Marco A. Gandásegui (hijo)
El actual gobierno, los medios de comunicación y las
organizaciones cívicas panameños están empeñados en aparentar que no dejarán
piedra sin remover en la cacería de quienes saquearon el erario público durante
la gestión administrativa del período 2009-2014. Al mismo tiempo, los
candidatos a diputado impugnados por mal uso de fondos públicos han ganado tres
elecciones especiales seguidas. Los observadores señalan que hay una
contradicción en esta conducta política de los panameños.
Por un lado, hay un clamor generalizado para que castiguen a
los corruptos. Por el otro, a los acusados los vuelven a elegir en comicios
especiales. Los ‘entendidos’ le echan la culpa a los ciudadanos, alegando que
son ignorantes, inocentes e, incluso, deshonestos. En realidad, la situación es
otra muy diferente.
La ciudadanía, aquella población convocada a elegir
representantes políticos cada cinco años, es muy ajena a la lógica de los
partidos políticos y el manejo de los fondos públicos producto de las
componendas entre los poderes del Estado: Presidencia, Asamblea y Corte
Suprema.
Un buen ejemplo de esta situación es la ley que privatizó la
Caja del Seguro Social (CSS) y que transfirió la mitad de las cuotas de los
asegurados a unas pocas empresas privadas. En 2005 el principio solidario de la
CSS fue transformado en un principio de ahorro individual. En otras palabras,
los trabajadores que deben cubrir sus necesidades de salud mediante un régimen
de seguridad social fueron engañados.
Todavía no hay una explicación de porqué los trabajadores
panameños fueron expropiados de su institución que garantiza, mediante un
sistema de solidaridad, la salud de todos los que pagan cuotas. El gobierno,
nueve años más tarde, anunció que en 10 años la CSS no tendrá recursos para
cubrir las demandas de los asegurados.
Los fondos que religiosamente trabajadores y empresarios le
transfieren a la CSS son transferidos de igual manera a unas pocas empresas
dedicadas a especular con esos dineros en las bolsas de EEUU. Esta medida se
tomó siguiendo recomendaciones de los ‘asesores’ neoliberales’ que se
impusieron en muchos países de la región.
Según Dulcidio de la Guardia, ministro de Economía y
Finanzas (MEF), el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CSS, que
garantiza el pago de las pensiones y las jubilaciones, requiere reformas que
garanticen su futuro, porque agoniza. De la Guardia, anunció que el IVM se
quedará sin plata entre 2024 y 2025. Ante esta situación, que se sabía que iba
a ocurrir en 2005, el ministro dice que hay que hacer algo.
Según el titular del MEF, “es importante que la sociedad
panameña empiece a plantear una discusión sobre cómo asegurar la sostenibilidad
del programa más allá del 2014”. En 2005, cuando se hizo la última reforma a
las pensiones y jubilaciones se creó un sistema de cuentas individuales, que
correría paralelo al solidario, que seguiría funcionando para los nacidos hasta
1970. Los más jóvenes (menores de 35 años a esa fecha) se jubilarían con sus
propios aportes. El ministro agrega que desde 2005 no entran nuevos cotizantes
al sistema solidario, pero siguen ingresando pensionados, el sistema entrará en
un déficit progresivo hasta que se agoten las reservas en 2024.
De la Guardia explica cuál es la causa de este desastre: No
ingresan nuevos cotizantes al sistema solidario. Pero no propone la solución
correcta. En cambio, el empresario Carlos Abadía sugiere, para evitar la
inminente quiebra del IVM, aumentar la edad de jubilación, aumentar la cuota y
el subsidio del Estado.
Los trabajadores que cotizan cargarán con la deuda, mientras
que un pequeño grupo de empresas reciben las cuotas de los asegurados. El MEF
tratará de ejecutar las políticas ya concebidas por los políticos de
administraciones anteriores. En la actualidad, la CSS recibe anualmente cuotas
obrero-patronales que suman cerca de $2,000 millones. Cantidad suficiente para
financiar los servicios de salud, las pensiones de los trabajadores y otros
gastos de apoyo.
Sin embargo, la corrupción y la mala administración causan
enormes pérdidas en la CSS. El actual director de la CSS, Estivenson Girón, le
acaba de escribir al director anterior Guillermo Sáez Llorens acusándolo de
desgreño e irresponsabilidad en el manejo de los fondos de la CSS durante su
gestión (2009-2014).
La solución al problema del programa de Vejez de la CSS es
regresar al sistema solidario que les garantiza a los trabajadores que sus
cuotas serán utilizadas solamente para su salud y pensiones.
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