José
Eugenio Stoute
El
administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Jorge Luis Quijano,
anunció en el día de ayer que se está muy cerca de cerrar un acuerdo definitivo
con el consorcio Grupo Unido por el Canal (GUPC), liderado por Sacyr. Lo que no
ha dicho el administrador es que el acuerdo verbal no pudo ponerse por escrito,
para así firmarlo ambas partes, puesto que GUPC alegó discrepancias sobre el
acta. Una vez más, y por enésima vez, Sacyr/GUPC gana tiempo utilizando todo
tipo de artimañas. De ahí que Quijano haya advertido que el acuerdo debe
cerrarse a más tardar el próximo martes, o la ACP pondrá en marcha el denominado
Plan B, consistente en la asunción por parte del empleador de la culminación de
la obra prescindiendo del consorcio.
La
negociación se hace en base a lo que Quijano señaló como "la última propuesta de
la ACP", la cual fue presentada a Sacyr/GUPC el pasado viernes día 7 de febrero,
y que conlleva la aceptación del "reinicio inmediato de la obra, fecha
inamovible de entrega de las compuertas, formulación de un programa de ejecución
actualizado y extensión de la moratoria de repago y aporte financieros de todas
las partes". Los dos últimos puntos se refieren a los 780 millones de
dólares adelantados por la ACP a GUPC, si bien garantizados en su totalidad por
cartas de crédito bancarias de pago a la vista a favor de la ACP, y un nuevo
adelanto de 100 millones, garantizados de la misma manera, siempre y cuando GUPC
aporte por su parte 100 millones adicionales. La propuesta establece, además, el
desconocimiento de todo reclamo que no haya sido reconocido por las instancias
de arbitraje establecidas en el contrato, así como la negativa a cualquier
aumento del costo de la obra.
El
mismo viernes día 7 en que la ACP presentaba su "última propuesta" a
Sacyr/GUPC, El Paíseditorializaba, bajo el título Canal sin
salida, asumiendo como ciertas las afirmaciones sin sustento de Sacyr/GUP,
incurriendo con ello en una ignorancia inexcusable o dejando ver una deliberada
parcialización inaceptable. En efecto, El País da por bueno el reclamo
por sobrecostos de 1.600 millones que alega el consorcio, sugiriendo que dicho
monto debería ser financiado por partes iguales entre el empleador y el
contratista. Agrega dicho editorial que de no llegarse a dicho acuerdo la obra
se atrasaría en un mínimo de tres años, alcanzando entonces un monto superior a
los 1.600 millones. Finaliza el editorial afirmando que han fracasado los
organismos de arbitraje establecidos en el contrato. Tales afirmaciones
coinciden, no por casualidad o despiste, con los falaces argumentos utilizados
por Sacyr/GUPC.
El
editorial de El País ignora o silencia que Sacyr/GUPC reclamó 120
millones de dólares por la construcción de una una presa, que fue rechazado por
el organismo de conciliación ACP/Sacyr/GUPC, para posteriormente ser rechazado
por carente de mérito por la Junta de Resolución de Disputas (DAB) y hoy se
encuentra en la Cámara Internacional de Comercio de Miami (última instancia de
arbitraje), donde todo indica que también perderán, dado que el contrato indica
que dicha construcción, realizada por decisión del contratista, era de estricta
responsabilidad del consorcio. De igual manera, el consorcio presentó un reclamo
por el basalto y el hormigón ante el DAB, para luego retirarlo y presentarlo
nuevamente tiempo después. Igualmente, el contrato establece que la ACP no es la
responsable de garantizar el tipo de basalto que se encontraba en el área. Y en
cuanto al hormigón, Sacyr/GUPC tardaron seis meses en lograr la mezcla que
exigía el contrato, en razón de que el diseñador (designer of record)
del propio consorcio lo rechazaba por no ajustarse a la exigencia del
contrato.
Resulta
de interés conocer que al 22 de diciembre del año pasado el
reclamo presentado por el Consorcio alcanzaba la cifra de 500
millones, para luego, un día después, agregar 800 millones
adicionales, para finalmente, el 30 de diciembre,
elevarlo a la astronómica cifra no sustentada de1.600 millones de
dólares. Un último ejemplo clarificará las argucias del consorcio. El 8
y 9 de diciembre de 2010 se produjo el fenómeno conocido como La Purísima,
precipitación pluvial que superó los niveles históricos registrados por la ACP.
Pues bien, Sacyr/GPPC presentó un reclamo por 40 millones de dólares que fue
rechazado en la conciliación con la ACP, por lo que el consorcio lo llevó al
DAP... por 9 millones de dólares, donde nuevamente se le rechazó por no haber
mérito. Nunca más fue presentado.
Finalmente,
habiendo enviado el día 30 de diciembre del pasado año una carta amenazando con
detener completamente las obras, habiendo reducido la actividad en un 75%, le
presentaron una factura a la ACP por 50 millones, la que al irse a pagar no se
pudo... porque Sacyr/GUPC no presentó el "paz y salvo" de la Seguridad
Social.
¿Todas
estas pillerías eran desconocidas por El País a la hora de
editorializar adoptando las falacias que como exigencias plantea Sacyr/GUPC?
¿Desconocía el editorialista que en caso de que la ACP ponga en marcha el Plan B
la obra sería terminada por la ACP a finales de 2015 y no tres años después como
afirma sin rubor alguno? ¿Y que el reclamo de los supuestos 1.600 millones no
han sido llevados a los organismo de arbitraje establecidos y pactados en el
contrato?
No
está de más señalar que Luis de Rivero, expresidente de Sacyr, acaba de declarar
hace 48 horas al periódico La Estrella de Panamá que "no se puede
estar dos años y medio sin resolver un asunto, si se ha dado un
anticipo y se vive cómodo con el anticipo, no puedes poner después una pistola
para reclamar (...) Alguien no se ha preocupado para que se resuelvan los
reclamos",refiriéndose a Sacyr/GUPC, y aclarando que se trata de una
"metida de pata" , "una mala gestión de GUPC para presionar los
reclamos"... que, hay que agregar, no han sido presentados a las instancias
de arbitraje establecidas en el contrato. Como diría un abogado: a confesión de
parte, relevo de pruebas.
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