Las organizaciones de la sociedad civil que hemos impulsado este Encuentro, dedicadas a la cooperación al desarrollo, al ejercicio de la solidaridad entre los pueblos, a la defensa de los derechos humanos,
Saludamos el reciente inicio de
conversaciones entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC-EP,
para la búsqueda de una Paz definitiva y duradera que acabe con el conflicto
social y armado interno que aflige a ese pueblo hermano desde hace 50 años.
Animamos a las partes beligerantes a conversar con valentía y
responsabilidad, abordando en el proceso las causas profundas del conflicto
armado: la inequidad y falta de justicia social, la masiva usurpación de la
tierra a los campesinos y su acumulación por grandes propietarios, la falta de
garantías democráticas para la población, la ignorancia -cuando no violación
sistemática- de todos los derechos humanos y la impunidad de los
victimarios.
Saludamos el importante papel jugado por la sociedad civil
colombiana en la búsqueda de la paz y construcción de acuerdos humanitarios que
la hagan posible, sin cuyo trabajo e impulso no se habría llegado a este
momento de dialogo, tarea en la que demasiadas veces las organizaciones y
movimientos sociales han tenido que vencer incomprensiones e injustas
descalificaciones así como la criminalizaciòn de sus anhelos de paz.
Pedimos la apertura de una Agenda Social en las conversaciones,
en cuya discusión pudieran intervenir las organizaciones sociales colombianas,
que tanto han padecido el conflicto y sus causas
Llamamos a todos los actuales beligerantes en el conflicto
armado interno -Estado, FARC y ELN- a
construir un sólido y eficaz proceso de búsqueda de la paz, incorporando a la
guerrilla del Ejercito de Liberación Nacional (ELN) al proceso conversatorio.
Compartimos los principios establecidos por el Gobierno de
Colombia en este proceso de búsqueda de paz respecto a “No cometer errores
del pasado”, y a que “cualquier proceso tenga que llevar al fin del
conflicto, no a su prolongación”.
Solicitamos a las partes negociadoras que avancen urgentemente
en el fin de las hostilidades mientras se adelantan las conversaciones de paz,
con el fin de cesar los padecimientos de la población civil afectada por el
conflicto.
Entendemos
imprescindible para que avance el proceso de negociación, alcanzar un Cese al
fuego y de las hostilidades y subsidiariamente un Acuerdo Especial basado en el
derecho humanitario. El Acuerdo Especial humanitario, conforme contemplan los
convenios sobre ius in bellum, hará prevalecer el entendimiento sin que nada
amenace el proceso de terminación del conflicto y la consecución de la paz,
además de resultar para las partes beligerantes una obligación respetar el
derecho internacional humanitario y garantizar la protección e integridad de
los civiles que habitan los territorios en conflicto armado.
Pedimos
tomar en cuenta que mientras esté activo el conflicto armado, quien más lo
sufre es la población civil.
Constamos
que desde el pasado mes de septiembre numerosas comunidades indígenas, negras y
mestizas habitantes en zonas de conflicto se han dirigido a los beligerantes
solicitando de forma apremiante que se pactara un Cese Bilateral de
hostilidades. En los dos meses y medio transcurridos desde el anuncio de las
conversaciones, estas mismas comunidades han sido afectadas en su vida, en su
integridad, en sus bienes, por ataques indiscriminados con ametrallamientos y
bombardeos, por amenazas, presiones, daños a bienes de supervivencia; algunos
civiles han muerto o han quedado heridos. A esa solicitud se han ido sumando
más y más familias y comunidades que padecen las graves infracciones al derecho
humanitario y en general los efectos del conflicto armado.
Mantenemos
que el hecho de que las FARC-EP y el ELN manifiesten su disposición a la
aplicación del derecho humanitario abre la posibilidad de un Acuerdo Especial
que, acordado bilateralmente con el Gobierno, representará un avance en la
confianza requerida para llegar a un feliz término del conflicto.
Invitamos
por ello al Gobierno colombiano a aceptar el Cese de Hostilidades y un Acuerdo
Especial, medidas que serían un paso trascendental en la protección preventiva
y humanitaria, preludio de la paz que deberá sobrevenir. Aun en el caso de que
el Gobierno de Colombia persista en no aceptar como hasta ahora el cese de las
hostilidades continuando así las partes su actividad armada, solicitamos se
aborde al menos un Acuerdo Especial de humanización del conflicto, pues hasta
ahora la debida aplicación general protectora del Artículo 3º común a los
Convenios de Ginebra de 1949 o el Protocolo II adicional de 1977 no han sido
suficientes para acabar con la barbarie del conflicto.
Urgimos un tratamiento conforme al Derecho Internacional de los
Derechos Humanos para las prisioneras y prisioneros por causas políticas,
opinión o a causa del conflicto armado que actualmente soportan condiciones de
reclusión en las cárceles colombianas absolutamente contrarias a las normas
internacionales aplicables a las personas privadas de libertad.
Convencidos de que el éxito de cualquier proceso de paz
dependerá también de la capacidad del Gobierno de Colombia para generar las
mínimas garantías políticas que en democracia deben tener la oposición, pedimos
el cese de la estigmatización a la protesta
social y de su señalamiento como “terroristas”, acompañado del establecimiento
de mecanismos efectivos de participación de la sociedad civil en los
asuntos públicos.
