Libre postulación a la presidencia de la republica en el 2014, una necesidad.

El fallo Nº937 de la Corte Suprema de Justicia, del 21 de julio de 2009, mediante el cual, producto del recurso presentado por el Dr. Juan Jované, se declara inconstitucional el artículo 233 del Código Electoral, dando fin al monopolio de los partidos al momento de postular a cargos de Presidente y Vicepresidente de la República, crea un vacío legal, que debe ser llenado mediante la aprobación de un nuevo artículo que incluya las candidaturas de libre postulación, para los cargos mencionados

No legislar en ese sentido, deja abierto el camino a diversas interpretaciones sobre quien puede postular a dichos cargos, situación nada saludable para unas elecciones transparentes, que es lo que supuestamente se quiere. Y es que al no aclarar quién puede postular para Presidente y Vicepresidente, podemos interpretar que, además de los partidos, también lo pueden hacer los sindicatos y organizaciones con personería jurídica y lógico, la libre postulación

Algunos consideran que la Asamblea Nacional debe archivar toda propuesta vinculada a las elecciones y discutir las mismas, en el 2015. Argumentan que el torneo electoral del 2014 se debe realizar con las reglas del 2009. Pero no olvidemos que en esas elecciones, no permitieron la candidatura del Dr. Juan Jované, ya que la Corte falló el último día de campaña y lo formalizó 3 meses después, el 21 de julio. De aplicarse las mismas reglas del juego, se corre el riesgo de que mediante argucias de carácter legal, una vez más dejen al movimiento popular fuera de las elecciones

Frente a esta preocupación, proponen que sea el Tribunal Electoral quien reglamente las candidaturas de libre postulación, pero surgen las dudas si es potestad de esa institución reglamentar  materia que es propia de ley

Para fines prácticos, recordemos que la ley, en este caso el Código, es norma de mayor jerarquía que una reglamentación. En caso de posibles recursos ante la Corte, la ley resistiría más embates que la reglamentación, sin olvidarnos de la confrontación en la que se encuentran involucrados, tanto el órgano legislativo, ejecutivo y Tribunal Electoral. Pero además, debemos recordar que la propuesta de ULIP, a través de su vocero oficial, el Dr. Jované, es de que la cantidad de firmas de apoyo a la candidatura de libre postulación sea 6, 350 equivalente al 0.4%, porcentaje que también se debe aplicar a las candidaturas para los otros cargos de elección popular, Alcaldes, Diputados, Representantes y Concejales, propuesta que de acogerse, aun hay tiempo y posibilidades, sólo falta voluntad de los diputados, trastocaría algunos artículos del Código Electoral, propuesta que no estaría al alcance del Tribunal Electoral

Además, no olvidemos que el periodo del magistrado Gerardo Solís, vence en noviembre, lo que aprovechará el gobierno para designar a un magistrado de confianza, sin menoscabo de otras acciones,  para tratar de controlar dicha institución.

Cualquiera que fuese la solución, lo que sí es cierto, que la libre postulación a la Presidencia y Vice Presidencia de la República, es una necesidad y la misma debe ser una realidad en el 2014, por diversas y poderosas razones.

Porque es una conquista del movimiento popular y no se debe ignorar la voluntad y querer del pueblo.

Hay latente un fallo de la Corte Suprema que todos deben acatar, sin olvidarnos que el artículo 23 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, de San José, Costa Rica, del 22 de noviembre de 1969, reconoce que “ todos los ciudadanos deben gozar del derecho de b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores y ”.

Los gobernantes panameños están en la mira de organismos internacionales de derechos humanos, porque históricamente se ha violado el derecho humano a ser elegido, imponiéndose la partidocracia o dictadura de partidos. En el 2009, luego de las elecciones, ante los observadores de la Organización de Estados Americanos-OEA, denunciamos la violación de los derechos de más de 450,000 panameños, a quienes no se les permite ejercer el derecho a ser elegido. 

Recientemente, dos observadores de la Organización de Naciones Unidas-ONU,  visitaron nuestro país, para conocer el estado de las reformas electorales.  Uno de ellos, llegó a considerar que si se aplicasen las reglas del 2009, no habría problema alguno, ya que las elecciones de ese año fueron transparentes, a lo que le respondimos, que en aquella ocasión el movimiento popular fue excluido de dichas elecciones, por lo que en el 2014, se corre el riesgo de que una vez más, las grandes mayorías sean excluidas, sólo por no tener dinero, por lo que las elecciones en Panamá, no son necesariamente democráticas ni representativas.

Recordemos que la Constitución, a la cual tanto gobierno como la llamada oposición juran respetar, señala en su artículo 132, que los partidos políticos representan la diversidad del pensamiento e ideas políticas presente en nuestra sociedad. Pero resulta que todos los partidos legalmente constituidos son de corte neoliberal, por lo que en las elecciones, el pueblo no tiene otra opción que votar por lo neoliberales, ya que a la oposición extraparlamentaria, no se le ha permito inscribir un partido diferente. Esa misma norma constitucional reconoce la libre postulación, por lo que históricamente todos los gobernantes han violado la misma, al no permitir la libre postulación para los dos más altos cargos del país.

La Partidocracia o dictadura de partidos está en crisis producto del clientelismo político, del juega vivo y del transfuguismo. El capital y lo material ha reemplazado a las ideologías y a las utopías. Los partidos son considerados agencia de colocación de empleos, empresas para hacer negocios, pero no para gobernar por el bienestar del país.  Están altamente desprestigiados, por lo que las candidaturas de libre postulación son una necesidad en el 2014, con el compromiso de reestructurar todo el sistema electoral panameño. Funcionó y fue bueno para el neoliberalismo y los neoliberales, pero no para el pueblo. Y eso se acabó. 

Prof. Raúl González R.

Céd. 9-85-755

Catedrático de Derecho Constitucional

Secretario General del Partido Alternativa Popular.