La corrupción y el sistema político panameño.

Por Olmedo Beluche

 

Una de las confesiones con mayores implicaciones realizada por Rafael Guardia, ex director del Programa de Ayuda Nacional (PAN), se refiere al financiamiento truculento de las campañas electorales de diputados y candidatos a diputados, tanto del partido Cambio Democrático, como de los otros partidos que componen la actual mayoría oficialista legislativa. La investigación consecuente y a fondo de esa ilegalidad, si se realiza, caerá como una bomba sobre todo el andamiaje político vigente, porque nadie puede pensar que los beneficiarios directos de dicha ilegalidad, así sean diputados, no sean castigados.

 

Ese comportamiento ilegal, de utilizar fondos públicos para financiar directa o indirectamente, campañas electorales, no es nuevo. Ya antes hemos visto denuncias de actos semejantes en los predecesores institucionales del PAN, el FIS y el FES. Pero en su momento esas investigaciones solo sirvieron para el mangoneo politiquero, zarandear a algún diputado para que luego se "porte bien" con el presidente de turno y no ha pasado nada. La ciudadanía espera que las actuales autoridades no van a realizar todo el despliegue jurídico que han avanzado sólo para vapulear a Martinelli, con un "show mediático" (como él dice) y que luego todo siga igual. Esta vez, no.

 

Pero hay que ir más allá, porque la causa de la corrupción política generalizada, de la que lo confesado por Guardia es sólo la punta del témpano, está en el propio Código Electoral. El sistema electoral vigente, que data del régimen militar, con algunos retazos realizados tras la invasión norteamericana, ha impuesto por 25 años a una "partidocracia" corrupta basada en el poder del dinero, disfrazada de "democracia".

 

La corrupción del Código Electoral empieza desde el momento en que un grupo de ciudadanos se une para crear un partido político. Para inscribirlo, debe reunir la cuota de adherentes más alta del continente americano (4% de firmas del padrón electoral). Encima, esas firmas hay que reunirlas movilizando la gente a un sitio donde hay un registrado oficial, lo que encarece y dificulta el proceso, en vez de usar papel simple cuyas firmas se cotejan contra la base de datos, como en otros países. Y luego está la "depuración" por la cual el Tribunal Electoral te borra firmas sin explicarte por qué y quiénes.

 

Para colmo, con la cultura de corrupción, promovida por todos los partidos legales actuales y todos los diputados, mucha gente (no toda) se ha fabricado la idea de que hay que hacerle un "regalo", en dinero o materiales, por su firma. Esto es lo que elegantemente se llama "clientelismo". En fin, sin plata para movilizar gente, activistas, registradores y coimas, no puedes inscribir tu proyecto político, por más lindo que sea en el papel.

 

Si lograras pasar la barrera de la inscripción, con todas las zancadillas leguleyas, el susodicho partido debe saber que la campaña electoral tiene un costo multimillonario que excede largamente los millones que reparte el Tribunal Electoral entre quienes tienen la dicha de ser parte del establecimiento.

 

Cuando inscribíamos el desaparecido Partido Alternativa Popular (PAP), entre 2008 y 2011, que llegó a recoger 5.500 firmas, lejos de las 65.000 que necesitábamos, se nos decía "off the record" que la campaña de un candidato a diputado, sin seguridad de salir electo, gasta entre 250 a 500 mil dólares. Lo cual vimos corroborado en los informes financieros presentados a la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) de 2010, en los que un candidato a alcalde de un pueblo de Coclé había gastado una cifra semejante.

 

¿De dónde sale ese dinero para financiar las campañas? De tres sitios: si eres grato a la directiva del partido, te dan un pedazo del financiamiento partidario; de aportes privados que el Código no limita y que quien lo da espera del candidato una "contraprestación" (como dijo David Murcia), o sea "un favorcito", si sale electo; la tercera fuente, para los gratos al Ejecutivo es el PAN, FIS o FES.

 

Ni hablemos de las campañas presidenciales. A la CNRE de 2010, cuando se discutió el tema del financiamiento de las campañas, los magistrados del Tribunal Electoral entregaron un informe en que oficialmente, en las presidenciales del año anterior, Balbina Herrera decía haber gastado más de 9 millones de dólares y Ricardo Martinelli, cerca de 20 millones. Un informe de una empresa que controla el gasto publicitario, cuando no había acabado la campaña de 2014, ya cifraba los gastos en ese rubro de uno solo de los candidatos, el Sr. Arias, en más de 40 millones de dólares.

 

Uno puede ser suspicaz y pensar que no todo está en esos informes. Sea como sea, si tenemos un partido político compuesto por trabajadores, campesinos, indígenas, que postula un dirigente sindical o un simple profesor, jamás podrán reunir semejante suma de dinero. Ni con el financiamiento público, pagado por el Tribunal Electoral (que sí es legal) nunca podrían alcanzar condiciones semejantes a los candidatos y partidos oligárquicos, financiados por vías irregulares o legales pero espurias.

 

Cuando en la CNRE de 2010, algunos sectores del PAP y la sociedad civil, con la anuencia del magistrado Gerardo Solís, pusimos a debate el modelo que se discutía en otros países, como México, para que el Tribunal Electoral no entregara dinero a los partidos para publicidad en los medios, sino que contratara los espacios equitativos para todos a precios razonables, no sólo se opusieron los partidos legales (desde CD, al PRD, pasando por el PP, Panameñismo y Molirena), sino también los gerentes de los medios de comunicación que fueron invitados a dicha sesión.

 

Así que, los grandes medios de comunicación se dan golpes de pecho contra la corrupción, pero la promueven con su afán de lucro durante los procesos electorales.

 

En fin, si se encuentran pruebas que acrediten las confesiones el Sr. Guardia acerca del financiamiento ilegal con fondos del PAN de, entre un tercio y más de la mitad de los actuales diputados, además de imputarlos y retirarles la inmunidad, no queda más salida racional que disolver la actual Asamblea Legislativa y convocar una Asamblea Constituyente originaria que barra la corrupción empezando con el actual Código Electoral.