Por Olmedo
Beluche
(Extracto del libro
La verdad sobre la invasión)
La
invasión norteamericana a Panamá, la madrugada del 20 de diciembre
de 1989, fue la culminación y desenlace de un proceso de crisis política,
económica y social que se originó varios años antes. La década de
1980 estuvo marcada, en Panamá, por las crecientes luchas obreras y populares
que se enfrentaron a los distintos gobiernos del régimen militar, a sus planes
económicos, a su origen antidemocrático y a sus medidas
represivas.
Las movilizaciones populares arreciaron y terminaron
por liquidar la base social de sustentación del régimen militar, que en 1984,
mediante un pacto entre la embajada de Estados Unidos y la cúpula militar,
impuso en la Presidencia de la República al ex vicepresidente del Banco Mundial,
Nicolás Ardito Barletta. La intención de imponer el gobierno de
Ardito Barletta era la de llevar a cabo un plan de “democratización” controlado
para aplicar las medidas económicas fondomonetaristas dictadas por los
intereses financieros del imperialismo norteamericano.
Sin embargo, los trabajadores y las masas populares
panameñas destrozaron con sus luchas este pacto (Reagan - Noriega).
Entre 1984 y 1987 se produjeron múltiples huelgas y movilizaciones
contra los planes fondomonetaristas de Ardito Barletta y su sucesor Eric A.
Delvalle.
En
ese período los trabajadores del sector privado, dirigidos por el Consejo
Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO), realizaron dos huelgas generales,
la última de diez días de duración. Los trabajadores del sector
público realizaron siete paros nacionales dirigidos por la FENASEP.
Los gremios médicos y magisteriales llevaron a cabo al menos dos paros
nacionales dirigidos por la Coordinadora Civilista Nacional (COCINA), uno de
los cuales infringió la primera derrota al plan fondomonetarista al lograr la
derogación de la Ley 46 en octubre de 1984. Esto sin contar con
las huelgas sectoriales o por empresas e instituciones por motivos específicos,
las protestas barriales y las movilizaciones directamente políticas como las
que se produjeron a raíz del asesinato de Hugo Spadafora.
Este fue el clima de luchas sociales reinante durante
el régimen encabezado por el general Manuel A. Noriega. A estas protestas
populares se sumaron las contradicciones por el poder a lo interno del sector
civil militar del régimen y las maquinaciones de la Alianza Democrática de
Oposición. La combinación de todos estos factores estuvo presente en el momento
del estallido popular que siguió a las declaraciones del coronel Roberto Díaz
Herrera en junio de 1987.
Las movilizaciones populares de junio, julio y agosto
de ese año marcan el punto más bajo de credibilidad para el régimen político
imperante. Credibilidad que Noriega y su régimen no volverían a recobrar. El
régimen había hecho crisis y el imperialismo, la burguesía panameña y los
militares divergían sobre quién debía pagar los platos rotos. Era necesario un
recambio para estabilizar la situación y evitar que una verdadera e
incontrolable revolución popular barriera el régimen. La clase dominante
panameña, así como cada vez más el gobierno norteamericano, exigían la salida
de Noriega para salvar la situación. Noriega no estaba de acuerdo.
La
Cruzada Civilista organizada por los sectores empresariales pro imperialistas
al calor de esas movilizaciones buscaba, y lo logró, constituirse en la
dirección política del descontento de las masas que era en gran medida
espontáneo, o dirigido por sindicatos y gremios que se quedaban en los reclamos
económicos sin plantearse la organización de una alternativa política de
carácter popular en oposición al régimen militar.
La
Cruzada Civilista y después la ADO - Civilista, se constituyeron en las fichas
de recambio que el imperialismo quería para el desgastado régimen de
Noriega. La Cruzada se propuso erigirse en dirección política de
las masas para luego impregnarlas de sus métodos de “lucha” inocuos (rezos,
pañuelos, caravanas y paros empresariales), y finalmente llevarlas a la
desmovilización bajo la convicción de que de afuera vendría la “solución” a los
problemas del pueblo panameño. Que los principales dirigentes
sindicales y populares del país aparecieran respaldando al impopular régimen de
Noriega, así como el hecho de que no surgiera una oposición
masiva al régimen desde la izquierda, ayudó a los propósitos de la Cruzada
Civilista y al imperialismo norteamericano.
El
régimen de Noriega respondió a las presiones políticas del imperialismo, a sus
sanciones económicas y a sus amenazas militares arreciando la represión a las
libertades democráticas internas, haciendo recaer sobre los trabajadores el peso
de la crisis económica y no tocando ni un centavo a las transnacionales yanquis
y a sus socios panameños que aupaban la intervención norteamericana. Todo esto
llevó a que, por primera vez desde 1903, un sector importante de las capas
medias y altas apoyaron abiertamente la intervención militar norteamericana. De
esta manera se resquebrajó la tradición de décadas de rechazo rotundo de la
mayoría de los panameños a la presencia norteamericana en nuestro
país.
Este preámbulo histórico, cuyos elementos centrales
deben ser materia de un análisis más detenido en futuras investigaciones, ha
sido necesario para que se comprenda el clima político reinante en diciembre de
1989 que posibilita la sangrienta invasión norteamericana y se entienda por qué
algunos sectores del país, lejos de combatir al ejército invasor, lo reciben con
los brazos abiertos.