Declaramos que
ningún camino hacia la paz puede transitarse sin conocer la verdad, alcanzar
justicia y reparar a las víctimas de los muchos crímenes contra la humanidad
sufridos por el pueblo colombiano durante los años de conflicto. La
impunidad de los responsables de
esas graves ofensas contra la humanidad
es incompatible con la resolución del conflicto y la construcción de una paz
estable y duradera. Nos referimos a aquellos crímenes respecto a los cuales,
según los principios del derecho internacional aplicable por las naciones
civilizadas, no cabe amnistía ni indulto, ni les alcanza la prescripción, por
tratarse de crímenes que ofenden a la humanidad en su conjunto
Entendemos esencial la participación en este proceso del exilio
colombiano, los desplazados, refugiados y asilados que han tenido que abandonar
su hogar primero y su país después ante las persecuciones sufridas y el riesgo
cierto sobre su vida y su integridad o a sobre la de sus allegados. La Paz en
Colombia debe significar el fin de la persecución y del temor a sufrir esta.
Resulta por tanto de justicia que esta realidad se contemple en cualquier mesa
de conversaciones y que igualmente los representantes del exilio colombiano
puedan formar parte activa de este ilusionante proceso que ahora se abre.
Ponemos de manifiesto la grave injerencia que en España han
supuesto las actuaciones ilícitas de las autoridades colombianas contra
refugiados colombianos, defensores de derechos humanos y organizaciones no
gubernamentales, delitos que de forma sistemática se han venido ejecutando en
nuestro país, y en Europa, por
funcionarios públicos colombianos. Entre
2005 y 2012 al menos España y Bélgica fueron “chuzadas” por la fuerza
policial dependiente de la Presidencia de la República de Colombia, el DAS, que
recientemente fue declarada organización ilegal por los tribunales colombianos
y disuelta por el actual Presidente, Dr. Juan Manuel Santos.
Constatamos que interceptaciones de comunicaciones,
seguimientos, coacciones y difamaciones contra exiliados y defensores de
derechos humanos se han realizado impunemente y durante años en toda España
ante la sorprendente inacción de las autoridades y fuerzas de seguridad
españolas.
Denunciamos que esta estrategia de criminalizaciòn y
descalificación llevada adelante por la Fiscalía colombiana, dirigiendo acusaciones
de graves delitos a exiliados y defensores de derechos humanos por motivos
políticos, provocó distintas investigaciones en la Audiencia Nacional española,
todas ellas archivadas a fecha de hoy por la justicia pero que han supuesto un
daño irreparable para las víctimas de las falsas acusaciones, tras haber sido
estigmatizadas al difundirse en los medios todo tipo de acusaciones de graves
delitos contra ellas, sin que posteriormente fueran desmentidas al ser
sobreseídas las causas.
Llamamos a la Unión Europea y a los países que la conforman, en
especial a los que en otros procesos de paz han participado como países
acompañantes, garantes o amigos, a que recapaciten y reformulen las erróneas
políticas que en los últimos años, en especial desde el año 2002, han llevado
adelante respecto al conflicto armado colombiano. La criminalizaciòn del
conflicto y de las organizaciones insurgentes
por parte de la UE y de la
mayoría de países que la integran, la reducción analítica del complejo
conflicto político colombiano a un simple problema de orden publico y
terrorismo -con la inclusión de las organizaciones rebeldes beligerantes en las
“listas” de organizaciones terroristas de la UE y la judicialización de
distintos activistas de la solidaridad con Colombia españoles y de otros países
europeos-, han sido la causa de la perdida de la UE de su papel de
mediadora y la consiguiente exclusión de
la UE y los países que la integran de los mecanismos políticos y diplomáticos
de acompañamiento y facilitación del proceso que ahora se abre.
Lamentamos esta situación, que ha supuesto un estrepitoso
fracaso político y diplomático, considerando que en la totalidad de los
procesos de negociación de paz habidos en Colombia desde el inicio del actual
conflicto armado interno bien la Unión Europea o bien los países que la
conforman -en especial España- habían
jugado un papel diplomático determinante en la puesta en marcha de los mismos,
papel que de momento vemos no van a poder tener.
Entendemos esencial, para la
consolidación de una paz que ahora puede ser alcanzada en la mesa de
conversaciones, la aplicación de medidas efectivas para la reincorporación a la vida civil y política de los alzados en
armas y a las personas que se encuentren
privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el
conflicto, a
través de la amnistía de los delitos políticos y conexos cometidos a
consecuencia del conflicto, medida expresamente establecida en el Derecho de
Ginebra para la finalización de los conflictos armados internos
Alentamos los gestos de
reconciliación entre las partes que se han enfrentado en el conflicto,
queriendo contribuir así a restablecer el curso normal de la vida en un pueblo
que ha estado dividido.
Madrid, 13 de Noviembre de
2012
MOVICE (Movimiento de víctimas
de Crímenes de Estado en Colombia- capitulo Madrid), Comisión Ética
(representada por la Comunidad Sto Tomas de Aquino) Asociación de Solidaridad
con Colombia ASOC-KATIO, XXI Solidario, Plataforma Justicia por Colombia (CEAR;
Paz con Dignidad, IEPALA, MUNDUBAT; Ecologistas en Acción, OSPAAAL, Comité
Oscar Romero de Madrid).
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