En verdad que
da lástima la forma en que el Órgano Legislativo, tan dócilmente, acata las
instrucciones del Presidente de la República al ratificar los nombramientos de funcionarios
de dudosa independencia y criterio personal. Igual sumisión la de la
Procuraduría General y del Órgano Judicial que no encuentran delito alguno en
la asignación de partidas del presupuesto nacional a los tránsfugas ni mucho
menos en la compra de jamones para que un político bocón haga las veces de Papa
Noel con los dineros del Estado al cerrar el 2012, lo que lo hace un año más de
ignomia en la conducción del Estado Panameño por parte del Gobierno del
Presidente Martinelli.
Pero también da
pena, es bueno decirlo, los lloriqueos ácidos, enjundiosos y patéticos de
algunos grupos de la sociedad civil y partidos políticos que revolotean sobre
el meollo del problema sin tocar el verdadero fondo, argumentando,
hipócritamente, que con un nuevo presidente se acabará el autoritarismo, el
saqueo del tesoro, la riqueza y los recursos naturales de la nación. Hablemos
claro no hay disposiciones constitucionales ni legales que le impidan a este presidente,
ni a los próximos, nombrar amigos o socios de negocios en cargos de procurador
o magistrados de la Corte Suprema de Justicia o en cualquier otro cargo que
requiera honestidad y criterio independiente. Tampoco hay mecanismos efectivos
para juzgarlos. Oponerse a estos nombramientos so pretexto que van a favorecer
en sus decisiones al Presidente, no es más que un verdadero juicio a priori
(aunque los que ya ha nombrado han comprobado su sumisión escandalosamente) que
tiene más valor especulativo que fuerza política. La sabiduría popular nos dice
que buscándole la cabeza hay que matar la culebra. Veamos.
Desde que
Montesquieu presentó su teoría de los tres poderes del Estado (tal como se
establece en nuestra actual Constitución Política) para acabar con el
absolutismo real, mucha agua ha corrido bajo el puente. Aquella funcionó en una
época más ingenua. No conocieron el enorme poder de la economía especulativa
financiera, parasitaria de la economía real que, hoy día, tras la máscara del
mercado, controla los procesos productivos y burla la voluntad de los pueblos
poniendo a los gobiernos, supuestamente elegidos democráticamente, a trabajar
para los intereses de estas elites internacionales. Entonces ya no es posible
que los ciudadanos dejemos de manos libres a los hombres electos en estos tres
poderes pervertidos y embelesados por la magia de los mercados y nos limitemos
a cada cinco años renovarlos permitiendo que, impunemente, se vayan a disfrutar
de lo hurtado, constitucional, legal y honradamente al pueblo panameño.
La culebra la
mataremos pisándole la cabeza con una numerosa participación popular permanente
en los asuntos de gobierno. Una nueva Constitución, elaborada y aprobada por
una Constituyente Originaria y Soberana, debe dar vida al Poder Ciudadano a la
par de los otros tres poderes públicos tradicionales. Un Poder Ciudadano cuya
máxima autoridad sea una Asamblea del Poder Ciudadano con la representación de
cada uno de los corregimientos que forman el país. Una Asamblea del Poder
Ciudadano capaz de nombrar un Tribunal Superior Constitucional para salvaguardar
la Constitución, castigar a sus violadores y preservar la pureza del sufragio.
Una Asamblea del Poder Ciudadano habilitada para nombrar al Contralor General
de la República, al Procurador General y a los Magistrados del Tribunal
Electoral.
Los otros tres
poderes deben ocuparse de la carpintería social, a administrar los recursos de
la Nación para bien común conforme lo establezca la Constitución. El Ejecutivos
a administrar los programas de salud y seguridad pública y a construir las
obras públicas necesarias; el Legislativo a formular las leyes que permitan la
convivencia pacífica y democrática de los panameños y el Judicial a administrar
un sistema imparcial y eficaz de justicia; todos vigilados y supervisados por
el Poder Ciudadano de manera permanente. Que los presidentes nombren, de
acuerdo a requisitos constitucionales a quien le venga en gana, nosotros, el
pueblo vigilaremos y castigaremos, en última instancia, a los funcionarios
infractores y corruptos desde el Poder Ciudadano.
Movimiento de Bases Torrijistas, diciembre de
2012
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