Este preámbulo también sirve para comprender el
comportamiento inconsecuente de la cúpula militar norieguista. La dirección de
las FDP no alertó a la población. Por el contrario, escondió desde días antes
armas de alto calibre, únicas capaces de enfrentar exitosamente a la aviación y
a los tanques enemigos (como los llamados “RPG”). Se negó a entregar armas a
muchos miembros de los Batallones de la Dignidad y civiles que se acercaron a
los cuarteles. Finalmente, salvo honrosas excepciones, acabó
entregándose sin disparar un solo tiro.
Pero esta dramática situación política y militar, que
presagiaba la victoria de la invasión norteamericana, engrandece la figura de
aquellos cientos y miles de hombres y mujeres panameños que esa
madrugada y los días subsiguientes empuñaron un arma para defender la patria
agredida. Estas circunstancias otorgan el carácter de héroes
nacionales a aquellos soldados y suboficiales de las Fuerzas de Defensa, a
aquellos combatientes de los Batallones de la Dignidad y a aquellos civiles que
murieron defendiendo nuestro inalienable derecho a ser un país soberano e
independiente.
El
año de 1989 estuvo completamente marcado por la agudización de la crisis
política interna y por el aumento descarado de las maniobras militares
norteamericanas en áreas no designadas para ese efecto por los tratados
Torrijos-Carter.
Estos acontecimientos se sucedieron de manera
vertiginosa: La anulación de las elecciones del 7 de mayo; el envío de dos mil
nuevos soldados norteamericanos a las bases acantonadas en Panamá; el fallido
intento de mediación de la OEA; la instalación del gobierno provisional del
presidente Francisco Rodríguez; el no reconocimiento diplomático de Estados
Unidos; el intento golpista del 3 de octubre, con su saldo de muertos;
el Senado otorgó plenos poderes a George Bush para actuar en Panamá;
nuevas sanciones contra el gobierno y empresas privadas panameñas anunciadas el
19 de octubre por Washington; la aprobación de las llamadas “leyes de guerra”;
el aumento de las maniobras militares norteamericanas en áreas civiles
panameñas y los primeros enfrentamientos “verbales” de los Batallones de la
Dignidad con los marines; el anuncio de mayores sanciones a partir de
1990 con el no reconocimiento del nuevo administrador del Canal propuesto por
Panamá y la prohibición de arribo de buques de bandera panameña a puertos
norteamericanos.
Los cinco días anteriores a la invasión los hechos se
suceden con mayor velocidad aún: El día 15 de diciembre la
Asamblea Nacional de Representantes de Corregimientos designan al general
Manuel A. Noriega como jefe de Gobierno para "conducir al país mientras
persista el estado de guerra que sufre la República de Panamá, como consecuencia
de la constante y despiadada agresión desarrollada por Estados Unidos de
Norteamérica”. Otra resolución “declara a la República de Panamá
en estado de guerra, mientras dure la agresión desatada contra el pueblo
panameño por el gobierno de Estados Unidos de América...(Los acuerdos de la
Asamblea de Representantes no tenían fuerza de ley. Más bien
reflejaban el sentir de un sector cercano al gobierno de turno).
Al
día siguiente, sábado 16, a las 9 de la noche, un vehículo conducido por
soldados norteamericanos vestidos de civil rompe las barreras de los retenes
ubicados frente al Cuartel Central de las Fuerzas de Defensa de Panamá y abren
fuego. Los soldados panameños apostados en el lugar, devuelven el fuego
hiriendo de muerte al teniente Robert Paz Fisher. El domingo 18, a
las 11:30 a.m., un infante de marina dispara contra el cabo César Tejada en el
área de Curundú frente a las oficinas del MIVI, hiriéndolo en el brazo
izquierdo.
El día 19 transcurrió bajo una calma aparente. La población se
dedicó a sus actividades normales, comentando los incidentes ocurridos y sin
saber lo que les esperaba. Pese a que a algunos funcionarios, especialmente de
las Fuerzas de Defensa, como en Sanidad Militar, se les había recomendado
acumular comida y no hacer los gastos suntuarios acostumbrados para Navidad,
lo cierto es que la mayoría de los panameños dudaba que una invasión se fuera a
producir. Al caer la noche los noticieros televisivos
estadounidenses, que se reciben por cable en Panamá, reportaban un inusual
movimiento de aviones hacia Panamá.
Las agencias de prensa empezaron a pedir confirmación a sus
reporteros en Panamá. Aproximadamente a las 9:00 p.m. el poblado
de Veracruz empieza a notar el arribo constante y masivo de aviones a la base de
Howard. Ya a esa hora se encontraban apostados a lo largo de la
Avenida de los Mártires soldados panameños, conocidos como los “Macho de
Monte”. Poco antes de la medianoche era atacada la estación de
las Fuerzas de Defensa de Balboa (frente al YMCA) y las patrullas de la policía
canalera eran neutralizadas, luego fueron atacadas las oficinas del DENI y de la
Dirección de Tránsito. A las 12:45 a.m. empezaba el bombardeo aéreo al Cuartel
Central y en el barrio de El Chorrillo.
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