Por Olmedo Beluche
Una de las confesiones con mayores
implicaciones realizada por Rafael Guardia, ex director del Programa de Ayuda
Nacional (PAN), se refiere al financiamiento truculento de las campañas
electorales de diputados y candidatos a diputados, tanto del partido Cambio
Democrático, como de los otros partidos que componen la actual mayoría
oficialista legislativa. La investigación consecuente y a fondo de esa
ilegalidad, si se realiza, caerá como una bomba sobre todo el andamiaje político
vigente, porque nadie puede pensar que los beneficiarios directos de dicha
ilegalidad, así sean diputados, no sean castigados.
Ese comportamiento ilegal, de utilizar fondos públicos para financiar
directa o indirectamente, campañas electorales, no es nuevo. Ya antes hemos
visto denuncias de actos semejantes en los predecesores institucionales del PAN,
el FIS y el FES. Pero en su momento esas investigaciones solo sirvieron para el
mangoneo politiquero, zarandear a algún diputado para que luego se "porte bien"
con el presidente de turno y no ha pasado nada. La ciudadanía espera que las
actuales autoridades no van a realizar todo el despliegue jurídico que han
avanzado sólo para vapulear a Martinelli, con un "show mediático" (como él dice)
y que luego todo siga igual. Esta vez, no.
Pero hay que ir más allá, porque la causa de la corrupción política
generalizada, de la que lo confesado por Guardia es sólo la punta del témpano,
está en el propio Código Electoral. El sistema electoral vigente, que data del
régimen militar, con algunos retazos realizados tras la invasión norteamericana,
ha impuesto por 25 años a una "partidocracia" corrupta basada en el poder del
dinero, disfrazada de "democracia".
La corrupción del Código Electoral empieza desde el momento en que un
grupo de ciudadanos se une para crear un partido político. Para inscribirlo,
debe reunir la cuota de adherentes más alta del continente americano (4% de
firmas del padrón electoral). Encima, esas firmas hay que reunirlas movilizando
la gente a un sitio donde hay un registrado oficial, lo que encarece y dificulta
el proceso, en vez de usar papel simple cuyas firmas se cotejan contra la base
de datos, como en otros países. Y luego está la "depuración" por la cual el
Tribunal Electoral te borra firmas sin explicarte por qué y
quiénes.
Para colmo, con la cultura de corrupción, promovida por todos los
partidos legales actuales y todos los diputados, mucha gente (no toda) se ha
fabricado la idea de que hay que hacerle un "regalo", en dinero o materiales,
por su firma. Esto es lo que elegantemente se llama "clientelismo". En fin, sin
plata para movilizar gente, activistas, registradores y coimas, no puedes
inscribir tu proyecto político, por más lindo que sea en el papel.
Si lograras pasar la barrera de la inscripción, con todas las
zancadillas leguleyas, el susodicho partido debe saber que la campaña electoral
tiene un costo multimillonario que excede largamente los millones que reparte el
Tribunal Electoral entre quienes tienen la dicha de ser parte del
establecimiento.
Cuando inscribíamos el desaparecido Partido Alternativa Popular
(PAP), entre 2008 y 2011, que llegó a recoger 5.500 firmas, lejos de las
65.000 que necesitábamos, se nos decía "off the record" que la campaña de un
candidato a diputado, sin seguridad de salir electo, gasta entre 250 a 500 mil
dólares. Lo cual vimos corroborado en los informes financieros presentados a la
Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) de 2010, en los que un
candidato a alcalde de un pueblo de Coclé había gastado una cifra
semejante.
¿De dónde sale ese dinero para financiar las campañas? De tres
sitios: si eres grato a la directiva del partido, te dan un pedazo del
financiamiento partidario; de aportes privados que el Código no limita y que
quien lo da espera del candidato una "contraprestación" (como dijo David
Murcia), o sea "un favorcito", si sale electo; la tercera fuente, para los
gratos al Ejecutivo es el PAN, FIS o FES.
Ni hablemos de las campañas presidenciales. A la CNRE de 2010, cuando
se discutió el tema del financiamiento de las campañas, los magistrados del
Tribunal Electoral entregaron un informe en que oficialmente, en las
presidenciales del año anterior, Balbina Herrera decía haber gastado más de 9
millones de dólares y Ricardo Martinelli, cerca de 20 millones. Un informe de
una empresa que controla el gasto publicitario, cuando no había acabado la
campaña de 2014, ya cifraba los gastos en ese rubro de uno solo de los
candidatos, el Sr. Arias, en más de 40 millones de dólares.
Uno puede ser suspicaz y pensar que no todo está en esos informes.
Sea como sea, si tenemos un partido político compuesto por trabajadores,
campesinos, indígenas, que postula un dirigente sindical o un simple profesor,
jamás podrán reunir semejante suma de dinero. Ni con el financiamiento público,
pagado por el Tribunal Electoral (que sí es legal) nunca podrían alcanzar
condiciones semejantes a los candidatos y partidos oligárquicos, financiados por
vías irregulares o legales pero espurias.
Cuando en la CNRE de 2010, algunos sectores del PAP y la sociedad
civil, con la anuencia del magistrado Gerardo Solís, pusimos a debate el modelo
que se discutía en otros países, como México, para que el Tribunal Electoral no
entregara dinero a los partidos para publicidad en los medios, sino que
contratara los espacios equitativos para todos a precios razonables, no sólo se
opusieron los partidos legales (desde CD, al PRD, pasando por el PP, Panameñismo
y Molirena), sino también los gerentes de los medios de comunicación que fueron
invitados a dicha sesión.
Así que, los grandes medios de comunicación se dan golpes de pecho
contra la corrupción, pero la promueven con su afán de lucro durante los
procesos electorales.
En fin, si se encuentran pruebas que acrediten las confesiones el Sr.
Guardia acerca del financiamiento ilegal con fondos del PAN de, entre un tercio
y más de la mitad de los actuales diputados, además de imputarlos y retirarles
la inmunidad, no queda más salida racional que disolver la actual Asamblea
Legislativa y convocar una Asamblea Constituyente originaria que barra la
corrupción empezando con el actual Código Electoral.
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