Lo
que está aconteciendo con el tema de la ampliación del Canal de Panamá, podría
ser o no, la evidencia de un inimaginable fraude contra la nación panameña,
presuntamente perpetrado por la actividad criminal transnacional y sus
subalternos criollos.
En
todo caso, es irrelevante la posición que asumamos ante los hechos relacionados
con la construcción del tercer juego de esclusas en la vía interoceánica. Lo
indiscutible, es la obligación de los “protagonistas” en presentar la carga de
pruebas que demuestre la transparencia y honestidad de todos los involucrados.
En
este sentido, el Foro Permanente por el Panamá que Queremos se une a las voces
de ciudadanos que exigen el derecho de tener copia del Contrato suscrito con el
consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) y las adendas, la Carta Propuesta, la
Carta de Aceptación, las condiciones del Contrato, los Requisito del Empleador,
la Propuesta Técnica del Contratista, la Propuesta de Precio y otros documentos
relacionados.
El
pueblo panameño es parte interesada en este asunto y le tocará pagar hasta el
último centavo de la deuda adquirida y los millonarios gastos de sobrecostos que
pudiesen darse por negligencia, error o negociados. Además, ese bochornoso
antecedente coloca a Panamá en una condición vulnerable frente a los imperiales
y voraces apetitos de una parte de la comunidad
internacional.
Muchas
generaciones dieron su vida para recuperar el Canal y aumentar los beneficios de
la posición geográfica, pero ahora, aparecen “los dueños” (las 80 familias más
ricas de Panamá) a disponer del patrimonio panameño, haciendo leyes, firmando
compromisos y negocios relacionados con la vía acuática por la cual jamás
lucharon.
En
2006, la mayoría del pueblo votó SÍ en un referéndum a la ampliación de la vía
acuática. Sin embargo, se equivocan quienes interpretan el SÍ, como una
autorización para enriquecerse y retornar al país a la condición de colonia de
una nación extranjera.
Frente
a los reclamos que mantiene GUPC respecto a la ACP, es indispensable que el
Estado panameño integre una comisión independiente de auditoría técnica y
financiera, con el objetivo de analizar el Pliego de Cargos, la Comisión
Evaluadora, los Procesos de Selección y el Contrato, e iniciar una investigación
justa que revele las verdaderas causas del conflicto, que afecta la economía y
la imagen de Panamá.
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