacemos con las familias divididas, disfuncionales, cuyos padres están ausentes
por trabajo, etc.?
El estado tiene una responsabilidad que cumplir hacia todos los niños
y adolescentes, pero más aún con los más vulnerables. Según los datos del INEC,
sólo el 57% de las menores panameñas viven con ambos padres; el 42%, es decir,
541.440 menores no viven con ninguno de los padres o sólo con uno de los dos, a
las que hay que añadir otras 9.933 en las que no se pudo determinar la
situación.
Un problema conexo, que requiere urgente atención es que muchos de
los embarazos de adolescentes son producto, no de relaciones "irresponsables"
entre jóvenes, sino de abusos sexuales y violaciones cometidos por adultos del
propio entorno (familiar, vecinal) de las menores. A veces nos escandalizamos
con lo que sucede en ciudad Juárez, la India o en algunos países musulmanes,
pero en nuestro entorno "occidental", cristiano y "civilizado" la violencia
sexual contra las mujeres escala junto a la violencia social en general, pero
requiere un tratamiento particular, no sólo en el plano jurídico, sino
educacional, de salud pública, cultural.
Por añadidura, la información sobre sexualidad y reproducción la
están obteniendo los jóvenes por muchos medios (amigos, redes sociales,
televisión, cine, etc.) y a veces (no tanto como debiera) de los propios padres
y algunas con suerte en los centros de salud. La única ausencia en ese proceso
es de la educación formal, seria, científica y bien fundada.
Los jóvenes tienen sexo pero carecen de información elemental al
respecto. Basta un ejemplo, proveniente de la fuente citada: sólo el 37,1% de
las mujeres entre 15 y 24 años de edad son capaces de identificar dos formas de
prevenir el VIH. En sentido contrario, el 60 % de las jóvenes no saben cómo
prevenir correctamente ser víctimas de las enfermedades de transmisión sexual.
Esa falta de información guarda relación directa con el hecho de que el 13% de
los 13.264 casos registrados de personas portadoras de VIH en Panamá son menores
de 25 años
La educación sexual como parte de los programas educativos, en
relación y dependiendo de la edad y maduración de los menores, pretende
aportarles información seria sobre las relaciones humanas, sobre el cuerpo
humano (y como parte de ello, la sexualidad). No se trata, como
irresponsablemente aducen algunos desde púlpitos y medios de comunicación, de
"enseñarles a hacer el amor en las escuelas". En esto destaca la hipocresía de
algunos medios de comunicación que, solapada o abiertamente, se oponen al
proyecto de ley, pero cuya programación y páginas está cargada de erotismo y
comercialización del cuerpo femenino.
Para tener sexo los jóvenes no van a la escuela. La escuela lo que sí
debe hacer es proveerles información y orientación sobre este tema, que es
propio de la vida cotidiana de cualquier persona. Está demostrado que en todos
los países con sistemas educativos desarrollados, en los que la salud sexual no
es tabú, donde la gente posee información adecuada, para tener sexo responsable,
las mujeres retardan en el tiempo (no la sexualidad) sino la maternidad, porque
dan importancia a su desarrollo intelectual y profesional.
Donde no hay educación sexual, crece el número de adolescentes
embarazadas con sus vidas frustradas e infelices por tener hijos no planificados
que le dificultan continuar sus estudios y su desarrollo personal. Entre ellas,
muchas niñas que aún no han terminado de madurar y que se ven obligadas a asumir
un papel de madres para el que no están preparadas.
Algunos, en una muestra de ignorancia supina, creen que cuando la ley
dice "derechos sexuales y reproductivos" es que se les va a enseñar a los
muchachos a exigirle a sus padres que ellos tienen "derecho de tener sexo cuando
quieran" y que de ahí vendrá el "descontrol". No. Cuando la ley dice "derechos"
se refiere a que aprendan a defender la integridad de sus cuerpos frente a la
ola de abusadores (que también los hay en las "buenas familias"), a denunciar el
acoso y abuso sexual, que sepan esa agresión también es un delito, y que tienen
derecho a la protección de las autoridades e instituciones públicas.
Las cifras aportadas demuestran la necesidad urgente para la sociedad
panameña de tener una política educativa sobre salud sexual y reproductiva.
Digámosle basta a los sectores oscurantistas que quieren que el estado y el país
siga mirando para otro lado mientras a nuestro lado crece un problema que
adquiere dimensiones epidémicas.
Es un deber moral de toda persona responsable exigir la aprobación
pronta de ese proyecto de ley. No puede haber ni un gremio profesional, en
especial ningún gremio docente, ningún sindicato, ni mucho menos una
organización política que se diga progresista o de izquierda que pase agachado
en este debate nacional. Es su obligación ante la historia tomar posición y
exigir la aprobación de este proyecto de ley.
Panamá, 2 de octubre de 2014.
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