Jorge Castañeda Patten
Las reformas electorales
son el nuevo circo inventado por las fuerzas hegemónicas, y sale desde los
laboratorios mediáticos como pulseo, control y atomización del pueblo; mientras
ellos mantienen el modelo por desposesión como política.
Así, la población aguarda
un resultado, los movimientos sociales se dividen y se critican por internet,
la partidocracia hace gala de desfachatez y financia hordas sin contenido; y
las familias poderosas están tranquilas, desde sus mansiones, concentrando para
sí toda la riqueza del país. El negocio del Estado se ha convertido en el
peor castigo para los panameños comunes. Las disputas políticas se basan en
quién tiene el control de la función pública para enriquecerse a sí y a sus
amigos.
En base a esto, las reformas electorales actuales son vistas como
peligrosas para muchos; sin embargo, la población no sale de sus casas para
sumarse a la protesta en contra. Esto obedece a que no hay una propuesta
unitaria y popular en contra de la partidocracia tradicional; no existe educación
electoral que permita comprender su magnitud e implicaciones; y, no hay un
escenario de crisis económica.
Es una crisis política, ¿Acaso defenderán a los
políticos tradicionales? Los sectores divididos del movimiento social aún
no han comprendido que deponiendo posturas divisionistas, sectarias y
contemplativas, se habría derrotado a la partidocracia oligárquica en unidad;
dándole paso al consenso para crear un frente independiente, popular,
profesional, amplio, incluyente y progresista que convoque al pueblo para
abocarse a las urnas, con la posibilidad de desplazar a la oligarquía y
refundar nuestro país. Con las reformas electorales debemos tener claro que
hay que oponerse a cualquier “camisa a la medida” de la partidocracia corrupta
de todos los partidos que representan el interés neoliberal, privatizador y
oligárquico.
Así, la ley electoral debe ser democracia real, con paridad de
género y la regulación de campañas millonarias y dispares, revelando el origen
de las donaciones. Nuestra postura categórica es que se legisle con relación a
lo que el pueblo conquistó y llenar el vacío que se dejó cuando en 2009, la
Corte Suprema de Justicia falló declarando inconstitucional el artículo 233 del
Código Electoral que no aceptaba las candidaturas independientes.
La verdadera
lucha del pueblo debe ser exigir un umbral de firmas para candidaturas
independientes por debajo del 0.5% del total del padrón electoral, como planteó
el profesor Juan Jované ante la Asamblea Nacional, para que cualquier panameño
(a) pueda ser, efectivamente, candidato a la presidencia conforme lo establece
la Constitución. Luego, la reglamentación de dicho artículo la debe hacer,
por competencia, el Tribunal Electoral. Esa no es una reforma, sino un vacío
legal que hay que llenar y es responsabilidad del pueblo defender esta
conquista en la Asamblea. Esta es, posiblemente, la cuestión medular para
romper con el secuestro electoral de la democracia. No es una reivindicación
política más, se trata de la única posibilidad de postular y elegir una opción
distinta. No podemos seguir eligiendo, una y otra vez, a quien que nos oprima y
nos atraque los próximos cinco años.
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