Movimiento de Bases Torrijistas
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Impulsado por la Conferencia Episcopal Panameña, el 6
marzo de 2013, se firmará el Pacto Ético Electoral para 2014, en el que los
partidos políticos y los medios de comunicación hacen varios compromisos entre
los que cuentan “desarrollar campañas políticas basadas en principios”,
“transparencia del proceso electoral”, “preservar la independencia del Tribunal
Electoral” y “evitar actos de clientelismo y compra de votos”.
Es un propósito noble, de buenas intenciones; pero
ilusorio. Nuestro sistema de administración de justicia se caracteriza porque
“lo legal” está bastante divorciado “lo ético”, de lo moral; y cuando chocan,
priva lo legal que casi siempre está cargado de tecnicismos y subterfugios que
ignoran los hechos para absolver a los criminales, sobre todo si estos son
políticos. Si no, miren el fallo en caso de los Chellojamones, como ejemplo más
reciente, sin olvidar la escandalosa compra de votos en El Bebedero.
En verdad la Conferencia Episcopal, la Sociedad Civil y
los partidos políticos revolotean sobre el problema de fondo sin atreverse a
poner el dedo sobre la llaga: nuestra actual democracia es una democracia de
elites, que es lo mismo que decir antidemocracia: y en consecuencia el sistema
electoral imperante es antipopular, antidemocrático y oligárquico (con un
fuerte olor a dólar como catalizador).
Hablemos claro. Aquí en Panamá, como casi en todos los
países de Latinoamérica (salvo honrosas excepciones), los procesos electorales
para la renovación del gobierno están basados en un acuerdo en el que la
mayoría (el pueblo) acepta la competencia para gobernar de una minoría (la
oligarquía) sobre una “certificación” basada en “la cuna o la fortuna” o en
ambas (Jacques Renciere, dixit). Esta situación, refrendada por la Constitución
y la Ley Electoral es lo que hace al sistema profundamente injusto y
antidemocrático.
Si bien es cierto que la Constitución Política establece
que las autoridades están obligadas a garantizar la libertad y HONRADEZ del
sufragio, le deja a la Ley la tipificación de los delitos y en consecuencia el
tamaño de las penas y los procedimientos para el juzgamiento de los
infractores; y aquí es donde el sistema hace gala de su extraordinaria
capacidad para burlar a los ciudadanos y exonerar a quienes atentan contra la
HONRADEZ del sufragio vendiéndolo o comprándolo. Ningún pacto ético, aunque
este preñado de la mas buena voluntad, va a impedir la comisión de estos
delitos en los próximas elecciones generales para el 2014 (recordemos que de
buena voluntad está empedrado el camino del infierno).
A nuestra sociedad solamente le queda una vía para salir
de este sistema antidemocrático y corrupto: Una Constituyente Originaria y
Soberana que instituya el Poder Ciudadano permanentemente en la vida social y
económica de los panameños mediante una Asamblea del Poder Ciudadano que le
diga al país cero compra y venta del sufragio y que tenga el poder para
perseguir, juzgar con procesos sumarios y condenar con penas durísimas
(incluida la inhabilitación de derechos políticos de por vida) a los que
cometen faltas contra la honradez del sufragio.
La elecciones del 2014 se realizarán con pacto o sin
pacto ético. Los sectores populares tenemos pocas posibilidades de triunfar
dentro de este sistema electoral en el que la competencia para gobernar la da
“cuna o la fortuna”. El efecto social de estos procesos eleccionarios es crear
la ilusión de que, democráticamente, estamos decidiendo entre opciones
diferentes cuando lo que hacemos es escoger a personas de la misma minoría
repartidas entre diferentes partidos
políticos. Lo que los sectores populares debemos seguir haciendo es exigir, en
las calles una Asamblea Constituyente Originaria y Soberana antes, durante y
después de las elecciones 2014 y por lo menos colocar en las urnas en el 2014
un nueva papeleta que diga:
CONSTITUYENTE ORIGINARIA Y SOBERANA YA. Le tocará al Tribunal Electoral
decidir si las cuenta o no las cuenta y si le informa a la ciudadanía los
resultados de esta protesta.
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