Marco A Gandásegui
El país pasa por una
coyuntura que recuerda la falsa prosperidad que generó la construcción del
Canal de Panamá (1904-1914), o la segunda guerra mundial (1939-1945) e,
incluso, la industrialización de la década de 1960. El PIB crece anualmente con
dígitos dobles y se amplía el mercado de consumidores. Los gobiernos de turno
celebran sus aparentes logros económicos, sin saber a qué se debe tanto
crecimiento. Los gobernantes sólo logran entender que es una gran oportunidad
para apropiarse de enormes riquezas si son capaces de organizar un sistema de
despojo que funcione.
Para el fin de lograr la mayor apropiación posible, contratan
especialistas extranjeros, pertenecientes a organizaciones particulares o
intergubernamentales y reclutan a los especialistas nacionales más capaces
(financistas, leguleyos y desarrollistas, entre otros). Estos actúan como
“magos” que hacen aparecer y desaparecer miles de millones de dólares a diario.
El financista se especializa en aceitar la maquinaria económica que le permite
a los colocados en posiciones de poder movilizar fortunas de un lugar a otro.
En otras palabras, de una cuenta pública a un bolsillo particular. Son
especialistas en convertir todo inmueble – tierras nacionales, tierras
comunales, playas, islas y cualquier otro – en capital móvil capaz de generar
riquezas. (No importa que destruya la vida de muchas comunidades o la
existencia de miles de familias). Igualmente, lucran de la especulación, a
costilla del país.
Si las organizaciones gremiales y
asociaciones civiles protestan contra los depredadores, los gobiernos proceden
a descalificar a quienes defienden los intereses de la nación. En primera
instancia son acusados de “enemigos del progreso”. A continuación son objeto de
ataques por los medios de comunicación. Si no se pone fin a las protestas, el
movimiento contestatario es acusado de “comunista” y reprimido violentamente.
Últimamente, en las comarcas indígenas y en las áreas fronterizas las
aspiraciones populares son identificadas como “narcoterroristas”.
Mientras que el financista hace
malabarismos con los dineros públicos, el leguleyo - al servicio de los
gobernantes - redacta leyes y decretos, al igual que reglamentos, que convierte
la piedra en oro. Unos buenos ejemplos son la suspensión por parte de la Corte
Suprema de la protección de los humedales, las compras multimillonarias de
armas de guerra o los decretos que autorizan la creación de rellenos, la
construcción de embalses o la destrucción del sector agrícola.
Los desarrollistas, al servicio de
los especuladores, no se quedan atrás, construyendo puentes sobre ríos que no
existen o transformando túneles en cintas costeras. También construyen
carreteras a 40 millones de dólares el kilómetro y barriadas sobre los lechos
de los ríos.
Cuando los tres se ponen de acuerdo
con los gobernantes, generan un decreto ejecutivo como el Nº920 (de octubre de
2012) que crea el sistema de Gestión de Centros Educativos de Formación
Integral. El profesor Ángel Garrido señala que la redacción del documento
(preparado por especuladores como los mencionados más arriba) “tiende a
infundir confianza”. Sin embargo, una lectura más detenida permite detectar
términos vacíos como “excelencia educativa” y “escuelas de excelencia”. Los
llamo vacíos porque en el texto no tienen referencia alguna. Sin embargo, en su
aplicación tendrán un sentido ajeno a lo que el sentido común apunta.
Por excelencia educativa, señala
Garrido, hay que entender que se eliminará “la visión integral de la formación
del estudiante”. A su vez, “se privilegia el enfoque economicista y el
reduccionismo del pénsum”. En términos más sencillos, por un lado, sólo se
incluirán en las escuelas materias que le enseñen al joven panameño que sea un
buen trabajador. Por el otro, no se darán materias que le enseñen a pensar:
filosofía, historia y cívica, entre otros.
Garrido concluye que el nuevo decreto degrada “la
concepción de la educación para beneficiar a un grupo muy limitado de
personas”. La idea de crear “escuelas de excelencia” también es objeto de
análisis. Esta iniciativa “obedece a la necesidad que el mercado expansivo
tiene de obtener individuos que respondan mejor a las necesidades de
acumulación de capital”.
Según Garrido, “la empresa privada, que demanda el
personal calificado, no quiere invertir en educación popular para llenar las
falencias y vacíos del modelo educativo actual. Apremiada y necesitada de gente
capacitada, ha confiado al Estado, tras décadas de privatización educativa de
la que se ha beneficiado, su salvación para garantizar el recurso humano
necesario a su expansión. Luego, con el dinero y recursos del pueblo, y con la
enorme deuda que acarrea, se apresta a crear escuelas en condiciones de llenar
la demanda que la expansión capitalista requiere. Así, pues, este modelo
educativo – la llamada “excelencia educativa” - no solamente tiende a ampliar,
sino a solidificar las diferencias de clases sociales”. El modelo, además,
confeccionado a la medida de la gran empresa no le cuesta.
No se puede predecir lo que ocurrirá cuando se
desinfle, en un futuro próximo, la burbuja especuladora actual. El país
regresará a las políticas de desarrollo y se buscarán otros modelos de
educación. Dependerá de la nueva correlación de fuerzas sociales si se podrá
adoptar un “modelo” de educación integral con educadores bien remunerados para
servirle al país y a los panameños.
Panamá, 7 de febrero de 2013. 
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